Sandra Rivera Silva

Expediente 1339/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1339/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Sandra Rivera Silva

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de octubre de dos mil veintitrés. I. Se recibe oficio. Agréguese a los autos el oficio suscrito en representación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en autos, informa que se encuentra a disposición de la parte quejosa el monto a devolver derivado del pago de los derechos registrales materia de la litis, para lo cual deberá acudir a las instalaciones de la responsable a recoger en ventanilla el numerario que precisa. Asimismo, informa que el artículo declarado inconstitucional fue desincorporado de la esfera jurídica de la parte quejosa, siempre y cuando dichos preceptos legales no sean objeto de reforma; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. II. Se reserva. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se tiene que, a la fecha, no ha fenecido el término concedido al Notario Público ******************** de Querétaro, Querétaro, para informar sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; atento a ello, se reserva dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, hasta en tanto el citado fedatario público informe lo conducente. III. Se hace del conocimiento. No obstante, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que queda expedito su derecho para acudir a las instalaciones de la autoridad exactora ubicado en *****, de esta ciudad, a fin de que le sea entregada la referencia bancaria correspondiente. En la inteligencia que, la entrega mencionada se realizará previa cita, la que debe agendarse en la dirección electrónica https://procuraduriafiscal.queretaro.gob.mx/citas/, en el horario de nueve a trece horas, de los días martes y jueves hábiles, para lo cual deberá acompañar identificación oficial y copia de la misma.

  2. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEEJOSO, EL AVISO DE 16/10/2023, QUE CONTIENE LA RESOLUCION DE 13/10/2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de octubre de dos mil veintitrés. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Junta Federal Número Cincuenta de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1339/2023. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, en virtud de que, en la especie, se actualiza causa manifiesta e indudable de improcedencia, como se explica enseguida. En primer lugar, debe precisarse que el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. De ello se sigue que, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso, una vez analizada la demanda de amparo se advierte la actualización de manera notoria y manifiesta, de la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, ya que del segundo ordinal en cita se desprende que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los Juzgados de Distrito, por lo que de existir jurisprudencia que prevea la improcedencia del juicio de amparo, ésta resulta de carácter obligatorio para este órgano jurisdiccional. En efecto, resulta un hecho notorio para este juzgador que existe jurisprudencia que determina que el juicio de amparo es improcedente contra la omisión de proseguir en tiempo con las actuaciones judiciales, salvo que dicha dilación exceda de los cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en que concluyó el plazo legal para llevar a cabo el acto procesal respectivo. Corrobora lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), con registro digital 2011580, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Asimismo, sirve de apoyo la diversa tesis de jurisprudencia 2ª./J 33/2019 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2019400, que indica: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Luego, del análisis integral al escrito de demanda, se advierte que, en la especie, la parte quejosa reclama lo siguiente:[...] Asimismo, se observa que la propia impetrante manifiesta que "tiene más de 37 días sin que se dicte el laudo", lo que hace prueba plena en su contra de conformidad con el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De modo que, es claro que en la especie no se actualiza una abierta dilación pues, como se verá a continuación, no han transcurrido, al menos, cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en que feneció el plazo legal para dictar el laudo correspondiente. En efecto, en cuanto a dicha etapa procesal, la Ley Federal del Trabajo aplicable al procedimiento de origen, establece los siguientes plazos y procedimientos:[...] De los artículos transcritos se advierte que una vez cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes se formulará por escrito el proyecto del laudo, del que se entregará una copia a cada uno de los miembros de la junta; para que, dentro de los cinco días siguientes, si es el caso, soliciten la práctica de diligencias que estimen conducentes, lo cual deberá ocurrir dentro de un término de ocho días; posteriormente, el Presidente de la junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, la que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. Es decir, la junta responsable cuenta con el término legal de TREINTA Y TRES DÍAS HÁBILES PARA EL DICTADO DEL LAUDO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CERRADA LA INSTRUCCIÓN. Así, en el caso, según el dicho de la propia quejosa refiere que "tiene más de 37 días sin que se dicte el laudo", lo que permite concluir que en el presente caso no existe una abierta dilación del procedimiento de origen, lo que, en consecuencia, hace que se actualice de forma notoria e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, en relación con los criterios jurisprudenciales antes citados. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. V. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. VI. Domicilio y autorizados. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************; asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derechos ante los Órganos Jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, en cambio, se tiene como autorizados en términos restringidos al resto de personas que refiere por así solicitarlo expresamente. X. Acceso al expediente electrónico (consulta). Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 3 Ley de Amparo, en relación con los diversos 21, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el usuario "********************". En ese sentido, dígase al promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Hágase del conocimiento lo anterior a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes.

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