Sandra Rangel Campuzano

Expediente 839/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
839/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
28/09/2021

Partes del expediente

  • Sandra Rangel Campuzano

Actuaciones

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA ESTADO. En virtud de que no fue impugnado el auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad Covid-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Registro. Vista la demanda de amparo promovida por Sandra Rangel Campuzano, por su propio derecho, contra actos del Juez Quinto Menor en Materia Civil de Morelia, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 839/2021. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que el 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, prevé que un acto de ejecución irreparable es aquel que afecte materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales. En otras palabras, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción V, especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos. No pasa inadvertido que, en una diversa fracción (VIII), el legislador estableció la procedencia del juicio de amparo contra un derecho adjetivo o procesal, pero él mismo determinó el supuesto específico. Lo anterior resulta relevante en el caso que nos ocupa, pues la distinción realizada por el legislador en las fracciones aludidas permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos y, respecto de derechos adjetivos o procesales, únicamente cuando se impugne la determinación de inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Expuesto el marco legal de la causa de improcedencia examinada, este órgano jurisdiccional explicará porqué se estima actualizada. En el caso, el acto reclamado consiste en la interlocutoria dictada el doce de agosto de dos mil veintiuno, en el incidente de falta de personalidad y personería que declaró improcedente la excepción que en ese sentido planteó la parte actora -hoy quejosa- al contestar la demanda que en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiara directa promovió en su contra Araceli Ortiz Valpuesta, registrada en el índice del Juzgado Quinto Menor en Materia Civil de Morelia, bajo el número 1301/2019. La exposición de los antecedentes del acto reclamado a cargo de la parte quejosa, pone en evidencia que aquél se ubica dentro de juicio, que en el caso lo es el sumario de referencia; asimismo, que a la fecha no se ha dictado la sentencia respectiva pues la quejosa precisa que el incidente del que deriva el fallo combatido se promovió previo al contestar la demanda. Empero, debe indicarse que el acto reclamado de ninguna manera afecta, en forma directa, inmediata y material, los derechos sustantivos de la quejosa, como pueden ser los patrimoniales. Lo expuesto permite concluir válidamente que el acto reclamado por la parte quejosa no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que si bien fue emitido dentro de un juicio, la realidad es que no afecta derecho sustantivo alguno de quien se agravia con su emisión. En otras palabras, se trata de un acto dictado en juicio que sólo entraña posibles infracciones a los derechos adjetivos de la parte quejosa, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. En efecto, la circunstancia de que el juzgado de origen haya declarado improcedente el incidente de falta de personalidad y personería de que se trata, sólo constituye una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales. Ello es así, pues la consecuencia de la determinación reclamada, es únicamente que se continúe con trámite el asunto de origen y, la parte quejosa, puede reclamar las cuestiones relativas a esa actuación, como violación procesal, en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia -ulterior- definitiva, de conformidad con el artículo 172, fracción IV, de la Ley de Amparo. No se soslaya que la parte quejosa considera que sí se vulneran sus derechos sustantivos; empero, se insiste, las posibles violaciones que pudieran cometerse con el acto reclamado, al constituir únicamente posibles infracciones a las leyes del procedimiento, acorde a lo dispuesto en el artículo 172, fracción IV, de la ley de la materia, las cuales, incluso, podrán quedar subsanadas con posterioridad si la resolución que ponga fin al procedimiento resulta favorable a sus intereses y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarlas en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, promueva contra la resolución ulterior- de segunda instancia- que de manera definitiva se emita en el controvertido de origen. Consecuentemente, lo expuesto en este apartado permite sostener, como se ha venido haciendo, que el acto reclamado en este asunto no tiene sobre la parte quejosa una afectación a sus derechos de imposible reparación, sino que se trata de posibles violaciones a derechos procesales o adjetivos, lo cual impide la procedencia del amparo indirecto en su contra, de acuerdo a lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu. Sustenta lo expuesto, en lo relativo a la ejecución irreparable, la jurisprudencia Jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley Amparo, relacionada con los diversos preceptos 5, fracción II y 107, fracción V, del ordenamiento legal en cita, este último interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo. No pasa inadvertido que las causas de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; empero, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto, se invocan los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyos rubros son: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA" y "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, esta determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, las examinadas se actualizaron de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. 1.3. Domicilio procesal y autorizado. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda, así como autorizando a Fortunato Campillo Leal en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula registrada el en Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de circuito y Juzgados de Distrito.

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