Sandra Ramírez Hernández

Expediente 1976/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1976/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
14/02/2017

Partes del expediente

  • Sandra Ramírez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa **, contra el proveído de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; asimismo, estese a lo resuelto por el Superior quedando al tenor de los siguientes puntos resolutivos: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Ahora bien, en vista de que dicha resolución no requiere de ejecución material alguna, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de destrucción, en términos del punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo del diverso por el que se remitió testimonio certificado del juicio de amparo del que deriva el cuaderno en el que se actúa, así como original y copia del escrito de agravios, e informa que se admitió el recurso de queja interpuesto, el que quedó registrado con el consecutivo 8/2017. Notifíquese.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito que suscribe la quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 y relativos de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer en contra de la resolución de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en la que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja en el sentido de que este juzgado efectivamente emitió la resolución impugnada, al cual se deberá acompañar copia certificada de las constancias pertinentes para apoyarlo, sin que se estime necesario otorgar la vista para integrar el testimonio correspondiente, ya que esta juzgadora se encuentra facultada para integrarlo con las actuaciones que se estimen oportunas; lo anterior, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo. Dentro del término legal remítase testimonio certificado al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del mencionado recurso, en la inteligencia de que la entrega recepción de los autos a la Superioridad, podrá realizarse incluso en horas inhábiles, dado de que sólo se trata de una cuestión administrativa con el objeto de observar la oportunidad en la remisión del recurso que nos ocupa. Notifíquese.

  4. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase a ****, por propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra actos del Encargado de la Unidad de la Procuraduría Federal del Consumidor con sede en el Estado de Querétaro EXPEDIENTE Y REGISTRO. Se tiene por recibida la demanda de cuenta y se ordena formar el expediente físico para llevar su trámite bajo el consecutivo 1976/2016; asimismo, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. DESECHA DEMANDA. Ahora bien, en virtud que del análisis de la demanda de amparo de que se trata, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo; resulta imperativo su desechamiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 112 del propio cuerpo normativo.juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva, con los mismos alcances que los que prevé la ley de amparo, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicho ordenamiento. Con antelación, al desarrollo del estudio de la improcedencia citada, cabe destacar que el principio de definitividad en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general, que se encuentra delimitada por una serie de excepciones extraídas de la ley y de su interpretación efectuada por el Supremo Tribunal Constitucional de nuestro país. Así entonces del precepto citado en los párrafos precedentes, se desprenden diversas excepciones al principio citado atendiendo particularmente a la naturaleza del acto reclamado, destacando como tales: Que la ley que prevea el medio de defensa respectivo, no permita la suspensión de los efectos del acto; Que los alcances de la suspensión que establezca la ley aplicable al acto, no sean los mismos que la ley reglamentaria del juicio de amparo; Que la ley que prevea el recurso, exija mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva, que aquellos requeridos por la Ley de Amparo; Que la ley ordinaria establezca un plazo mayor que el que señala la ley de la materia, para el otorgamiento de la suspensión provisional (independientemente que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido); Que el acto reclamado carezca de fundamentación; y, Que la parte quejosa sólo alegue violaciones directas a la Constitución. Por lo que, la actualización de alguna de las premisas detalladas con antelación, haría entonces innecesario agotar los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes de conformidad con la ley del acto, antes de acudir al juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado: La determinación emitida por la Procuraduría Federal del Consumidor, por la cual desechó la queja con número de folio 6626, en razón de estimar que lo puesto a su conocimiento no resultaba de su competencia. Como se evidencia, dicho acto es de carácter administrativo porque fue emitido por una autoridad de la administración pública federal; sin embargo, en contra de actos de esa naturaleza, existe una legislación federal que prevé un medio ordinario de defensa para su nulificación. En esa virtud, se sostiene que dicha determinación administrativa debió ser impugnada previamente a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora bien, en relación a lo anterior, cabe indicar que la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, menciona en su artículo 3, fracción XII, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: Y como se lee de los antecedentes del acto reclamado, efectuados bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa se duele de la resolución por la cual la Procuraduría Federal del Consumidor, desechó la queja promovida por la aquí quejosa, en razón de estimar que lo puesto a su conocimiento no resultaba de su competencia, cayendo en el supuesto que prevé el artículo 3 fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que en ese contexto, resulta procedente el juicio de nulidad, el cual se interpone ante la autoridad mencionada con antelación, en relación con el numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que a la letra dice: "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. El procedimiento será: La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." Ahora bien, los artículos 128, 130, 131, 132, 135, 136, 139 y 143 de la Ley de Amparo vigente, disponen: Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. [.] Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito [.]". Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido [.]". Entonces, las exigencias contenidas por la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión, pueden compararse de la siguiente manera con las previstas en la legislación contenciosa: Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo Ley de Amparo  La suspensión se concederá si no se afecta el interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, a más que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución;  En caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, sólo si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos, garantía que puede reducirse si el monto de los créditos excede la capacidad económica del solicitante o se trata de un tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria con el pago del crédito impugnado;  Si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la garantía se fija discrecionalmente;  Si la medida cautelar puede causar daños o perjuicios a terceros, se concede si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause;  La suspensión del acto combatido queda sin efectos si el tercero otorga contragarantía; y  La medida cautelar se puede solicitar en cualquier etapa del juicio de nulidad. Si la solicita el quejoso. Si no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público: Si se pide en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria; Si se aduce un interés legítimo, pero se acredita el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; Cuando pueda ocasionarse daño o perjuicio a tercero, se concede si se otorga garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que pudieran causarse; Si la suspensión afecta derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, se concede si el órgano jurisdiccional fija discrecionalmente el monto de la garantía; y Si se solicita contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, se concede si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, garantía que puede reducirse o dispensarse si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste quedó firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; si el monto de los créditos excede la capacidad económica del quejoso; y, si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. Alcances de la suspensión Alcances de la suspensión Suspender la ejecución del acto administrativo para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. Plazo para otorgar la suspensión Plazo para otorgar la suspensión El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. La suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Lo anterior, hace patente que los requisitos que prevé la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para conceder la suspensión del acto impugnado, no son mayores a los que son solicitados por la Ley de Amparo en su artículo 128, y que son la petición de parte del quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, a más que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución; lo anterior independientemente de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido conforme a la ley de la materia. Ambas legislaciones prevén alcances similares respecto de la concesión de la medida precautoria, como lo es el mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye, ya sea el procedimiento contencioso o bien la tramitación del juicio de amparo. Además como puede corroborarse, la fracción III, inciso c) del artículo 28 analizado establece que el Magistrado Instructor debe conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud; lo cual evidentemente no excede el plazo establecido en la Ley de Amparo. En resumen, es incuestionable que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece obligaciones adicionales a las señalados en la Ley de Amparo vigente para solicitar y obtener la suspensión del acto reclamado, pues como puede corroborarse, actualmente los requisitos que deben satisfacerse para obtener esa medida cautelar, básicamente giran en torno a tres aspectos fundamentales: 1. Que la solicite el promovente; 2. Que con la concesión de la suspensión no se sigua perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y 3. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto. Sobre esto último, cabe precisar que si bien el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, no prevé como requisito de procedencia de la medida cautelar que sean de difícil reparación los daños que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado, lo cierto es que determinar si se surte tal circunstancia constituye un análisis concomitante a la procedencia de la medida cautelar, tan es así que en el numeral 139 de esa legislación se prevé lo siguiente: "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo[...]" De esta forma, puede decirse que aunque ese requisito no está contemplado como tal en el artículo 128 de la ley de la materia, lo cierto es que está implícito como un presupuesto necesario para ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta el momento de la petición, efecto que desde luego es el pretendido en primer término con la solicitud de la medida suspensional. A más de que, en virtud de la naturaleza esencial que reviste a dicho presupuesto -perjuicios de difícil reparación-, es indefectible que éste habrá de sopesarse necesaria y conjuntamente con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, bajo la apariencia del buen derecho. Así, aquel ejercicio de previsión y ponderación que efectúa el juzgador, no puede soslayarse por el hecho de que aquel requisito ya no esté contemplado expresamente en el numeral 128 de la Ley de Amparo -el cual anteriormente sí estaba previsto en la fracción III del artículo 124 de la ley de la materia abrogada- si bien ya se ha dicho que el artículo 139 de ese mismo ordenamiento, sí establece la obligación de verificar, aunque sea de manera inferencial y para efectos de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan, que la ejecución del acto puede ocasionar daños de difícil reparación al solicitante. En mérito de lo anterior, no puede concluirse de manera dogmática que el requisito previsto en el inciso b), fracción I, del artículo 28, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, ha dejado de exigirse por la Ley de Amparo vigente, virtud de que el artículo 128 dejó de contemplarlo; puesto que dicho requisito es concomitante a la procedencia de la medida cautelar, al tenor del diverso numeral 139 de ese mismo ordenamiento. De la misma manera, por cuanto ve a las condiciones que deben cumplirse para la concesión de la suspensión, la legislación contenciosa es sustancialmente similar a la Ley de Amparo, en virtud de lo siguiente: Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concede si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concede si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. c) En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fija discrecionalmente el importe de la garantía. De esa guisa, resulta claro que en esencia la Ley de Amparo vigente y el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen los mismos requisitos para solicitar y obtener la medida cautelar; incluso sin perjuicio de que ambas legislaciones establezcan sus propias directrices en cuanto al requisito que el actor debe cumplir para que surta efectos la suspensión, como lo es el exhibir una garantía. Ello en virtud de que tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de efectividad de ésta, siendo que los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, no prevén que para que opere la excepción al principio de definitividad de que se trata, las leyes que establezcan el recurso, juicio o medio de defensa susceptible de modificar el acto, deban contener esquemas suspensionales semejantes en cuanto a requisitos de procedencia y efectividad, sino sólo que las leyes no deben contener más requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, deben poder tener los mismos alcances y el plazo para su otorgamiento no debe ser mayor; lo anterior con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley de amparo. El desarrollo anterior pone de manifiesto la posibilidad real y legal de que la ahora parte promovente del amparo pudiera obtener el beneficio de la suspensión del acto reclamado bajo condiciones que no superan los requisitos que al respecto exige la Ley de Amparo; es por ello que, al no haberse demostrado que la norma que regula el medio ordinario de defensa exija mayores requisitos para obtener la suspensión del acto en relación de los que prevé la Ley de Amparo, se tiene que dicha posible excepción en torno al principio de definitividad, no se surte, sin que en el caso el acto reclamado se refiera a violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; se hubiese impugnado una norma de carácter general con motivo de su primer acto de aplicación; que se ventilen temas exclusivos de violaciones directas a la Constitución; o que el acto reclamado importe peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; por lo que ello hace factible llegar a la conclusión de que en la especie, es incuestionable que se surte la improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Es preciso destacar también, que no se actualiza la excepción del último párrafo de la fracción XX, inherente a la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, porque de la lectura del ocurso fechado en veintinueve de noviembre de esta anualidad, que exhibió junto con su demanda, se aprecian los numerales en que la autoridad responsable sustentó su actuación; por ende, sin hacer mayor pronunciamiento de fondo, se concluye que en la especie no se surte la hipótesis señalada. Lo anterior, en consonancia además con lo estipulado por el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice: "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso". Así, la convención internacional en cita da libertad a los Estados parte, de fijar en su derecho interno, recursos sencillos y rápidos, o cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, a fin de que se salvaguarden los derechos del gobernado; en cumplimiento a lo cual el sistema mexicano, concretamente el derecho procesal en materia administrativa, establece la posibilidad de promover el juicio de nulidad en contra del acto aquí reclamado, el cual se trata de un medio con las cualidades estipuladas por el pacto internacional en comento, es decir, se promueve ante tribunal competente, de una manera sencilla, y es efectivo para anular el acto de que se trata (cuyo objetivo es analizar temas de legalidad). Así las cosas, antes de acudir al amparo, la parte quejosa tenía que agotar el juicio administrativo, conforme al cual puede lograr nulificar, revocar o modificar el acto reclamado. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Sandra ***al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. LEY DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Expídase testimonio autorizado del presente proveído a fin de ser entregado a la parte quejosa con motivo de su notificación. Notifíquese personalmente.

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