Sandra Paulina Sánchez Ortiz

Expediente 1171/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1171/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Sandra Paulina Sánchez Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se requiere a parte quejosa. Se requiere a la parte quejosa para que acuda ante este Juzgado a recoger documentos originales exhibidos en el presente asunto, dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que este expediente.

  2. Principal

    Parte quejosa cumple con requerimientos. Fijación de la litis constitucional. Desechamiento. Acotado lo anterior, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la misma y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Así pues, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, para una mejor comprensión del problema jurídico sometido a la consideración de este Tribunal Constitucional, se estima pertinente precisar, en lo que aquí interesa, los antecedentes narrados por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, de los cuales se desprende lo siguiente: - La ahora parte quejosa entabló demanda en contra de Industrias Marshall, S.A. de C.V. y Lizbet Hernández, respecto de la cual correspondió conocer al Juzgado Segundo de Oralidad Laboral Regional, de esta ciudad, bajo el número L-0439/2022. - Seguido el juicio por todas etapas procesales, se dictó sentencia en la que se condenó a la parte demandada a las prestaciones reclamadas. Posteriormente, en la etapa de ejecución de sentencia, la parte quejosa solicitó la ejecución de la misma, derivado de lo cual se emitió el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, a través del cual la autoridad responsable determinó que el actuario, previo a embargar bienes, deberá tener la certeza de que son propiedad de Lizbet Hernández e Industrias Marshall, S.A. de C.V. Esta última actuación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, respecto de la cual se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Los numerales invocados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De la transcripción de dichas porciones normativas, se advierte que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo debe intentarse contra la última resolución dictada en dicha etapa, lo cual implica que las decisiones actuaciones ahí emitidas no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella, entendiéndose por "última resolución", la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. En efecto, es menester indicar que la redacción de la ley vigente limita de manera precisa lo que se debe entender como última resolución, utilizando la palabra "solo" para referirse a un catálogo limitativo, no enunciativo, de tres supuestos que deben considerarse como la "última resolución", en los procedimientos de ejecución. La razón de lo anterior, es limitar la viabilidad del juicio biinstancial, evitando así que los gobernados abusen del ejercicio de esta acción constitucional y, por ende, que se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que se considera una cuestión de orden público que éstas produzcan materialmente sus efectos jurídicos, por lo que ese proceso ni siquiera puede ser interrumpido por la parte que haya resultado vencedora en la controversia natural. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el acto reclamado es el acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio L-0439/2022, del índice del Juzgado Segundo de Oralidad Laboral Regional, de esta ciudad, a través del cual se ordenó que el actuario, previo a embargar bienes, deberá tener la certeza de que son propiedad de Lizbet Hernández e Industrias Marshall, S.A. de C.V., de lo que se colige que no se reclama la determinación que cierra la etapa de ejecución; por tanto, no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia, en razón de que no determina su cumplimiento o la imposibilidad para ello, además de que la actuación que constituye el acto reclamado implícitamente tiene como finalidad directa e inmediata, la continuación en la ejecución de sentencia, por lo que con la promoción del juicio de amparo no es dable pretender cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas en etapa de ejecución. Por tanto, deviene innegable que el acto reclamado por la parte quejosa se suscitó en el periodo de ejecución de sentencia, como parte del sistema establecido para que la parte demandada cumpla con la sentencia dictada en el juicio de origen; y, por ende, debe considerarse una actuación necesaria para la ejecución de la sentencia y, si bien, dicho acto pudiera ser susceptible de ser contrario a los intereses de la parte actora en el juicio de origen, lo cierto es que se trata de un acto que tiene relación directa con la ejecución del mismo -tal y como se advierte de los antecedentes antes precisados-; de ahí que solo podrá ser impugnado al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, donde podrá reclamar las violaciones suscitadas durante toda la fase de ejecución que lo hubieren dejado sin defensa, al no advertirse que el acto reclamado haya aprobado o reconocido el cumplimiento total de sentencia como ya quedó previamente establecido, pues aún no se ha emitido la resolución en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de la misma. Tan es así, que la determinación de la que se queja la parte quejosa, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y menos aún ordenan el archivo definitivo del expediente, resultando así inconcuso que solo podrá ser impugnada al controvertir en amparo, la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en la que, como ya se dijo, podrá reclamar las violaciones suscitadas durante toda la fase de ejecución que lo hubieren dejado sin defensa, y que además hubiesen trascendido al resultado de la referida última resolución. Se asevera lo anterior, ya que las actuaciones que se realicen en la etapa de ejecución de sentencia están encaminadas a lograr la eficacia de la cosa juzgada, por lo que solo procede el juicio de amparo contra la última resolución dictada en esta etapa, entendiéndose como "última resolución", las expresamente indicadas en la Ley de Amparo, y no otras diferentes, como la que se combate en el presente juicio. En razón de que es acorde a las disposiciones de la nueva legislación de amparo, se cita como aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo el número P./J. 32/2001, visible en página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Por otro lado, el acto reclamado no se ubica en alguno de los casos de excepción a dicho supuesto, entre los cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso, o el incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado. Encuentra aplicación, la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consultable en la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." Asimismo, tampoco se encuentra ubicado en los casos de excepción, establecidos para aquellos actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente de la acción constitucional, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, toda vez que, como ya se dijo, la parte quejosa reclama el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio L-0439/2022, del índice del Juzgado Segundo de Oralidad Laboral Regional, de esta ciudad, a través del cual se ordenó que el actuario, previo a embargar bienes, deberá tener la certeza de que son propiedad de Lizbet Hernández e Industrias Marshall, S.A. de C.V., es decir, que esta resolución deriva de la cosa juzgada y constituye uno de los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la misma, además de ser consecuencia directa y necesaria de ésta; por consiguiente, el amparo es improcedente. Sin que la actuación reclamada pueda estimarse un acto que afecte derechos sustantivos de la parte quejosa, en la medida que el auto de ejecución de sentencia, deriva de la ejecutoria dictada en el contradictorio de origen y tiende a lograr su cumplimiento. Encuentra aplicación, la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." En razón de lo anterior, se colige que el acto reclamado se verificó en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada en el juicio de origen, de ahí que resulta improcedente la promoción del juicio de amparo indirecto, puesto que aún y cuando el cumplimiento de la sentencia, sea de tracto sucesivo o cumplimiento periódico, será hasta que se emita la última resolución que de por terminada la etapa de ejecución en dicho contradictorio, que podrá promover el juicio de amparo. Por tanto, como en la especie la determinación reclamada solo es un acto en el trámite del periodo de ejecución del convenio, esto es, no constituye un acto emitido en dicha fase que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, ni se trata de la determinación en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la cual como última, en todo caso sí podría ser impugnada mediante el juicio de control constitucional, al actualizar el supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demanda en la cual podrá reclamar las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, como la que en el caso se alega. Asimismo, no pasan inadvertidas las manifestaciones de la parte quejosa, en el sentido de que la forma en que se ordena la ejecución de la sentencia, le afecta sus derechos sustantivos, al estimar que se le impone la carga de acreditar la propiedad de los bienes susceptibles de embargo, lo cual infiere traerá como consecuencia la imposibilidad de lograr el cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de origen; empero, contrario a lo que asevera, de la copia simple del acto reclamado que anexa a su libelo de amparo se advierte que la autoridad responsable en modo alguno le impuso la obligación de demostrar la propiedad de los bienes susceptibles de embargo a la parte impetrante, sino en todo caso acotó que el actuario debía tener certeza de embargar bienes propiedad de la parte demandada; máxime que dichas manifestaciones emergen como meras apreciaciones subjetivas de realización futura e incierta, toda vez que no se tiene certeza de que el auto de ejecución reclamado, indefectiblemente traiga como consecuencia la imposibilidad de lograr dicho cumplimiento, al desconocerse la actitud procesal que asumirá la parte demandada perdidosa al momento de su cumplimentación, así como la actuación del actuario, siendo a todas luces ostensible que la finalidad de la autoridad responsable, al emitir el acuerdo reclamado, es obtener el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen, mientras que la parte quejosa solamente se inconforma con la orden de cumplimiento a la ejecutoria de origen, por suponer que la misma no podrá verificarse, en base a meras conjeturas. Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo; por lo que atento a lo que señala el numeral 63, fracción V y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." IV. Se ordena generación de versión pública de sentencia o resolución que pone fin al asunto. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.

  3. Principal

    Promovente del amparo pretende cumplir prevención. Agréguense a los autos el escrito y anexo presentados por Alejandro Escalante Muñoz, apoderado legal de la parte quejosa, personalidad que se le reconoce de conformidad con el numeral 11 de la Ley de Amparo, al tenerla reconocida ante la autoridad responsable, a través de los cuales pretende cumplir con los requerimientos formulados en proveído de seis de noviembre pasado, a través del cual se le requirió a efecto de que: a) exhibiera original o copia certificada de la documental con la que acredite de manera fehaciente que el promovente Alejandro Escalante Muñoz tiene reconocido el carácter de apoderado legal de la parte quejosa Sandra Paulina Sánchez Ortiz, b) precisara con claridad cuál es el acto que reclama y c) relatara, bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada, todos los antecedentes del acto reclamado; sin embargo, de la lectura del escrito de cuenta y anexo se desprende que únicamente cumple a cabalidad con lo requerido en el inciso a); en consecuencia, se provee: Se requiere nuevamente. Resulta necesario requerir nuevamente a la parte ocursante para que, por escrito, sin formular ni presentar nueva demanda y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, cumpla con lo siguiente: Señale con precisión cuál es el acto que reclama ante esta instancia constitucional; lo anterior, toda vez que por un lado indica que es el auto en el que el juez responsable determinó que el actuario, previo a embargar bienes, deberá tener la certeza de que son propiedad de Lizbet Hernández e Industrias Marshall, S.A. de C.V., emitido el veinticinco de octubre pasado; empero, del anexo que adjuntó a su demanda de amparo, se advierte que dicho auto se dictó el veinticuatro de octubre del año en curso, lo cual resulta contradictorio e incongruente, lo que hace necesario la presente prevención. Para lo anterior, es aplicable la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, del Tomo III, de Marzo de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. Relate, bajo protesta de decir verdad, de manera clara, cronológica y detallada, todos los antecedentes del acto reclamado, para lo cual deberá realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos ocurridos con antelación al acto reclamado y, que por su estrecha relación, resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, para lo cual deberá efectuar una relatoría de la totalidad de actuaciones verificadas en el juicio de origen. Lo anterior, toda vez que la relatoría que hace nuevamente resulta insuficiente y no se encuentra narrada en forma cronológica, pues únicamente refiere que el juez dictó el auto del que se duele, sin precisar la data del mismo, así como que en el expediente 439/2022 se dictó una sentencia favorable, sin indicar la fecha en que ello aconteció, así como que el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se frustró el embargo por las razones que indica y que al solicitar de nueva cuenta la ejecución se emitió el acuerdo reclamado, lo que resulta insuficiente. Ahora bien, toda vez que al momento de presentar el escrito y anexo de cuenta la parte quejosa aún no se encontraba debidamente notificada del acuerdo de prevención de seis de noviembre pasado, indíquese a la parte impetrante que cuenta con cinco días para cumplir con lo anterior, cómputo que se reanudará el día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente auto se le practique. Resulta aplicable al respecto, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 2ª/J.106/2003, visible en la página 133, del Tomo XVIII, de Noviembre de dos mil tres, Novena Época, publicada en el semanario Judicial de la federación y su Gaceta de rubro siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. " Hágasele saber a la parte quejosa que subsiste el apercibimiento decretado en auto de seis de noviembre del año en curso, en caso de incumplimiento.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "SE PREVIENE A LA PARTE QUEJOSA."

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