Sandra Patricia Valenzuela Somochi

Expediente 213/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
213/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Sandra Patricia Valenzuela Somochi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Recurso de revisión. Glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta suscrito por el delegado de la Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictada en el presente expediente; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Distribúyase entre las partes copia del escrito de interposición y expresión de agravios. En su oportunidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite del citado recurso, acompañándole el original y copia del escrito de interposición y expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal1 ; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y representación social de la adscripción, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. MI

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Recurso de revisión. Glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta suscrito por el delegado de la Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictada en el presente expediente; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Distribúyase entre las partes copia del escrito de interposición y expresión de agravios. En su oportunidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite del citado recurso, acompañándole el original y copia del escrito de interposición y expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal1 ; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y representación social de la adscripción, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. MI

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con treinta y tres minutos del dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en audiencia pública, Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe de sus actos, en el juicio ******************** A-I, declaró abierta la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en el expediente, da lectura al escrito inicial de demanda, y da cuenta con las constancias de notificación del auto inicial a las partes y con los informes justificados rendido por las autoridades responsables subdirector de Finanzas, encargado de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, y el jefe de la Unidad Jurídica, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; asimismo, se hace constar que transcurrió el plazo de ocho días, para que las partes pudieran imponerse del contenido de los informes justificados. Por otro lado, se advierte que en el auto de radicación se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existen terceros interesados. El juez acuerda: se tiene por hecha la relatoría anterior y por visto el contenido de la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes; y, en relación con la inexistencia de terceros interesados, se ratifica lo determinado, dado que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos que establece el artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, y se da cuenta con las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa y la autoridad responsable encargado de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho a las partes para formular alegatos de los que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Acto seguido, se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ******************** A-I; y, R e s u l t a n d o: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido en esa propia fecha por razón de turno a este juzgado de Distrito, Sandra Patricia Valenzuela Somochi, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Unidad Administrativa; y, de la Subdirección de Finanzas del propio Instituto, todos con residencia en esta ciudad, de quienes reclamó el acto que habrá de precisarse en el considerando II, de esta resolución. Por proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio a la representación social de esta adscripción la intervención legal que le compete y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento dio inicio a las once horas con treinta y tres minutos de esta fecha, y concluye con la sentencia que se emite al tenor de los siguientes C o n s i d e r a n d o s: Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama un acto omisivo de autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: La omisión y dilación de las autoridades responsables en dar contestación a la solicitud del pago por indemnización global, derivada de las aportaciones para el fondo de la pensión de la aquí quejosa, que solicitó desde el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Certeza del acto reclamado Es cierto el reclamo que formula la parte quejosa a las autoridades responsables subdirector de Finanzas, encargado de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, y el jefe de la Unidad Jurídica, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, no obstante que en sus informes justificados niegan la existencia del acto que les reclama la quejosa. Es así, pues de las propias manifestaciones contenidas en los informes respectivos, se evidencia la certeza del reclamo constitucional. Esa circunstancia quedó también evidenciada con las manifestaciones efectuadas por el encargado de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, quien al rendir su informe justificado (fojas 21 y 22), se pronunció en el sentido de que sí existe ante ese Instituto el trámite de la parte quejosa, e incluso expone que se realizó una búsqueda del estatus del trámite de la devolución del fondo de pensión, pero que dicho trámite ya fue concluido por parte de esa Subdirección y turnado a la diversa Subdirección de Finanzas bajo el número de contra recibo 5946, por la cantidad de $65,239.27 M.N. (sesenta y cinco mil doscientos treinta y nueve pesos 27/100 moneda nacional) y que es a la Subdirección de Finanzas a quien le corresponde elaborar y programar el pago correspondiente. Además, la certeza del acto reclamado, se obtiene con las afirmaciones que bajo protesta de decir verdad realizó la quejosa en su escrito inicial de demanda, al que anexó la solicitud de indemnización global formulada al Instituto responsable; y, con la documental que exhibió el encargado de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de donde se obtiene que el trámite fue enviado al área de Finanzas el tres de marzo pasado, y hasta la fecha de presentación de la demanda no se ha dado respuesta a la solicitante. Pues bien, a las documentales comentadas se les otorga plena validez probatoria en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, lo que, vinculado con los datos referidos se tiene acreditado el reclamo constitucional. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." IV. Causales de improcedencia. En este apartado debe examinarse si existe alguna causal que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el caso, el subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, invocó la existencia de las causales de improcedencia a que se refieren las fracciones XII y XXIII de la Ley de Amparo; sin embargo, se desestiman tales afirmaciones, pues al respecto solo exponen como sustento y argumento la negativa de la existencia de los actos, lo cual no es en sí mismo motivo para actualizar alguna causa de improcedencia del juicio. Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia, se procede a efectuar el análisis de fondo del asunto. Innecesaria transcripción de conceptos de violación. Se tienen por reproducidos los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, en acatamiento al principio de economía procesal y en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a su literal transcripción; máxime que no se afectan los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Apoya lo anterior la siguiente jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, Novena Época, con número de registro electrónico 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Consideraciones jurídicas Son fundados los argumentos expuestos a manera de conceptos de violación, suplidos en su deficiencia en la medida necesaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que la peticionaria tiene el carácter de esposa del trabajador (fallecido), solicitante de una pensión por jubilación ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Se cita al respecto, la tesis XVIII.2o.P.A.7 A (10a.), Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 5179, Undécima Época, con registro digital 2023242, de rubro y texto siguientes "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. OPERA NO SÓLO EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS, SINO TAMBIÉN DE QUIENES ASPIRAN A TENER RECONOCIDA ESA CALIDAD. Hechos: De la demanda de amparo directo se advierte que el quejoso pretende que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) le reconozca el carácter de pensionado, sin que haya obtenido resolución favorable en la vía administrativa ni en el juicio de nulidad. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo opera no sólo en favor de los pensionados, sino también de quienes aspiran a tener reconocida esa calidad. Justificación: El espectro normativo protector creado en el ámbito del juicio de amparo en materia de trabajo, los diversos criterios que con sentido social ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el marco jurídico sobre derechos humanos resguardado por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sirven de sustento para llevar a cabo una interpretación extensiva del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo y concluir que la procedencia de la suplencia de la queja deficiente opera para quienes pretenden que se les reconozca el derecho a una pensión y no únicamente para los que ya lo tienen adquirido." En esa medida, al reclamarse un acto que deriva de derechos laborales, es obligación del órgano constitucional suplir la deficiencia de la parte quejosa y para atender con adecuada información el problema planteado, es pertinente destacar, a título de antecedentes, que de la demanda de amparo se desprende lo siguiente: En el caso particular, substancialmente, la parte quejosa aduce que las autoridades responsables transgreden sus derechos, al omitir o tardar en otorgarle la indemnización global, lo cual tiene sustento en los artículos 16 inciso A), 21 inciso E), 89 y 91-E de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (en lo sucesivo ISSSTESON), ya que solicitó las cuotas que su esposo fallecido aportó al Fondo de Pensiones cuando era empleado del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora; lo cual efectuó desde el veintiséis de marzo de dos mil uno hasta el uno de enero de dos mil veintidós, sin que se le haya realizado la devolución correspondiente. Substancialmente refiere, que como ha transcurrido el plazo de ley, que establece el numeral 91-E de la Ley del ISSSTESON, para que se le pagara la prestación a que tiene derecho, al no obtener respuesta acude a esta instancia constitucional en busca del amparo y la protección de la justicia federal, dado que considera se le ha transgredido su derecho humano a la propiedad y posesiones, al negarse el Instituto a entregarle el dinero que le pertenece por ser producto del descuento que se le hacía al esposo, mientras este estuvo activo en el trabajo (Ayuntamiento de Navojoa, Sonora); de ahí, que si ha transcurrido en exceso el plazo que el Instituto tenía para hacerle entrega de sus aportaciones, se violentan los artículos 1, 14 y 17 Constitucionales. Esos argumentos, suplidos en su deficiencia, son suficientes para calificar que asiste la razón a la quejosa y proceder al otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal. Con el fin de centrar la Litis en lo fundado del reclamo; y, en consideración de que los derechos que exige la quejosa corresponden, por su finalidad, a derechos laborales de los cuales goza dicha peticionaria, en su carácter de esposa del trabajador fallecido; por tanto, teniendo en consideración que le corresponde a este juzgador suplir la queja deficiente en la medida necesaria en materia laboral, se precisa que el motivo de inconformidad se traduce en una violación al derecho de pronta impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, en virtud de que, desde la fecha en que la solicitante inició el trámite de solicitud de indemnización global, este aún no concluye, y ni siquiera al respecto se le ha otorgado una respuesta objetiva positiva definitiva o negativa a su petición por parte del Instituto responsable. El referido precepto constitucional atiende la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional, y al efecto establece que debe ser pronta y completa, y acoge el principio de ejecución de las sentencias; de ahí, que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de esta última, ya que de no hacerlo así se haría nugatoria la primera. Luego, si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ese derecho debe verse complementado con la debida ejecución de las determinaciones que resulten favorables, con la certeza de que lo obtenido no quede sólo en una actuación de buena fe del Estado esperando la realización voluntaria del pago por parte del deudor, sino que, con dicha garantía, sea capaz de velar porque, en caso de cumplimiento forzoso de una determinación, esta realmente se vea materializada. Por ende, las autoridades correspondientes ineludiblemente deben llevar a cabo los mecanismos jurídicos necesarios a efecto de lograr la eficaz e inmediata ejecución de las determinaciones que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada, precisamente en respeto a esta última institución. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia P.J/113/2001, del rubro siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". También, sustenta lo afirmado la jurisprudencia 2a./J.192/2007, cuyo rubro es: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Ahora, si bien de la lectura del precepto constitucional examinado, se advierte que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de las subgarantías mencionadas son todas aquéllas que realizan actos materialmente jurisdiccionales. Es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales o bien sólo materialmente jurisdiccionales, lo cierto es, que la prerrogativa de acceso a la justicia pronta, también es exigible a aquellos procesos administrativos en los que no existe como tal una controversia entre partes. Lo anterior, toda vez que la interpretación del referido artículo constitucional, en concordancia con las disposiciones internacionales que el Estado Mexicano se encuentra constreñido a acatar, permite concluir que en los procedimientos administrativos a cargo de autoridades administrativas que no diriman una controversia, sino que determinen la procedencia de un derecho, también debe regir el principio de acceso a la impartición de justicia pronta. Es así, toda vez que el artículo 8, párrafo primero, de la Convención Americana de Derechos Humanos, relativo a las garantías judiciales refuerza el derecho fundamental al que se ha hecho referencia en el sentido de que los asuntos a cargo de las autoridades del Estado deben resolverse dentro de un plazo razonable; lo que concuerda con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal -justicia pronta-. Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en interpretación de dicha disposición, ha señalado que cualquier órgano del Estado cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas, está obligado a observar el derecho humano al debido proceso, tal como se confirma con la sentencia dictada en el caso Barbani Duarte y otros contra Uruguay. Además, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país sostuvo en la tesis 2a. LI/2002, que en los recursos administrativos rige, en lo esencial, el derecho fundamental analizado, lo que implica que los principios que conforman ese derecho deben adecuarse a las diversas finalidades de esos medios de defensa. Asimismo, recientemente, sustentó en la tesis 2a. CXXVIII/2017 (10a.), que en una evolución en la interpretación del artículo 17 de la Constitución Federal, se concluía que el ámbito de aplicación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se limita a los juicios o procesos tramitados ante las autoridades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, sino también a la actuación de las autoridades que realizan actos materialmente administrativos. De ahí que, los principios de tal derecho fundamental, además de que debían adecuarse a la naturaleza de interés público de los recursos establecidos en sede administrativa, también eran aplicables a la actuación de las autoridades administrativas, principalmente por lo que se refiere a los plazos establecidos por el legislador y que rigen su actuación. Por lo que, respecto del derecho a la justicia pronta, cuando se establece un plazo en un procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, es porque se considera necesario sujetar a un límite temporal su actuación, ya que de otra forma no se entendería el porqué de su establecimiento. Por ejemplo: El artículo 111-C, fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, establece que corresponde a la Comisión Ejecutiva, salvo algunas excepciones, resolver sobre las operaciones del Fondo dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se haga la petición correspondiente. El artículo 59, párrafo tercero, de la citada ley, impone que el instituto deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente. De igual forma los artículos 89 y 91-E, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, establecen lo siguiente: "Artículo 89. Al trabajador que sin derecho a jubilación o a pensión por vejez o invalidez, se separe definitivamente del servicio, se le otorgará una indemnización global equivalente a las cuotas con que hubiese contribuido al Fondo de Pensiones a que se refiere el artículo 16 de esta Ley" "Artículo 91-E. El instituto pagará a los asegurados el importe que proceda, a los 20 días de que se hayan acreditado los requisitos que señale el Reglamento, mediante los cuales se pruebe que se tiene derecho a la prestación" Así las cosas, como se observa, el actuar de las responsables se encuentra regulado en la propia ley, pues los trámites y plazos no pueden dejarse a la voluntad de las autoridades, pues dicha circunstancia se contrapondría precisamente con la garantía de justicia pronta y expedita. No obstante, en el caso particular, es importante destacar que si bien la Ley del ISSSTESON no regula concretamente el plazo que lleva a las autoridades administrativas tramitar la solicitud de devolución de la indemnización global, pues en relación con los numerales aludidos, el primero de ellos solo hace referencia al derecho de la indemnización global, en tanto que el diverso 91-E, si bien, establece un término, el mismo, es computable a partir de que "se hayan acreditado los requisitos, mediante los cuales se pruebe que se tiene derecho a la prestación solicitada"; sin embargo, como en el caso no existen elementos para tener por cubierta esa exigencia, pues es la autoridad responsable la que debía pronunciarse al respecto; por tanto, lo cierto es, que a la luz de las consideraciones abordadas en esta sentencia, tal procedimiento no puede quedar exento de ser regulado bajo los parámetros apuntados con anterioridad. Además, lo anterior, tiene asidero legal en los artículos 17 y 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, en los cuales se establece lo siguiente: "Artículo 17. Las autoridades administrativas implementarán medidas para facilitar a los particulares el cumplimiento de los trámites que se ventilen ante las mismas. Para ello procurarán incorporar los adelantos computacionales, de comunicación e informática para el eficaz desahogo de las gestiones que efectúen los interesados. Lo anterior, sin menoscabo del debido cumplimiento de los requisitos que contemplen los ordenamientos administrativos aplicables.". "Artículo 18. Salvo que las leyes específicas establezcan otro plazo, no podrá exceder de cuarenta y cinco días hábiles el tiempo para que la autoridad administrativa resuelva, según corresponda, lo solicitado por el interesado. En el caso de procedimientos que se substancien por nulidad o anulabilidad, la autoridad competente deberá resolver en un término de 15 días hábiles, contado a partir de la interposición del escrito respectivo." (El texto subrayado en negrita es propio). En los preceptos transcritos se regula la actuación de las autoridades administrativas respecto de los trámites que estén a su cargo y, para lograr su efectivo desarrollo se les faculta para implementar los mecanismos necesarios. Asimismo, en el segundo de los artículos referidos se establece que cuando el trámite no se encuentre regulado en otro ordenamiento, la autoridad deberá resolver lo peticionado por los gobernados en un lapso no mayor a los cuarenta y cinco días hábiles. Ese plazo es el máximo al cual la autoridad responsable debe ajustar sus trámites y procedimientos, siempre y cuando la ley no lo establezca. De ahí que, en el caso se actualiza la violación al derecho fundamental señalado -justicia pronta-, porque la responsable, a la fecha, no ha tomado las medidas necesarias para concluir con el trámite de la solicitud relativa a la indemnización global que le fue solicitada por la quejosa, a través del área correspondiente, y tampoco ha dado contestación en sentido indistinto a dicha petición, así como tampoco le ha hecho saber de la existencia de alguna inconsistencia o necesidad de acreditar algún requisito en específico, como establece el numeral 91-E, de la ley de la materia de origen, para completar el trámite y que pudiera computarse el plazo ahí establecido. Es así, pues de las manifestaciones contenidas en la demanda, realizadas por la quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte que la solicitud del trámite correspondiente la presentó ante el instituto responsable desde el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en la que formuló por medio del área correspondiente, su solicitud de devolución de indemnización global que correspondía a su esposo trabajador (fallecido) y, sin que a la fecha haya constancia alguna de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, le hubiere dado una respuesta definitiva, ni le haya efectuado el pago o devolución de sus aportaciones. Lo anterior, evidencia que la omisión por parte de las autoridades responsables colisiona con el artículo 17 constitucional, pues desde el inicio de la solicitud de indemnización, a la fecha en que se resuelve, han transcurrido más de cuatro meses, sin que exista una respuesta objetiva del instituto responsable a la quejosa, en relación con el trámite de devolución; hecho que evidentemente le depara perjuicio, dado que su solicitud de devolución de indemnización global, se encuentra paralizado. Más aún, que en su informe justificado, el encargado de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, expuso que esa subdirección concluyó el trámite respectivo y que corresponde a la Subdirección de Finanzas la elaboración y programación del pago correspondiente, a quien le turnó el contra recibo 5946, por la cantidad de $65,239.27 M.N. (sesenta y cinco mil doscientos treinta y nueve pesos 27/100 moneda nacional). Es así, pues con tal argumentación no se satisface la restitución del derecho vulnerado a la quejosa, pues no se le da una respuesta objetiva en relación con su solicitud, ni se le efectúa el pago correspondiente; por ello, tal como refiere en sus conceptos de violación la solicitante, no se han respetado los plazos y términos para resolver sobre su solicitud y pago por concepto de indemnización global, pues no se advierte que se le haya dado una respuesta definitiva a su solicitud, no obstante que el trámite fue presentado desde el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Se subraya que, en lo que aquí se determina, se toma en cuenta que la vulneración del derecho humano analizado es efecto de un acto de tracto sucesivo, que se prolonga en el tiempo momento a momento ante la omisión de la autoridad en cumplir con una pronta y eficaz aplicación de justicia, de acuerdo a los principios contenidos en el artículo 17 Constitucional; de modo, que ese derecho a percibir la devolución del fondo de aportaciones (indemnización global), no puede estar siendo postergado de forma indefinida; de ahí, que su solicitud merezca la atención de una respuesta dentro de los plazos que tutela la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos y analizados con antelación. No considerarlo de esa manera, sería tanto como permitir a las responsables que cuenten con un plazo laxo indeterminado para que le otorguen al solicitante una resolución definitiva en sentido positivo o negativo en torno a su solicitud de indemnización global; y, de hacerlo así, pudiera quedar a discreción y al arbitrio de la autoridad dar la respuesta al justiciable en un plazo indefinido, trastocando con ello derechos humanos de una pronta aplicación de justicia, según lo tratado y acorde con los principios que tutela el artículo 17 Constitucional. En consecuencia, al ser violatorio de derechos el actuar de las autoridades de ISSSTESON, se concede la protección constitucional solicitada por la parte quejosa. VII. Decisión: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para efectos de que las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, realicen lo siguiente: Provean los mecanismos para la respuesta inmediata a la solicitud de devolución de indemnización global formulada por la quejosa el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós; y, le hagan devolución del peculio autorizado por concepto de indemnización global, con motivo de la solicitud de devolución, y que según refiere la autoridad es por la cantidad de $65,239.27 M.N. (sesenta y cinco mil doscientos treinta y nueve pesos 27/100 moneda nacional). En la inteligencia de que la obligación antes señalada será exigible a las autoridades responsables y a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Sandra Patricia Valenzuela Somochi, respecto del reclamo y autoridades responsables precisados en los considerandos II y III, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados VI y VII de este fallo. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las once horas con treinta y tres minutos del dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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