Sandra Patricia Pereda Huichapa
Expediente 320/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 320/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sandra Patricia Pereda Huichapa
- Julio César Hermosillo Saldaña
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años - contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Visto el escrito de demanda presentado por * y *, quienes promueven por propio derecho y, además, se ostentan como representantes de su hijo menor de edad de iniciales A.A.H.P.; en contra de actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Celaya, Guanajuato, y otra autoridad; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1o., 61, 107 y 113 de la Ley de Amparo, fórmense expedientes físico y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así mismo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 320/2021-IV. Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Por identidad de razones y en atención a los conceptos jurídicos generales de que trata, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia número 128/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803 del Tomo XIV, octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En la especie, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: ? De la Delegación Estatal Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en León, Guanajuato, la falta de pago de las prestaciones a las que resultó condenada en la resolución interlocutoria emitida en el expediente * del índice de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en Celaya, Guanajuato. ? De la Sala Regional del Centro III del Tribunal de Justicia Administrativa, en Celaya, Guanajuato, la omisión para aplicar medios de apremio para el efecto de que la Delegación Estatal Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social, dé íntegro cumplimiento al pago de las prestaciones a las que resultó condenada en el expediente de origen. Actos omisivos que, como se ve, no participan de una naturaleza autónoma, sino que pertenece al procedimiento de ejecución de sentencia con que culminó el juicio de nulidad planteado por la propia quejosa. Para evidenciar lo anterior, se destacan los siguientes antecedentes, los cuales narraron los promoventes bajo protesta de decir verdad, siendo los siguientes: 1. Los ahora quejosos promovieron demanda de nulidad ante la sala responsable en contra de la Delegación Estatal Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en León, Guanajuato. 2. De dicha demanda conoció la sala responsable, quien registró el asunto bajo el número *. 3. Seguida la secuela procesal, se concluyó que los actores no acreditaron la actividad irregular que imputan al instituto demandado. 4. En contra de la anterior determinación, los actores promovieron juicio de amparo directo, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, quien concedió el amparo solicitado, para el efecto de reponer el procedimiento y desahogar una prueba pericial. 5. En cumplimiento a lo anterior, la sala responsable repuso el procedimiento, desahogó dicha prueba y dictó sentencia en la que condenó al instituto demandado al pago de ciertas prestaciones. 6. De nueva cuenta, los actores promovieron demanda de amparo directo, de la cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, quien concedió el amparo para el efecto de que se estableciera en la vía incidental la cuantificación del monto de indemnización correspondiente. 7. En vía incidental, la sala responsable determinó como monto indemnizatorio global la cantidad de *. 8. A la fecha, la autoridad demandada no ha cumplido con la condena que le fue impuesta, no obstante los requerimientos de la autoridad. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por ser notoriamente improcedente, se desecha de plano la demanda constitucional presentada por Sandra Patricia Pereda Huichapa y Julio César Hermosillo Saldaña, quienes promueven por propio derecho y, además, se ostentan representantes de su hijo menor de edad de iniciales A.A.H.P., en contra de los actos atribuidos a la Sala Regional del Centro III del Tribunal de Justicia Administrativa, en Celaya, Guanajuato, y otra autoridad; lo que se hace en atención a las siguientes consideraciones: En principio, es necesario traer a colación el contenido de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Ampro, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; De lo trascrito, se obtiene que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, en contra de actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, por lo que, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el promovente -previo a la instauración del procedimiento constitucional- debe agotar el medio ordinario de defensa, pues es claro que a través de este puede alcanzar la pretensión jurídica de nulificar el acto reclamado y lograr que desaparezcan de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Ese principio se sustenta a razón de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Principio que implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Sobre esa base, resulta importante mencionar que el numeral 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé la posibilidad que tiene la parte quejosa de ocurrir en queja cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia de nulidad. En efecto, el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo señala que: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: [...] II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes a) Procederá en contra de los siguientes actos: [...] 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. [...] La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. [.] Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere." De la lectura del precepto en trato, se obtiene que el recurso de queja es procedente en contra de la omisión de cumplir la sentencia, así como el trámite correspondiente para su resolución. De lo que se sigue que, si la parte quejosa se duele de la omisión de cumplir con la sentencia interlocutoria de cuatro de octubre de dos mil veinte, derivada del juicio de nulidad * emitida por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como de la omisión de esta última autoridad de imponer los medios de apremios correspondientes, al respecto esta se encuentra en aptitud de interponer el recurso de queja a que alude el arábigo numeral 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De modo que, al no haber interpuesto ese medio de impugnación previo a la presentación de la demanda de amparo, da lugar a que se actualice la causal de improcedencia citada con antelación, pues no agotó el principio de definitividad. Ello, se robustece con los argumentos vertidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 386/2011 y 116/2015, en el sentido de que si el gobernado agota el medio de defensa legal que prevea la ley que rija al acto para lograr el cumplimiento de la determinación correspondiente y la autoridad o autoridades que fueron demandadas en el contencioso administrativo aun así no cumplen la sentencia, es claro que solo entonces podrá acudir al juicio de amparo, porque tal omisión se traduce ya en una violación al derecho de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al significar un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que aí expone, la tesis I.11o.A.7 A (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3020, libro 63, febrero de 2019, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que ofrece la siguiente redacción: "INCUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE NULIDAD DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -HOY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA- DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI EL ACTOR AGOTÓ EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LA LEY QUE RIGE A ESE ÓRGANO [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 1/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.), estableció que las dependencias públicas y sus auxiliares, demandadas ante un tribunal de lo contencioso administrativo, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte la omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por aquél y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I y 11, todos de la Ley de Amparo abrogada. Lo anterior, porque esa abstención se traduce en una transgresión al derecho de acceso a la justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al constituir un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. En estas condiciones, como no existe medio de defensa que proceda para impugnar la resolución del recurso de queja previsto en la ley que rige al Tribunal de lo Contencioso Administrativo -hoy de Justicia Administrativa- de la Ciudad de México, que agotó el actor ante el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad, ni procedimiento posterior alguno que pueda tramitar para lograr que se acate el fallo dictado en su favor, contra dicho incumplimiento procede el juicio de amparo indirecto." Sin que, en el particular, se advierta alguna de las causas de excepción establecidas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que eximan a la parte quejosa de cumplir con ese principio, por las siguientes consideraciones: a) No se está en presencia de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa; c) Los quejosos no personas extrañas al procedimiento. d) El acto reclamado no es un auto de vinculación a proceso. En las relatadas condiciones, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, ello con fundamento en los numerales 62 y 113 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones procedentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *, dado que de la certificación de cuenta se desprende que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, inscrita en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que en términos restringidos del dicho numeral a *, por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Medios para establecer comunicación. Se tienen como medios alternos para establecer comunicación no procesal con la parte quejosa, el correo electrónico y números telefónicos que menciona, de lo cual se toma nota. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
- Principal
Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa respecto del proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, que a la letra dice: Visto el escrito de demanda presentado por * y *, quienes promueven por propio derecho y, además, se ostentan como representantes de su hijo menor de edad de iniciales A.A.H.P.; en contra de actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Celaya, Guanajuato, y otra autoridad; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1o., 61, 107 y 113 de la Ley de Amparo, fórmense expedientes físico y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así mismo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 320/2021-IV. Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Por identidad de razones y en atención a los conceptos jurídicos generales de que trata, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia número 128/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803 del Tomo XIV, octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En la especie, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: ? De la Delegación Estatal Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en León, Guanajuato, la falta de pago de las prestaciones a las que resultó condenada en la resolución interlocutoria emitida en el expediente * del índice de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en Celaya, Guanajuato. ? De la Sala Regional del Centro III del Tribunal de Justicia Administrativa, en Celaya, Guanajuato, la omisión para aplicar medios de apremio para el efecto de que la Delegación Estatal Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social, dé íntegro cumplimiento al pago de las prestaciones a las que resultó condenada en el expediente de origen. Actos omisivos que, como se ve, no participan de una naturaleza autónoma, sino que pertenece al procedimiento de ejecución de sentencia con que culminó el juicio de nulidad planteado por la propia quejosa. Para evidenciar lo anterior, se destacan los siguientes antecedentes, los cuales narraron los promoventes bajo protesta de decir verdad, siendo los siguientes: 1. Los ahora quejosos promovieron demanda de nulidad ante la sala responsable en contra de la Delegación Estatal Guanajuato, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en León, Guanajuato. 2. De dicha demanda conoció la sala responsable, quien registró el asunto bajo el número *. 3. Seguida la secuela procesal, se concluyó que los actores no acreditaron la actividad irregular que imputan al instituto demandado. 4. En contra de la anterior determinación, los actores promovieron juicio de amparo directo, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, quien concedió el amparo solicitado, para el efecto de reponer el procedimiento y desahogar una prueba pericial. 5. En cumplimiento a lo anterior, la sala responsable repuso el procedimiento, desahogó dicha prueba y dictó sentencia en la que condenó al instituto demandado al pago de ciertas prestaciones. 6. De nueva cuenta, los actores promovieron demanda de amparo directo, de la cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, quien concedió el amparo para el efecto de que se estableciera en la vía incidental la cuantificación del monto de indemnización correspondiente. 7. En vía incidental, la sala responsable determinó como monto indemnizatorio global la cantidad de *. 8. A la fecha, la autoridad demandada no ha cumplido con la condena que le fue impuesta, no obstante los requerimientos de la autoridad. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por ser notoriamente improcedente, se desecha de plano la demanda constitucional presentada por Sandra Patricia Pereda Huichapa y Julio César Hermosillo Saldaña, quienes promueven por propio derecho y, además, se ostentan representantes de su hijo menor de edad de iniciales A.A.H.P., en contra de los actos atribuidos a la Sala Regional del Centro III del Tribunal de Justicia Administrativa, en Celaya, Guanajuato, y otra autoridad; lo que se hace en atención a las siguientes consideraciones: En principio, es necesario traer a colación el contenido de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Ampro, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; De lo trascrito, se obtiene que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, en contra de actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, por lo que, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el promovente -previo a la instauración del procedimiento constitucional- debe agotar el medio ordinario de defensa, pues es claro que a través de este puede alcanzar la pretensión jurídica de nulificar el acto reclamado y lograr que desaparezcan de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Ese principio se sustenta a razón de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Principio que implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Sobre esa base, resulta importante mencionar que el numeral 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé la posibilidad que tiene la parte quejosa de ocurrir en queja cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia de nulidad. En efecto, el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo señala que: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: [...] II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes a) Procederá en contra de los siguientes actos: [...] 3. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. [...] La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. [.] Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere." De la lectura del precepto en trato, se obtiene que el recurso de queja es procedente en contra de la omisión de cumplir la sentencia, así como el trámite correspondiente para su resolución. De lo que se sigue que, si la parte quejosa se duele de la omisión de cumplir con la sentencia interlocutoria de cuatro de octubre de dos mil veinte, derivada del juicio de nulidad * emitida por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como de la omisión de esta última autoridad de imponer los medios de apremios correspondientes, al respecto esta se encuentra en aptitud de interponer el recurso de queja a que alude el arábigo numeral 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De modo que, al no haber interpuesto ese medio de impugnación previo a la presentación de la demanda de amparo, da lugar a que se actualice la causal de improcedencia citada con antelación, pues no agotó el principio de definitividad. Ello, se robustece con los argumentos vertidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 386/2011 y 116/2015, en el sentido de que si el gobernado agota el medio de defensa legal que prevea la ley que rija al acto para lograr el cumplimiento de la determinación correspondiente y la autoridad o autoridades que fueron demandadas en el contencioso administrativo aun así no cumplen la sentencia, es claro que solo entonces podrá acudir al juicio de amparo, porque tal omisión se traduce ya en una violación al derecho de acceso a la justicia contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al significar un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que aí expone, la tesis I.11o.A.7 A (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3020, libro 63, febrero de 2019, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que ofrece la siguiente redacción: "INCUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE NULIDAD DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -HOY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA- DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI EL ACTOR AGOTÓ EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LA LEY QUE RIGE A ESE ÓRGANO [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 1/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.), estableció que las dependencias públicas y sus auxiliares, demandadas ante un tribunal de lo contencioso administrativo, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte la omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por aquél y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I y 11, todos de la Ley de Amparo abrogada. Lo anterior, porque esa abstención se traduce en una transgresión al derecho de acceso a la justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al constituir un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. En estas condiciones, como no existe medio de defensa que proceda para impugnar la resolución del recurso de queja previsto en la ley que rige al Tribunal de lo Contencioso Administrativo -hoy de Justicia Administrativa- de la Ciudad de México, que agotó el actor ante el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad, ni procedimiento posterior alguno que pueda tramitar para lograr que se acate el fallo dictado en su favor, contra dicho incumplimiento procede el juicio de amparo indirecto." Sin que, en el particular, se advierta alguna de las causas de excepción establecidas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que eximan a la parte quejosa de cumplir con ese principio, por las siguientes consideraciones: a) No se está en presencia de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado no consiste en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa; c) Los quejosos no personas extrañas al procedimiento. d) El acto reclamado no es un auto de vinculación a proceso. En las relatadas condiciones, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, ello con fundamento en los numerales 62 y 113 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones procedentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *, dado que de la certificación de cuenta se desprende que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, inscrita en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que en términos restringidos del dicho numeral a *, por así haberlo solicitado. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Medios para establecer comunicación. Se tienen como medios alternos para establecer comunicación no procesal con la parte quejosa, el correo electrónico y números telefónicos que menciona, de lo cual se toma nota. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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