Sandra Patricia Bolaños Hickman

Expediente 985/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
985/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Sandra Patricia Bolaños Hickman

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto, el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Sandra Patricia Bolaños Hickman. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. ... Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo con anexo presentada por Sandra Patricia Bolaños Hickman, por propio derecho contra actos del Director de Hacienda, Programación y Presupuestos del Ayuntamiento del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, y otra autoridad. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento de la demanda Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el citado artículo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. Del escrito de demanda de amparo, en lo particular la parte quejosa reclama: a.- La notificación con número de folio 091 de catorce de julio de dos mil veintitrés, signado por Yair Uriyya Malpica Calzada, en su carácter de Director de Hacienda, Programación y Presupuestos del Ayuntamiento del Municipio de Tlaltizapan de Zapata, Morelos, mediante el cual le requiere a la aquí quejosa en un término de setenta y dos horas para que comparezca ante la Dirección de licencias de funcionamiento a efecto de acreditar la autorización de su establecimiento comercial. b.- La boleta de infracción con número de folio 030, de catorce de julio de dos mil veintitrés, signado por Yaritza Juana Avilés Hernández, en su carácter de Fiscal o Coordinador de Hacienda, Programación y Presupuestos del Ayuntamiento del Municipio de Tlaltizapan de Zapata, Morelos, mediante el cual le impone la infracción correspondiente a 500 UMA equivalente a $ 51,840.00 M.N. (cincuenta y un mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). Causales de improcedencia. Del escrito de demanda, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." De la anterior transcripción se advierte que el artículo en cuestión dispone la improcedencia del juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer la agraviada, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. Ahora bien, para que se actualice la causal de improcedencia invocada, es necesario que se reúnan cabalmente todas y cada una de las hipótesis contempladas en la aludida porción normativa, lo cual efectivamente acontece, de acuerdo con lo siguiente: Que los actos reclamados emanen de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En el caso, los actos de molestia se atribuyen al Director de Hacienda, Programación y Presupuestos del Ayuntamiento del Municipio de Tlaltizapan de Zapata, Morelos, y a la Fiscal o Coordinador de Hacienda, Programación y Presupuestos del Ayuntamiento del Municipio de Tlaltizapan de Zapata, Morelos. Dichas autoridades pertenecen a la administración pública municipal y desde luego no ejercen las mismas funciones y menos de índole jurisdiccional que los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2.- Que contra los actos de molestia proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esa ley. Lo anterior, a través del juicio de nulidad que se promueva ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pues mediante su promoción puede revocar, modificar o nulificar los actos de las autoridades municipales, por lo que es incuestionable que se satisface la diversa exigencia contemplada en la fracción XX, del numeral 61, de la Ley de la Materia, pues, como se ha visto, la ley concede a la parte quejosa un medio de defensa por el cual los actos reclamados pueden ser modificados, revocados o nulificados. 3.- Que no obstante la procedencia del juicio o medio de impugnación: es necesario que las mismas leyes que lo contemplan suspendan los efectos de los actos reclamados mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer la agraviada; y, que la suspensión opere sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Al respecto, cabe señalar que la legislación que rige la suspensión dentro del juicio de que se trata, suspende los actos de molestia sin exigir mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo, pues, el artículo 110, de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos, establece que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: "I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio." Se aprecia claramente que en el caso, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que rige la tramitación del juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, no impone mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo, para suspender los efectos de los actos reclamados y con los mismos alcances que los que prevé esta misma legislación, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por lo que, indudablemente se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que, previo a la interposición de la demanda que nos ocupa, la parte quejosa debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, cuyo resultado puede conducir a la modificación, revocación o nulidad de los actos que se combaten en esta instancia constitucional. Al respecto, es orientadora la Jurisprudencia 2a./J. 19/2015, emitida por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 783, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." No pasa inadvertido para este Juzgado Federal, que en la última parte de la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de la Materia, se establece que no existe obligación de agotar el recurso o medio de defensa que ahora se determina como el juicio de nulidad ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, si el acto reclamado carece de fundamentación, sin embargo, dicha circunstancia no ocurre, en razón de que los actos reclamados sí cuentan con fundamentación, a saber: Igualmente no se actualiza en el caso, la diversa excepción al referido principio de definitividad concerniente a que el acto reclamado carezca completamente de fundamentación y motivación, ello en razón de que de los actos reclamados se desprende que si cuentan con fundamentación, a saber: (.) Tampoco se alegan violaciones directas a la Constitución, ni el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia Además, si bien todos los juicios de amparo proceden en los casos en que aparentemente las autoridades vulneran o restringen derechos humanos previstos en la Constitución o en los tratados internacionales en que México sea parte, no por ello significa que la demanda de amparo deba admitirse, pues uno de los requisitos que el justiciable debe cumplir para acceder a la justicia constitucional es cumplir con el requisito de procedibilidad, que en el caso, sería interponiendo el recurso respectivo, lo que no hizo. En efecto, el juicio de nulidad que debe agotar la parte quejosa ante el tribunal correspondiente, previamente a la promoción de esta instancia constitucional, se encuentra previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es decir, en una ley formal y materialmente existente y no en un reglamento o algún otro ordenamiento diverso a aquélla legislación, de modo que, no se actualiza en el caso alguna excepción al principio de definitividad, máxime que dichas excepciones de aplicación estricta y no análogas o similares. Al caso, resulta pertinente invocar la tesis número LVI/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156, Tomo XII, Julio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." En tales condiciones, al quedar demostrado que contra los actos de molestia procede un juicio que puede modificar, revocar o nulificar los actos reclamados, en el que además se contempla la suspensión de lo reclamado sin exigir mayores requisitos que los exigidos en la Ley de Amparo y como en el caso opera alguna excepción al principio de definitividad, procede DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, de acuerdo con la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 112 y 113 de la legislación en consulta. Domicilio No ha lugar a tener como domicilio de su parte para oír y recibir notificaciones el que indica, toda vez que el mismo se encuentra fuera del lugar de residencia de este juzgado; por tal motivo, con apoyo en el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene por señalada, la lista que se fija en los estrados de este juzgado, sin perjuicio de que con posterioridad señale uno diverso dentro de esta ciudad. No obstante lo anterior, y dado el sentido de la presente determinación, por única ocasión, se ordena al fedatario de la adscripción notificarle en el domicilio señalado en el ocurso de demanda. Autorizados. Téngase por autorizados para oír y recibir notificaciones a ********************ya que no se localizó registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo ********************, quien sí cumple con ese requisito. Correo electrónico y números telefónicos. Téngasele por señalados el correo electrónico y números telefónicos que proporciona en su ocurso de cuenta, respecto de los cuales debe precisarse que únicamente tienen como finalidad establecer contacto y comunicación en caso de que se estime necesario, empero no para notificársele, pues esta formalidad procesal debe practicarse de manera electrónica, a través de un usuario, siempre y cuando lo solicite expresamente. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión extraordinaria de trece de octubre de veintidós. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. | Notifíquese personalmente a la quejosa.

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