Sandra Nayelli Guzmán Vázquez

Expediente 114/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
114/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
26/02/2016

Partes del expediente

  • Sandra Nayelli Guzmán Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de febrero de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías promovida por SANDRA NAYELLI GUZMÁN VÁZQUEZ, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se tuvo por no presentada la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Por otra parte, toda vez que el SALA DEL TERCER CIRCUITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, al rendir su informe justificado ante el Tribunal de Alzada remitió copia certificada del expediente 263/2015 y el original del toca civil 291/2015-7, con los cuales se formaron los anexos I y II; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando de la manera más atenta se sirva acusar de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que por auto de cuatro de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que al efecto envió la autoridad responsable Tesorera del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificados, no desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia de uno de julio de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a MANUEL DORANTES GARDUÑO, respecto del sistema normativo que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, previsto en los artículos 94 Bis a 94 Bis-12, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, así como lo relativo al impuesto adicional sobre ese impuesto municipal que se aplicó al quejoso, y que se le reclamaron al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y, así como respecto al cobro de la cantidad de $14,250.00 (catorce mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional); en aplicación de las normas legales citadas, que se reclamó del Tesorero del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos; asimismo, contra el contenido del artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, que se le reclamó al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y, así como respecto al cobro de las cantidades de $3,420.00 (tres mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 moneda nacional), en aplicación de la norma legal citada, que se reclamó al Secretario de Hacienda del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, para el siguiente efecto: "...En conclusión se concede el amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso MANUEL DORANTES GARDUÑO, por cuanto al sistema normativo que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, previsto en los artículos 94 Bis a 94 Bis-12, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos. En el entendido de que, con motivo de la concesión del amparo, a fin de restituirla en el goce de la garantía individual violada, como lo prevé en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, deberán reintegrársele las cantidades pagadas por tal concepto, es decir: $14,250.00 (catorce mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). Dicho monto incluye la cantidad cobrada por concepto de adicionales, equivalentes al veinticinco por ciento sobre el monto del impuesto, ello en virtud de que al ordenarse la devolución de lo pagado por el impuesto impugnado, no existe base para el cobro del impuesto adicional, dada su estrecha vinculación." Por auto de veintitrés de julio de dos mil quince, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a las referidas autoridades, el cumplimiento de la sentencia constitucional. El veintinueve de mayo del dos mil quince, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo únicamente por cuanto a las autoridades responsables Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos dependiente de dicha dependencia, toda vez que restituyó a la parte quejosa el monto cobrado por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de compraventa ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, por la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales. Por otra parte, en virtud de que la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, no había dado cumplimiento a la sentencia de amparo no obstante los diversos requerimiento realizados por este jugado, se dio trámite al incidente de inejecución de sentencia, el cual fue radicado en el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, bajo el número 52/2015, en el cual por sesión de cuatro de septiembre de dos mil quince, se declaró fundado dicho incidente. Por consiguiente, el expediente del juicio de amparo 1314/2014-II del índice de este juzgado, fue enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual mediante auto de seis de octubre de dos mil quince, dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue admitido y registrado como incidente de inejecución de sentencia 451/2015; asimismo, el Máximo Tribunal, solicitó a la autoridad responsable el cumplimiento en los siguientes términos: "".SEGUNDO. Conforme a lo determinado por el Juez de Distrito del conocimiento, el cumplimiento del respectivo fallo protector implica que se restituya al quejoso, en principio, la cantidad que pago por concepto de cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes inmuebles y su respectivo adicional, esto es, $14,250.00 (catorce mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional). TERCERO. Se requiere al Tesorero como autoridad obligada al cumplimiento y al Presidente, como superior jerárquico, ambos el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para que, dentro del plazo de diez días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, acrediten haber acatado el fallo protector en los términos antes descritos, o bien, justifiquen ante este Alto Tribunal la causa del incumplimiento, apercibidas, con fundamento en el puntos Segundo, fracción VI, inciso B, del Acuerdo General Plenario 5/2013 y Segundo, fracción IV, del Acuerdo General 10/2013, en el sentido de que de no acatarse la sentencia protectora o acreditarse la justificación de su incumplimiento en dicho plazo, el asunto se listará ante el Pleno de este Alto Tribunal dentro de los quince días hábiles siguientes a su vencimiento, para la aplicación de lo dispuesto en la fracción XVI, del artículo 107 Constitucional." En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, mediante oficios recibidos el cuatro y doce de febrero del dos mil dieciséis, remitió copia certificada del cheque número 0000326, de fecha uno de febrero del año actual, a favor del quejoso Manuel Dorantes Garduño, por la cantidad de $14,250.00 (catorce mil doscientos cincuenta pesos 00/100 MN.), por concepto del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y sus adicionales, así como de las constancias donde se advierte que el quejoso recibió el título de crédito y firmó de recibido el once de febrero del dos mil dieciséis. Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Por consiguiente, al poner a disposición de la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el 201 de la Ley de Amparo. Finalmente, remítase al Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con residencia en México, Distrito Federal, vía MINTERSCJN el presente acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar, dentro del incidente de inejecución de sentencia 451/2015. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de treinta de diciembre de dos mil quince, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.

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