Sandra Morales Espinosa
Expediente 58/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 58/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, ciudad
- Sandra Morales Espinosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Autoridad responsable informa periodo vacacional y solicita prorroga. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la responsable de guardia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, por medio del cual informa que el personal de la dependencia aludida se encuentra gozando de su primer periodo vacacional el cual comprende del diecinueve al treinta de julio de dos mil veintiuno; días que resultan inhábiles para la citada junta laboral, asimismo, hace del conocimiento que las labores normales se reanudaran el día dos de agosto de la anualidad que transcurre. Con motivo de lo anterior, solicita que se amplíe el plazo concedido para dar cumplimiento con el requerimiento de quince de julio de dos mil veintiuno. Al respecto, infórmesele que de constancias de autos en especial el auto señalado en el párrafo anterior, no se observa que se le hubiera hecho requerimiento alguno, toda vez que lo que se acordó en dicho proveído fue la orden de archivar el presente juicio al encontrarse totalmente concluido, de ahí que su pretensión resulte improcedente, máxime que durante el periodo vacacional no corren términos. Notifíquese; mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.KOA/MRAC/bcss
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Por otra parte, es de señalarse que el cuaderno principal en que se actúa, es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, cuenta habida que en el presente asunto, se sobreseyó el juicio fuera de audiencia; aunado a que no constituye un asunto de relevancia documental ni es un expediente conservable; lo anterior en términos de los numerales 15 y 17 del referido Acuerdo General citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del Acuerdo General referido. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
por este medio se notifica a la parte quejosa a su apoderado jurídico y a sus autorizados la resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno que en síntesis dice: Morelia, Michoacán, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Informe con justificación, domicilio y delegados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; dése vista a las partes con él para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas documentales. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta. Cuestión previa. Ahora bien, es menester precisar que en el asunto que nos ocupa, la quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO.- La omisión de la autoridad responsable de Administrar Justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, dentro del Juicio ordinario laboral número 3D-1386/2020, tramitado ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán." Además, de una lectura integra a su demanda se desprende que pretende se le conceda el amparo y protección de la justicia federal para que la responsable tramite y concluya en forma expedita el procedimiento especial de origen, conforme a los plazos y términos previstos en la ley, argumentos que sustenta -entre otras- en la jurisprudencia 44/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS". En efecto, de la jurisprudencia en cita la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales -señaladas en la demanda de amparo-, sino también las subsecuentes. Sin embargo, de una nueva reflexión determinó abandonar dicho criterio, en razón de que -sostuvo- los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Argumentos de los cuales surgió la jurisprudencia 2ª.CV/2013(10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 1, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". De ahí que, atendiendo a dicho criterio, se tiene que en el caso, de las documental que adjuntó a su informe justificado la Junta laboral responsable, se desprende que dentro del expediente laboral 3D-1386/2020, emitió acuerdo de radicación con fecha dieciséis de marzo del año en curso, en el que determinó admitir a trámite la demanda propuesta en la vía ordinaria, ordenando emplazar a la parte demandada y señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En ese tenor, al haber subsanado la negativa u omisión reclamada en esta vía constitucional -la omisión de la autoridad responsable de radicar la demanda presentada por la aquí quejosa y de citar a las partes dentro del término legal a la audiencia de conciliación, en el juicio laboral 3D-1386/2020; bajo esa premisa, se atenderá a esa circunstancia en el presente proveído. Sobreseimiento. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer las siguientes precisiones: La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecido los efectos de dicho acto de autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la finalidad del artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento, debiendo tomarse en consideración que en el caso la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de impartir justicia de manera pronta y expedita, en específico, la radicación de la demanda ordinaria laboral promovida por Sandra Morales Espinosa. Mas cierto es que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, radicó el escrito inicial de demanda, dando origen al expediente laboral 3D-1386/2020, admitiendo a trámite la demanda, ordenando emplazar a la parte demandada y señalando fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, adjuntando inclusive, copia certificada de la constancia de notificación de dicha radicación practicada a la actora el veintitrés de marzo actual, aquí quejosa. Entonces, como ya se mencionó, el acto de autoridad que le causaba agravio a la parte quejosa, lo era precisamente la omisión de admitir la demanda, dentro del expediente ordinario laboral 3D-1386/2020; y, como se advierte de las copias certificadas que acompaña al oficio de cuenta, radicó la demanda, la admitió a trámite, señaló fecha para la audiencia respectiva y ordenó el emplazamiento de la parte demandada, mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Además, no debe pasar inadvertido, que la demanda de amparo fue presentada el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, y como ya se dijo con antelación, el dieciséis de marzo pasado, la autoridad responsable emitió el acuerdo de radicación de demanda, para posteriormente admitirla a trámite, señalar fecha para la audiencia inicial y ordenar el emplazamiento de la parte demandada, lo que hace indudable que cesaron los efectos del acto reclamado. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a la quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Informe con justificación, domicilio y delegados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; dése vista a las partes con él para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas documentales. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta. Cuestión previa. Ahora bien, es menester precisar que en el asunto que nos ocupa, la quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO.- La omisión de la autoridad responsable de Administrar Justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, dentro del Juicio ordinario laboral número 3D-1386/2020, tramitado ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán." Además, de una lectura integra a su demanda se desprende que pretende se le conceda el amparo y protección de la justicia federal para que la responsable tramite y concluya en forma expedita el procedimiento especial de origen, conforme a los plazos y términos previstos en la ley, argumentos que sustenta -entre otras- en la jurisprudencia 44/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS". En efecto, de la jurisprudencia en cita la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales -señaladas en la demanda de amparo-, sino también las subsecuentes. Sin embargo, de una nueva reflexión determinó abandonar dicho criterio, en razón de que -sostuvo- los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Argumentos de los cuales surgió la jurisprudencia 2ª.CV/2013(10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 1, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". De ahí que, atendiendo a dicho criterio, se tiene que en el caso, de las documental que adjuntó a su informe justificado la Junta laboral responsable, se desprende que dentro del expediente laboral 3D-1386/2020, emitió acuerdo de radicación con fecha dieciséis de marzo del año en curso, en el que determinó admitir a trámite la demanda propuesta en la vía ordinaria, ordenando emplazar a la parte demandada y señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En ese tenor, al haber subsanado la negativa u omisión reclamada en esta vía constitucional -la omisión de la autoridad responsable de radicar la demanda presentada por la aquí quejosa y de citar a las partes dentro del término legal a la audiencia de conciliación, en el juicio laboral 3D-1386/2020; bajo esa premisa, se atenderá a esa circunstancia en el presente proveído. Sobreseimiento. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer las siguientes precisiones: La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecido los efectos de dicho acto de autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la finalidad del artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento, debiendo tomarse en consideración que en el caso la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de impartir justicia de manera pronta y expedita, en específico, la radicación de la demanda ordinaria laboral promovida por Sandra Morales Espinosa. Mas cierto es que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, radicó el escrito inicial de demanda, dando origen al expediente laboral 3D-1386/2020, admitiendo a trámite la demanda, ordenando emplazar a la parte demandada y señalando fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, adjuntando inclusive, copia certificada de la constancia de notificación de dicha radicación practicada a la actora el veintitrés de marzo actual, aquí quejosa. Entonces, como ya se mencionó, el acto de autoridad que le causaba agravio a la parte quejosa, lo era precisamente la omisión de admitir la demanda, dentro del expediente ordinario laboral 3D-1386/2020; y, como se advierte de las copias certificadas que acompaña al oficio de cuenta, radicó la demanda, la admitió a trámite, señaló fecha para la audiencia respectiva y ordenó el emplazamiento de la parte demandada, mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Además, no debe pasar inadvertido, que la demanda de amparo fue presentada el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, y como ya se dijo con antelación, el dieciséis de marzo pasado, la autoridad responsable emitió el acuerdo de radicación de demanda, para posteriormente admitirla a trámite, señalar fecha para la audiencia inicial y ordenar el emplazamiento de la parte demandada, lo que hace indudable que cesaron los efectos del acto reclamado. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a la quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.
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