Sandra Miriam Alcántara Ramírez y Otros.

Expediente 128/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 25 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
128/2019
Año
2019
Actuaciones
25
Última actuación
08/10/2019

Partes del expediente

  • Sandra Miriam Alcántara Ramírez y Otros.
  • Sandra Montserrat Terrón Alcántara y Otros.
  • Sandra Miriam Alcántara Ramírez
  • Susana Ilda García Lara
  • Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca
  • Marta Nazaria Suárez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Juicio de Amparo Directo

    SE TIENE POR CONSENTIDA LA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO. Con testimonio de dicha resolución, comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que en el presente asunto no falta notificación alguna y no contiene relevancia documental ni documentos originales, se ordena su archivo como concluido, previas anotaciones de ley. Por ello, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se concluye que este expediente es susceptible de ser DEPURABLE, ni es catalogado de relevancia documental, histórica o jurídica.

  2. Juicio de Amparo Directo

    se declara cumplida la ejecutoria de amparo

  3. Juicio de Amparo Directo

    EN TÉRMINOS DEL PROVEÍDO DE TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL LE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL AL TERCERO INTERESADO, LA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, EMITIDA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 128/2019, DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, LA CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, nueve de septiembre del dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se constata que el presente juicio de amparo directo se encuentra en su etapa de cumplimiento. El artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; que cuando causa ejecutoria una sentencia dictada en amparo directo el tribunal la notificará sin demora a las partes; que a la autoridad responsable la requerirá para que la cumpla dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se le impondrá una multa y el expediente se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el caso, la sentencia de amparo decretada por este órgano jurisdiccional se dictó el quince de mayo de dos mil diecinueve, en la cual se concedió el amparo a ******, por propio derecho y en representación de sus menores hijos ******y******de apellidos ******, y por auto de veintiuno de junio siguiente, se indicó que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de dicha sentencia, por lo que ese día se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 133-A, recibido en este órgano de control constitucional el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, la Primera Sala Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, informó que mediante auto de veinticinco anterior, dejó insubsistente la sentencia definitiva de once de enero de dos mil diecinueve, y que se encontraba en vías de cumplimiento al fallo protector; asimismo, que se ordenó la ampliación del dictamen en materia de trabajo social, la cual correría a cargo de la perito ******, haciéndole saber que fue señalada como fecha para realizar dicha valoración las nueve horas con treinta minutos del cuatro de julio de dos mil diecinueve; y que se ordenó notificar personalmente a ******, a fin de que compareciera debidamente identificado a las instalaciones de la autoridad responsable para realizar la valoración correspondiente, debiendo entregar a la perito referida, el día y hora indicado, la documentación necesaria para acreditar sus necesidades alimentarias, para contar con los elementos suficientes y objetivos, actuales y veraces, que permitieran a dicha autoridad contar con elementos eficaces para establecer con toda exactitud la posibilidad económica real del deudor; con apercibimiento de que en caso de no exhibir dichos documentos, no se tomarían tales gastos para acreditar sus necesidades alimentarias. A través de oficio 162-A, dio a conocer las diligencias tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, consistentes en las siguientes acciones: 1. El veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se realizó la llamada telefónica a la Dirección General de Gestión y Apoyo a la Función Jurisdiccional del Poder Judicial del Estado de México, con la finalidad de notificar a ****** su designación en el asunto, a efecto de que aceptara y protestara el cargo de perito conferido ante la sala; asimismo, para hacerle de su conocimiento la fecha de audiencia para que realizara la valoración correspondiente, y finalmente rindiera su dictamen en el plazo de tres días. 2. El veintiséis del citado mes, se notificó a ****** para que compareciera ante dicho órgano jurisdiccional a realizar la valoración correspondiente en materia de trabajo social. 3. El veintisiete de junio siguiente, recibió el escrito a través del cual la perito ****** aceptó el cargo conferido y protestó su fiel y legal desempeño, y que tal escrito se acordó el veintiocho subsecuente, teniéndose por aceptado y protestado dicho cargo. En diverso oficio de nueve de agosto de dos mil diecinueve, remitió copias certificadas de la sentencia dictada ese mismo día, en el toca de apelación 997/2018, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, mediante proveído de trece de agosto de la presente anualidad se dio vista a las partes para que dentro del término de diez días estuvieran en aptitud de alegar sobre el exceso o defecto en el cumplimiento dado por la responsable; vista que no fue desahogada. A continuación se procede a corroborar si la autoridad responsable dio exacto cumplimiento de la ejecutoria de amparo: Para mejor comprensión y análisis del fallo emitido por la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por este órgano constitucional, se elabora el siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DE LA EJECUTORIA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO 1. Dictara una nueva resolución en la que dejara insubsistente sentencia la reclamada. 2. En la nueva sentencia, ordenara recabar de oficio la ampliación del dictamen en materia de trabajo social, y requiriera al deudor alimentario la exhibición de la documentación necesaria, a fin de contar con elementos suficientes y objetivos, actuales y veraces, que le permitieran a la autoridad contar con los elementos eficaces para establecer con toda exactitud la posibilidad económica real del deudor. 3. Una vez recabados tales medios de prueba, con libertad de jurisdicción, emitiera una resolución en la que reiterara todas las consideraciones que no eran motivo de concesión, esto es: lo relativo a que no operó la solicitud de pérdida de patria potestad; que no fue un punto sujeto a debate lo correspondiente a la asignación de guarda y custodia; así como lo concerniente a que no era procedente asignarle una pensión o compensación a favor de la quejosa, en virtud de no tener la necesidad de percibirla y porque contrajo nuevas nupcias. 4. En la nueva sentencia, al examinar los agravios relativos al incremento de la pensión alimenticia a favor de los menores ****** y ****** de apellidos ******, tomando en cuenta los elementos de prueba para establecer la posibilidad económica real del deudor, atendiendo a que quedó demostrado el incremento de las necesidades alimentarias de los acreedores menores de edad, resolviera lo que en derecho procediera, en función de lo planteado por las partes y a todo el material probatorio existente en autos, para lo cual la autoridad responsable gozaría de plenitud de jurisdicción, con la obligación de fundar y motivar debidamente su decisión, observando en todo momento al interés superior de los menores y sobre la base de que debía privilegiar la satisfacción de su mínimo vital, por encima de la preservación del mínimo vital del deudor alimentario. 1. Mediante auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se dejó sin efecto la sentencia de once de enero de dos mil diecinueve, tal y como se desprende del oficio 133-A que remitió la autoridad responsable; 2. En ese mismo auto, ordenó la ampliación del dictamen en materia de trabajo social, la cual correría a cargo de la perito ******; asimismo, ordenó notificar personalmente a ******, a fin de que compareciera debidamente identificado a las instalaciones de la autoridad responsable para realizar la valoración correspondiente, debiendo entregar a la perito referida, el día y hora indicado, la documentación necesaria para acreditar sus necesidades alimentarias. 3. Una vez recabada la ampliación del dictamen en trabajo social, en resolución de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, reiteró todas las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo, tales como que no operó la solicitud de pérdida de patria potestad; lo relativo a que no fue un punto sujeto a debate lo correspondiente a la asignación de guarda y custodia; así como lo concerniente a que no era procedente asignarle una pensión o compensación en favor de la quejosa, en virtud de no tener la necesidad de percibirla y porque contrajo nuevas nupcias. 4. En torno al incremento de la pensión alimenticia a favor de los menores hijos de las partes, sostuvo que de la ampliación de la prueba pericial en materia de trabajo social se desprendía que el deudor alimentario presentaba gastos por la cantidad de ******pesos, cantidad a la cual le restó veracidad, pues no obstante que la especialista lo requirió para que entregara la documentación que avalara los gastos que reportó, aquel no lo llevó a cabo, por tanto, hizo efectivo el apercibimiento decretado y consideró no era dable tomar en cuenta los gastos relativos por ******pesos; ****** pesos; ******pesos; ****** pesos; ****** pesos; ****** pesos; ******pesos; ****** pesos; ******pesos; ******pesos; y ****** pesos; toda vez que tales documentos fueron exhibidos en copia simple, por lo que por sí solos eran insuficientes para demostrar fehacientemente la veracidad de sus gastos, además de que tampoco creaban certeza sobre su real existencia; en consecuencia, determinó que al tomar como referencia dichos descuentos, la necesidad alimentaria del citado deudor ascendía a la cantidad de ******pesos. En cuanto a la actora, destacó su edad, estado de salud, sus ingresos producto de sus actividades laborales y económicas, además del nivel de estudios con que cuenta, y después de hacer referencia al principio llamado "mínimo vital", el cual estimó debía prevalecer en favor de los acreedores menores de edad, por encima del mínimo vital de los deudores alimentarios, sostuvo que el agravio relativo al incremento de la pensión alimenticia en favor de los menores ****** y ******de apellidos ******, era fundado, ya que la condena alimenticia decretada en favor de dichos menores no era proporcional ni equitativa, en razón de que no era congruente con la capacidad económica del deudor alimentario y los aspectos que esta comprendía, los cuales fueron acreditados. Ello, ya que dicha condena consistente en el ****** por ciento de los ingresos tanto ordinarios como extraordinarios de ******equivalía en promedio mensual a ******pesos con ******centavos; por lo que si le restaba a los ingresos del deudor alimentario la condena alimentaria de que se trataba, se obtenía que aquel contaba con un sobrante de ****** pesos con ******centavos, cantidad que consideró era suficiente para que el citado deudor aportara en mayor medida recursos económicos para la satisfacción de las necesidades alimentarias de sus menores hijos. Así, estimó proporcional y equitativo, incrementar la obligación alimentaria a cargo de ****** y en favor de los menores ******y ******de apellidos ******, y atendiendo al binomio de capacidad/necesidad, se condenaba al deudor alimentario a otorgar en favor de sus menores hijos una pensión alimenticia consistente en el ****** por ciento de los ingresos tanto ordinarios como extraordinarios que percibiera; condena que equivalía en promedio mensual a ****** pesos con ****** centavos, y la cual gozaba de legalidad, proporcionalidad y equidad en virtud de que una vez restados a los ingresos del deudor (******pesos) la pensión alimenticia decretada (******pesos con nueve centavos), así como los gastos personales del deudor alimentario (******pesos), se obtenía que este último contaba con un superávit o sobrante de ****** pesos con ****** centavo. Consecuentemente, modificó la sentencia impugnada en su resolutivo segundo para condenar al deudor alimentario a otorgar en favor de sus menores hijos una pensión alimenticia consistente en el ******por ciento de los ingresos tanto ordinario como extraordinarios que percibe de su fuente laboral; por tanto, ordenó girar oficio a la fuente laboral de dicho deudor alimentario a efecto de que procediera a realizar el descuento correspondiente y su producto lo entregara a la progenitora, en representación de sus menores, los días de pago acostumbrados. No condenó en costas. Del anterior cuadro comparativo se advierte el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este tribunal. En esas condiciones, la responsable cumplió cabalmente la ejecutoria de amparo; sin que este tribunal advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Es preciso señalar que en la ejecutoria de amparo, únicamente se vinculó a la sala responsable para que ordenara recabar de oficio la ampliación del dictamen en materia de trabajo social, y requiriera al deudor alimentario la exhibición de la documentación necesaria, a fin de contar con elementos suficientes y objetivos, actuales y veraces, que le permitieran contar con los elementos eficaces para establecer con toda exactitud la posibilidad económica real del deudor; por tanto, una vez recabados tales medios de prueba, con libertad de jurisdicción, emitiera una resolución en la que reiterara todas las consideraciones que no eran motivo de concesión, es decir: lo relativo a que no operó la solicitud de pérdida de patria potestad; que no fue un punto sujeto a debate lo correspondiente a la asignación de guarda y custodia; así como lo concerniente a que no era procedente asignarle una pensión o compensación a favor de la quejosa, en virtud de no tener la necesidad de percibirla y porque contrajo nuevas nupcias. Finalmente, en la nueva sentencia, al examinar los agravios relativos al incremento de la pensión alimenticia en favor de los menores ****** y ****** de apellidos ******, tomando en cuenta los elementos de prueba para establecer la posibilidad económica real del deudor, atendiendo a que quedó demostrado el incremento de las necesidades alimentarias de los acreedores menores de edad, resolviera lo que en derecho procediera, para lo cual gozaría de plenitud de jurisdicción, con la obligación de fundar y motivar debidamente su decisión, observando en todo momento al interés superior de los menores y sobre la base de que debía privilegiar la satisfacción de su mínimo vital, por encima de la preservación del mínimo vital del deudor alimentario; de ahí que ha quedado colmado dicho cumplimiento. Por tanto, como la sala responsable cumplió con lo determinado en el fallo protector, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, razón por la cual procede ordenar el archivo de este expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución. Notifíquese, personalmente tanto a la parte quejosa como a la parte tercera interesada. Así lo acordó y firma el magistrado Ricardo Romero Vázquez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ante la secretaria con quien actúa, licenciada María Gabriela Toledo Martínez. Doy fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Vista la certificación de cuenta, en cumplimiento al Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que en lo que interesa establece que corresponde a esta presidencia proveer sobre el cumplimiento que la responsable dio a la ejecutoria de amparo, se hace saber a las partes que el plazo concedido para que manifestaran lo que a su derecho convenga ha fenecido.

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