Sandra Mireya Suaste Aguilar
Expediente 874/2014 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 874/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Sandra Mireya Suaste Aguilar
Actuaciones
- Principal
MESA "8" VISTA LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL QUE ANTECEDE; COMO SE ADVIERTE QUE EL PLAZO DE DIEZ DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 86, DE LA LEY DE AMPARO, PARA QUE SANDRA MIREYA SUASTE AGUILAR, INTERPUSIERA RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, TRANSCURRIÓ DEL VEINTIDÓS DE ABRIL AL SIETE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, CON DEDUCCIÓN DE LOS DÍAS VEINTICINCO, VEINTISÉIS DE ABRIL, UNO, DOS, TRES Y CINCO DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, QUE SON INHÁBILES CONFORME AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE AMPARO; SIN QUE HUBIESE SIDO RECURRIDA TAL RESOLUCIÓN; POR TANTO, CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 355 Y 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, EN TÉRMINOS DE SU DIVERSO 2º, SE DECLARA QUE DICHA RESOLUCIÓN, HA CAUSADO EJECUTORIA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE LA MATERIA SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. POR OTRA PARTE, COMO DE LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL QUE ANTECEDE SE DESPRENDE QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE CARECE DE DOCUMENTOS ORIGINALES Y DE RELEVANCIA HISTÓRICA, JURÍDICA Y DOCUMENTAL, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN I, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO SU ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. COMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO LA AUTORIDAD RESPONSABLE, REMITIÓ COPIA CERTIFICADA, EN UN TOMO, DE LA CAUSA PENAL 247/2014 DE SU ÍNDICE Y COMO SU PERMANENCIA EN ESTE JUZGADO CARECE DE OBJETO, DEVUÉLVANSE A SU LUGAR DE ORIGEN, SOLICITANDO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. FINALMENTE, HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO.
- Principal
MESA "8" AGRÉGUESE A LOS AUTOS LA RAZÓN ASENTADA POR LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, LICENCIADA LUCILA ALARCÓN GALVÁN, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE NO FUE POSIBLE NOTIFICAR PERSONALMENTE A LA QUEJOSA SANDRA MIREYA SUASTE AGUILAR Y/O AUTORIZADOS, LA RESOLUCIÓN DE CATORCE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, EN VIRTUD DE QUE AL CONSTITUIRSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, FUE ATENDIDA POR UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO, QUIEN LE INFORMO QUE SE CAMBIARON DE DOMICILIO SIN SABER A DÓNDE; EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN III, DEL NUMERAL 27 INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFÍQUESE A LA QUEJOSA DICHA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DE LISTA; ASÍ COMO LOS SUBSECUENTES, AÚN LOS DE CARÁCTER PERSONAL, HASTA EN TANTO SEÑALEN NUEVO DOMICILIO. ACUERDO: "MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. Vistos los autos; como de la certificación secretarial que antecede se advierte que el plazo de treinta días concedido a la quejosa SANDRA MIREYA SUASTE AGUILAR, por auto de veinticuatro de febrero de dos mil quince, a efecto de que compareciera ante este Juzgado a recoger los edictos para emplazar a la tercera interesada OFELIA DÁVILA FLORES y acreditara haberlos entregado para su publicación, transcurrió del veintisiete de febrero al tres de marzo de dos mil quince, con deducción de los días veintiocho de febrero y uno de marzo del año en curso, que al corresponder a sábados y domingos son inhábiles para la tramitación del juicio de amparo como lo previene el artículo 19 de la ley de la materia -lo anterior, tomando en consideración que la quejosa fue notificada por lista el veinticinco de febrero del año en curso-; sin que hubiese comparecido a recoger los edictos y como consecuencia de lo mismo, no fueron entregados a la instancia correspondiente para su publicación; se provee en los siguientes términos: En principio, debe precisarse que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el principio de una pronta y expedita impartición de justicia, como uno de los criterios rectores fundamentales del sistema judicial mexicano, principio que se ha elevado al rango de derecho fundamental y el cual rige sin excepción el juicio de amparo que tiene sus bases en los artículos 103 y 107 Constitucionales. En atención a este principio, las autoridades tienen el deber de velar para que en todos los juicios que se tramitan ante ellas, se dicten las resoluciones en los plazos establecidos por la ley para cada caso en particular, cuestión que ha pasado a ser un bien de la colectividad; es decir, atañe al interés público, debido a que a la sociedad le interesa que los conflictos planteados ante los órganos jurisdiccionales se resuelvan con prontitud, en algunas ocasiones debido a que con un excesivo transcurso del tiempo, es posible que el objeto materia del juicio deje de existir; o bien, que los beneficios que se obtengan en caso de recibir una sentencia favorable dejen de tener los mismos efectos provechosos que hubiesen tenido si se hubiesen conseguido tiempo antes. Así, el legislador consideró de igual forma la desventaja de mantener en los tribunales, litigios cuyo desarrollo se ha situado estático, dado que ello implica un derroche de recursos materiales y humanos que en muchas ocasiones resulta ocioso, máxime que dicha circunstancia contribuye al rezago, el cual tiende a ocasionar una merma tanto en la calidad como en la eficacia de la impartición de justicia; asimismo, perjudica el curso de otros expedientes que sí tienen posibilidades de ser resueltos en plazos más breves. Los efectos negativos anteriormente descritos, repercuten directamente en la sociedad, quien espera de sus instituciones eficacia, calidad y excelencia entre otras. Otro de los principios rectores del juicio constitucional, es el relativo a la instancia de parte agraviada, en atención al cual debe considerarse necesaria la voluntad del quejoso de incitar al órgano de amparo, para que este último pueda estar en aptitud de incoar el juicio de garantías y resolver en torno a la constitucionalidad de los actos de autoridad de los que se duele. La voluntad del agraviado para que se tramite el juicio debe ser permanente mientras se desenvuelve el proceso constitucional, esto es, debe continuar una vez que se ha admitido la demanda, para el efecto de que se cuente con el impulso de los actos procesales que toque realizar a la parte quejosa y se pueda dictar la sentencia respectiva, de tal manera que cuando deje de existir esa voluntad deberá decretarse en consecuencia el sobreseimiento, pues, en tal supuesto, al no subsistir "instancia de parte agraviada", el órgano jurisdiccional se encontrará impedido de analizar el fondo de la litis constitucional. En tal sentido se justifican las reglas específicas que prevé la Ley de Amparo, cuando establece de manera expresa como causa de sobreseimiento el hecho de que el quejoso, no acredite sin causa razonable, haber entregado los edictos para su publicación (artículo 63, fracción II); de igual forma, se estima que la falta de interés en la prosecución del juicio esté demostrada de manera patente, al no cumplir el quejoso con las cargas procesales necesarias para la debida continuación del juicio y que permitan el dictado de una sentencia de fondo, en la medida en que de esta forma podrá evidenciarse la ausencia de "instancia de parte agraviada" y se está en aptitud de estimar actualizada una causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Luego, cuando la Ley de Amparo establece cargas específicas para la continuación del juicio que pesen sobre la parte quejosa y ésta, no obstante los requerimientos formulados, incumpla injustificadamente con ello y esté en aptitud de hacerlo, se evidenciará que existe falta de interés de esa parte para obtener una sentencia de fondo; máxime cuando el órgano de amparo aperciba al quejoso respecto de las consecuencias que tal conducta procesal traiga consigo. Ahora, para integrar la relación procesal que debe entablarse en el juicio de amparo es menester emplazar debidamente a quienes tienen la calidad de partes -con excepción del propio quejoso a cuya instancia se inicia el juicio-, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Amparo, que señala como tales -además del agraviado-, a la autoridad o autoridades responsables, al tercero o terceros interesados y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así, la fracción II del artículo 108 de la Ley de Amparo impone a la parte quejosa la obligación de señalar el nombre y domicilio el tercero interesado, para que éste pueda ser llamado a juicio, y aun cuando el artículo 27, fracción III, inciso b), de la citada ley prevé para el órgano jurisdiccional federal la obligación de investigar el domicilio de dicha parte cuando tal dato no conste en autos, lo cierto es que al agotarse esa averiguación, corresponderá al quejoso llevar a cabo los actos necesarios para la publicación de los edictos respectivos, a su costa. Se trata pues de una carga arrojada al quejoso y expresamente prevista por el legislador, a fin de que la relación procesal se encuentre debidamente integrada, habida cuenta que en términos generales el tercero interesado tiene un interés contrario al del peticionario de garantías (la subsistencia del acto reclamado) y, por tanto, debe ser llamado a juicio a fin de salvaguardar su derecho de audiencia. El emplazamiento a dichos terceros interesados, por ser un acto de suma trascendencia procesal, debe hacerse a través de una notificación llevada a cabo directamente por personal del juzgado, por conducto de la autoridad responsable -en los casos en que así proceda-; o bien, por medio de edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional, esto último, cuando se haya agotado la investigación que realice la autoridad de amparo para indagar el domicilio de esa parte, hipótesis en la que, como se tiene dicho, queda a cargo del quejoso la publicación de los edictos, esto es, a su costa. De lo expuesto se concluye que cuando el quejoso haya sido requerido para que cumpla con la carga procesal de publicar los edictos mediante los cuales se emplazará al tercero interesado y no obstante ello, de manera injustificada deja de realizar tal actividad, debe soportar las consecuencias de su omisión que, por una parte, impide la debida integración de la relación procesal de las partes y por otra, hace imposible el dictado de una sentencia de fondo ante la necesidad de emplazar a juicio a su contraparte, con lo que demuestra su falta de interés en la prosecución del juicio, ocasionando con ello retraso en la resolución de los juicios que se tramitan ante los tribunales. En tal hipótesis se estima innecesario que el órgano de amparo agote los medios de apremio que la ley establece (multa o arresto), pues en todo caso, por tratarse de una carga procesal, su estructura conceptual como tal es diferente a la de una obligación propiamente dicha (correlativa de una facultad de un derecho subjetivo), en tanto se fija en atención al propio interés jurídico de la parte quejosa, habida cuenta que tal gravamen tiene la finalidad de que se pueda pronunciar una sentencia de fondo. De tal manera que, ante una omisión de esa necesaria actuación del quejoso, no debe existir mayor consecuencia jurídica que una resolución contraria a su pretensión. En la especie, la quejosa SANDRA MIREYA SUASTE AGUILAR, reclama ". el auto de fecha 19 de agosto de 2014, el cual me fue notificado el 20 de agosto del año en curso, dictado por la responsable dentro de la partida 247/2014 y del cual se declaró extinguida la pretensión punitiva por prescripción, proveniente de Daño a la Propiedad Culposo agravado." Ahora, a fin de cumplir con las normas fundamentales que rigen el juicio de amparo, este juzgado intentó emplazar a la tercera interesada OFELIA DAVILA FLORES, en los domicilios proporcionados en autos, así como por las autoridades administrativas que al efecto se requirió al agotar la investigación relativa y los medios legales respectivos, no obstante ello no se logró su emplazamiento a juicio, razón por la cual mediante acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil catorce, se ordenó la notificación por edictos a la tercera interesada de referencia, cuya publicación era a costa de la peticionaria de amparo y en ese mismo auto se requirió a la quejosa SANDRA MIREYA SUASTE AGUILAR, para que dentro del plazo de treinta días compareciera ante este Juzgado a recoger los edictos para emplazar a la tercera interesada OFELIA DAVILA FLORES y acreditara haberlos entregado para su publicación, apercibiéndole que de no cumplir con ello se sobreseería en el presente sumario constitucional, sin que como se desprende de la certificación de cuenta, hubiese dado cumplimiento a dicho requerimiento dentro del plazo que para tal efecto le fue concedido. En este sentido, debe decirse que la actitud negativa de la quejosa SANDRA MIREYA SUASTE AGUILAR colma la hipótesis de improcedencia que se desprende de la interpretación armónica de los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción II, 27, fracción III, inciso b), y 5° fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, así como en los numerales 14 párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la falta de comparecencia de la promoverte del amparo a recoger los edictos ordenados en autos para emplazar a la tercera interesada OFELIA DAVILA FLORES, impide tener por conformada en su totalidad la relación procesal constitucional y por ende, al no existir justificación alguna para esa omisión producto de una actitud contumaz, debe entenderse que de continuar con los intentos para localizar a la tercera interesada por parte de este órgano de control constitucional, sin importar que transcurra el tiempo en exceso, se atenta en contra del principio de prontitud en la impartición de justicia y por consiguiente del interés colectivo, contrariando disposiciones tanto de orden constitucional, como de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, lo procedente es hacer efectivo el apercibimiento decretado en proveído de dieciséis de junio del año en curso, por lo que SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica, la jurisprudencia 2ª./J.64/2002 , cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5°, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende se actualiza una causal de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en el caso del quejoso." Asimismo cobra aplicación al respecto, conforme a lo dispuesto en el artículo SEXTO TRANSITORIO de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a la normatividad vigente, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003 , de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, a saber, las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DE ESTA PROPIA FECHA. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8º y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 2º, fracción XV, 5°, 7º y 8°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 1°, fracción III, 25, 28, 29, 30, 34 y 65 del Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, a través del cual se implementa la publicación en internet de las sentencias ejecutorias y resoluciones públicas relevantes, generadas, entre otros órganos del propio por Consejo, por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a fin de incentivar el interés de la población en el conocimiento de las resoluciones jurisdiccionales, para fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información y que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que se elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en último término y envíese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...."
- Principal
MESA "8" VISTOS LOS AUTOS, DE LOS QUE SE ADVIERTE QUE NI LA QUEJOSA SANDRA MIREYA SUASTE AGUILAR, NI SUS AUTORIZADOS, HAN ACREDITADO ANTE ESTE JUZGADO DE DISTRITO EL PAGO Y LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, NI EN UNO DE LOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN, A EFECTO DE EMPLAZAR POR MEDIO DE EDICTOS A LA TERCERA INTERESADA OFELIA DAVILA FLORES; EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE REQUIERA A LA QUEJOSA PARA QUE EN EL PLAZO DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DE SU LEGAL NOTIFICACIÓN, EXHIBA ANTE ESE JUZGADO DE DISTRITO, EL PAGO DE LOS EDICTOS; SUBSISTIENDO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AUTO DE CATORCE DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. PARA DAR TIEMPO A LO ANTERIOR, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA EL DÍA DE HOY; FIJÁNDOSE EN SU LUGAR LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.
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MESA "8" AGRÉGUESE A LOS AUTOS LA RAZÓN ASENTADA POR LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, LICENCIADA AMÉRICA AGUILAR VALENCIA, DE LA QUE SE ADVIERTE QUE NO FUE POSIBLE NOTIFICAR PERSONALMENTE A LA QUEJOSA SANDRA MIREYA SUASTE AGUILAR, EL AUTO DE SEIS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, EN VIRTUD DE QUE AL CONSTITUIRSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, Y AL CERCIORARSE DE SER EL DOMICILIO CORRECTO PROCEDIÓ A TOCAR VARIAS VECES SIN QUE NADIE ACUDIERA A SU LLAMADO, DEJANDO EL AVISO CORRESPONDIENTE: LUEGO AL TRANSCURRIR LOS DOS DÍAS QUE SE LE DIERON PARA ACUDIR AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE DICHO PROVEÍDO, CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN 1, DEL NUMERAL 27 INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFÍQUESE AL QUEJOSO DICHO PROVEÍDO, ASÍ COMO LOS SUBSECUENTES, AÚN LOS DE CARÁCTER PERSONAL POR MEDIO DE LISTA. ACUERDO: "MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SEIS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE. Agréguese a los autos el escrito presentado por José Manuel Ordoñez Islas autorizado de la quejosa SANDRA MIREYA SAUSTE AGUILAR, mediante el cual solicita la devolución de la constancia que exhibió en su escrito inicial de demanda; en consecuencia, devuélvase dicho documento al promovente, dejando copia certificada del mismo previo cotejo de dicho documento, que se deje en autos. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE...."
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