Sandra Mc Coubrey

Expediente 240/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
240/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
15/03/2017

Partes del expediente

  • Sandra Mc Coubrey

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación de cuenta, de la que se advierte que no se interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veinte de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De igual forma, en observancia a lo previsto en el punto décimo primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo general, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por lo tanto, previa anotación en el libro de gobierno y ficha de datos que se coloque en la carátula del presente, se fija como fecha probable para ello el diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico de Toluca, Estado de México, el diecisiete de marzo de dos mil veinte.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE PROMOVENTE, EL ACUERDO DE FECHA VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, EMITIDO EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 240/2017; PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:"...Vista la demanda de amparo que promueve Sandra Mc Coubrey, de propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 240/2017-E. Se desecha demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; así del análisis de la demanda que se atiende, se advierte que la quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS: El procedimiento de remate y la eventual adjudicación decretada a favor de A & J CHESSE CO. MÉXICO, S.A DE C.V., dentro del juicio hipotecario número 276/200 [sic] del índice de la responsable, seguido en contra de EMBUTIDOS DEL NORTEÑO, S.A DE C.V., JOSÉ LUIS CERVANTES FENNER Y EMMA MELISA LIMÓN MARTÍNEZ, incluida la toma de posesión del inmueble hipotecado, consistente en Lote de terreno y construcción localizado en el número 96 de la Calle Quinta Alta del Fraccionamiento electricistas delegación La Mesa de esta Ciudad de Tijuana Baja California y la casa habitación marcada con el número 3051 de la Calle de Volcán en la Sección Costa de Oro en Playas de Tijuana de esta Ciudad." En ese tenor, es preciso puntualizar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del contenido de la demanda de derechos fundamentales, se advierte que la promovente en el punto número cuatro del apartado que denomina: "ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS", manifiesta categóricamente que: "[.] hasta el día 2 de noviembre de esta [sic] año me comunicaron que no me podían permitir el acceso al expediente solicitando [sic] en virtud de que A & J CHESSE CO. DE MÉXICO, S.A DE C.V. ya no era parte en el mismo [.]", por lo que, resulta evidente que el plazo de quince días, con el que contaba la quejosa para presentar la demanda de amparo, trascurrió en exceso, de ahí que en la especie se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, como adelante se expondrá. En efecto, el citado numeral 61, fracción XIV, párrafo primero, de la legislación en comento, textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [...]." El precepto legal antes transcrito, consigna la causa de improcedencia que establece que contra actos consentidos tácitamente, el juicio de amparo resulta improcedente, debiéndose entender por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley de la materia. Para actualizarse la hipótesis de improcedencia en estudio, se requiere que el acto que se reclame haya sido consentido tácitamente por la parte quejosa, es decir, que encontrándose esta última en posibilidad de instar el juicio constitucional dentro de los plazos previstos por la Ley de Amparo, no lo hubiera hecho. En esa tesitura, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, descansa en el principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio constitucional, aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos que la propia ley señala. Se afirma lo anterior, toda vez que del contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se advierte que el término general para la presentación de la demanda de derechos fundamentales es de quince días, contados a partir del día siguiente a aquél en que: a) Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, b) Haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Los preceptos legales antes invocados -artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo- textualmente dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En este orden de ideas, el artículo 17 antes transcrito prevé que por regla general el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, con las únicas excepciones ahí previstas, a saber: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y, d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por su parte, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se precisa que el plazo para promover el juicio de amparo se computará desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto o resolución que reclame, al en que el quejoso haya tenido conocimiento, o se haya ostentado sabedor de los actos que reclama, salvo el caso de una norma general autoaplicativa, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Así, la quejosa manifestó categóricamente que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el dos de noviembre de dos mil dieciséis, como lo precisa; y su demanda de amparo la presentó hasta dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, por lo que claramente se advierte que transcurrió en exceso el plazo de quince días, a que se refiere el artículo 17 en relación con el 18, ambos de la Ley de Amparo. Así las cosas, es evidente que no es oportuna la promoción de la demanda de amparo, en virtud de que los plazos transcurrieron como se precisa a continuación: Fecha en que se tuvo conocimiento del acto o resolución que se reclama Plazo de 15 días para promover demanda Fecha de presentación de la demanda Días inhábiles 2 de noviembre de 2016 Del 3 al 24 de noviembre de 2016 16 de febrero de 2017 5, 6, 12, 13, 19 y 20 de noviembre de 2016, por ser sábados y domingos; y 21 de noviembre por ser inhábil. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 17 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Sandra Mc Coubrey, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California...". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.

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