Sandra Mayte Tetlacuilo Hernandez

Expediente 308/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
308/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
29/04/2019

Partes del expediente

  • Sandra Mayte Tetlacuilo Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede de la Secretaría de este juzgado, se desprende que la parte quejosa dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de ocho de abril del año en curso, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por SANDRA MAYTE TETLACUILO HERNANDEZ, por derecho propio, en contra del acto reclamado de la AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EN FUNCIONES DE TITULAR DE LA SEGUNDA AGENCIA INVESTIGADORA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y LITIGACION DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE LOS DELITOS DE DESAPARICION FORZADA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 308/2019-ll-B. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudiera allegar las partes. En otras palabras el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2º.2 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 203,196, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS.- La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertida y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Ahora bien, en la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el citatorio de uno de abril de dos mil diecinueve, para que comparezca la quejosa el día cuatro del mismo mes y año a las doce del día en las instalaciones de la Fiscalía General de la República Delegación Tlaxcala, para la investigación dentro de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI-TLAX/0000190/2016, con el apercibimiento que de no hacerlo se hará acreedora a una medida de apremió; sin embargo en contra de dicho acto reclamado, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de la Materia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y .". Bajo esa tesitura, queda evidenciado que si se concediera el amparo a la parte quejosa respecto del acto reclamado al agente del ministerio público, consistente en la citación de la quejosa para declarar en relación a los hechos que se investigan en la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI-TLAX/0000190/2016, el cuatro de abril de dos mil diecinueve, ello implica que en la especie aun cuando subsiste el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno, porque la fecha en la cual debería comparecer la solicitante del amparo feneció (04/abril/2019), de ahí que la afectación que pudiera causar el citatorio reclamado no puede surtir ninguno, sino hasta que la responsable emita un nuevo acto y que este cause perjuicio a la quejosa; de no ser así, se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de su garantía violada, o bien, ningún efecto tendría la sentencia concesoria, surtiéndose la causal de improcedencia antes invocada prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357 del Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Y la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 357 del Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción XXII de la Ley de Amparo, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha por notoriamente improcedente la demanda en estudio. Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Finalmente, se tiene por señaladas las listas de este juzgado para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por lista.

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