Sandra Martínez Domínguez

Expediente 291/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 20 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
291/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
04/08/2022

Partes del expediente

  • Sandra Martínez Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 291/2022-6, promovido por *********, contra los actos que reclama del Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 8, 11, 14, 16, 17 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el uno de marzo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común el siete siguiente, y turnada a este órgano jurisdiccional el ocho de marzo posterior, Sandra Martínez Domínguez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1.- PRIMER ACTO RECLAMADO: A la ordenadora Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y a la PRESIDENTA EJECUTORA de la JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO: La omisión de dar aviso a la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Tabasco, del embargo llevado a cabo el día 19 de octubre de 2016, dentro del juicio laboral 1653/2011, en el cual soy parte actora y nueva propietaria del bien mueble consistente en vehículo automotor Chevrolet Spark con número de serie KL8CJ6ADXFC811187, MODELO 2015, que pertenecía a la demandada y ya condenada empresa patronal dentro del juicio laboral de referencia LA SEVILLANA GOURMET S.A., ya que con su omisión a la presente fecha no he podido hacer uso del goce y disfrute en su totalidad de dicho bien, pues existe un impedimento administrativo o de otra índole para el cambio de propietario, violentando con ello mis derechos humanos tutelados en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, entre otros, lo que impide a la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Tabasco, de poder realizar el cambio de propietario y actualización sobre el citado bien. 2.- SEGUNDO ACTO RECLAMADO A la AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT): EL ILEGAL BLOQUEO que tiene realizado a la Unidad Automotriz Chevrolet Spark con número de serie KL8CJ6ADXFC811187, MODELO 2015, para realizar cambio de propietario y otros trámites en contra del bien mueble ahora de la propiedad de la hoy quejosa, hasta el día de hoy registrado a nombre de la empresa LA SEVILLANA GOURMET S.A., parte demandada dentro del juicio laboral 1653/2011, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en el que la parte actora es la hoy quejosa SANDRA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, pues desde el 19 de octubre del año 2016, dicho bien mueble le fue embargado al anterior propietario antes señalado, por medio de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, que además con fecha 13 de septiembre de 2019, se llevó a cabo en las instalaciones de dicha Junta, formal AUDIENCIA EN PRIMERA ALMONEDA, que al no haber comparecido más postores al remate, la parte actora hizo lo suyo, por lo que en dicha audiencia se le tuvo adjudicado dicho bien en remate conforme a su crédito laboral, que además con fecha 24 de marzo de 2021, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, ordenó la emisión de la FACTURA DE ADJUDICACIÓN a nombre de la hoy quejosa, misma que se emitió en esa misma fecha y que ya fue entregada a la parte actora, más con el bloqueo que existe sobre dicha unidad por parte de la Autoridad Servicio de Administración Tributaria, no puedo hacer pleno uso y disfrute del mismo, conculcando mis derechos humanos a no ser molestada en mis posesiones, papeles y derechos. 3.- TERCER ACTO RECLAMADO.- Los actos de molestia por medio de amenazas de las diversas policías Municipales, Estatales y Federales encargadas del control vehicular y tránsito en el territorio Nacional, de que he sido objeto y hacia cualquier persona que conduce mi unidad Automotriz Chevrolet Spark con número de serie KL8CJ6ADXFC811187, MODELO 2015, cada que se usa dicha vehículo para ir fuera del Estado de Tabasco, amenazas que han llevado a cabo dichas autoridades en los Estados de Campeche, Chiapas y Veracruz, por el solo hecho de no traer placas actualizadas, amenazas que consisten en la detención de la unidad y traslado a corralón y multa, cuando la razón de la falta de actualización no son por causas mías, sino por el bloqueó que hay hacia el vehículo de mi propiedad por parte de la Autoridad Servicio de Administración Tributaria por causas ajenas al juicio laboral del cual deviene la propiedad de dicho bien y por la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y de su Presidenta de llevar a cabo los trámites necesarios para que el bien mueble señalado pueda ser registrado a mi nombre." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 2 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 3 Servicio de Administración Tributaria (SAT), con sede en esta ciudad. 4 Policía Estatal del Estado de Campeche, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Campeche. 5 Policía Municipal del Municipio de Carmen, Campeche, perteneciente a la Dirección de Seguridad, Vialidad y Tránsito del Municipio de Carmen, Campeche. 6 Policía Municipal del Municipio de Escárcega, Campeche, perteneciente a la Dirección de Seguridad, Vialidad y Tránsito del Municipio de Escárcega, Campeche. 7 Policía Municipal del Municipio de Candelaria, Campeche, perteneciente a la Dirección de Seguridad, Vialidad y Tránsito del Municipio de Candelaria, Campeche. SEGUNDO. RADICACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, se ordenó su registro bajo el expediente 291/2022-6, y se previno para que la promovente del juicio de amparo realizara diversas precisiones relativas a los actos que reclamó en el presente asunto. TERCERO. SEPARACIÓN DE JUICIOS Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Cumplido el requerimiento de mérito, por auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se decretó la separación de juicios en el presente asunto, por tal razón se ordenó girar oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, con dos juegos de copias certificadas de la demanda y anexos, a fin de que fueran turnados a los juzgados que correspondan. Posteriormente, en proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, se tuvo a los Secretarios del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco y de este órgano jurisdiccional, informando que aceptaron el conocimiento y se avocaron al trámite de las demandas remitidas con motivo de la separación de juicios derivada del presente expediente, los cuales fueron radicados bajo los expedientes 433/2022-I y 411/2022-9, respectivamente. Asimismo, en el citado auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo únicamente por lo que respecta al acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y su Presidente, por lo que se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de dar aviso a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Tabasco, del embargo realizado el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral 1653/2011, del vehículo automotor Chevrolet Spark, con número de serie KL8CJ6ADXFC811187, modelo 2015, el cual aduce es de su propiedad, al habérselo adjudicado en audiencia de remate en primera almoneda el trece de septiembre de dos mil diecinueve. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por sí y en representación de la citada Junta responsable, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado y remitió diversas copias certificadas deducidas del expediente laboral 1653/2011, de su índice, con las cuales acredita dicha circunstancia; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, al ser expedidas por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con las documentales precitadas. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, de las constancias remitidas por la Presidente de la junta responsable, las cuales fueron recibidas por este juzgado en proveídos de veintinueve de junio y siete de julio del presente año, se desprende que mediante acuerdo de tres de junio del presente año, ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, a fin de darle aviso para que reconociera y diera validez a la factura de adjudicación del bien inmueble consistente en un vehículo automotor Chevrolet Spark, color blanco, modelo 2015, con placas WSX 94-13 y número de serie KL8CJ6ADXFC811187, el cual se adjudicó la quejosa en audiencia de remate en primera almoneda el trece de septiembre de dos mil diecinueve. Comunicación que fue recepcionada por la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, el cuatro de julio del año en curso, pues así se advierte del acuse de recibo de dicho oficio que obra glosado en autos del presente expediente. Actuaciones que emanan del expediente laboral 1653/2011, de su índice, mismas que se les reitera pleno valor probatorio de conformidad con los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por tal motivo, válidamente se puede concluir, que en el caso particular, cesaron los efectos del acto reclamado por la justiciable, ya que mediante acuerdo de tres de junio del año en curso, se ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco, a fin de darle aviso para que reconociera y diera validez a la factura de adjudicación del bien inmueble materia del presente asunto, misiva que fue recepcionada por dicha Secretaría el cuatro de julio del presente año. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de garantías que nos ocupa, el uno de marzo de dos mil veintidós, indudablemente existía el acto reclamado a la autoridad responsable; sin embargo, a la presente data en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Finalmente, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la parte quejosa, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por Jorge Alberto Domínguez Herrera, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado el dieciocho de los cursantes, precisa que el acto que le pretende reclamar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), con sede en esta ciudad, es: El bloqueo de la unidad automotriz Chevrolet Spark, con número de serie KL8CJ6ADXFC811187, modelo 2015, que le realizó dicha autoridad. Sin embargo, de una revisión de las constancias que integran el presente asunto, se desprende que el citado acto que pretende reclamar a la mencionada responsable, lo reclamó inicialmente en su escrito de demanda de amparo, el cual mediante proveído de veintidós de marzo del año en curso, este juzgado federal ordenó la separación de juicios al considerar que dicho acto y el que se analiza en el presente asunto (la omisión de la junta responsable de dar aviso a la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Tabasco, del embargo realizado dentro del juicio laboral 1653/2011, del vehículo automotor materia del presente asunto, el cual es propiedad de la quejosa) se encontraban totalmente desvinculados entre sí, ya que son diferentes tipos de actos, por lo que, se determinó que éste último acto reclamado es el que se analizará en el presente juicio. En ese contexto, dígase al promovente que no ha lugar a acordar favorable su solicitud, en virtud de lo expuesto en el párrafo que antecede. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de siete de julio de año en curso, se tuvo a Jorge Alberto Domínguez Herrera, autorizado de la parte quejosa, realizando diversas manifestaciones en el presente asunto, además, dicho promovente solicitó se le llamara y tuviera como autoridad responsable al Servicio de Administración Tributaria (SAT), con sede en esta ciudad; sin embargo, fue omiso en manifestar que acto en específico le atribuye a dicha autoridad. En ese contexto, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles, manifieste que acto reclamado le atribuye a la autoridad a quien desea señalar como responsable Servicio de Administración Tributaria (SAT), con sede en esta ciudad; bajo el apercibimiento que de ser omiso, se continuará el trámite del presente expediente en los términos planteados originalmente en su demanda de amparo. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, SE DIFIERE la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. RESGUARDO DE OFICIO Finalmente, toda vez que la autoridad jurisdiccional se encuentra gozando de su periodo vacacional, tal y como se desprende del aviso que en su momento remitió a este Juzgado; en esas condiciones, considerando que esta determinación no es de carácter urgente, déjese bajo resguardo del Actuario Judicial que corresponda, el oficio que se libra, para que sea entregado una vez que la autoridad responsable reanude sus labores. Lo anterior, no se contrapone a lo establecido en la jurisprudencia con registro 2024510, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12, Tomo I, de Abril de 2022, Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE; lo anterior, es así toda vez que del aviso citado no se desprende que la responsable, haya establecido guardia durante ese periodo para recibir oficios o requerimientos. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Jorge Alberto Domínguez Herrera, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y en relación a su contenido se acuerda: De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte, las documentales que exhibe en original y copia simple, las que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórense al momento de dictarse la sentencia respectiva. Ahora bien, por lo que respecta al cotejo que solicita de la documental que anexó a su escrito en copia simple, consistente en el informe justificado rendido por el Servicio de Administración Tributaria, con la copia certificada que exhibió para tal efecto, este órgano jurisdiccional ordena realizar la compulsa o certificación correspondiente de la copia simple que exhibe. Finalmente, como lo solicita el ocursante de mérito, devuélvase la copia certificada del documento que anexó como prueba al presente escrito, previo cotejo que del mismo se haga con las copias simples que exhibió para tal efecto, dejando constancia de entrega en autos. En la inteligencia que previo a ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, el promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará la entrega del citado documento. Ahora, hágase del conocimiento que de conformidad con el artículo primero del Acuerdo General 9/2022, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, EN RELACIÓN CON EL PERIODO DE VIGENCIA y anexo 1, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las quince horas. Notifíquese.

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