Sandra Marlen Andrade Baez

Expediente 700/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
700/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
09/02/2021

Partes del expediente

  • Sandra Marlen Andrade Baez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obre el acuse de recibo del oficio 25666/2020, con el que le fue notificada la sentencia dictada en el presente juicio a la Secretaría del Trabajo del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, pues la parte a quien le podría afectar la sentencia sería al quejoso, quien no interpuso recurso de revisión en su contra. Sustenta lo anterior por identidad de razones la jurisprudencia número 2a./J. 6/2017 (10a.), que dice: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación se adopta así, con fundamento en la ampliación de plazos procesales a que se refiere el artículo 2°, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos el juicio de amparo indirecto 700/2020-VII-A, promovido por el [la] quejoso[a] Sandra Marlen Andrade Báez, contra los actos de la Secretaría del Trabajo del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, por estimarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en el artículo 14, 17, 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,. S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la quejosa Sandra Marlen Andrade Báez, contra los actos reclamados a la autoridad responsable Secretaría del Trabajo del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria; en los términos precisados en el considerando segundo de la presente resolución.

  3. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el [los] documento[s] de cuenta, mediante el cual el autorizado de la parte tercera interesada promueve incidente de daños y perjuicios en el presente asunto. Al respecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 57, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se desecha de plano dicha incidencia, por notoriamente improcedente, debido a que ha transcurrido en exceso el plazo de seis meses previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo para intentarlo. Se afirma lo anterior, porque conforme a lo dispuesto en el numeral 66, de la ley de la materia, en los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente dicha ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. Ahora, el citado artículo 156 de la ley de Amparo Establece: [A]rtículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente. Del dispositivo transcrito, emerge el incidente para hacer efectiva la garantía otorgada con motivo de la suspensión del acto reclamado, el cual debe promoverse dentro del lapso de seis meses siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que puso fin al juicio en definitiva. De manera que la instauración de dicha incidencia constituye un derecho procesal que se encuentra sujeto a la figura de la preclusión, partiendo del supuesto que el desarrollo del proceso debe estar sometido a un orden, por lo que si las partes no cumplen con la carga de hacerlo valer dentro del plazo legal de seis meses, pierden la oportunidad de ejercitarlo nuevamente, esto con la consecuencia que el propio numeral establece consistente en que procederá la devolución o cancelación de la garantía o contragarantía, según sea el caso. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 21/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio. Entonces, si de la certificación de cuenta se advierte que el veintiséis de agosto de dos mil veinte, feneció el término de seis meses previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, concedido a la tercera interesada para promover el incidente de daños y perjuicios en relación con el billete de depósito N-836341; se colige que en la especie, sí precluyó el derecho para promover el incidente referido, al actualizarse la hipótesis de preclusión consistente en no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto, toda vez que su promoción fue instada el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, por tanto, se instó fuera del término perentorio de seis meses previsto en la legislación y en consecuencia al resultar extemporáneo dicho incidente se desecha de plano. En ese sentido, no se soslaya que la tercero interesada promovió un primer incidente de responsabilidad (siete de agosto de dos mil veinte), y que este se declaró infundado, bajo una consideración que no dirimió propiamente el fondo de la cuestión a tratar (la demostración de los daños y los perjuicios ocasionados por la suspensión del acto reclamado). Sin embargo, el plazo legal de seis meses para promover el incidente de responsabilidad, no puede ser interrumpido con motivo de la promoción del propio incidente, ni muchos menos puede reanudarse en forma completa una vez fenecida la primer incidencia, pues ello implicaría prolongar indefinidamente la etapa procesal inherente a ese tema, en contravención a los principios de economía procesal y de seguridad jurídica en que se fundamenta la figura de la preclusión, y que buscan llevar orden al procedimiento sujetándolo a términos para arribar a su conclusión, en este caso, mediante la fijación del lapso aludido para promover el incidente donde se resuelva sobre la procedencia de la responsabilidad del numerario exhibido para asegurar los posibles daños y perjuicios ocasionados con la suspensión del acto reclamado, con lo que además de celeridad, se otorga certeza a las partes de que no se intentará perpetuamente hacer efectiva la garantía exhibida. Finalmente, de la certificación de cuenta, así como del estado de autos se advierte que resulta innecesaria la retención del billete de depósito N-836341, que ampara la cantidad de cuatro mil pesos ($4,000.00), se ordena devolverlo a la parte quejosa, en el entendido de que cuenta con el término de dos años para recogerlo, ya que de no hacerlo así se procederá a su prescripción a favor del Fisco Federal, de conformidad como lo establecido por el artículo 50 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma el Doctor Vladimir Véjar Gómez, Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa ante el [la] Secretari@ Pedro Alberto Castañeda Ortiz, que autoriza y da fe. Doy fe. JUEZ SECRETARI@

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, de los que se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo en razón de que se encuentra transcurriendo el término de quince días para que la autoridad responsable rinda su informe justificado; por ello y a efecto de que se encuentre debidamente integrado el expediente, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y en su lugar se señalan las nueve horas con seis minutos del diecisiete de diciembre del dos mil veinte.

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