Sandra Mariel Salazar Contreras
Expediente 2191/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2191/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/02/2023
Partes del expediente
- Sandra Mariel Salazar Contreras
- Marlen Salazar Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de febrero de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio; por tanto, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, intégrense los cuadernos incidentales respectivos y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó. Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años con apoyo en el artículo 21, inciso c) del referido Acuerdo General, pues en el caso se negó la suspensión provisional y definitiva. En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II inciso a) del artículo 20 del citado Acuerdo General, el duplicado del cuaderno incidental -previo desglose- deberá ser DESTRUIDO en el plazo de seis meses. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente y verifíquese que el expediente electrónico generado con la FIREL como el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincida en su totalidad. Se...
- Principal
V I S T O S para resolver el presente juicio de amparo indirecto 2191/2022; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el buzón judicial el cinco de diciembre de dos mil veintidós, recibido el seis de diciembre siguiente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, *********, por propio derecho, promovieron juicio de amparo, en contra de las autoridades responsables y actos reclamados que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- José Luis Sorcia Ramírez Secretario de Educación Pública del Estado de Puebla, a través de la Unidad de Administración y Fianzas, Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Humanos, en su carácter de ordenadora. Licenciada Guadalupe Bañuelos Martínez, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de ejecutora. "IV.- LEY O ACTO QUE SE RECLAMA.- ÚNICO. - La negativa, por oficio de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós, mismo que nos fue notificado el día diez de noviembre de dos mil veintidós, para suspender los descuentos a nuestro salario como trabajadoras de la educación dentro del magisterio en la Secretaria de Educación Pública, realizados vía nomina en nuestro perjuicio y a favor de las financieras señaladas como terceros interesados, por ser inconstitucionales y por ende, la negativa para se nos pague nuestro salario de manera integral, así como demás prestaciones y percepciones, mientras el presente asunto se sustancia y resuelve por las vías legales correspondientes, ya que dichos descuentos representan el 99% de nuestro salario neto incluyendo prestaciones y bonos de todo tipo, dejándonos en estado de insolvencia por más de dos años a la fecha del día de hoy, violando nuestro derecho humano al pago de nuestro salario, dignidad, a un nivel de vida adecuado que nos asegure, así como a nuestras familias, salud bienestar, alimentación, vestido vivienda, así como a la no prestación de trabajos sin la justa retribución." SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito ordenó registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno bajo el número 2191/2022; la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; ordenó dar intervención legal a la Fiscal Ejecutivo Asistente adscrita; y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; así como en lo dispuesto en los Acuerdos Generales 8/2013 y 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse un acto atribuido a autoridades administrativas cuya residencia, ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, por lo que, en la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: - El oficio ********* de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, por medio del cual negó la solicitud de las aquí quejosas, respecto a la entrega del expediente completo a los descuentos vía nómina, así como la suspensión de los mismos. Lo anterior se precisa de esa manera, toda vez que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente a lo formalmente expresado, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. *********** TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, en primer término, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. En tal sentido, la autoridad responsable Titular de la Unidad Jurídica y de Transparencia en representación de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla a través de la Unidad de Administración y Fianzas, Dirección General de Administración, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada del oficio reclamado ************* de veintiséis de octubre de dos mil veintidós -documental que adquiere valor pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su arábigo 2º-, del que se advierte que éste fue signado únicamente por la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable haya señalado a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla a través de la Unidad de Administración y Fianzas, Dirección General de Administración como autoridad ordenadora y a la Directora de Recursos Humanos, como ejecutora, pues solo se trata de un error que queda subsanado con el estudio integral de la demanda y de la constancia aludida donde se aprecia quien es la autoridad emisora del acto reclamado y si bien en el oficio reclamado aparece en el rubro la Unidad de Administración y Fianzas, Dirección General de Administración, lo cierto es que no se le pueda atribuir propiamente la emisión del acto que aquí se combate, sino es en todo caso el área al que corresponde la Directora de Recursos Humanos aludida. ****** En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla a través de la Unidad de Administración y Fianzas, Dirección General de Administración. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Titular de la Unidad Jurídica y de Transparencia en representación de la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. La certeza del acto reclamado se corrobora con la copia certificada del oficio reclamado ****** de veintiséis de octubre de dos mil veintidós -previamente valoradas-de la que se aprecia que dicho comunicado fue emitido por la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla. QUINTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, es pertinente analizar si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este juzgado de Distrito advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa acudió al presente juicio de manera extemporánea. Los numerales citados contemplan lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." [.]". "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Del texto de los dispositivos en consulta, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera de los términos establecidos en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que en este caso es de quince días. En ese orden de ideas, se precisa que la Ley de Amparo prevé tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, las cuales tienen lugar a partir del día siguiente al en que: a) Conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamados haya surtido efectos; b) La parte promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, c) Se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Destacando que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de interponerse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado; es decir, de manera integral. ****** Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente "al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. ******* De lo expuesto, se hace patente, que la omisión de promover el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el artículo 17, de la Ley de Amparo, entraña un consentimiento tácito, entendiéndose por tal, la actitud pasiva que asume el supuesto afectado por el acto de autoridad de no defenderse de éste, en términos del precepto de que se trata. Ahora, de las constancias que obran en autos, revelan la actualización de la causa de improcedencia invocada, consistente en que la parte solicitante del amparo, no lo promovió dentro del término genérico de quince días que establece la Ley de Amparo en su artículo 18, contado a partir del día siguiente al en que la parte promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado. En efecto, en el caso en estudio, obra la copia certificada del oficio reclamado ******* de veintiséis de octubre de dos mil veintidós -previamente valorada- en el que se aprecia la leyenda: "Recibí original. Misael Carballo Sant. 9/11/2022 (firma)" Luego, si la parte quejosa recibió el original del oficio que aquí se reclama el nueve de noviembre de dos mil veintidós, a través de la persona de nombre *********** es inconcuso que a partir de esa fecha tuvieron conocimiento del acto combatido, sin que las quejosas hayan realizado manifestación alguna con relación al desconocimiento de dicha recepción (firma, nombre y fecha) por lo que mientras no se desconozca o exista constancia alguna que demuestre lo contrario, dicha recepción del oficio multicitado resulta válida. Además, en el antecedente catorce del escrito inicial de demanda refirieron que se les notificó a través de sus abogados, solo que ello no ocurrió el diez de noviembre de dos mil veintidós como lo manifestaron bajo protesta de decir verdad, sino que, como se indicó, fue el nueve de noviembre de dos mil veintidós cuando Misael Carballo Sant firmó de recibido del original del oficio que constituye el acto reclamado. En consecuencia, si la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el nueve de noviembre de dos mil veintidós, resulta claro que el plazo de quince días para promover la demanda transcurrió en exceso, ya que ésta se presentó en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, hasta el cinco de diciembre de dos mil veintidós, por lo que tal plazo venció el uno de diciembre de dos mil veintidós, sin contar los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, por lo que resulta evidente que éste se promovió después de concluido el plazo legal que estatuye el precepto 17 de la ley de la materia, por ende, se ejerció en forma extemporánea. Lo anterior es así, porque en la especie, el acto reclamado no es de los previstos en las fracciones I, II, III y IV, del citado precepto legal, que permiten la presentación de la demanda, en un plazo diverso de los quince días. Por lo que, al no haberse promovido la demanda de amparo dentro del término establecido en ley, resulta inconcuso que el acto reclamado consistente en el oficio SEP-4.2.3/DRH/15890/2022 de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, fue consentido tácitamente. ********** En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, respecto del acto que aquí se reclama de la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla. En virtud del sobreseimiento decretado, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto. ******* En diverso aspecto, los criterios invocados en la presente ejecutoria, integrados bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, se citaron en acatamiento a la regla prevista en el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente en vigor, dado que el razonamiento contenido en ellos no se opone a la nueva legislación. ******* Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 2191/2022, promovido por ********, por propio derecho, en contra del acto reclamado de las autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en los considerados tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese. *****
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, trece de enero de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, se señalaron las nueve horas con cuarenta y tres minutos del día de hoy, para que tuviera lugar la continuación de la audiencia constitucional; sin embargo, se encuentra pendiente de desahogarse la prueba pericial en grafoscopía y caligrafía ofrecida por la parte tercera interesada, respecto de la objeción de documento planteada en autos, por lo que para dar oportunidad a lo anterior, la continuación de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. En otro contexto, toda vez que no obra en autos el acuse de recibo del proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, notificado a la perito oficial Ximena Ramos Valdez, a fin de evitar mayores dilaciones al procedimiento, se requiere nuevamente a la citada perita oficial por conducto del Titular del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla¸ para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este juzgado y manifieste si la calidad de la copia certificada del contrato de subarrendamiento celebrado entre Martha Gómez Castillo -como propietaria- Mauricio Lima Cobel -como subarrendador- y Aldo Rafael Díaz Ruíz -como subarrendatario-, de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo permite el desahogo de dicha prueba, y, en su caso, determine de manera fundada y motivada, por qué es apta o no para desahogarse la pericial de mérito. Bajo el apercibimiento a la perita oficial Ximena Ramos Valdez, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de enero de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de tres de enero de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables mencionadas en la certificación de cuenta, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y a la fecha el plazo de ocho días que establece el mismo está transcurriendo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. ...
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