Sandra Margarita Hernández Castil
Expediente 954/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 29 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 954/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 21/11/2019
Partes del expediente
- Sandra Margarita Hernández Castil
- Legislatura del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Intégrese el oficio de la autoridad que lo suscribe, a través del cual, en atención al requerimiento realizado el nueve de septiembre de dos mil quince, informa su imposibilidad para hacer efectiva la multa impuesta a la parte quejosa *****************, e iniciar el procedimiento administrativo de ejecución de sanción correspondiente, atendiendo a que no cuenta con información suficiente que permita la identificación o ubicación de la sancionada. En atención a lo anterior, y tomando en consideración que el presente sumario se encuentra concluido, pues el dieciocho de abril del dos mil dieciséis causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó el juicio al haberse acreditado que la demanda no fue signada por la parte quejosa y por tanto, no expuso su voluntad para instar el juicio en que se actúa; en consecuencia, se tiene por hecho del conocimiento de este juzgado lo informado por la oficiante y se deja sin efectos la multa impuesta en el citado proveído de nueve de septiembre de año dos mil quince, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.
- Principal
Visto lo asentado en la cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso recurriera la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, en la cual se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Atento a la certificación de cuenta, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) En observancia al punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseido. c) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Háganse en el Sistema de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 954/2015, promovido por Sandra Margarita Hernández Castil; por lo que, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de junio de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Sandra Margarita Hernández Castil, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A. Legislatura del Estado de México. B. Gobernador Constitucional del Estado de México. C. Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, como autoridad ejecutora. IV. LA LEY QUE SE IMPUGNA DE INCONSTITUCIONAL: Lo es el artículo 90 ter, en su fracción I, inciso C, rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el ejercicio fiscal de 2013. [---] V. ACTOS RECLAMADOS: a) De la legislatura del Estado de México, la aprobación del Decreto que dio vigencia al artículo 90 ter, fracción I, inciso C, rango de la Tarifa, previsto en el Código Financiero del Estado de México y sus Municipios vigente en el ejercicio fiscal 2013, por las razones que se harán valer en el capítulo correspondiente. b) Del Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, la promulgación del Decreto que dio vigencia al artículo 90 ter, fracción I, inciso C, rango de la Tarifa, previsto en el Código Financiero del Estado de México y sus Municipios vigente en el ejercicio fiscal 2013, por las razones que se harán valer en el capítulo correspondiente. c) Del Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, el cobro de las cantidades pagadas por concepto de derechos para inscribir ante el Instituto de la Función Registral, la compraventa y mutuo con garantía hipotecaria contenidos en la escritura que otorgué para adquirir un inmueble, mismo cobro que se realizó con base en el artículo 90 ter, fracción I, inciso C, rango de la Tarifa, previsto en el Código Financiero del Estado de México y sus Municipios, por ser inconstitucional dicho artículo y las fracciones indicadas que son objeto de impugnación del mismo cuerpo normativo, vigentes para el ejercicio fiscal de 2013, como más adelante se demostrará. SEGUNDO. La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios del artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Por auto de treinta de junio de dos mil quince, se ordenó su registro bajo el número 954/2015 y se admitió a trámite; solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación; dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. CUARTO. La autoridad responsable Instituto de la Función Registral en el Estado de México, al rendir su informe justificado, promovió incidente de objeción de la firma que calza la demanda de amparo; mediante proveído de cinco de agosto de dos mil quince se admitió a trámite el citado incidente, y una vez realizados los trámites correspondiente, en resolución de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis se declaró fundado el incidente de mérito; así, previo diferimiento se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, verificada al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia de este órgano jurisdiccional. Este juzgado es legalmente competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama: Aprobación, promulgación y cobro de las cantidades que estipula el Decreto que dio vigencia al artículo 90 ter, fracción I, inciso C, rango 6 de la tarifa, prevista en el Código Financiero del Estado de México y sus Municipios vigente para el ejercicio fiscal de dos mil trece. Al caso se cita, la jurisprudencia publicada con el número 19, en la página 17 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, tiene sustento en la tesis aislada visible en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. En toda sentencia de amparo debe analizarse y resolverse respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se estudiarán las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, en caso de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior, pues de no ser ciertos los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, se torna imposible legalmente analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, se cita en lo conducente, la jurisprudencia 10, visible en la página 68 de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Abril de 1994, Tomo 76, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." El Gobernador, la Legislatura LVIII y el Director del Instituto de la Función Registral, todos del Estado de México, al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Una vez determinada la certeza de los actos reclamados y que fueron precisados, antes de examinar el fondo del asunto, se debe analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, las cuales son de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, de conformidad con el numeral 62 de la ley de la materia, lo aleguen o no las partes. Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada. Lo anterior, tiene sustento en la Tesis IV.3o.108 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, febrero de 1995, foja 353, cuyo rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." De conformidad con el referido numeral, es imperativo para todo órgano de control constitucional, estudiar las causas que hacen inaccesible el estudio de los conceptos de violación. Precisado lo anterior, se considera que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado a contrario sentido, en concordancia con la fracción XXIII, del artículo 61, así como el diverso artículo 6°, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna y 61, fracción XXIII, así como el diverso 6º, ambos de la ley de la materia, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada'. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [---] XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley' "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por si, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley". Ahora bien; en principio, cabe destacar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, establece que el juicio de amparo siempre se seguirá a instancia de parte agraviada; igual consideración hace el numeral 6° de la Ley de Amparo, el cual prevé que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio al gobernado que se estime afectado, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, esto es, de acuerdo con tal precepto legal, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley, esto es lo que se define como agravio personal y directo. Aunado a que, de la fracción XVIII, del precepto 61 de la ley de la materia, se desprende que el juicio de garantías es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que el numeral antes referido, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal, de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales y de la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación. El criterio aludido se encuentra contenido en la tesis número 2a. LXXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 373, Tomo IX, Junio de 1999 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción". Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que, las causales a que alude la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, no requieren que en el diverso precepto legal se disponga expresamente que el juicio sea improcedente, pues basta que esa disposición contenga algún requisito para la procedencia del juicio constitucional, para que, de no haberse satisfecho, con base en dicha fracción y en el artículo 63, fracción V, ídem, deba sobreseerse en el juicio. Así se infiere del contenido de la tesis número 3a. LXXXVII/91, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 40, Tomo VII, Mayo de 1991, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor siguiente: 'IMPROCEDENCIA. LAS CAUSALES A QUE ALUDE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO REQUIEREN QUE EN EL DIVERSO PRECEPTO LEGAL SE DISPONGA EXPRESAMENTE QUE EL JUICIO SEA IMPROCEDENTE. La fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley, no debe interpretarse de tal manera que en la disposición respectiva de la ley se establezca que el juicio de amparo es improcedente por un motivo específico, pues basta que esa disposición contenga algún requisito para la procedencia del juicio constitucional, para que, de no haberse satisfecho, con base en dicha fracción y en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, deba sobreseerse en el juicio". En tales condiciones, en el caso a estudio, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado a contrario sentido, en concordancia con la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como 6°, del cuerpo legal invocado en último término, puesto que de las actuaciones que obran en el presente juicio de amparo, se advierte que resultó fundado el incidente de objeción planteado por la autoridad responsable como se desprende del contenido del acta que antecede. De lo expuesto, al acreditarse que la firma que obra en el calce del escrito inicial de demanda presentado el veintidós de junio de dos mil quince, no corresponden por su ejecución a la persona que lo signó con el nombre de Sandra Margarita Hernández Castil, lo que equivale a la ausencia de la misma y por ello, se torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la falta de voluntad para instar el presente juicio de amparo; de ahí, que como ya se dijo en líneas anteriores, sobreviene la improcedencia del presente juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 6°, ambos de la Ley de Amparo, considerados de manera relacionada. Desde luego, también cabe apuntar, que no es obstáculo a la anterior determinación, el hecho de que al rendir su informe justificado las autoridades responsables, hayan aceptado la existencia de los actos reclamados, por cuanto que, con ello no se establece objetivamente, que el promovente de amparo, haya firmado el escrito inicial de la demanda de amparo impetrada. Se invoca en apoyo a lo anteriormente, por analogía, la tesis VI.2º.C.215 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a foja 2025, Tomo XX, Noviembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. AL SER LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL ESCRITO DE DEMANDA UN CASO ANÁLOGO AL DE LA AUSENCIA DE ESTA, LA ACCIÓN DE AMPARO DEVIENE IMPROCEDENTE. Si bien la falta de firma en el escrito de demanda de amparo torna improcedente la acción de tutela constitucional, ante la ausencia de voluntad para instar al órgano jurisdiccional, resulta un caso análogo al anterior, el hecho de que durante la tramitación del juicio de garantías se sustancie la objeción de falsedad de la firma que calza el ocurso inicial de amparo, y éste resulte fundado, porque en ese supuesto no se puede tener como válida la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional; por tanto, sobreviene la improcedencia del juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVIII y 4o., ambos de la Ley de Amparo, considerados de manera relacionada'. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia examinada en el caso concreto, procede sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado a contrario sentido, en concordancia con la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como 6°, del cuerpo legal invocado en último término, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Al haberse decretado el sobreseimiento en el presente asunto, este Juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. En apoyo lo anterior cabe citar la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en que con el número 509, aparece publicada en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto, motivado, fundado y, además, con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Sandra Margarita Hernández Castil, en contra de los actos precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso cuarto del presente fallo.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos hágase del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/463/2016, que suscribe el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, acordó la readscripción del suscrito Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien a partir del uno de marzo de dos mil dieciséis, es Titular del mismo; por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese vista a las partes para los efectos legales procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." (9ª Época, S.J.F. y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, página 312).
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