Sandra Macías Camargo

Expediente 916/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
916/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
21/11/2017

Partes del expediente

  • Sandra Macías Camargo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Segundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 19322 del índice de este Juzgado, por el que se le notificó el proveído de quince de noviembre pasado y se le envió un tomo de pruebas que contenían copia certificada del expediente C293/2015 de su estadística.

  2. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la providencia en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, así como el original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito, serán susceptibles de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones II y III del punto vigésimo primero, párrafo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio y se negó la suspensión provisional y definitiva respecto de todos los actos; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruya. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tienen aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de un tomo de pruebas consistentes en copias certificadas del juicio especial civil C293/2015 que como justificación a su informe anexó el Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, devuélvasele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, en especial las constancias que el Juez Segundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, anexó a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del juicio especial civil C293/2015 de su índice, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. En concordancia con lo anterior, es menester traer a contexto los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que son los que prevén los plazos para la promoción del juicio constitucional, así como el modo en que habrá de realizarse su cómputo; preceptos que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del precepto legal transcrito en primer término, se advierte el término genérico de quince días que se prevé para la presentación de la demanda, con excepción de las cuatro fracciones que estipula el citado normativo. Por otro lado, el segundo precepto estipula que el término correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Bajo dicha guisa, es menester precisar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste medularmente en la orden de desposeimiento del bien inmueble identificado como ********** del predio urbano ubicado en calle ********** número **********, antes ********** del poblado de ********** Municipio de Celaya, Guanajuato, y su ejecución. Ahora bien, de las constancias que remitió el Juez responsable se desprende que en audiencia de veinticinco de agosto de dos mil quince, tuvo verificativo el desahogo de la prueba testimonial admitida en proveído de nueve de julio del mismo año, en donde la aquí quejosa, compareció como testigo de la parte demandada, se identificó con credencial de elector ********** y contestó las preguntas formuladas por la parte oferente, las cuales versaron sobre circunstancias relacionadas con la demanda que dio origen al controvertido natural; por consiguiente, al haber asistido a dicha diligencia y responder a los cuestionamientos planteados, es evidente que tuvo conocimiento de los actos que reclama, desde el día veinticinco de agosto de dos mil quince. Con base en lo expuesto, el término genérico de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, transcurrió del veintiséis de agosto al quince de septiembre de dos mil quince, ello si se toma en consideración que: I. La parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados, el día veinticinco de agosto de dos mil quince. II. El cómputo para la promoción del juicio de amparo, comenzó a correr a partir del día hábil siguiente de aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, a partir del veintiséis de agosto de dos mil quince, concluyendo dicho plazo el quince de septiembre del mismo año. III. Del cómputo citado, fueron descartados los días veintinueve, treinta de agosto, así como cinco, seis, doce y trece de septiembre, todos de dos mil quince, por ser inhábiles. De ahí que, si la demanda que se analiza fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, hasta el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, según se advierte del matasellos que obra en la misma, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término genérico que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, de manera extemporánea, si se toma en cuenta que el último día con que contaba fue el quince de septiembre de dos mil quince; ante lo cual resulta manifiesto que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, el acto reclamado fue consentido tácitamente por la quejosa. Y es que no debe perderse de vista que el ya transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, dispone, entre otras hipótesis, que el término para la promoción de la demanda de amparo será de quince días, el que se computará desde el día siguiente al en que el peticionario del amparo se ostentó sabedor del acto reclamado. Sin embargo no debe perderse de vista que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, tratándose del amparo promovido por persona extraña a juicio sin que se le haya llamado a defender sus derechos, el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle su derecho fundamental; por lo que a partir de que tiene conocimiento, entre otros supuestos, del procedimiento que afecte su interés, como en la especie, debe computarse el término para promover el juicio de amparo. En esa tesitura, se reitera que la promovente del amparo tuvo conocimiento del procedimiento desde el veintiséis de agosto de dos mil quince, pues de las constancias que el Juez Segundo Civil de Partido de esta localidad, anexó a su informe justificado, se aprecia que tuvo conocimiento del juicio de origen, como ya se dijo, al haberse presentado al desahogo de la prueba testimonial a su cargo. Cabe poner de relieve, que el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece en sus cuatro fracciones los casos de excepción donde no aplicará el término genérico de quince días de la siguiente manera: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Sin embargo, ya que el acto reclamado, no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de la Materia, es claro que, por los motivos que han quedado precisados líneas arriba, su presentación se hizo de manera extemporánea, al haberse efectuado con posterioridad al plazo genérico de quince días establecido en el referido numeral. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 63, fracción V de la Ley de Amparo, y dejar sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, en especial las constancias que el Juez Segundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, anexó a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del juicio especial civil C293/2015 de su índice, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. En concordancia con lo anterior, es menester traer a contexto los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, que son los que prevén los plazos para la promoción del juicio constitucional, así como el modo en que habrá de realizarse su cómputo; preceptos que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del precepto legal transcrito en primer término, se advierte el término genérico de quince días que se prevé para la presentación de la demanda, con excepción de las cuatro fracciones que estipula el citado normativo. Por otro lado, el segundo precepto estipula que el término correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Bajo dicha guisa, es menester precisar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste medularmente en la orden de desposeimiento del bien inmueble identificado como ********** del predio urbano ubicado en calle ********** número **********, antes ********** del poblado de ********** Municipio de Celaya, Guanajuato, y su ejecución. Ahora bien, de las constancias que remitió el Juez responsable se desprende que en audiencia de veinticinco de agosto de dos mil quince, tuvo verificativo el desahogo de la prueba testimonial admitida en proveído de nueve de julio del mismo año, en donde la aquí quejosa, compareció como testigo de la parte demandada, se identificó con credencial de elector ********** y contestó las preguntas formuladas por la parte oferente, las cuales versaron sobre circunstancias relacionadas con la demanda que dio origen al controvertido natural; por consiguiente, al haber asistido a dicha diligencia y responder a los cuestionamientos planteados, es evidente que tuvo conocimiento de los actos que reclama, desde el día veinticinco de agosto de dos mil quince. Con base en lo expuesto, el término genérico de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia, transcurrió del veintiséis de agosto al quince de septiembre de dos mil quince, ello si se toma en consideración que: I. La parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados, el día veinticinco de agosto de dos mil quince. II. El cómputo para la promoción del juicio de amparo, comenzó a correr a partir del día hábil siguiente de aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, a partir del veintiséis de agosto de dos mil quince, concluyendo dicho plazo el quince de septiembre del mismo año. III. Del cómputo citado, fueron descartados los días veintinueve, treinta de agosto, así como cinco, seis, doce y trece de septiembre, todos de dos mil quince, por ser inhábiles. De ahí que, si la demanda que se analiza fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, hasta el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, según se advierte del matasellos que obra en la misma, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término genérico que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, de manera extemporánea, si se toma en cuenta que el último día con que contaba fue el quince de septiembre de dos mil quince; ante lo cual resulta manifiesto que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, el acto reclamado fue consentido tácitamente por la quejosa. Y es que no debe perderse de vista que el ya transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, dispone, entre otras hipótesis, que el término para la promoción de la demanda de amparo será de quince días, el que se computará desde el día siguiente al en que el peticionario del amparo se ostentó sabedor del acto reclamado. Sin embargo no debe perderse de vista que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, tratándose del amparo promovido por persona extraña a juicio sin que se le haya llamado a defender sus derechos, el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle su derecho fundamental; por lo que a partir de que tiene conocimiento, entre otros supuestos, del procedimiento que afecte su interés, como en la especie, debe computarse el término para promover el juicio de amparo. En esa tesitura, se reitera que la promovente del amparo tuvo conocimiento del procedimiento desde el veintiséis de agosto de dos mil quince, pues de las constancias que el Juez Segundo Civil de Partido de esta localidad, anexó a su informe justificado, se aprecia que tuvo conocimiento del juicio de origen, como ya se dijo, al haberse presentado al desahogo de la prueba testimonial a su cargo. Cabe poner de relieve, que el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece en sus cuatro fracciones los casos de excepción donde no aplicará el término genérico de quince días de la siguiente manera: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Sin embargo, ya que el acto reclamado, no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de la Materia, es claro que, por los motivos que han quedado precisados líneas arriba, su presentación se hizo de manera extemporánea, al haberse efectuado con posterioridad al plazo genérico de quince días establecido en el referido numeral. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 63, fracción V de la Ley de Amparo, y dejar sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

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