Sandra Luz Salgado Figueroa
Expediente 1475/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1475/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Sandra Luz Salgado Figueroa
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Homólogo no acepta competencia. Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio que suscribe el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, mediante el cual en esencia, comunica que no se aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional por las razones que expone; acúsese recibo. Conflicto competencial. Ahora bien, este juzgado insiste y sostiene el criterio que corresponde al homólogo de referencia conocer del presente controvertido, por las consideraciones inmersas en el proveído de veintidós de septiembre de la presente anualidad. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que carece de competencia para conocer y resolver el asunto por cuestión de territorio, dado que el acto reclamado consistente en el cálculo y las aplicaciones de la determinación del incremento pensionario para el año dos mil dieciocho, sobre cada pago de la pensión cubierta a favor de la parte quejosa de manera mensual, y de acuerdo a las documentales que acompaño a su escrito de demanda se observa que el dictamen en relación a la solicitud de pensión tipo jubilatoria fue con motivo de su prestación de servicios como coordinador técnico, adscrita a la Dirección General de Recaudación, Dependiente de la Secretaría de Finanzas, en Ciudad Obregón, Sonora, asimismo, de la impresión de la cedula de identificación expedida a nombre de la peticionaria de amparo, se observa que su localidad se encuentra en dicha ciudad. Hecho notorio. Aunado a lo anterior, de la certificación que antecede, se observa que la parte quejosa promovió un diverso juicio de amparo radicado bajo el número de expediente 886/2021, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sonora. Por tanto, resulta un hecho notorio su existencia y procede invocarlo así en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, por disposición de su numeral 2. En dicho sumario, la peticionaria de amparo reclamó el descuento aplicado en el mes de agosto de dos mil veintiuno sobre la pensión por jubilación mensual que recibe por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, mismo que fue resuelto por el homólogo federal mediante sentencia de once de febrero de dos mil veintidós, en la cual, en lo que interesa, se destacan las siguientes consideraciones plasmadas en la foja cinco: "[.] Sin embargo, la aplicación del descuento a Sandra Luz Salgado Figueroa sobre la pensión por jubilación mensual que recibe por parte del citado Instituto responsable por concepto de servicio médico, se corrobora con la constancia que acompañó la propia quejosa relativa a la impresión digital del recibo de pago de pensión del mes de agosto de dos mil veintiuno, lo que se corrobora con la copia de la credencial que obra en autos expedida por dicho instituto a nombre de la impetrante de donde se advierte la calidad de jubilada; de ahí que se tiene por cierto el referido acto reclamado a la autoridad responsable. No pasa inadvertido que la quejosa exhibió copia simple fotostática de su credencial de jubilado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con número de pensión 208554 e impresión digital del recibo del pago de pensión del mes de agosto de dos mil veintiuno, sin embargo, al ser corroboradas con el informe justificado de la autoridad responsable, se consideran suficientes y eficaces para demostrar el descuento reclamado y el interés jurídico de la quejosa, dado que éste no contiene afirmaciones genéricas de la autoridad responsable. [.]". En ese sentido, es en aquella ciudad en donde se lleva a cabo el acto que reclama, cuya ejecución material se encuentra dentro de la jurisdicción territorial del referido homólogo federal. Resulta aplicable, la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En las condiciones apuntadas, toda vez que este juzgado reitera su pronunciamiento relativo a que carece de competencia para resolver el presente asunto; con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es procedente plantear conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en turno, para que resuelva lo conducente. En consecuencia, instrúyase a la oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que haga disponible la consulta del expediente electrónico. Finalmente, hágase del conocimiento del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, la presente determinación para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y por oficio al referido homólogo federal. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo y regístrese bajo el número que le corresponda. 2. Incompetencia por razón de territorio. Ahora, una vez analizada la demanda presentada por la quejosa ********************, se advierte que este órgano jurisdiccional carece legalmente de competencia por razón de territorio. Se dice lo anterior, toda vez que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De tal precepto se obtienen las siguientes reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de amparo: a) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; y, c) La tercera previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. A este respecto, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. En el particular, la quejosa reclama el cálculo y las aplicaciones de la determinación del incremento pensionario para el año ********************, sobre cada pago de la pensión cubierta a favor de la parte quejosa de manera mensual, y de acuerdo a la documental que exhibe se advierte que tiene su domicilio en ********************; por ende, es en aquella ciudad en donde se lleva a cabo el descuento que reclama, población que se encuentra dentro de la competencia territorial de los homólogos federales con residencia en Ciudad Obregón. En esa tesitura, quien resuelve no podría válidamente pronunciarse respecto de la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, toda vez que el domicilio de la pensionada determina el lugar de ejecución del acto reclamado y produce sus consecuencias, por ser éste el lugar en el que cobra y disfruta su pensión; y, en consecuencia, los efectos del acto reclamado se materializan en aquel lugar. Resulta aplicable por las razones que la informan, jurisprudencia número TC054010. 10ª. AD5 (J/11), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, aprobada en sesión plenaria de treinta y uno de julio de dos mil quince, con número de registro digital 2009951, de rubro y: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE SONORA. LA CREDENCIAL QUE ACREDITA AL QUEJOSO COMO PENSIONADO RESULTA APTA PARA DETERMINARLA. El pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario, por ser razonablemente el lugar donde la cobra y disfruta, al no asistir ya a su centro de trabajo, por lo que conforme al artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente se surte en favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso. Asimismo, la credencial que acredita al quejoso como pensionado, expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, resulta apta para determinar el domicilio de aquél para efectos del cobro de su pensión, y para establecer, con base en ella, salvo prueba en contrario, el juzgado competente para conocer del juicio de amparo en que se reclama la inconstitucionalidad del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios del Estado de Sonora, siempre que dicha credencial se encuentre vigente, tomando en cuenta que es apta, para legitimar al titular del derecho para efectuar el cobro de sus pensiones, por lo cual deben presumirse ciertos los datos en ella contenidos, vinculados precisamente con el derecho involucrado." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior por analogía la jurisprudencia Administrativa V.2o.P.A. J/1 (10a.), emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, página 1630 con número de registro digital 2009952, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. El pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario, por ser razonablemente el lugar donde la cobra y disfruta, al no asistir ya a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el juicio de amparo se reclame el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con motivo de su primer acto de aplicación, atribuido al director general de dicho organismo por el descuento a la pensión del quejoso por concepto de "fondo de pensiones", ese acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desarrolla en su domicilio, y será éste el lugar en que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que, al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuente el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado." En esas condiciones, dado que quien esto resuelve no podría válidamente pronunciarse respecto a la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado declara carecer legalmente de competencia por razón de territorio para conocer de la demanda que se atiende y declina la competencia a favor del juez de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, en turno, a quien deberá remitirse la misma vía acelerada, para que resuelva dentro del plazo establecido en el primer párrafo del precitado artículo 48 de la Ley de Amparo, si acepta o no la competencia que se declina. 3. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en tanto no cumplan con dicho requisito, se autorizan sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 4. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Como lo solicita, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "********************", el acceso al expediente electrónico para su consulta, así como para recibir notificaciones vía electrónica. Ilustra lo anterior el criterio 2a./J. 8/2023 (11a.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." 5. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 7. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto. 8. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 9. Copia de constancias del expediente electrónico. Conforme a lo previsto por el numeral 36 del Acuerdo General 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes para que hagan uso de dicha herramienta. Notifíquese personalmente a la promovente y mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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