Sandra Luz Ruiz Rojas

Expediente 1718/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1718/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
30/01/2018

Partes del expediente

  • Sandra Luz Ruiz Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria. Archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de enero de dos mil dieciocho. V I S T O S, para resolver, en el juicio de amparo 1718/2017-8; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, el veinte de octubre de dos mil diecisiete, y remitido al siguiente día hábil por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, Sandra Luz Ruiz Rojas, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: Autoridades responsables: 1. Junta Especial Cuatro de la Local de conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2. Presidente Ejecutor de la Junta Especial Cuatro de la Local de conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. Actos reclamados ". La denegación de justicia por parte de la autoridad responsable, al omitir requerir a las autoridades los informes solicitados por la ahora quejosa dentro de la promoción de fecha 25 de mayo de 2017 y registrada con número de folio 003436.". (sic) SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman vulnerados. Bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. En auto de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, previo desahogo de la prevención hecha en autos, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose con el número 1718/2017, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 49 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por los numerales 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y los Acuerdos Generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo contra autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo, así como de sus escritos aclaratorios, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables, son los siguientes: El proveído de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 01/19/13-JE2, en el que la autoridad responsable, en respuesta al escrito de la ahora quejosa registrado con el folio 003436 de su índice, acuerda, en esencia, que no ha lugar a girar oficios a las Instituciones que refiere la promovente -aquí quejosa- por considerar que corresponde a la parte trabajadora o a quien sus derechos represente, dar seguimiento a la ejecución del laudo e impulsar dicha etapa procesal, proporcionando los elementos necesarios al Tribunal Obrero. TERCERO. Actos reclamados existentes. La autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, y en Representación del Pleno de la misma, al rendir su respectivo informe con justificación, manifestó que es cierto el acto reclamado, por lo que así deberá tenerse para los efectos legales conducentes. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia visible en la página 206, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causal de improcedencia fundada. (Principio de definitividad). Previo al análisis de los conceptos de violación, deben de examinarse oficiosamente las causas de improcedencia del juicio, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, toda vez que éstas son de orden público y su estudio es preferente a cualquier otra cuestión planteada. En el presente asunto, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el acuerdo de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, recaído a su escrito presentado ante la Junta responsable el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual ofreció, en la etapa de ejecución de laudo, el informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Dirección e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, y al que la autoridad responsable acordó, en lo conducente, que no ha lugar a girar oficios a las Instituciones que refiere la promovente -aquí quejosa- por considerar que corresponde a la parte trabajadora o a quien sus derechos represente, dar seguimiento a la ejecución del laudo e impulsar dicha etapa procesal, proporcionando los elementos necesarios al Tribunal Obrero. En el caso, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .". El principio de definitividad a que alude el precepto transcrito, consiste en la obligación que tiene el quejoso de agotar todos los medios ordinarios de defensa y los recursos que tenga a su alcance, por los cuales pueda revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional, que por su naturaleza es un medio extraordinario de defensa contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. En ese sentido, debe decirse que quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, ya que de conformidad con el referido principio de definitividad, el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para ejercer la acción de amparo. Así, se tiene que a fin de que se actualice la causa de improcedencia en comento deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa sea factible de interponer dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. Sobre las bases anotadas, resulta indispensable tener en cuenta el contenido de los artículos 849 a 852 de la Ley Federal del Trabajo, que disponen lo siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria.". "Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne.". "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley.". El análisis sistemático de los anteriores dispositivos legales, revela que el legislador estableció la procedencia del recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. También señaló que del citado medio de impugnación conocerá, en el primer supuesto, la Junta de Conciliación o la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje que corresponda, cuando se trate de actos de los presidentes de esos órganos. En la segunda hipótesis, conocerá el presidente de la Junta o el de la Junta Especial que corresponda cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados para llevar a cabo el acto de ejecución. Por último, en el tercer supuesto, conocerá el Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del presidente de ésta, o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. Ahora, a fin de estar en aptitud de determinar sobre la necesidad de agotar el citado recurso de revisión para la procedencia del juicio de amparo, es necesario establecer con claridad si los presidentes de las Juntas tienen o no facultades para ejecutar los laudos o convenios emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. El artículo 618 de la legislación obrera prevé: "Artículo 618. Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades siguientes: I. Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta Especial; II. Ordenar la ejecución de los laudos dictados por la Junta Especial; III. Conocer y resolver las providencias cautelares; IV. Revisar los actos de los Actuarios en la ejecución de los laudos y de las providencias cautelares, a solicitud de cualquiera de las partes; V. Cumplimentar los exhortos que le sean turnados por el Presidente de la Junta; VI. Rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de los laudos y resoluciones dictados por la Junta Especial; VII. Informar al Presidente de la Junta de las deficiencias que observen en su funcionamiento y sugerir las medidas que convenga dictar para corregirlas; y VIII. Cumplir y aprobar satisfactoriamente los procedimientos de evaluación de desempeño que se establezcan conforme a lo dispuesto en el reglamento respectivo; y IX. Las demás que les confieran las Leyes.". De la lectura del precepto legal trascrito se llega al convencimiento de que los presidentes de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje intervienen -de acuerdo con sus facultades- en la ejecución de los laudos; por tanto, es clara la procedencia del recurso previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone la oportunidad del recurso de revisión contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados en ejecución de los laudos, convenios, de las tercerías o de los dictados en las providencias cautelares. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que en ella se contienen, la tesis de jurisprudencia 2a./J.95/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época, página 374, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.". Así como el diverso criterio que contiene, la tesis XXVII.3 L, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de la 9ª Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII, julio de 2003, página 1197, de rubro y texto: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ES PROCEDENTE CONTRA CUALQUIER ACTO DEL PRESIDENTE DE UNA JUNTA DICTADO EN EJECUCIÓN DEL LAUDO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo dispone: "Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión.". Como se puede advertir, dicho precepto legal se refiere, entre otras cuestiones, a actos de los presidentes de las Juntas "en ejecución" de los laudos, sin hacer una distinción entre la "última resolución" -aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento-, y las que sólo constituyen resoluciones anteriores a aquélla. En esa virtud, conforme a una recta interpretación del dispositivo legal en cita, debe entenderse que contra cualquier acto del presidente de la Junta dictado en la fase de ejecución del laudo es procedente el recurso de revisión, así se trate de un acto que no estuviera encaminado directa e inmediatamente a la ejecución de dicho fallo, sino más bien a preparar y lograr tal objetivo, como lo sería, en un momento dado, el reconocimiento de la personalidad de quien comparece a nombre de alguna de las partes en el juicio laboral; cuenta habida que en el caso concreto cobra aplicación el principio de derecho que reza "donde el legislador no distingue no es dable al juzgador hacerlo.". Así, como se anticipó, el acto reclamado se trata del acuerdo de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, emitido por la Presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, en el juicio laboral 01/19/13-JE2, de su índice, en la etapa de ejecución de laudo, en el cual se de manera implícita negó a la ahora quejosa, girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Dirección e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, por considerar que corresponde a la parte trabajadora o a quien sus derechos represente, dar seguimiento a la ejecución del laudo e impulsar dicha etapa procesal, proporcionando los elementos necesarios al Tribunal Obrero. Por lo anterior, a juicio de quien aquí resuelve, se actualiza dicha causa de improcedencia, en tanto que concurren los requisitos señalados, a saber: a) La resolución proviene de la Presidenta de un tribunal del trabajo, en tanto se trata del acuerdo de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, recaído a su escrito presentado ante la Junta responsable el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual ofreció, en la etapa de ejecución de laudo, el informe de autoridad a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Dirección e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, y al que la autoridad responsable acordó, en lo conducente, que no ha lugar a girar oficios a las Instituciones que refiere la promovente -aquí quejosa- por considerar que corresponde a la parte trabajadora o a quien sus derechos represente, dar seguimiento a la ejecución del laudo e impulsar dicha etapa procesal, proporcionando los elementos necesarios al Tribunal Obrero, lo que implica una negativa a su solicitud. b) El recurso de revisión es procedente en contra de los actos emitidos por los presidentes, en los supuestos de ejecución de los laudos, conforme al artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. c) Es factible la interposición del recurso de revisión contra actos de ejecución del presidente, pues la aquí quejosa tiene el carácter de parte actora en el juicio de origen. d) A través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial. e) No se advierte la presencia de alguna excepción al principio de defintividad. Bajo este contexto, si contra la resolución reclamada resulta oponible el recurso de revisión y concurren los requisitos establecidos en los incisos anteriores, al no haber ocurrido previamente la parte quejosa en defensa de sus derechos a través de los medios ordinarios de impugnación, no se ve colmado el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. Sostiene lo así expuesto la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, visible en la página 902, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así, en el caso concreto el juicio de amparo indirecto es improcedente, en virtud de que, en contra del auto reclamado procede el recurso de revisión a través del cual pueden ser modificado, revocado o nulificado, mismo que debió ser agotado previamente a la presentación de la demanda de amparo, de tal suerte que al acudir en forma directa al juicio de amparo, sin agotar aquel medio de impugnación, es innegable el incumplimiento del principio de definitividad rector del juicio constitucional. Por lo expuesto, el presente juicio de amparo es improcedente conforme al artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. En ese orden, atento a los razonamientos expuestos en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación con relación a la inconstitucionalidad que se aduce del acto reclamado, así como de su ejecución. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia VI. 1o. J/23, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro 226555, visible en la página 252 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 22-24, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, Materia Común, que prevé lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que pase desapercibido que no se haya ordenado el emplazamiento de los terceros interesados; sin embargo, el sentido de la sentencia que en este acto se pronuncia no les causa perjuicio alguno; máxime, que no se les deja en estado de indefensión, conforme a lo previsto en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la tesis número P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noven Época, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, página cuarenta y cinco, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Por último, se comunica a las partes que a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional y en acatamiento de la jurisprudencia 2a./J. 67/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2011, la presente resolución la dicta el secretario autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de juez de Distrito. Autorización contenida en el oficio CCJ/ST/6913/2017, del cual se ordena agregar copia certificada a los autos para los efectos legales conducentes. QUINTO. Captura de la sentencia. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en los que se determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena la captura del presente fallo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1° fracción I, 73, 74, 75, 77, 78, 119, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sandra Luz Ruiz Rojas, por conducto de su apoderado legal, contra el acto y autoridades señaladas en el resultando primero, por las razones y fundamentos expuestos en el cuarto considerando de la presente resolución. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta determinación, envíese la misma al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe, hoy ocho de enero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa la resolución de ocho de enero de dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, por medio del cual se se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, por conducto de su apoderado legal, contra el acto y autoridades señaladas en el resultando primero, por las razones y fundamentos expuestos en el cuarto considerando de la presente resolución. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta determinación, envíese la misma al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy, fijándose de nueva cuenta las DIEZ HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para su desahogo.

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