Sandra Luz Rivera Lopez

Expediente 2349/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2349/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Sandra Luz Rivera Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, José Alfonso García López, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio número CCJ/ST/7188/2019 de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, asistido por el licenciado José de Jesús Soto Ríos, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 2349/2019, promovido por Sandra Luz Rivera López, contra actos del Presidente Constitucional del Ayuntamiento de Tapachula, residente en esta Ciudad y de otras autoridades. El Secretario hace constar la inasistencia de la partes. Enseguida, el Secretario del juzgado certifica que en este acto se procedió a dar lectura de las constancias que obran en el sumario, las cuales se tienen por reproducidas, entre las que se destacan el escrito inicial de demanda; auto admisorio de once de noviembre de dos mil diecinueve; constancia de la respectiva notificación practicada a la Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, (foja 12 reverso), y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Presidente Constitucional y Director General de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (coapatap), ambos de esta Ciudad y CERTIFICA: que la parte quejosa no dio contestación a la vista ordenada en proveído de trece de noviembre del año en curso. Enseguida, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias, para los efectos a que haya lugar y por cuanto la parte quejosa no dio contestación a la vista ordenada en proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del término que para tal efecto se le concedió, se tiene por inexistente a la autoridad responsable que señaló como Director Operativo de la Cuadrilla de Empleados del Departamento de Cortes de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, residente en esta Ciudad; asimismo, suspéndase toda comunicación oficial con la misma, sin que sea necesario hacer pronunciamiento en alguno de los considerandos de esta resolución. Lo anterior, tomando en consideración que este juzgado no está autorizado a llamar a la controversia constitucional a autoridades no señaladas directamente por el impetrante del amparo, dado que esta designación es una carga procesal que pesa sobre el promovente, según se deduce del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia XVII, abril de 2003, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 1015, cuyo rubro dice: "QUEJA, SUPLENCIA DE LA, EN MATERIA PENAL. ALCANCES". Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio sin que las partes ofrecieran medio de convicción alguno. Al no existir más escritos con que dar cuenta al Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho se cierra dicho período. A continuación se abre el período alegatos, los que no fueron formulados por las partes. Acto continuo se cierra el citado periodo. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes de desahogar, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho acuerda dar por concluida la presente diligencia y procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 2349/2019. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, Sandra Luz Rivera López, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de once de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el expediente 2349/2019, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta Ciudad de Tapachula, tiene competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General 25/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de noviembre de dos mil diecisiete. Esto, al reclamarse actos de naturaleza administrativa de autoridades que se encuentran dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado es el siguiente: Del Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tapachula y Director General de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, ambos en esta Ciudad Cobro excesivo de adeudos, multas, recargos por el servicio de agua potable y alcantarillado así como el pago de recolección de basura y el pago de bomberos que obran en el recibo de agua potable. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tapachula y Director General de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, ambos en esta Ciudad, negaron categóricamente el acto que se les reclama. Es de puntual aplicación, la jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Atento lo anterior, debe decirse que uno de los presupuestos de la acción de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, pues no es posible revisar en primer lugar la procedencia de la instancia y en su caso la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso, de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que los actos cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existen. La ley de la materia, establece tres vías para determinar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa; la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables; y la última, aunque más usual, es mediante el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. En el asunto concreto, no existe en autos dato objetivo alguno que confirme la participación que se imputa a las autoridades antes mencionadas en los actos reclamados, de ahí que se considere en sus términos la negativa expresada por las autoridades. Luego, sin prueba en contrario que desvirtúe la negativa apuntada por las responsables, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Encuentra apoyo lo antes citado en la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Sandra Luz Rivera López contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma José Alfonso García López, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio número CCJ/ST/7188/2019 de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, asistido por el licenciado José de Jesús Soto Ríos, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por el Director General del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para el ejercicio de sus derechos si lo estiman pertinente, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional. Se tiene a la responsable de trato autorizando como delegados de su intención, a los profesionistas que cita en su ocurso de mérito, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de la Materia. Ahora bien, tomando en consideración que aún no han transcurrido los ocho días durante los cuales debe darse vista a las partes con el informe justificado antes indicado, con fundamento en el numeral 117 antes invocado, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo tal acto procesal. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables porque ya se encuentran emplazadas a juicio, y este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarlas por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro que cita: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Incidental

    RESUELVE: SE NIEGA SUSPENSIÓN DEFINITIVA...

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe justificado correspondiente al Presidente Municipal Constitucional de Tapachula, Chiapas. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, se tiene a la responsable de trato autorizando como delegados de su intención a los profesionistas que cita en su ocurso de mérito, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de la Materia. Finalmente, en cuanto a su petición de que se le devuelva la documental que anexa al escrito de cuenta, dígasele a la autoridad ocursante que no ha lugar acordar de conformidad lo así solicitado, toda vez que dicho documento es necesario para la integración, trámite y resolución del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio número CCJ/ST/6329/2019 de doce de noviembre de dos mil diecinueve, asistido por el licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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