Sandra Luz Rivas Peraza
Expediente 13/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 13/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Sandra Luz Rivas Peraza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron la sentencia emitida en este asunto el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que las partes fueron notificadas el veintidós de marzo del año en curso, quedando comprendido dicho plazo del veintitrés de marzo al seis de abril de la presente anualidad. En consecuencia, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que se decretó el sobreseimiento en el mismo.
- Principal
Audiencia constitucional. En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintidós, hora y día señalados en auto quince de febrero del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 13/2022. El licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido por la licenciada María Fernanda Morales Ríos, secretaria con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin comparecencia de las partes, haciendo constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en el módulo de "Agenda de Visita a OJ", opción "Consulta General", no se desprende que alguna de las partes haya generado cita para comparecer a esta audiencia ni que hayan solicitado estar presentes por medio de videoconferencia. Acto seguido, la secretaria realiza una lectura íntegra del escrito relativo a la demanda de amparo y procede a hacer una relación de las constancias que obran en autos: escrito inicial de demanda promovida por *******, auto admisorio de once de enero de la presente anualidad, constancia de emplazamiento del tercero interesado Ayuntamiento Municipio de Mazatlán, con sede en este puerto e informe justificado rendido por los integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y Actuario de su adscripción. Acto seguido, el Juez acuerda: ténganse relacionadas las constancias que obran en autos y de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, rendido el informe justificado de referencia. Abierto el periodo de pruebas: la secretaria da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por las autoridades responsables Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y Actuario de su adscripción. A lo anterior, el juez acuerda: con fundamento en el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tienen admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza los medios de convicción aludidos, los que serán tomados en consideración en su oportunidad. Al no haber probanzas pendientes que desahogar, se cierra el periodo que nos ocupa. Abierto el período de alegatos: la secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló pedimento; por tanto, se cierra dicha etapa. Sin que exista diligencia pendiente que desahogar, se procede a la sentencia correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 13/2022, promovido por Sandra Luz Rivas Peraza; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, el diez de enero del año en curso, Sandra Luz Rivas Peraza solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje y Actuario de su adscripción, con sede en esta ciudad, que estimó violatorios de los artículos 17 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que redujo al señalamiento siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADOS.- A).- La omisión por parte de la autoridad señalada como responsable en emplazar a juicio laboral al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, toda vez que la suscrita presenté formal demanda laboral con fecha 20 de septiembre del año 2021, y a pesar de que no existe impedimento legal alguno para que se emplace a juicio a la patronal demandada, la autoridad señalada como responsable tuvo como límite la fecha de 30 de septiembre del año 2021 (ya que el artículo 71, Párrafo tercero, señala que el Tribunal dentro de las setenta y dos horas siguientes contadas a partir del momento en que se reciba la demanda dictará acuerdo de radicación, en el que ordenará se emplace a la parte demandada dentro de los cinco días posteriores), para emplazar a juicio al H. Ayuntamiento demandado laboralmente, lo anterior de conformidad a lo señalado por el artículo 71, párrafo tercero, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, ya que la autoridad responsable vulnera mi oportunidad del derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos que me son suficientes para solventar mis más básicas necesidades alimentarias y que esos me aseguran mi subsistencia y un nivel de vida digno. B).- Se reclama como omisión de las mismas autoridades responsables también la inexplicable lentitud en el procedimiento laboral, ya que desde la fecha de la presentación de la demanda el día 20 de septiembre del año 2021, a la fecha de la presentación de la presente demanda de amparo, ha transcurrido más de noventa días y no se ha emplazado a la demandada, mucho menos iniciado el juicio laboral que busca la defensa de mis derechos humanos-laborales, de ahí el motivo de la presentación de la demanda de amparo donde se alegan violaciones a mis derechos humanos en el sentido del goce de una vida digna mediante el acceso a un trabajo que se me impidió seguir desarrollando. Además que recurro ante esta instancia, ya que ni la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, ni la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente a la anterior, no señalan ni prevén algún mecanismo de defensa que permita instaurar para efectos que la autoridad responsable actue apegada a lo que le mandata la ley en comento, siendo consecuente que la responsable siga actuando de manera irresponsable y cometiendo actos de imposible reparación, ya que la alimentación a que tengo derecho me está siendo limitada, el derecho a una vida digna, el derecho a un trabajo me han sido coartados por la misma autoridad responsable, al no comprometerse a cumplir con su trabajo. C).- Se reclama también de la autoridad señalada como responsables, la falta de acción tendiente a economizar los tiempos procesales para que se lleve a cabo la impartición de justicia laboral a que tengo derecho y que vienen vulnerando la responsable, habida cuenta que hasta la presentación de la presente demanda de garantías, tenemos que no se ha acordado sobre la admisión de la demanda respectiva, ya que la autoridad responsable TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EN ESTA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA, no respeta lo señalado por el numeral 74 en relación con el numeral 73 de la misma Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, que habla sobre los plazos y términos en que se deben de verificar las audiencias laborales, es decir, en un orden sumario, en aras de economizar lo más posible la impartición de justicia en materia laboral, mermando con ello las posibilidades de poder seguir conservando los beneficios que se me otorgaban como fruto de mi trabajo, como lo es la percepción de un salario diario remunerador, una calidad de vida, derecho a la salud, (ya que por ser empleado municipal, tengo derecho a una seguridad social y de salud), asistencia médica y los diversos servicios sociales necesarios para poder desarrollar una digna calidad de vida, que se insiste de nueva cuenta, la misma me fue vulnerada, con la omisión de las responsables." SEGUNDO. Admisión. Correspondió conocer de la demanda, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, donde se registró con el número de expediente 13/2022, y por acuerdo de once de enero del año en curso, se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado y se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento. Finalmente, las responsables, rindieron su respectivo informe justificado y la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede, la cual concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; así como, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito; toda vez que la omisión reclamada carece de ejecución material y, por consiguiente, es competente el juez de distrito en cuya circunscripción territorial se presentó la demanda que dio origen a este sumario. SEGUNDO. Fijación de la litis. Antes de establecer la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se estima necesario fijar en forma clara y precisa el planteamiento de impugnación que formula la parte quejosa en su demanda de garantías, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y los criterios contenidos en la jurisprudencia número P./J.40/2000 y la tesis P.VI/2004, sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera publicada en la página 32 del tomo XI, abril de 2000, y la segunda a foja 255 del tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Del planteamiento de reclamo contenido en la demanda que es materia de estudio, se desprende que la parte quejosa lo hace consistir en la omisión por parte de la autoridad responsable de respetar los plazos y términos a seguir dentro del procedimiento laboral, pues ha sido omiso en emplazar a juicio al demandado Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán. En el entendido de que no se tendrán como actos reclamados aquellos en los que el quejosa formuló manifestaciones con las que pretende revelar la inconstitucionalidad de la omisión reclamada y aportar apreciaciones valorativas en torno a ésta, dado que dichos argumentos constituyen conceptos de violación, como consecuencia directa del acto impugnado, lo que es propio del fondo del asunto. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia once de la Segunda Sala de la Suprema Corte, en su anterior integración, Compilación de 1995, bajo el rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD." También es aplicable, la jurisprudencia I. 3o. A. J/26, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, enero de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN." TERCERO. Existencia de la omisión reclamada. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos controvertidos, ya que en toda sentencia de amparo debe primarse su análisis, tal como se corrobora de la jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, abril 1994, página 68, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Las autoridades responsables, al rendir su informe con justificación negaron la existencia de la omisión reclamada; sin embargo, la misma se tiene por cierta toda vez que dicha negativa se desvirtúa con las constancias que en copia certificada allegaron del juicio laboral de origen, documentales públicas que revisten valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis XX. 303 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, enero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR." CUARTO. Procedencia de la acción constitucional. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio la advierta quien esto resuelve e impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia II.1°.J./5, mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Las autoridades responsables invocaron la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; es fundada la actualización de la causa de improcedencia citada, por las razones que a continuación se mencionan. En primer término los numerales de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior; (.)" De las porciones normativas antes transcritas, se colige que la causa de improcedencia denominada cesación de efectos, consiste en que, una vez promovido el juicio de amparo, los efectos del acto que en él se reclama hayan dejado de existir con motivo de una actuación posterior por parte de la autoridad que lo emitió, y que, por tanto, ya no ocasiona ningún agravio en la esfera jurídica de la parte quejosa. Ahora, de las constancias allegadas por la responsable se advierte que en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente TMCA: 300/2021, se admitió a trámite la demanda inicial promovida por el aquí quejoso en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; asimismo, mediante diligencia de once de marzo del año en curso, se emplazó a juicio a la parte demandada en el juicio de origen, por conducto de su apoderado legal Edgar Lerma Campos, corriéndole traslado, entre otros, con el escrito inicial de demanda, mismo que firmó de conformidad al calce. De ahí que se estime que, los actos reclamados en la demanda de amparo cesaron en sus efectos, por la razón antes descrita. Acude en apoyo de la anterior consideración, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número CL/1997, visible en el tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Página 71, noviembre de 1997, por identidad de razón, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del rubro y tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO EN QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación de que la fracción XVI del artículo 73, de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así también, tiene aplicación en la especie, por los propios motivos, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Atendiendo a lo antes expuesto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto de los actos reclamados a las preindicadas autoridades. Finalmente, hágase saber a las partes que los criterios invocados en el presente auto no contravienen lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto que se expidió la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. QUINTO. Transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Toda vez que las partes contendientes en el presente juicio constitucional, no se opusieron a que su nombre y datos personales se incluyeran en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, en el plazo concedido para tal efecto, no obstante haber sido legalmente notificadas del proveído en que se les hizo de su conocimiento de tal circunstancia; por tanto, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y como consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con los diversos numerales 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en comento, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 1, fracción I, 69 a 78, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *******, contra los actos que reclama a las autoridades señaladas como responsables, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente determinación. SEGUNDO. Cúmplase con lo ordenado en el considerando quinto de esta resolución.
- Principal
De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio TMCA 066/2022, signado por los integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; memorial que, se ordena agregar al presente sumario para que obre como corresponda. Con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se reciben las pruebas documentales que anexa la autoridad oficiante, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva, en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. Finalmente, los ocursantes refieren en su memorial de cuenta que se oponen a la publicación de sus datos personales en el presente asunto; en atención a ello, dígasele que si bien es cierto se previno a las partes, que de no ejercer el derecho que les asiste para manifestar su oposición, en relación con terceros, de que su nombre y datos personales se publiquen, en la sentencia y en los autos que se dicten en el asunto de trato, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, en relación con los diversos numerales 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en comento, estarán a disposición del público para su consulta, conforme al procedimiento de acceso a la información; también, es verdad que tal derecho debe entenderse únicamente a las partes quejosa y tercero interesada a los que no asiste el carácter de ente público; en tanto dichos ordinales hacen alusión a "datos personales", pues en lo tocante a las autoridades responsables, únicamente son publicadas sus denominaciones oficiales, al carecer de datos considerados como sensibles por los numerales citados con antelación. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que las autoridades responsables Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y Actuario de su adscripción, han sido omisas en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificadas de los oficios a través de los cuales se les requirió para tal fin, tal y como se desprende de las constancias de notificación que obran en autos, omisión que daría motivo a presumir la existencia del acto que se les atribuye, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con apoyo en el cuarto párrafo del anotado numeral y el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, requiérase a las autoridades de mérito para que, en improrrogable término de tres días, contado a partir del momento en que surta efectos la notificación de este proveído, remitan copia certificada de las constancias que acreditan la constitucionalidad del acto que se les reclama, bajo apercibimiento que, en caso de no hacerlo o manifestar su imposibilidad legal para ello, se harán acreedoras a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, de conformidad con lo establecido en los ordinales 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Carta Magna, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis 237, fracción I, y 259 de la ley de la materia, lo anterior, ya que dichas documentales son necesarias para resolver el sumario en que se actúa.
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