Sandra Luz Reyes
Expediente 136/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 136/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Sandra Luz Reyes
Actuaciones
- Incidental
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. En cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal del juicio de amparo promovido por Sandra Luz Reyes Rivera por propio derecho y en representación de los menores Emmanuel y Luz Victoria de apellidos de la Paz Reyes, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Guerrero y otra autoridad, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 136/2022 el cual fue acumulado al diverso juicio 100/2022. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas por separado del informe justificado que, en su caso, formule en el cuaderno principal, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo. AUDIENCIA INCIDENTAL se hace saber a las partes que se fijan la misma hora (ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS), en que tendrá verificativo la audiencia incidental (en el primigenio juicio 100/2022) para que tenga verificativo la audiencia incidental en el presente asunto. Se hace saber a las autoridades responsables que en caso de no rendir en forma oportuna su informe previo, esto es, antes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), tal determinación se apoya en los artículos 238 y 260, fracción I de la Ley de Amparo. SUSPENSIÓN PROVISIONAL: Sandra Luz Reyes Rivera por propio derecho y en representación de los menores Emmanuel y Luz Victoria de apellidos de la Paz Reyes, por propio derecho, señala como acto reclamado: La resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca familiar 331/2021, por la Sala familiar del tribunal superior de justicia en el estado de guerrero, con respecto al recurso de apelación hecho valer en juicio incidental de modificación de guarda y custodia 557/2015-2. Y solicita la suspensión del acto reclamado para que: ".Solicito se suspenda el acto de la autoridad ordenadora y ejecutora, mientras no haya sentencia en la que resuelva si es legal el porcentaje de 26.66% que emitió la ordenadora; ya que ofende al orden público he interés social de los menores que represento." Ahora, toda vez que en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, la medida suspensional del acto reclamado debe decretarse acorde a lo solicitado expresamente por la parte agraviada, lo que de suyo tiene consonancia con el principio de parte agraviada; por lo que el suscrito procede a pronunciarse respecto a la solicitud de dicha medida de conformidad con lo peticionado por la parte quejosa en su capítulo respectivo, es decir, respecto de las consecuencias jurídicas derivadas de los actos reclamados; ello atento al criterio jurisprudencia 2a./J. 111/2003, Contradicción de tesis 31/2003-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página noventa y ocho, del tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en rubro dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS". En congruencia con lo anterior, se advierte que la quejosa solicita la medida cautelar para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y se suspenda el acto de autoridad reclamado, (la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca familiar 331/2021, por la Sala familiar del tribunal superior de justicia en el estado de guerrero, con respecto al recurso de apelación hecho valer en juicio incidental de modificación de guarda y custodia 557/2015-2). Precisado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, interpretado ha sentido contrario; no ha lugar a conceder a la parte quejosa, aquí incidentista, la suspensión provisional de las consecuencias jurídicas del acto reclamado en relación al pago de pensión alimenticia; lo anterior, en razón de que de los antecedentes narrados por la quejosa se advierte que existen más acreedores alimentarios y toda vez que dicha medida es de orden público e interés social, que tiene por objeto lograr la protección y estabilidad personal del alimentario, en su caso los menores de edad, ya que de la pensión alimenticia, depende en gran medida la protección y desarrollo armónico integral de la familia, en observancia a lo dispuesto por el artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo. Por tanto, al estar por encima preponderantemente la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para el pleno desarrollo personal y emocional del menor; debe negarse la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa aquí incidentista. Es aplicable al caso concreto, la tesis 1ª. CXXI/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 261 del tomo 1, Junio 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que en rubro y texto dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS. El interés superior del menor implica, entre otras cosas tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño; así pues, está previsto normativamente en forma expresa y se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades; además, cumple con dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores." Asimismo, la tesis 1a.CXXII/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 260 del tomo 1, Junio de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que en rubro y texto dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR. La función del interés superior del menor como principio jurídico protector, es constituirse en una obligación para las autoridades estatales y con ello asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una prescripción de carácter imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar el paradigma de la "protección integral". Ahora bien, desde esta dimensión, el interés superior del menor, enfocado al deber estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos, y actualizado el supuesto jurídico para alcanzar la función de aquel principio, surge una serie de deberes que las autoridades estatales tienen que atender, entre los cuales se encuentra analizar, caso por caso, si ante situaciones conflictivas donde existan otros intereses de terceros que no tienen el rango de derechos deben privilegiarse determinados derechos de los menores o cuando en el caso se traten de contraponer éstos contra los de otras personas; el alcance del interés superior del menor deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso y no podrá implicar la exclusión de los derechos de terceros. En este mismo sentido, dicha dimensión conlleva el reconocimiento de un "núcleo duro de derechos", esto es, aquellos derechos que no admiten restricción alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, particularmente, al legislador; dentro de éstos se ubican el derecho a la vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades propias de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y a las garantías del derecho penal y procesal penal; además, el interés superior del menor como principio garantista, también implica la obligación de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el "núcleo duro" de los derechos." PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que al efecto se indica en su demanda; y, como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Sergio de los Santos Rosales, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. Asimismo, se tiene a la parte quejosa señalando el correo electrónico y número telefónico que indica en su escrito de demanda. Por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico y número telefónico proporcionado con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. Finalmente, se ordena vincular la presente determinación judicial al expediente electrónico referente al incidente de suspensión 100/2022. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de cuenta promovida por Sandra Luz Reyes Rivera por propio derecho y en representación de los menores Emmanuel y Luz Victoria de apellidos de la Paz Reyes, personalidad que acredita en términos de las documentales que anexa a su escrito de demanda (copias certificadas de actas de nacimiento), de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Guerrero y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 136/2022 y fórmese expediente. En otro orden, vista la segunda certificación de cuenta, se advierte que los quejoso Víctor de la Paz Adame por propio derecho y en representación del menor Víctor de la Paz Reyes y Sandra Luz Reyes Rivera por propio derecho y en representación de los menores Emmanuel y Luz Victoria de apellidos de la Paz Reyes, promovieron los juicios de amparo 100/2022 y 136/2022 respectivamente, en los cuales, señalaron como actos reclamados la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictada en el toca familiar 331/2021, por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justica en el Estado de Guerrero, con respecto al recurso de apelación hecho valer en juicio incidental de modificación de guarda y custodia 557/2015-2; actos atribuidos a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justica en el Estado de Guerrero, Juez Primero de los Familiar del Distrito Judicial de los Bravo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero y Director General del Instituto de Bachilleres del estado de Guerrero. De esta suerte, se trata de demandas promovidas por las mismas partes (quejosa y tercero interesado), contra las mismas autoridades responsables y actos reclamados que derivan del mismo juicio de origen, por lo que en los mismos pudiera operar la figura de la acumulación de juicios. Luego, del análisis hecho a la Ley de Amparo aplicable al procedimiento en que se actúa, cabe destacar que no prevé la figura de la acumulación de juicios, por lo que en ese sentido, debemos remitirnos al artículo 2, de la misma que dispone: ".Artículo 2o. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho." Así, cabe destacar que los requisitos para que opere la supletoriedad de leyes, son: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que puedan aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente; c) Que la omisión o vacío legislativo hagan necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar el problema jurídico planteado; y, d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, si no que sea congruentes con sus principios y con las bases que rigen la institución de que se trate. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, visible a página 1065, que a al rubro dice: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.". Requisitos que en el caso que nos ocupa se actualizan a cabalidad, en virtud que la Ley de Amparo en su artículo 2, establece expresamente que ley es supletoria a falta de disposición expresa en la misma, en el caso, el Código Federal de Procedimientos Civiles; así también la Ley del Procedimiento no contempla la institución jurídica de la acumulación de juicios, y ante esa omisión es necesaria la aplicación supletoria del Código antes mencionado para solucionar el problema jurídico de que se trata, puesto que en sus artículos 72 y 73 establecen la figura de la acumulación de oficio de juicios que se encuentra ante un mismo tribunal, con lo cual se estima que no contrarían el ordenamiento legal de la materia que se suple, siendo congruente con sus principios y con las bases que rigen la institución a suplir. En ese sentido, es procedente entonces pronunciarse con relación a la acumulación respecto de las demandas de amparo de cuenta al tenor de los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que disponen: ".ARTÍCULO 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero. ARTÍCULO 73. Si los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación puede ordenarse de oficio o a petición de parte, por el procedimiento incidental.". De los artículos antes referidos, se desprende que la acumulación podrá decretarse de oficio o a instancia de parte en cualquier etapa del juicio, respecto de relaciones jurídicas derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, con la restricción que dichos juicios se encuentren en trámite a fin de evitar sentencias contradictorias, es decir, que no estén para verificarse la audiencia final en primera instancia. Como puede apreciarse, los juicios de amparo antes citados (100/2022 y 136/2022) fueron promovidos por la parte actora y demandada en el toca familiar 331/2021, del índice de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, actos reclamados que tiene relación con el juicio incidental de modificación de guarda y custodia 557/2015-2 del índice del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Entonces, el suscrito determina que sí existe una íntima conexión entre ellos, y a fin de evitar que se dicten sentencias contradictorias y hacer efectivos los principios de economía y concentración procesal; con fundamento en los artículos 2, de la Ley de Amparo, 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, éstos últimos aplicados supletoriamente y en sentido contrario, se impone como consecuencia declarar procedente la acumulación de los autos de referencia. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 24/2015, avalada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 19, cuyo rubro y texto dice: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Atento a lo anterior, y toda vez que el juicio de amparo 100/2022, promovido por Víctor de la Paz Adame por propio derecho y en representación del menor Víctor de la Paz Reyes, como se desprende de la papeleta de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, se recibió el cuatro de febrero de dos mil veintidós; y el diverso juicio de garantías 136/2022, promovido por Sandra Luz Reyes Rivera por propio derecho y en representación de los menores Emmanuel y Luz Victoria de apellidos de la Paz Reyes, se decepcionó el catorce de febrero del año en curso; por tanto, deberá acumularse el juicio 136/2022, al primigenio juicio 100/2022, ya que se recibió con posterioridad, al citado juicio constitucional. Se cita en apoyo la tesis XX.2º.29 C sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado Del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXII, página 1793, la cual indica: "ACUMULACIÓN DE AUTOS. NO PROVOCA QUE LOS JUICIOS PIERDAN SU AUTONOMÍA, PUES EL ASPECTO SUSTANTIVO DE UNO NO PUEDE INCIDIR EN EL OTRO PARA RESOLVER EL FONDO, YA QUE DICHA FIGURA JURÍDICA SÓLO TIENE EFECTOS DE CARÁCTER PROCESAL. De lo previsto en los artículos 39 y 42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, y de lo sustentado reiteradamente por nuestro Máximo Órgano de Justicia en el país, se concluye que la acumulación de autos decretada en virtud de la conexidad existente entre dos o más juicios, no trae como consecuencia que los procedimientos acumulados pierdan su autonomía, ya que dicha figura jurídica no origina el fenómeno de fusión, lo que se corrobora con lo dispuesto en el artículo 42 citado, el cual, en lo que interesa, establece que "... aunque los juicios se sigan por cuerda separada, deben resolverse en una misma sentencia ...", pues esta disposición autoriza que los procedimientos acumulados se sigan por cuerda separada, de tal forma que es evidente que la referida institución solamente tiene como finalidad lograr la economía procesal y que los juicios se fallen en una misma sentencia, para evitar que se dicten resoluciones contradictorias, pero en modo alguno ocasiona que se alteren o modifiquen los derechos sustantivos que en cada uno de ellos tienen las partes, porque la acumulación solamente tiene efectos de carácter intraprocesal, por consiguiente, el aspecto sustantivo de uno no puede incidir en el otro para resolver el fondo de los asuntos." En esas condiciones, y dadas las facultades que otorga el numeral 66 de la Ley de Amparo, como se destacó, se decreta de oficio la acumulación del juicio de amparo 136/2022 al 100/2022, por ser éste último el más antiguo, para sujetarlos a una tramitación común y fallarlos en una sola sentencia. En este contexto, y tomando en consideración que la parte quejosa desahogó la prevención formulada en los términos solicitados, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV y 112 de la Ley de Amparo; se admite la demanda contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero y Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, ambos con sede en esta ciudad. INCIDENTE. Tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión solicitado el cual deberá ser acumulado de igual manera al incidente de suspensión derivado del juicio 100/2022, en razón a lo expuesto en párrafos que anteceden. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido en la Ley de Amparo, remitiendo a este Juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado. - En orden. - Completas y legibles. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias completas y legibles, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le surte el carácter de los tercero interesado a Víctor de la Paz Adame; por tanto, se comisiona al Actuario de la adscripción, a fin que se constituya en el domicilio señalado en el escrito de demanda y emplace legalmente a juicio al citado tercero interesado; requiriéndolo en el acto de la diligencia para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, o bien lo haga dentro del término de tres días, siguientes al en que le surta efectos la notificación de este proveído; y, lo aperciba que de no hacerlo así, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones aún las personales se le harán por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado de Distrito. NOTIFICACIONES. AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, y dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5°, fracción IV de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia de la demanda. AUTORIDAD RESPONSABLE. Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se hace del conocimiento a las partes que se encuentran señalas las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional (en el primigenio juicio 100/2022). PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que al efecto se indica en su demanda; y, como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Sergio de los Santos Rosales, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. Asimismo, se tiene a la parte quejosa señalando el correo electrónico y número telefónico que indica en su escrito de demanda. Por tanto, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese al Actuario Judicial adscrito el correo electrónico y número telefónico proporcionado con el fin de obtener un medio alternativo de contacto para realizar las notificaciones personales de la parte quejosa, por lo que se le ordena realice la certificación correspondiente. Finalmente, se ordena vincular la presente determinación judicial al expediente electrónico 100/2022. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
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