Sandra Luz Landey Ramirez

Expediente 2048/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2048/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
27/02/2018

Partes del expediente

  • Sandra Luz Landey Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee, téngase por recibido el comunicado que signa la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, a través del cual remite el testimonio de la resolución pronunciada en los autos el toca de inconformidad 5/2018 de su índice, así como los autos originales del juicio de amparo. Acúsese recibo, y hágase saber a la parte que el superior concluyó en el punto resolutivo siguiente: "PRIMERO.- Es infundada la inconformidad. SEGUNDO.- se confirma el acuerdo de cuatro de enero de dos mil dieciocho y, en consecuencia: TERCERO. Se declara cumplida la sentencia de amparo.". Acúsese el recibo correspondiente. En consecuencia, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido por Rodrigo Guzmán López, secretario que autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/RGL/agh

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual informa que el Tribunal de su adscripción, admitió el recurso de inconformidad interpuesto por Anastacio Trujillo Cabral, en su carácter de autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, contra el proveído de cuatro de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, y tómese nota que le correspondió el número de toca de inconformidad 5/2018. Notifíquese. Lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, que actúa con el secretario Rodrigo Guzmán López, quien autoriza y da fe. LAPT/RGL/agh

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: agréguese a los autos el escrito firmado por Anastacio Trujillo Cabral, en su carácter de autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, a través del cual interpone recurso de inconformidad, en contra del proveído de cuatro de enero de dos mil dieciocho, por el cual, este órgano de control constitucional determinó declarar cumplido el fallo protector. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 202 y 203, de la Ley de Amparo, se tiene al autorizado del accionante constitucional, interponiendo recurso de inconformidad, háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito y remítase el presente expediente, con el escrito original de interposición y copia simple del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, para el efecto de que se sirva resolver lo que en derecho corresponda respecto del medio de impugnación. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Rodrigo Guzmán López. Doy fe. LAPT/RGL/agh

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, cuatro de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa con las constancias aportadas por la responsable, en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo le fue notificado dos de enero de dos mil dieciocho, lo que se aprecia de la constancia de notificación correspondiente. Así las cosas en atención a dicha vista la parte impetrante de derechos fundamentales presentó el escrito de cuenta mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de derechos humanos es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo y toda vez que la quejosa desahogo la vista de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la ley de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ".Responda de inmediato al escrito presentado por la parte quejosa el seis de junio de dos mil diecisiete, lo que deberá realizar con plenitud de jurisdicción. Dé a conocer fehacientemente al quejoso tal respuesta." Mediante acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a las responsables por el cumplimiento al fallo protector. Luego, en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa con el comunicado remitido por la responsable, al que acompañó del acuse de recibo con firma original de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, en donde dio respuesta al escrito de petición por la parte quejosa, sin embargo, mediante proveídos de cuatro de octubre, en nueve de noviembre y en dieciocho de diciembre, todos de dos mil diecisiete, se le tuvo externando su inconformidad en el cumplimiento dado por la responsable, por lo que de nueva cuenta se requirió a la autoridad responsable el Delegado en Jalisco del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para que se pronunciará respecto a las manifestaciones hechas por esta. En virtud de lo anterior, mediante proveído de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo a la responsable pronunciándose en relación a las manifestaciones de la parte impetrante de derechos fundamentales, es decir, atendió lo plasmado por esta en el último párrafo de la petición materia del amparo. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente sumario constitucional, acató el fallo protector en su totalidad, sin excesos ni defectos, lo que se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad, pues la responsable en el juicio natural dictó el laudo correspondiente y notificó el mismo a las partes. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental. Finalmente, se tiene por recibido el escrito que firma Anastacio Trujillo Cabral, autorizado en amplios términos de la parte quejosa a que alude el cánon 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado por la responsable al fallo protector, pues aduce que la petición elevada a la responsable tiene como finalidad el que ésta realice un ajuste a los pagos del crédito número 9634209412, tomando en consideración la fecha en que el quejoso recibió el crédito, así como la aplicación del saldo de la subcuenta de vivienda, y el ajuste a la tasa de interés sin que la respuesta emitida por la responsable hubiese atendido dichas circunstancias. Sin embargo dichas manifestaciones se consideran infundadas, pues como se advierte de la respuesta emitida por la responsable a fojas (87 a 102), ésta expuso lo siguiente:  Que tanto el ajuste y la aplicación a su crédito a través de la aplicación de su subcuenta de vivienda no se encuentran contemplados en el período que la parte quejosa adquirió su vivienda pues esta fue adquirida en 1996 y dicha figura inicio su vigencia en 1997.  Que los intereses aplicados a su crédito corresponde a la fecha en que se originó el crédito los cuales se rigen bajo la modalidad de interés variable del 4% al 8%, variación que va en función del salario diario reportado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En virtud de lo anterior, y como se adelantó se consideran infundados los planteamientos del quejoso, pues como se advierte de las consideraciones plasmadas en el presente pronunciamiento la responsable dio respuesta de manera fundada y congruente a lo peticionado por el impetrante, respuesta que invariablemente no se encuentra condicionada a satisfacer al interesado, sino a la que corresponde conforme la legislación invocada en la petición, puesto que en caso de no acatar esto, ello sería violatorio del principio de legalidad consagrada en los artículos 14 y 16 de la constitución. Lo anterior se encuentra sustento en la tesis emitida por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, volumen 66, séptima parte, página 17, la cual dice: "PETICION, DERECHO DE. SENTIDO. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional, tiende a asegurar un proveído sobre lo que se pide; es decir, sólo obliga a la autoridad a contestar oportunamente y en breve tiempo, por escrito, las promociones que se hagan; pero de ahí no se sigue que se viole el aludido artículo 8o. constitucional por el hecho de que la autoridad no resuelva precisamente en el sentido que quieran los interesados". De igual manera la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXXVI, tercera parte de la página 43, la cual señala: "PETICION, DERECHO DE. La garantía que consigna el artículo 8o. constitucional solamente se refiere a que la autoridad debe dar contestación por escrito y en breve término al peticionario, congruentemente con lo pedido; pero no a dar una contestación que invariablemente deba satisfacer a dicho peticionario, sino la que corresponda conforme a la ley que se invoque en la petición, puesto que, en caso de no acatarse la ley, ello sería violatorio del principio de legalidad que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, y en caso de que el peticionario estime que se viola ese principio, entonces lo que ha de reclamar ha de ser dicha garantía, pero no la consagrada por el citado artículo 8º". Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Rodrigo Guzmán López. Doy fe. LAPT/RGL/agh

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