Sandra Luz Fragozo Bojorquez

Expediente 1510/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1510/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/12/2021

Partes del expediente

  • Sandra Luz Fragozo Bojorquez

Actuaciones

  1. Principal

    con fundamento en el articulo 27 de la Ley de Amparo, notifico por lista en vías de notificación personal a la quejosa Sandra Luz Fragozo Bojórquez el auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice:Se tiene por recibido el oficio que remite el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en el que obra inserto el proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, que acepta la competencia, dictado por ese órgano jurisdiccional en autos del juicio de amparo 1471/2021 de su índice, a través del cual informa que aceptó la competencia declinada por este Juzgador el quince de diciembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, tomando en consideración que el expediente en que se actúa, ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se procede a archivar el asunto. Se ordena hacer la anotación correspondiente en el libro de gobierno.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO SANDRA LUZ FRAGOZO BOJÓRQUEZ, EL AUTO DE QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VIENTIUNO, que en lo conducente dice: Personería: Se tiene por recibido el escrito presentado por Sandra Luz Fragozo Bojórquez, por su propio derecho, a través del cual promueve juicio de amparo, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Formación y registro del expediente: En consecuencia, se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1510/2021 y registrarlo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Incompetencia: Del análisis de la demanda y anexos, se advierte que este Órgano Jurisdiccional carece de competencia territorial para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa. La competencia constituye un presupuesto de orden público y se encuentra regulado, en el amparo biinstancial, por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, en el precepto antes reproducido se establecen tres supuestos conforme a los cuales debe fijarse la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto, a saber: Será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, Finalmente, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. De lo anterior se advierte que el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos lineamientos son claros, se resumen finalmente en dos reglas básicas: la primera, que atribuye competencia al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; y la segunda, en los casos en que el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, o cuando ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, o cuando no requiera ejecución material, en que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. En el caso que nos ocupa, la promovente de amparo reclama: Del Director General del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el primer acto de aplicación, y los futuros del artículo 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, que se traduce en el descuento de su pensión por el concepto de "Servicio Médico". Del Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, la promulgación del artículo 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Del Congreso Constitucional del Estado de Sonora, la aprobación y expedición del artículo 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales. Ahora bien, se estima que es el primer supuesto antes referido el que fija la competencia del Juez de Distrito para conocer el asunto que nos ocupa. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, estableció que la competencia por territorio para conocer del juicio en el que se señale como acto reclamado la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso; criterio que este Juzgado estima aplicable al caso concreto por las propias razones que expuso el máximo tribunal en el aludido precedente. Lo anterior es así, merced a que el artículo 87 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora - cuyo texto es similar al numeral 137 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (vigente a nivel federal a partir del uno de abril de dos mil siete)-, liga el pago de la pensión al domicilio del pensionado por ser el lugar en el que cobra y disfruta su pensión, toda vez que al causar baja del servicio activo ya no está ligado a su lugar de trabajo, sino a su domicilio particular (no domicilio fiscal) en el cual recaen las consecuencias materiales de los derechos pensionarios de que goza. Por lo tanto, es claro que los actos reclamados por la quejosa tienen efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito privado o íntimo de las personas pensionadas, el cual se desenvuelve principalmente en el domicilio de éstas, por lo que, en consecuencia, dichos efectos se materializan también en este atributo de la personalidad, es decir, en su domicilio. En relación con el domicilio, cabe decir que el Código Civil para el Estado de Sonora, establece lo siguiente: Artículo 124. El domicilio de una persona jurídica individual es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle. Artículo 125. Se presume el propósito de establecerse en un lugar cuando se reside por más de seis meses en él. Transcurrido el mencionado tiempo, el que no quiera que nazca la presunción de que se acaba de hablar, declarara dentro del término de quince días, tanto a la autoridad municipal de su anterior domicilio, como a la autoridad municipal de su nueva residencia, que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo. La declaración no producirá efectos si se hace en perjuicio de tercero. Artículo 126. El domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. Artículo 127. Se reputa domicilio legal: I. Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto; II. Del menor que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor; III. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados; IV. De los empleados públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de seis meses. Los que por tiempo menor desempeñen alguna comisión, no adquirirán domicilio en el lugar en donde la cumplen, sino que conservarán su domicilio anterior; y V. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido. De los artículos 124 y 125 se advierte que se tiene como domicilio de las personas físicas el lugar donde residen con el propósito de establecerse en él, presumiéndose dicho propósito, por disposición de la ley, cuando se reside en un lugar por más de seis meses, sin declarar el interesado ante las autoridades municipales correspondientes que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo; a falta de lugar fijo de residencia, se tendrá como domicilio el lugar del centro principal de sus negocios; y en ausencia de estos dos, el lugar donde se halle la persona. Los artículos 126 y 127 definen, el primero, lo qué debe entenderse por domicilio legal y, el segundo, los supuestos que se deben reputar como tal, debiéndose resaltar que si bien se prevé cuál será el domicilio legal de los servidores públicos (lugar donde prestan sus servicios), no se precisa cuál será el de los que no tengan esa calidad, caso en el cual, por razón lógica, se aplicará lo establecido en el aludido artículo 124, es decir, su domicilio convencional. En relación con el domicilio de las personas jurídicas individuales, se advierte que los artículos 124 y 125 del Código Civil para el Estado de Sonora establecen un sistema de exclusión, partiendo de reconocer que es aquel en donde éstas residen habitualmente, presumiéndose que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses; en defecto de esa hipótesis, dichos numerales prevén otras que van excluyéndose hasta llegar a aquella en que se tiene como domicilio aquel en el que se encontrare la persona. Por tanto, la regla general de lo que debe considerarse como domicilio de una persona física es la que deriva de ese supuesto primario, esto es, aquel en donde reside habitualmente, salvo prueba en contrario; lo anterior significa que sólo en el caso de que no se pueda determinar esa residencia deben aplicarse, en su orden, las hipótesis consecutivas, o bien, las del domicilio que se reputa como legal. De este modo, si de acuerdo con lo expuesto, el descuento de la pensión por concepto de "Servicio Médico", tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito de los derechos pensionarios de las personas, puede afirmarse entonces que esas consecuencias materiales repercuten en el pago de la pensión, que se vincula al domicilio del pensionado, por ser éste el lugar en el que se cobra y disfruta su pensión, y en consecuencia, los efectos de la aplicación de la norma se materializan en el lugar de su domicilio. Por tanto, considerando que la voluntad del legislador, como quedó visto, al atribuir competencia a los Jueces de amparo atiende en primer lugar a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Órgano Jurisdiccional del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar de manera expedita sobre la violación a sus derechos fundamentales, debe estimarse competente al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que se ubica el domicilio del promovente. Tiene aplicación la jurisprudencia PC.V. J/9 K (10a.), Pleno del Quinto Circuito, visible a página 1506, Libro 32, Julio de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL MENCIONADO INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO PENSIONADO. El artículo citado, derogado mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 2015, establece que quienes disfruten una pensión o jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual. Ahora bien, si en el juicio de amparo se impugna ese precepto con motivo de su aplicación, consistente en el descuento a la pensión del quejoso por concepto de "fondo de pensiones", efectuado por el director general de dicho instituto, ese acto se traduce en el pago reducido en la pensión, ya que tiene como consecuencia privar a los pensionados del ejercicio del derecho de disfrutar de ésta de manera completa; es decir, la aplicación del descuento establecido en el artículo 60 Bis B reclamado, afecta la esfera jurídica del quejoso al recibir su pensión de manera disminuida; y esa afectación se materializa en el domicilio de éste, toda vez que, de la interpretación conjunta de los artículos 87 de la mencionada legislación; y 23 a 25, 67 y 72 del Reglamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se evidencia que aquél es el lugar donde los pensionados cobran y disfrutan su pensión. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio de amparo en el que se impugna la aplicación del citado artículo 60 Bis B, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en que se ubique el domicilio del quejoso pensionado. Tal criterio es acorde con la intención del Constituyente Permanente y del legislador ordinario de privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento del principio señalado, pues al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se localiza el domicilio del quejoso, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales violados. También sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica e identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la contradicción de tesis 176/2009, antes referida, de los rubro y texto siguientes: PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, la promovente Sandra Luz Fragozo Bojórquez, anexó a su demanda de amparo copia de su credencial del Instituto Nacional Electoral y talón de pago de pensión, de los cuales se advierte que su domicilio se ubica en la localidad de San Luis Río Colorado, Sonora; por tanto, la competencia se surtirá a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en dicho lugar. En esas condiciones, dado que este Juzgador no podría válidamente pronunciarse respecto a la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, estima que es legalmente incompetente para conocer, así como para resolver el presente juicio de derechos fundamentales; en consecuencia, se ordena remitir los autos del expediente del juicio de amparo en el que se actúa, al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno. Ello es así, pues el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, puntos PRIMERO, fracción XV, SEGUNDO, fracción XV, ordinal 3, CUARTO, fracción XV, primer párrafo, dicen: "PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: XV. DECIMOQUINTO CIRCUITO: Estado de Baja California y municipio de San Luis Río Colorado del Estado de Sonora." "SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: (.) XV. DECIMOQUINTO CIRCUITO: 1. Cinco tribunales colegiados con residencia en Mexicali. 2. Ocho tribunales unitarios: tres con sede en Mexicali y cinco con residencia en Tijuana. 3. Dieciséis juzgados de Distrito en el Estado de Baja California: seis con sede en Mexicali, ocho con residencia en Tijuana y dos con sede en Ensenada." "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: XV. DECIMOQUINTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el municipio de Mexicali del Estado de Baja California y por el municipio de San Luis Río Colorado del Estado de Sonora. (.)" De lo anterior se concluye que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente juicio, ya que se estima que se surte en favor del Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno, por tanto se le solicita que se sirva proceder de acuerdo con el artículo 49 de la Ley de Amparo, es decir, resuelva dentro de cuarenta y ocho horas si acepta o no el conocimiento del asunto. Por tanto, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Tribunal; formar el cuaderno de antecedentes en el que se incluya copia de la demanda de amparo; enviar el cuaderno principal al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en turno; y, solicitar al mismo el acuse de recibo correspondiente. Habilitación de días y horas: En términos de lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Domicilio y autorizados: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Irineo Michel número 369, entre Londres y Campodónico, colonia Centenario, de esta ciudad. Asimismo, se autorizan en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ulises Chang López y Héctor Luque Pérez, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Del mismo modo, en términos del artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene por señalado el correo electrónico lic.hectorluque@hotmail.com, a fin de entablar comunicaciones no procesales dentro del presente juicio. Transparencia: En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Se exhorta a las partes: De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, dado que el presente juicio fue promovido de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se les invita a que, de estimarlo pertinente, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Digitalización del expediente: En cumplimiento artículo 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de forma tal que el expediente físico y el electrónico deberán contener las mismas constancias y documentos, guardando idéntico orden cronológico. Finalmente, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que realice las notificaciones ordenadas, conforme al capítulo IV de la Ley de Amparo, así como del numeral 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19..."

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