Sandra Luna Ruiz
Expediente 229/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 229/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Sandra Luna Ruiz
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta a la certificación secretarial y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra del proveído dictado el veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2º de la ley en aplicación, se declara que dicho auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los artículos 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Por otra parte, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el oficio firmado por la Secretaria actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera en Materias Civil, Familiar y de Oralidad del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, mediante el cual rinde informe justificado; sin que resulte necesario otorgar vista a las partes con su contenido y documental anexa con la cual se ordena abrir un tomo de prueba por separado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de amparo, dada la conclusión que se expondrá a continuación. Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado que la autoridad responsable el siguiente: "a).- La negativa de impartir justicia dentro de los plazos y términos procesales, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, pues me han violentado el artículo 143 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, en virtud de que se ha negado la responsable en notificar y aplazar a junio al presunto heredero JORGE LUNA RUIZ, dentro del juicio sucesorio intestamentario a Bienes de Antonio Luna López." Precisado lo anterior, de las copias certificadas remitidas por la responsable, se aprecia que por auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, radicó el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Antonio Luna López, con el número 275/2021-I y cumulado 323/2021-I, de su índice y ordenó emplazar de Jorge Luna Ruiz, el cual fue emplazado por conducto de su hermana Sadra Luna Ruiz, el treinta y uno de marzo del año en curso; motivo por el cual, se estima que, respecto del acto reclamado en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De ahí que, en acato a lo dispuesto en los artículos 62 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas generadas en el presente asunto; para ello, es importante citar los artículos antes precisados, que disponen: "Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En efecto, conforme al texto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, en virtud de que el treinta y uno de marzo del presente año, se emplazó al coheredero Jorge Luna Ruiz, por lo que es inminente que posterior a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, dejó de existir el agravio que le fue causado a la aquí quejosa con el acto que reclama en la presente instancia, consistente en que la autoridad responsable no realizaba el emplazamiento del nombrado Luna Ruiz, en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Antonio Luna López, con el número 275/2021-I y su acumulado 323/2021-I, del índice del Juzgado Segundo de Primera en Materias Civil, Familiar y de Oralidad del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo, Guerrero. Sobre este precepto debe decirse que el Alto Tribunal ha establecido que la causa de improcedencia que prevé se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad, argumento que no se contrapone a lo preceptuado en la Ley de Amparo, en términos del artículo sexto transitorio. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 103, que enseguida se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Tomo VI). Así como en la diversa Jurisprudencia P.CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 71 del tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la omisión del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Así, de las constancias exhibidas por la propia autoridad, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de esta última legislación, dicha omisión procesal dejó de existir, al haber practicado el emplazamiento del coheredo Jorge Luna Ruiz, en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Antonio Luna López, con el número 275/2021-I y su acumulado 323/2021-I, del índice del Juzgado Segundo de Primera en Materias Civil, Familiar y de Oralidad del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, y de cuya omisión la parte quejosa se duele en la presente instancia constitucional, mismo que le fue emplazado el treinta y uno de marzo de la presente anualidad. Ahora bien, la cesación de los efectos del acto reclamado constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, en virtud del hecho que se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Sirve de sustento a esta determinación la Jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Consecuentemente, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional programada para las diez horas con diez minutos del tres de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe."
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; siete de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Actuario Secretario adscrito a la Primera Secretaría de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, Familiar y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo, Guerrero. En ese sentido, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 229/2023-I-A y fórmese de manera conjunta tanto el expediente electrónico como el expediente físico. Toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento de la demanda de amparo, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer del presente asunto; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite a trámite. Sin tramitarse el incidente de suspensión del acto reclamado, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, ni tratarse de aquéllos supuestos en los que deba proveerse de manera oficiosa. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a LAS DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. En términos del artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere su informe justificado a la autoridad responsable, el que deberá rendir respecto de los actos que en específico se le atribuyen, en el plazo de quince días, computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Se apercibe que ante la omisión sobre el particular, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, conforme al artículo 117, párrafo cuarto de la ley de la materia. Conforme al artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere para que en el mismo plazo, exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad de los actos atribuidos y remita copia certificada de la totalidad de las constancias que acrediten la veracidad de su dicho, las que deberán ser legibles. En la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 231455, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tomo I, Segunda Parte-1, Febrero a Junio de 1988, página 351). En la inteligencia de que ese informe deberá remitirlo a este juzgado, con la anticipación que permita su conocimiento por las partes con por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio, ya que de lo contrario se propiciaría su diferimiento, con la consecuente dilación en la impartición de justicia. Indíquese a la autoridad responsable que en términos de los numerales 260 y 238, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo3, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio4, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio. Comuníquese que se sancionará de igual forma, en caso de negativa a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, tal como lo establece el diverso numeral 245 de la ley de la materia; habida cuenta la obligación de recibir los oficios que se le dirijan, pues en caso de negarse bajo cualquier excusa que no resulte trascedente, se tendrán por hechas las notificaciones. Se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicarán por medio de lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." (Registro 2002576, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Página: 1253) Con fundamento en los artículos 64 y 16 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o del fallecimiento del quejoso o alguno de los terceros interesados, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto; apercibidas que de no hacerlo se les impondrá las multas previstas en los numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. De igual forma, para que informen a este juzgado federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde a la Fiscal de la Federación adscrita. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en la demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juvenal Arellano Gutiérrez y Adauta Mendoza Evaristo, en virtud de que cuentan con cédula profesional registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, que los acredita como licenciados en derecho, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Ignacio Yair Peralta Mateos, por no contar con el requisito anterior. Asimismo, se tiene proporcionando correo electrónico y número telefónico para el único efecto de entablar comunicaciones no procesales, en caso de que este órgano jurisdiccional lo estime necesario, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, o bien, mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se le apercibe que si las autoridades responsables señaladas no existen con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde al peticionario del amparo estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el expediente en que se actúa, así como la expedición de copias simples o certificadas de las actuaciones que integran este sumario, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial; sin embargo, en este punto, se hace del conocimiento de las partes que actualmente, los órganos jurisdiccionales Federales en este puerto de Acapulco, carecen de un centro de fotocopiado en el interior de las instalaciones que ocupa en Poder Judicial de la Federación; ello, no obstante que desde que esa circunstancia inició, han transcurrido varios meses; por tanto, a efecto de materializar la presente autorización, se les solicita que al momento de elevar su petición, proporcionen una cuenta de correo electrónico a fin de que les sean remitidas por personal de este juzgado en formato PDF. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. En caso que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese; y personalmente a la Fiscal de la Federación adscrita Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,905 expedientes
- Sandra Elena Delgado Ramos863/2016
- Sandra Jazmín Villanueva Villaruel52/2016
- Sandra Lizzet Cristino Del Carmen944/2015
- Sandra Luna Morlet55/2021
- Sandra Luna Morlet60/2018
- Sandra Luna Ruiz554/2023
- Sandra Luz Márquez Sánchez78/2019
- Sandra Luz Palma Martínez243/2018
- Sandra Luz Torres Hernández1149/2019
- Sandra Luz Torres Hernández143/2020
- Sandra Luz Vital Valente209/2021
- Sandra Lynn Spady315/2011