Sandra Lucía Téllez Nieves

Expediente 612/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
612/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • Sandra Lucía Téllez Nieves

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, de donde se advierte que el juicio del cual deriva el presente incidente se encuentra como asunto totalmente concluido y archivado; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negó la medida cautelar definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ

  2. Principal

    Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo y archívese este asunto como concluido. Valoración del expediente. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó en el juicio. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas con dos minutos del dos de septiembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien actúa y da fe, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto admisorio, constancias de emplazamiento a juicio de las partes, los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables y el pedimento ministerial 89/2021; el juez acuerda: téngase por hecha la certificación que antecede. Asimismo, del estado procesal de autos, se advierte que en proveído de tres de junio de dos mil veintiuno, se reservó proveer respecto al señalamiento de terceros interesados; y atento al contenido de los informes justificados, se concluye que no existe tercero interesado, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que las partes no las anunciaron; el juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a ofrecerlas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar los formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este órgano jurisdiccional. El juez acuerda: se tienen por formulados los alegatos de mérito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido a las demás partes el derecho de formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido, se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 612/2021; y Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito recibido el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Sandra Lucía Téllez Nieves, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. El tres de junio siguiente, previa prevención del escrito incial, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, por auto de uno de julio pasado, se tuvo por inexistente a la autoridad "Coordinador Estatal de la Policía Federal Sonora de la División de Seguridad Regional, con residencia en esta ciudad", suspendiendo toda comunicación legal con la misma, al no manifestarse la parte quejosa respecto de la vista otorgada por proveído de diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Finalmente, previo diferimiento, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de una autoridad con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados la orden de aprehensión dictada en contra de la quejosa, y su ejecución. Inexistencia de los actos en reclamo No son ciertos los actos reclamados a las siguientes autoridades responsables en su denominación correcta, por así haberlo manifestado al rendir sus informes justificados: Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sonora. Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Sonora. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. Ahora, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuaran las negativas formuladas por las autoridades; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los actos reclamados. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por otra parte, la autoridad responsable señalada como "Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, residente en Hermosillo, Sonora", omitió rendir su informe justificado; sin embargo, no es el caso considerar presuntivamente cierto el acto que se le reclamó, consistente en la ejecución de un mandamiento aprehensor librado contra la quejosa, porque las autoridades responsables ordenadoras negaron dichos actos; por ende, a la ejecutora no se le puede atribuir el cumplimiento de una orden de tal naturaleza que no existe. Se invoca como apoyo el siguiente criterio de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "AUTORIDADES EJECUTORAS, INEXISTENCIA DE SUS ACTOS. Los actos que atribuye el quejoso a la autoridad ejecutora, no pueden tenerse por ciertos, a pesar de que ésta no haya rendido informe previo, si la autoridad ordenadora niega los actos que se le atribuyen, al informar sobre su intervención." En otro aspecto, respecto de los alegatos planteados por la representante social adscrita; indíquesele que ha de estarse a lo considerado en los apartados precedentes, toda vez que los alegatos no forman parte del estudio de la litis constitucional. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 43, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 27, Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante Decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el apartado que antecede, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sandra Lucía Téllez Nieves, respecto de los actos precisados en el apartado III del presente fallo, por las razones expuestas en el apartado IV de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. etm

  4. Principal

    CON FECHA 13/08/2021: SE AGREGA OFICIO, AUTORIDAD CUMPLE REQUERIMIENTO, REMITE CONSTANCIAS.

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