SANDRA LUCÍA SANTIAGO GALLEGOS y Otros.

Expediente 1500/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1500/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
11/12/2015

Partes del expediente

  • SANDRA LUCÍA SANTIAGO GALLEGOS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, remitidos por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 1500/2015, del índice de este Juzgado de Distrito; asimismo, adjunta copia certificada de la ejecutoria dictada en la queja 174/2015, de la que se advierte que el citado Tribunal declaró infundada la queja interpuesta en contra del proveído en el que se desechó de plano la demanda de amparo; acúsese recibo. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno, agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del recurso interpuesto y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, 98, 99, 100, 101 de la Ley de Amparo, y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese trámite al recurso de queja que interpone en contra del auto de desechamiento dictado en el presente asunto. Asimismo, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. Por otra parte, fórmese cuaderno de antecedentes y envíese este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el punto cuarto del Acuerdo General 15/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la fecha de inicio de la nueva denominación y competencia de los Tribunales Colegiados del Séptimo Circuito, con residencias en Boca del Río y Xalapa, Veracruz; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los mencionados Tribunales Colegiados, para los efectos de la substanciación del medio de impugnación, debiendo acompañar el original del escrito de expresión de agravios y la copia correspondiente destinada al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado que conozca del mencionado recurso. No es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo en vigor, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa, la parte recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada deben remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver del recurso, y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación interpuesto, debe otorgárseles el término de tres días para que, igualmente, indiquen las constancias que, en copia certificada, consideren deben remitirse al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, atendiendo al auto que se combate por el recurso de queja, como lo es el desechamiento de la demanda, se considera que tal tramitación resulta innecesaria.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA QUEJOSA SANDRA LUZ SANTIAGO GALLEGOS, EL ACUERDO QUE DICE: Con la demanda de amparo que promueve Sandra Lucía Santiago Gallegos, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, residente en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1500/2015 que le corresponde. Del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: Del Juez Cuarto de Primera Instancia: a) Los autos de catorce de mayo y once de junio de dos mil quince, dictados por el Juez Cuarto de Primera Instancia, residente en esta ciudad, en el expediente 1683/2011 de su índice, mediante los cuales, con el primero de ellos, ordenó turnar los autos para resolver dicho asunto y, con el segundo, tuvo por recibido el escrito de veinte de mayo del año en curso, presentado por el abogado patrono de la parte quejosa, mediante el cual solicitó prórroga de término para poder ejercer el derecho de impugnación, acordándolo desfavorable a sus intereses. De la Secretaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia: b) La dilación en la cuenta al juez responsable, respecto del escrito de veinte de mayo del año en curso, presentado por el abogado patrono de la quejosa, mediante el cual solicitó prórroga de término para poder ejercer el derecho de impugnación, acordándolo desfavorable a sus intereses.. De la Licenciada Virginia Tablada Salas, Proyectista del Juzgado Cuarto de Primera Instancia: c) La "ocultación" del expediente 1683/2011 del índice de dicho juzgado. Al respecto, este juzgador provee lo siguiente: I. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO DE LOS ACTOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS "B)" Y "C)", RECLAMADOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SECRETARIA Y PROYECTISTA ADSCRITAS AL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA, RESIDENTE EN ESTA CIUDAD: De la Secretaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia: b) La dilación en la cuenta al juez responsable, respecto del escrito de veinte de mayo del año en curso, presentado por el abogado patrono de la quejosa, mediante el cual solicitó prórroga de término para poder ejercer el derecho de impugnación, acordándolo desfavorable a sus intereses. De la Licenciada Virginia Tablada Salas, Proyectista del Juzgado Cuarto de Primera Instancia: c) La "ocultación" del expediente 1683/2011 del índice de dicho juzgado. APARTADO RELATIVO A LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Al respecto, este juzgador advierte que en relación con los actos señalados como reclamados por la quejosa en este apartado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVAS "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5, fracción II: Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)." De los preceptos legales transcritos, se evidencia que la procedencia del juicio de amparo está supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o convenciones reclamados provengan de autoridad, entendiéndose como tal aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto impugnado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias, que con base en disposiciones legales o de hecho pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. Por otra parte, existe criterio sustentado por Tribunales del Poder Judicial de la Federación, en ese sentido de que los Secretarios de Juzgado únicamente intervienen en los acuerdos dictados por el Juez con el objeto de dar fe y no como autoridades en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. HECHOS En el caso, la parte quejosa señaló como actos reclamados respecto de las autoridades responsables Secretaria y Proyectista adscritas al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, residente en esta ciudad, los siguientes: De la Secretaria del Juzgado Cuarto de Primera Instancia: b) La dilación en la cuenta al juez responsable, respecto del escrito de veinte de mayo del año en curso, presentado por el abogado patrono de la quejosa, mediante el cual solicitó prórroga de término para poder ejercer el derecho de impugnación, acordándolo desfavorable a sus intereses. De la Licenciada Virginia Tablada Salas, Proyectista del Juzgado Cuarto de Primera Instancia: c) La "ocultación" del expediente 1683/2011 del índice de dicho juzgado. Asimismo, en el apartado relativo a las autoridades responsables, señaló con el carácter a la Secretaria y Proyectista adscritas al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye que la Secretaria y Proyectista adscritas al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, señaladas por la parte quejosa como autoridades responsables, no les asiste tal carácter, en razón de que su actuación se reduce a la de un fedatario público al que la ley le otorga potestad de autentificar los actos y hechos jurídicos, procediendo así en ejercicio de esas funciones, en acatamiento a un mandato jurisdiccional, por lo que lo procedente es desechar la demanda de amparo respecto de dichas autoridades y por los actos que a ellas atribuye, por existir motivo notorio e indudable de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente Registro No. 204360 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Septiembre de 1995 Página: 388 Tesis: VII.2o.C. J/2 Jurisprudencia Materia(s): Civil "AUTORIDAD RESPONSABLE. EN EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS ACUERDOS EN EL PROCEDIMIENTO, LO ES EL JUEZ Y NO EL SECRETARIO DEL JUZGADO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si bien los acuerdos pronunciados en un juicio son firmados, además de por el juez, por el secretario del juzgado, la intervención de éste es únicamente con el objeto de dar fe de dichos actos, como se desprende del contenido de los artículos 38 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, y 34, inciso A), fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, de ahí que la responsabilidad en el pronunciamiento de lo acordado en el procedimiento sea del juez, por ser quien dicta los acuerdos que constituyen lo actuado en el procedimiento, por ende, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es a éste a quien, en tales casos, debe considerarse como autoridad responsable y no al secretario del juzgado, de quien, en tal aspecto, deviene improcedente el juicio de garantías en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 11 de dicho ordenamiento legal." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto de los actos reclamados y autoridades señalados en este apartado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII; 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para este juzgador que parte de los actos que refiere como actos reclamados tienden a evidenciar conductas que considera anómalas de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones; sin embargo, ello en todo caso es motivo de su denuncia ante la instancia que considere pertinente, pues ello se itera no hace procedente el presente juicio. II. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO DE LOS ACTOS SEÑALADOS EN EL INCISO "A)", RECLAMADOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA, RESIDENTE EN ESTA CIUDAD: a) Los autos de catorce de mayo y once de junio de dos mil quince, dictados por el Juez Cuarto de Primera Instancia, residente en esta ciudad, en el expediente 1683/2011 de su índice, mediante los cuales, con el primero de ellos, ordenó turnar los autos para resolver dicho asunto y, con el segundo, tuvo por recibido el escrito de veinte de mayo del año en curso, presentado por el abogado patrono de la parte quejosa, mediante el cual solicitó prórroga de término para poder ejercer el derecho de impugnación, acordándolo desfavorable a sus intereses. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Respecto de los actos reclamados señalados en este apartado, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Por su parte el artículo 61 de la Ley de Amparo prevé: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". Asimismo, el artículo 107 de la Ley mencionada establece: "El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". El primero de los artículos, refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede limitativamente ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que jurisprudencialmente se ha considerado que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, únicamente, cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, o bien, cuando se afecta en grado predominante o superior a algún derecho adjetivo, mas no en los casos en que se afecte de forma simple derechos adjetivos o procesales. Por tanto, si el acto reclamado no afecta en forma directa e inmediata los derechos sustantivos del oferente, ni en grado predominante o superior alguno adjetivo, se considera que los efectos jurídicos producidos por éste son meramente intraprocesales y aun cuando no obtenga una sentencia favorable, tiene su derecho expedito para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo que promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio. HECHOS En el caso, la parte quejosa señaló como actos reclamados, en lo que respecta a este apartado: Del Juez Cuarto de Primera Instancia, residente en esta ciudad: a) Los autos de catorce de mayo y once de junio de dos mil quince, dictados por el Juez Cuarto de Primera Instancia, residente en esta ciudad, en el expediente 1683/2011 de su índice, mediante los cuales, con el primero de ellos, ordenó turnar los autos para resolver dicho asunto y, con el segundo, tuvo por recibido el escrito de veinte de mayo del año en curso, presentado por el abogado patrono de la parte quejosa, mediante el cual solicitó prórroga de término para poder ejercer el derecho de impugnación, acordándolo desfavorable a sus intereses. CONCLUSIÓN De lo anterior se concluye respetuosamente que los actos reclamados en este apartado, por su naturaleza y característica procesal, no constituyen actos de imposible reparación, pues no implica que la aquí quejosa hubiese sido afectada en algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún Tratado Internacional en que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, se considera que la parte quejosa podrá, en su caso, inconformarse contra la resolución definitiva que dicte la autoridad responsable relativa, en el juicio de origen, si es que le resulta desfavorable, en la que podrá impugnar también las infracciones del procedimiento. Son aplicables al caso las tesis siguientes: Época: Décima Época Registro: 2006704 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: II.1o.C.7 C (10a.) Página: 1716 "EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA EN JUICIOS MERCANTILES. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE LA DECLARA INFUNDADA, ES RECLAMABLE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN AMPARO DIRECTO. Si en un juicio mercantil se opone la excepción de incompetencia y se resuelve de manera definitiva como infundada y, por tanto, el Juez del conocimiento debe continuar conociendo del juicio y, en su oportunidad, dictar sentencia sobre la cuestión planteada, dicha determinación no afecta materialmente derechos sustantivos de las partes, sino únicamente formales o intraprocesales y, por ello, si el afectado obtiene sentencia favorable en cuanto al fondo, aquellas infracciones quedarían reparadas. Consecuentemente, esa decisión debe considerarse como una violación procesal reclamable mediante el amparo directo pues, al resolverse en definitiva el juicio, la parte que se considere afectada puede hacerla valer, en términos del artículo 172, fracción X, de la Ley de Amparo, si se satisfacen los demás requisitos a que se refiere el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". No. Registro: 224,883 Tesis aislada Materia(s): Civil, Común Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990 Tesis: Página: 439 "ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN (DESECHAMIENTO DE PRUEBAS Y DE RECURSOS). La ejecución de imposible reparación a que alude el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, como requisito para que proceda el amparo indirecto contra actos en juicio, no puede hacerse derivar del solo hecho de que un acto sea o no reparable en la sentencia, en virtud de que exista la posibilidad o imposibilidad de que la autoridad responsable vuelva a ocuparse de la cuestión, puesto que con esa interpretación se daría cabida al juicio de amparo contra todos y cada uno de los autos, resoluciones y trámites que causan estado o quedan firmes dentro de la secuela del procedimiento, lo que sería contrario a la finalidad y espíritu del juicio constitucional, que busca la reparación de perjuicios reales y efectivos. El proceso no es un fin en sí mismo considerado, sino un medio para obtener el reconocimiento de los derechos, y las actuaciones que están relacionadas con el esclarecimiento de esos derechos discutidos en el juicio, como lo son, entre otras, las que se refieren a la recepción de las pruebas y a los recursos intentados a propósito de ellas, y en general las que sirven para preparar o conformar el material lógico en que la sentencia habrá de descansar, no tienen otro objeto que el antes apuntado, o sea, el de que se reconozca el derecho del interesado. Por lo mismo, mientras que en la sentencia final no se desconozca este derecho, no cabe afirmar que se haya ocasionado perjuicio, el que solamente existirá cuando el fallo, por la falta de la prueba rechazada o por haberse desechado el recurso, sea desfavorable a los intereses de la parte respectiva. Tan es así, que los actos violatorios del procedimiento que menciona el artículo 159 de la Ley de Amparo, en concreto la negativa firme de una prueba o de un recurso, no pueden ciertamente ser revocados o modificados en la sentencia definitiva, que se circunscribe a examinar y resolver la materia del litigio a través del estudio de las pruebas y análisis de las acciones y excepciones, y sin embargo, conforme a los artículos 158 y 161, esos actos deben ser atacados hasta que se pida el amparo contra la sentencia, lo que claramente está indicado que es ésta misma la que, en el sistema del juicio de garantías, se considera viene a producir el perjuicio necesario para que proceda el amparo, y no por sí solos, o de manera destacada, los actos de la naturaleza indicada, así se trate de situaciones consumadas dentro del procedimiento". Por lo tanto, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto de los actos reclamados en este apartado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se faculta como sus autorizados en términos del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rafael Hernández Hernández, debido a que no tiene su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica.

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