Sandra López Isla
Expediente 566/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 566/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Sandra López Isla
- Sandra López Isla y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
se declara que el auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la quejosa no interpuso el recurso que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a, de la Ley de la Materia, en contra de dicho proveído....Por tanto, al ser un asunto totalmente concluido con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia se ordena el archivo del presente juicio de amparo; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes
- Principal
se notifica por lista a los quejosos...Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la quejosa para desahogar lo ordenado mediante proveído de diez de abril de dos mil diecinueve, en el que se le requirió para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación realizara lo siguiente: "[.] a) Tendrán que acreditar fehacientemente la personalidad con la que se ostentan los promoventes de amparo, toda vez que si bien promueven por propio derecho también lo hacen en su carácter representantes del Colegio Christa Corrigan; sin embargo, no adjuntan documento original fehaciente a su demanda de amparo, para acreditar tal circunstancia, toda vez que el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que deberá exhibir el documento idóneo con el cual acredite dicha personalidad, así como copias a las partes que intervienen en el presente asunto, en cuestión sobre la personalidad con la que se ostentan los promoventes del amparo para correr traslado a todas y cada una de las partes que integraran el actual sumario, y se transcriben dichos numerales: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . . .] III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; [ . ]" Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 336, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Común, página 284, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER.", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.". Así como la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Enero de 2007, Materia Común, página dos mil doscientos noventa, cuyo rubro y texto son: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. CUANDO EL INTERESADO NO CUMPLE CON LA PREVENCIÓN DE JUSTIFICAR EL CARÁCTER CON EL QUE PROMUEVE DENTRO DEL PLAZO QUE LE FUE OTORGADO PARA TAL EFECTO ES VÁLIDO TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA RELATIVA, YA QUE EL RECONOCIMIENTO AD CAUTELAM SÓLO ESTÁ CONTEMPLADO PARA ASUNTOS DEL ORDEN PENAL. Del proceso legislativo que culminó con la reforma de diversas disposiciones de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se advierte que la adición de la parte final del numeral 13 respecto de la hipótesis referente a que cuando alguien tiene reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, le será admitida en el juicio de amparo "siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas", fue con la finalidad de incorporar el sentido de la jurisprudencia 134 de la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, página 236, con el rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO.", en la cual se estableció la obligación de la parte quejosa de llevar ante el Juez de Distrito algún comprobante de que su personalidad ha sido reconocida por la autoridad responsable para que le sea admitida en el juicio de amparo y como condición para tramitar la demanda respectiva. Lo anterior es así, pues el legislador empleó la locución conjuntiva condicional "siempre que", la cual sirve para unir dos oraciones entre sí y expresa una situación o circunstancia indispensable para la existencia de otra, es decir, la intención fue precisar que esas constancias eran imprescindibles para tener por acreditada la personalidad antes de admitir la demanda de garantías. Por ende, es válido tenerla por no interpuesta, cuando el interesado no cumple con la prevención de justificar el carácter con el que promueve dentro del plazo que le fue otorgado para tal efecto, sin que sea factible reconocerlo ad cautelam con la sola aseveración, ya que este supuesto sólo está contemplado para asuntos del orden penal, en la forma y con las sanciones previstas en el numeral 16 de la ley en cita" Así como la diversa Jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal, publicada el viernes once de noviembre de dos mil dieciséis, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, registro 2012992, cuyo rubro y texto son: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." b) Deberán abundar respecto de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, ya que los insertos en la demanda son insuficientes por lo que incumplen el requisito que establece el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo. c) Deberán indicar si contestaron la demanda presentada por Sandra López Islas, radicada con el número 623/2014 del índice de la Junta Especial Número Ocho de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. d) Indiquen si promovieron incidente de nulidad de notificaciones contra la notificación de la que se duelen. e) Manifiesten la fecha en la que tuvieron conocimiento del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, es aplicable la tesis 1.4°.C. 26 K, visible a página sesenta y tres, Tomo IX, Febrero de 1992, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que a la letra expresa: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgado a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." APERCIBIMIENTO Apercibidos, que en caso de no cumplir con el inciso a), se entenderá que se promueve únicamente por propio derecho y en caso de no cumplir con los demás dentro del lapso indicado, la demanda se tendrá por no presentada conforme a lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. [.]" Dicho término ha fenecido en su totalidad, ya que el plazo concedido para desahogar la prevención ordenada en dicho auto, transcurriría para la parte quejosa del veinticuatro al treinta de abril del presente año, al haber sido notificada por lista el veintidós de abril del año en curso. Término que fue interrumpido con el escrito que presentó la parte quejosa el veintitrés de abril del año en curso, sin que se hubiera tenido por desahogada; razón por la cual subsistió la prevención ordenada y quedaron subsistentes los cinco días para desahogar dicha prevención. Así, mediante proveído de veinticuatro de abril de la presente anualidad, se otorgó al peticionario de amparo el plazo que restaba (cinco días), mismo que se le notificó por lista el veinticinco siguiente, surtiendo sus efectos el veintiséis posterior, corriendo los días del veintinueve de abril al seis de mayo ambos del año que transcurre, sin que la quejosa desahogara lo solicitado. Ahora bien, y toda vez que la quejosa no presentó promoción que desahogara lo solicitado en auto de diez de abril de dos mil diecinueve, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito; por tanto, la presente demanda se tiene por promovida únicamente por José Luis Muñoz y Alonso, José Luis Muñoz Herrera y María del Rosario Herrera Carrillo, por propio derecho. DESECHAMIENTO Previo ha analizar lo conducente respecto la procedencia de la demanda, es necesario precisar que, de su contenido se obtiene que los actos reclamados, son: La omisión de notificar el laudo dictado el trece de julio de dos mil dieciocho en el expediente J.8/623/2014. Con base en lo anterior, es importante precisar que el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, por analogía la jurisprudencia I.1º.A.J./4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Ahora, respecto a la omisión de notificar el laudo dictado el trece de julio de dos mil dieciocho en el expediente J.8/623/2014, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En efecto, de la lectura del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se advierte que para concluir en la improcedencia del juicio de amparo, con base en el incumplimiento del principio de definitividad que rige en esta materia, es menester que se cumpla con otras condiciones esenciales, a saber: Que el peticionario de garantías no tenga el carácter de tercero extraño a juicio; y que no reclame actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tales exigencias se cumplen en el caso concreto, por lo que, al tener conocimiento de la existencia del juicio laboral, corresponde a la parte quejosa, estar pendiente de la tramitación de su asunto, por lo que, que pudo comparecer en él a manifestar lo que a sus intereses convenga. Circunstancia por la cual no se considera a los hoy quejosos, al no estar en el supuesto relativo a un total desconocimiento del juicio laboral, por lo que no se infringe en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 Constitucional, al estar en posibilidad de impugnar los actos señalados como reclamados en su ocurso de garantías, mediante el incidente de nulidad a que se refiere el artículo 762, fracción I de la Ley Federal del Trabajo; resultando inconcuso además, que los actos por esta vía reclamados no son actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Se considera así, en virtud de que la parte quejosa no agotó el principio que establecen los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así el juicio de amparo es improcedente. Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas. Por tanto, de acuerdo a lo regulado por el precepto legal en cita, es claro que la parte quejosa tuvo a su alcance el incidente de nulidad de actuaciones para combatir el acto que reclama, ya que a través de dicho medio de defensa, se puede modificar, revocar o nulificar la violación cometida; esto es, se debió de agotar el principio de definitividad previsto en el artículo 107 fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de recurrir a esta vía constitucional; de ahí, que es improcedente este juicio biinstancial ya que ello contravendría el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ante lo expuesto, resulta ser que, si por el contrario, los afectados conocen la identidad de las autoridades que emitieron el acto de molestia y la esencia de los argumentos legales y de hecho en que ésta se apoya, quedan plenamente capacitados para defenderse ante la potestad común, y por consiguiente, al no hacerlo opera normalmente el principio de definitividad a que hace referencia la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 259, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.T.68 L, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 963, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000,de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LAUDO, ILEGAL NOTIFICACIÓN DEL. DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES ANTE LA RESPONSABLE. Por regla general, el incidente de nulidad de actuaciones procede hasta antes de dictarse el laudo contra las irregularidades cometidas por la autoridad responsable durante el procedimiento, sin embargo, cuando la irregularidad se da en torno a la notificación del laudo debe impugnarse ante la propia responsable a través de dicho incidente, sin que obste el hecho de que en él se hagan valer cuestiones de emplazamiento, pues en su caso sería improcedente sobre este aspecto." Por lo hasta aquí expuesto, se considera que el juicio de amparo que se analiza resulta notoria, manifiesta e indudablemente improcedente, al actualizarse los numerales 113, en relación con los diversos 61, fracciones XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de que se trata.
- Principal
VISTO EL ESCRITO DE LA PARTE QUEJOSA POR EL CUAL PRETENDE DESAHOGAR LA PREVENICION... SE PREVIENE DE NUEVA CUENTA A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD QUE OSTENTA.. APERCIBIDA...
- Principal
....RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo...
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