Sandra Lizeth Rodriguez Pantoja
Expediente 1313/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1313/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/06/2018
Partes del expediente
- Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco
- Sandra Lizeth Rodriguez Pantoja
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se declara que la aludida resolución ha causado estado para todos los efectos de ley.Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Por otra parte, se considera susceptible de destrucción. Asimismo, este asunto se considera no relevante.
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, y copia certificada del testimonio de la resolución dictada el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, en el recurso de inconformidad número 8/2018, del índice del Tribunal de referencia; de la que se observa que concluyó en el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Es infundado el recurso de inconformidad interpuesto, en contra del auto de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, emitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo 2130/2017." En consecuencia, agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta para que surtan los efectos legales a que haya lugar, así como el cuaderno de antecedentes respectivo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese a la superioridad el recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que mediante proveído de veintiséis de marzo pasado, se ordenó el archivo del presente juicio de garantías, devuélvase el mismo para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A ALA PARTE QUEJOSA EL ACUEWRDO DE FECHA DIECISIEIS DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO QUE A LA LETRA DICE : Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este juzgado de Distrito, el dieciocho de abril del año en curso, en la que por un lado se sobreseyó el juicio y por el otro se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; consecuentemente, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos ley. La circunstancia anterior, hágase del conocimiento de las partes. Ahora bien, cabe mencionar que en la citada resolución, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Federal, para los efectos siguientes: "(.)Por lo tanto, al ser evidente que el artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, transgrede las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias consagradas en el numeral 31, fracción IV, constitucional, procede conceder el amparo solicitado, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación que impone la fracción I, inciso h), del anotado numeral secundario 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho y, por ende, que no se le aplique en el presente y lo futuro, mientras tanto subsista el vicio de inconstitucionalidad advertido en esta resolución; a este respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 112/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, página 19, cuyo rubro y texto es el siguiente: [.]--- En la inteligencia que la concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado por la parte quejosa, documentado en el recibo oficial número A 037089387, motivado por la inscripción de la escritura pública número diez mil doscientos veintinueve, en lo referente al artículo 16, fracción I, inciso h) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho y, por ende, le sea devuelto el monto del entero por el concepto de registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República, que asciende a $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) y, en su lugar, se emita otro recibo por el pago de derechos por el mismo concepto, pero absteniéndose de aplicar el artículo declarado inconstitucional, por ende, respetando las garantías constitucionales aquí ponderadas." Por tanto, respecto a las autoridades responsables denominadas Congreso del Estado y Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, no tienen que ejecutar acto alguno en cumplimiento al fallo protector. Así es, pues a dichas autoridades se les reclama, la discusión, aprobación, expedición, promulgación y, refrendo de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, específicamente su artículo 16, fracción I, inciso h); precepto legal que no puede quedar insubsistentes, esto es, de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de garantías, contenido en el artículo 107, fracción II, Constitucional, que señala que los efectos de las sentencias de amparo, sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda de garantías, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio. Por ende, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, lo que conduce a este juzgador a tener por cumplida, respecto de tales autoridades, en apoyo a los siguientes criterios jurisprudenciales: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. (Tesis P. CXXXVII/96, Tomo IV, Noviembre de 1996, Página 135, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). "LEYES, AMPARO CONTRA LA EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS. En el amparo contra la promulgación, publicación y refrendo de la norma legal impugnada, no procede el sobreseimiento, porque si bien es cierto que en el procedimiento de formación de la ley intervienen diversos órganos constitucionales, como lo son el Legislativo que las expide y el Ejecutivo que las promulga y ordena su publicación, dichos actos no pueden considerarse consumados irreparablemente para los efectos del amparo, toda vez que en su conjunto son los que otorgan vigencia a la ley reclamada y, por tanto, hacen que el ordenamiento respectivo pueda ser aplicado a los casos concretos comprendidos en las hipótesis normativas, y son todos ellos los que pueden ser reparados a través del juicio de garantías. La expedición, promulgación y publicación de una ley no pueden quedar subsistentes o insubsistentes, aisladamente, puesto que tales actos concurren para que tenga vigencia la ley y pueda ser aplicada, y en cambio necesariamente dejan de producir efectos conjuntamente al pronunciarse una ejecutoria que declara inconstitucional a la ley, en el caso concreto a que se refiere el fallo. Consecuentemente, a pesar de que se produzcan por órganos diferentes, no pueden considerarse consumados irreparablemente ni improcedente su declaración en el juicio de amparo que se interpone contra una ley.". (Tesis 230, Tomo I, Parte SCJN, Página 197, Apéndice 1995, Instancia Pleno). "REFRENDO. DEBE CORRER LA MISMA SUERTE QUE LOS OTROS ACTOS DEL PROCESO LEGISLATIVO. Si la ley impugnada se declara inconstitucional, todos los actos del proceso legislativo, entre ellos el refrendo, deben correr la misma suerte, o sea que si el Juez considera inconstitucional la ley y concede el amparo contra la expedición, promulgación y aplicación de la ley, no tiene por qué hacer consideraciones especiales respecto al refrendo, y si éste no fue reclamado por vicios propios, el refrendo debe correr la misma suerte que los otros actos del proceso legislativo, sin que ello cause perjuicio a la autoridad.". (Página 81, Tomo 187-192, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación). Así como por las razones que la informan la tesis 2a. CXV/97, que se lee en la página 414, del Tomo VI, Octubre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo.". Con el anterior pronunciamiento, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que en el término de quince días, manifieste lo que a su derecho corresponda, de conformidad con lo previsto por el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que prevé la posibilidad de inconformarse con la determinación de tener por cumplimentada la ejecutoria dictada en autos parcialmente. Al respecto, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. De ahí que, en la sentencia respectiva se estimó que los artículos reclamados transgreden la Constitución, entonces, el efecto inmediato será nulificar su validez jurídica en relación con la parte quejosa, así como la de los actos de aplicación de dicha norma. Es aplicable, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 201, publicada en la página 195, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada". También es aplicable, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a. XIV/97, publicada en la página 347, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. De conformidad con lo ordenado por el artículo 80 de la Ley de Amparo y lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 195, que lleva por rubro: "LEYES AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; de esta forma, cuando se estima por el juzgador de amparo que una norma general viola la Constitución, el efecto de su sentencia debe ser que dicha disposición nunca se le aplicará al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle a la quejosa las cantidades que, como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al quejoso". En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se requiere a la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la resolución de mérito, remitiendo constancia fehaciente de ello; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. Cabe precisar que no es óbice a lo anterior, la eventual circunstancia de que la autoridad Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno de Estado, no hubiese figurado con el carácter de responsable en el presente juicio de garantías, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo, es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ella, y que, por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución, tal y como se ha determinado en la jurisprudencia 236, que aparece publicada en la compilación de 1995, Tomo VI, página 159, cuyo contenido a continuación se transcribe: Las ejecutorias de amparo deben de ser inmediatamente cumplidas por la autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la ley orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." Por lo anterior, se ordena remitirle copia de la sentencia dictada en el presente sumario a efecto de que tenga conocimiento de la misma y del recibo oficial A 037089387 que originó el primer acto de aplicación del precepto legal impugnado, el cual ampara las cantidades pagadas con motivo de la aplicación del mismo. De igual forma, en términos del párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, para que en su carácter de superior jerárquico de la citada autoridad, ordene a está a dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, dentro del referido término, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. Asimismo, se hace del conocimiento del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que la autoridad en contra de cuyos actos se concedió la protección constitucional, según lo dispone el segundo párrafo del artículo 194 de la Ley de Amparo vigente.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado por el delegado de las autoridades responsables, mediante el cual, solicita se regularice el procedimiento a fin de que se le informe al Juez Menor de Etzatlán, Jalisco, quienes son las partes en el juicio de amparo en que se actúa, en especifico quienes son los delegados de las autoridades responsables; por consiguiente, en atención a lo manifestado, hágase del conocimiento al Juez Menor de Etzatlán, Jalisco, vía oficio en alcance al despacho remitido el dos de mayo del año en curso, que los delegados designados por las autoridades responsables son LOS INDICADOS EN AUTOS quienes se encuentran en aptitud de acudir a dicha diligencia previa acreditación con documento fehaciente ante el Juez encargado de la diligencia.
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