Sandra Leticia Mendoza Valdez
Expediente 438/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 438/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 15/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Sandra Leticia Mendoza Valdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de agosto de dos mil veintitrés. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Además de que este asunto no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista electrónica a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito interpongan recurso de revisión contra el auto del cuatro de julio del año en curso; con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia este juicio, ha quedado firme, infórmese a las partes la presente determinación y háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese por lista electrónica a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2241/2023, del quince de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe..
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial, de la que se advierte que la parte quejosa no compareció a este Juzgado Federal a ratificar el contenido y firma del escrito con registro 7968; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído del veinte de junio del año en curso y se tiene por no presentado el ocurso antes citado. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso que nos ocupa, la agraviada reclama la falta de respuesta a la petición que formuló el siete de noviembre de dos mil veintidós ante la Oficialía de Partes de la Presidencia Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Sin embargo, de las constancias remitidas por la Encargada del Despacho de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, se advierte que previa acta circunstanciada de hechos levantada el veinte de abril último, la cual se entendió con ********************, el veinticuatro del mismo mes y año, compareció de manera voluntaria ******************** en representación de la persona mencionada en primera instancia, a responder de la denuncia levantada en su contra dada la contaminación al ambiente y desequilibrio ecológico generados por acopio de basura en el interior de su predio y malos olores, ante lo cual recibió amonestación verbal y recomendaciones ecológicas a seguir, como tener limpio el predio y el espacio de la banqueta que le corresponde, así como retirar el agua que se estanca en el tope, manifestando su compromiso de realizar labores de limpieza en un plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la firma de la comparecencia de mérito, ello con fundamento en el artículo 132 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México y los diversos 65 y 66 del Bando Municipal vigente, apercibiéndola que de no hacerlo así, se haría acreedora a una multa, arresto y/o trabajos comunitarios. Posteriormente, el tres de mayo de la anualidad que transcurre se emitió el oficio ********************, en respuesta a la petición que formuló la quejosa el siete de noviembre de dos mil veintidós, la cual quedó registrada con el número de expediente ********************, en la que se le hizo del conocimiento lo narrado en el párrafo que precede, misiva que fue recibida el cuatro de ese mes y año, por ********************, quien adujo ser cuñado de la promovente del amparo. Atento a lo anterior, en el caso, se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el dispositivo legal citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.).". Del precepto antes transcrito, se desprende la posibilidad de que, cuando el acto combatido haya desaparecido, el objeto del amparo carezca de finalidad, ya sea cuando se revoque el acto reclamado o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio origen al juicio de amparo, y que atento a tal situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 731 del Tomo LXXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos". Así como la diversa tesis aislada, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2443 del Tomo XCIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del epígrafe siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión en que incurrió, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Lo que en la especie se actualiza, ya que del estudio integral de la demanda de amparo, se tiene que la quejosa Sandra Leticia Mendoza Valdez reclama del Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, la falta de respuesta a la petición que formuló el siete de noviembre de dos mil veintidós, ante su Oficialía de Partes; empero, atento a las constancias que integran este asunto, se tiene que el tres de mayo de la anualidad que transcurre se emitió el oficio ********************, en respuesta a la petición que formuló la quejosa el siete de noviembre de dos mil veintidós, la cual quedó registrada con el número de expediente ********************, en la que se le hizo del conocimiento que previa acta circunstanciada de hechos levantada el veinte de abril último, la cual se entendió con ********************, el veinticuatro del mismo mes y año, compareció de manera voluntaria ******************** en representación de la persona mencionada en primera instancia, a responder de la denuncia levantada en su contra dada la contaminación al ambiente y desequilibrio ecológico generados por acopio de basura en el interior de su predio y malos olores, ante lo cual recibió amonestación verbal y recomendaciones ecológicas a seguir, como tener limpio el predio y el espacio de la banqueta que le corresponde, así como retirar el agua que se estanca en el tope, manifestando su compromiso de realizar labores de limpieza en un plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la firma de la comparecencia de mérito, ello con fundamento en el artículo 132 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México y los diversos 65 y 66 del Bando Municipal vigente, apercibiéndola que de no hacerlo así, se haría acreedora a una multa, arresto y/o trabajos comunitarios, situación la anterior que fue notificada el cuatro de ese mes y año, a ********************, quien adujo ser cuñado de la promovente del amparo. Por lo que, al tenor de las constancias en comento, resulta inconcuso que, en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que todos los efectos y consecuencias del acto reclamado quedaron totalmente destruidos en el juicio natural, puesto que la autoridad responsable atendió puntualmente la petición formulada por la quejosa en su escrito presentado el siete de noviembre de dos mil veintidós, además de que le notificó la respuesta recaída a la misma por conducto de su cuñado, desapareciendo así perjuicio alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, es decir, como si dichos actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la misma, por dejar de existir la afectación de que se dolía. En esas condiciones, en evidente que se actualiza plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, y, por ende, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63 fracción V, de la propia ley de la materia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Hágase del conocimiento de las partes y comuníquese el presente proveído a la autoridad responsable; asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VII. citatorio. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso b), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la quejosa el proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial, de la que se advierte que la parte quejosa no compareció a este Juzgado Federal a ratificar el contenido y firma del escrito con registro 7968; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído del veinte de junio del año en curso y se tiene por no presentado el ocurso antes citado. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso que nos ocupa, la agraviada reclama la falta de respuesta a la petición que formuló el siete de noviembre de dos mil veintidós ante la Oficialía de Partes de la Presidencia Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Sin embargo, de las constancias remitidas por la Encargada del Despacho de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, se advierte que previa acta circunstanciada de hechos levantada el veinte de abril último, la cual se entendió con ********************, el veinticuatro del mismo mes y año, compareció de manera voluntaria ******************** en representación de la persona mencionada en primera instancia, a responder de la denuncia levantada en su contra dada la contaminación al ambiente y desequilibrio ecológico generados por acopio de basura en el interior de su predio y malos olores, ante lo cual recibió amonestación verbal y recomendaciones ecológicas a seguir, como tener limpio el predio y el espacio de la banqueta que le corresponde, así como retirar el agua que se estanca en el tope, manifestando su compromiso de realizar labores de limpieza en un plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la firma de la comparecencia de mérito, ello con fundamento en el artículo 132 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México y los diversos 65 y 66 del Bando Municipal vigente, apercibiéndola que de no hacerlo así, se haría acreedora a una multa, arresto y/o trabajos comunitarios. Posteriormente, el tres de mayo de la anualidad que transcurre se emitió el oficio ********************, en respuesta a la petición que formuló la quejosa el siete de noviembre de dos mil veintidós, la cual quedó registrada con el número de expediente ********************, en la que se le hizo del conocimiento lo narrado en el párrafo que precede, misiva que fue recibida el cuatro de ese mes y año, por ********************, quien adujo ser cuñado de la promovente del amparo. Atento a lo anterior, en el caso, se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el dispositivo legal citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.).". Del precepto antes transcrito, se desprende la posibilidad de que, cuando el acto combatido haya desaparecido, el objeto del amparo carezca de finalidad, ya sea cuando se revoque el acto reclamado o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio origen al juicio de amparo, y que atento a tal situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 731 del Tomo LXXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos". Así como la diversa tesis aislada, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2443 del Tomo XCIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del epígrafe siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión en que incurrió, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Lo que en la especie se actualiza, ya que del estudio integral de la demanda de amparo, se tiene que la quejosa Sandra Leticia Mendoza Valdez reclama del Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, la falta de respuesta a la petición que formuló el siete de noviembre de dos mil veintidós, ante su Oficialía de Partes; empero, atento a las constancias que integran este asunto, se tiene que el tres de mayo de la anualidad que transcurre se emitió el oficio ********************, en respuesta a la petición que formuló la quejosa el siete de noviembre de dos mil veintidós, la cual quedó registrada con el número de expediente ********************, en la que se le hizo del conocimiento que previa acta circunstanciada de hechos levantada el veinte de abril último, la cual se entendió con ********************, el veinticuatro del mismo mes y año, compareció de manera voluntaria ******************** en representación de la persona mencionada en primera instancia, a responder de la denuncia levantada en su contra dada la contaminación al ambiente y desequilibrio ecológico generados por acopio de basura en el interior de su predio y malos olores, ante lo cual recibió amonestación verbal y recomendaciones ecológicas a seguir, como tener limpio el predio y el espacio de la banqueta que le corresponde, así como retirar el agua que se estanca en el tope, manifestando su compromiso de realizar labores de limpieza en un plazo no mayor a quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la firma de la comparecencia de mérito, ello con fundamento en el artículo 132 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México y los diversos 65 y 66 del Bando Municipal vigente, apercibiéndola que de no hacerlo así, se haría acreedora a una multa, arresto y/o trabajos comunitarios, situación la anterior que fue notificada el cuatro de ese mes y año, a ********************, quien adujo ser cuñado de la promovente del amparo. Por lo que, al tenor de las constancias en comento, resulta inconcuso que, en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que todos los efectos y consecuencias del acto reclamado quedaron totalmente destruidos en el juicio natural, puesto que la autoridad responsable atendió puntualmente la petición formulada por la quejosa en su escrito presentado el siete de noviembre de dos mil veintidós, además de que le notificó la respuesta recaída a la misma por conducto de su cuñado, desapareciendo así perjuicio alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, es decir, como si dichos actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la misma, por dejar de existir la afectación de que se dolía. En esas condiciones, en evidente que se actualiza plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, y, por ende, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63 fracción V, de la propia ley de la materia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Hágase del conocimiento de las partes y comuníquese el presente proveído a la autoridad responsable; asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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