Sandra Laura Solís Solórzano

Expediente 309/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
309/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
12/05/2015

Partes del expediente

  • Sandra Laura Solís Solórzano

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiocho de abril del año en curso, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Sandra Laura Solís Solórzano, por su propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público de esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 309/2015-V. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En el caso concreto, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones III, IV y V, de la ley de la materia, como se verá a continuación. A) La fracción III del artículo 108 de la legislación en comento establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "III. La autoridad o autoridades responsables." Del precepto transcrito se desprende la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales y evitar, si es que tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; razón por la que es imprescindible que ante un acto concreto y específico se determine con claridad la autoridad que lo emite. En el caso concreto, el quejoso señaló en su demanda de amparo como autoridades responsables, entre otras, a las siguientes: ".Agente del Ministerio Público." ".Jefe de Zona." Sin embargo, el señalamiento de dichas autoridades es ambiguo, toda vez que omitió precisar cuál Agencia y cuál Jefe de Zona de los diversos que tienen su residencia en esta ciudad, enuncia como responsables, lo cual imposibilita a este órgano jurisdiccional llamarlos a juicio ante la vaguedad de su designación y, como consecuencia, dejarlos en estado de indefensión. Por ello, es imprescindible que la quejosa, ante actos concretos y específicos que reclama, determine con claridad a las autoridades que los emitieron, sin que pueda ser factible hacer el señalamiento o designación genérica que hizo, porque, como se dijo, las responsables no estarían en aptitud de hacer defensa del acto que se les endilga. Además, admitir la demanda de amparo de la manera en que se propone, implicaría permitir que se trastoque el principio de economía procesal y de administración de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional, ya que habría que esperar hasta que se devuelva la correspondencia por no estar bien denominada la autoridad, se dé vista al promovente por el término de tres días para que manifieste lo que a su representación convenga y, que en caso de no cumplir, se tenga por no señalada a la autoridad. B) El numeral 108, fracción IV, de la Ley de Amparo estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa en su demanda de amparo señaló como autoridades responsables a las siguientes: ".Procuraduría de Justicia del estado de Guanajuato." ".Agente del Ministerio Público." ".Jefe de Zona." No obstante lo anterior, de la lectura de la demanda se advierte que únicamente hace imputaciones al "Agente del Ministerio Público" y al "Jefe de Zona", dado que arguye que el primero se negó a expedirle copias de la averiguación previa 1772/2015 y que el segundo determinó el no ejercicio de la acción penal, pero ninguna manifestación vierte respecto de cuál es el acto que le afecta de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, lo que resulta indispensable para no dejarlo en estado de indefensión y que pueda rendir correctamente su informe con justificación. C) La fracción V del artículo 108 de la legislación en comento establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En la especie, si bien es cierto que la solicitante del amparo, en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, también lo es que omitió expresar: - Dichos antecedentes bajo protesta de decir verdad; - La fecha de la resolución en que se determinó el no ejercicio de la acción penal; - Cuándo tuvo conocimiento de la misma; y, - Si en su contra interpuso el recurso innominado previsto en el artículo 130 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato. Luego, como dichos datos resultan determinantes para la substanciación del presente juicio de amparo, dado que su omisión torna obscuro e irregular el libelo constitucional, al no permitir al suscrito conocer a detalle los hechos que anteceden al acto reclamado, se estima necesario que los precise a fin de establecer la oportunidad de la solicitud de la tutela constitucional. Conclusivamente, ante la omisión incurrida por la parte quejosa, lo procedente conforme al mencionado artículo 108, fracciones III, IV y V, de la ley de la materia, en relación con el 114, fracción II, ambos de la ley de la materia, es prevenirla para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: -Precise cuál Agente del Ministerio Público y cuál Jefe de Zona con sede en esta ciudad, desea llamar al presente juicio como autoridades responsables. -Indique qué acto le reclama a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato; y, -Manifieste bajo protesta de decir verdad la totalidad de los hechos que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento de los conceptos de violación, específicamente la fecha de la resolución en que se determinó el no ejercicio de la acción penal; cuándo tuvo conocimiento de la misma; y, si en su contra interpuso el recurso innominado previsto en el artículo 130 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Lo anterior, en la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la quejosa es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Por otra parte, téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y autorizando en términos del artículo 12, último párrafo de la Ley de Amparo, a Ricardo Mansera, por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará presumir su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, las sentencias ejecutoriadas y las demás resoluciones públicas dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el juzgador; por tratarse de un asunto en materia penal, sólo podrá hacerse público una vez que transcurran doce años contados a partir de la fecha en que se concluya el juicio. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización en los términos ordenados por el titular de este Juzgado en las circulares 1/2010 y 2/2010, de quince y veintiuno de enero de dos mil diez, respectivamente.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por Sandra Laura Solís Solórzano, por su propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público de esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 309/2015-V. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En el caso concreto, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones III, IV y V, de la ley de la materia, como se verá a continuación. A) La fracción III del artículo 108 de la legislación en comento establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "III. La autoridad o autoridades responsables." Del precepto transcrito se desprende la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales y evitar, si es que tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; razón por la que es imprescindible que ante un acto concreto y específico se determine con claridad la autoridad que lo emite. En el caso concreto, el quejoso señaló en su demanda de amparo como autoridades responsables, entre otras, a las siguientes: ".Agente del Ministerio Público." ".Jefe de Zona." Sin embargo, el señalamiento de dichas autoridades es ambiguo, toda vez que omitió precisar cuál Agencia y cuál Jefe de Zona de los diversos que tienen su residencia en esta ciudad, enuncia como responsables, lo cual imposibilita a este órgano jurisdiccional llamarlos a juicio ante la vaguedad de su designación y, como consecuencia, dejarlos en estado de indefensión. Por ello, es imprescindible que la quejosa, ante actos concretos y específicos que reclama, determine con claridad a las autoridades que los emitieron, sin que pueda ser factible hacer el señalamiento o designación genérica que hizo, porque, como se dijo, las responsables no estarían en aptitud de hacer defensa del acto que se les endilga. Además, admitir la demanda de amparo de la manera en que se propone, implicaría permitir que se trastoque el principio de economía procesal y de administración de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional, ya que habría que esperar hasta que se devuelva la correspondencia por no estar bien denominada la autoridad, se dé vista al promovente por el término de tres días para que manifieste lo que a su representación convenga y, que en caso de no cumplir, se tenga por no señalada a la autoridad. B) El numeral 108, fracción IV, de la Ley de Amparo estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa en su demanda de amparo señaló como autoridades responsables a las siguientes: ".Procuraduría de Justicia del estado de Guanajuato." ".Agente del Ministerio Público." ".Jefe de Zona." No obstante lo anterior, de la lectura de la demanda se advierte que únicamente hace imputaciones al "Agente del Ministerio Público" y al "Jefe de Zona", dado que arguye que el primero se negó a expedirle copias de la averiguación previa 1772/2015 y que el segundo determinó el no ejercicio de la acción penal, pero ninguna manifestación vierte respecto de cuál es el acto que le afecta de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, lo que resulta indispensable para no dejarlo en estado de indefensión y que pueda rendir correctamente su informe con justificación. C) La fracción V del artículo 108 de la legislación en comento establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En la especie, si bien es cierto que la solicitante del amparo, en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, también lo es que omitió expresar: - Dichos antecedentes bajo protesta de decir verdad; - La fecha de la resolución en que se determinó el no ejercicio de la acción penal; - Cuándo tuvo conocimiento de la misma; y, - Si en su contra interpuso el recurso innominado previsto en el artículo 130 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato. Luego, como dichos datos resultan determinantes para la substanciación del presente juicio de amparo, dado que su omisión torna obscuro e irregular el libelo constitucional, al no permitir al suscrito conocer a detalle los hechos que anteceden al acto reclamado, se estima necesario que los precise a fin de establecer la oportunidad de la solicitud de la tutela constitucional. Conclusivamente, ante la omisión incurrida por la parte quejosa, lo procedente conforme al mencionado artículo 108, fracciones III, IV y V, de la ley de la materia, en relación con el 114, fracción II, ambos de la ley de la materia, es prevenirla para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: -Precise cuál Agente del Ministerio Público y cuál Jefe de Zona con sede en esta ciudad, desea llamar al presente juicio como autoridades responsables. -Indique qué acto le reclama a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato; y, -Manifieste bajo protesta de decir verdad la totalidad de los hechos que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento de los conceptos de violación, específicamente la fecha de la resolución en que se determinó el no ejercicio de la acción penal; cuándo tuvo conocimiento de la misma; y, si en su contra interpuso el recurso innominado previsto en el artículo 130 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Lo anterior, en la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la quejosa es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Por otra parte, téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y autorizando en términos del artículo 12, último párrafo de la Ley de Amparo, a Ricardo Mansera, por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará presumir su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, las sentencias ejecutoriadas y las demás resoluciones públicas dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el juzgador; por tratarse de un asunto en materia penal, sólo podrá hacerse público una vez que transcurran doce años contados a partir de la fecha en que se concluya el juicio. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización en los términos ordenados por el titular de este Juzgado en las circulares 1/2010 y 2/2010, de quince y veintiuno de enero de dos mil diez, respectivamente.

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