Sandra Karina Quiroga Soufflé
Expediente 550/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 550/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Sandra Karina Quiroga Soufflé
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO AUTO QUE DESECHO DE PLANO LA DEMANDA Y SE ORDENA ARCHIVO...
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO SANDRA KARINA SOUFFLE, EL AUTO DE SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, que en lo conducente dice: "Personería Se tiene por recibido el escrito presentado por Sandra Karina Quiroga Souffle, por su propio derecho, por el cual promueve juicio de amparo, contra actos del Juez Cuarto de lo Mercantil de Hermosillo, Sonora. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 550/2019. Desechamiento Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda al actualizarse una causa de improcedencia de forma manifiesta e indudable. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordena el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De la interpretación sistemática de los numerales indicados se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimientos jurisdiccional, además que el juicio de amparo indirecto procede, tratándose de remates, siempre y cuando sea la última resolución, siendo ésta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de bienes rematados. Sobre los alcances de lo que debe entenderse como la última resolución en la etapa de remate, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a la última resolución, siendo ésta la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de bienes rematados, con la finalidad de evitar abusos en la promoción del juicio de amparo biinstancial, porque la sociedad y el Estado están interesados en que se cumpla con los fallos en los que se establece la verdad legal. Lo anterior implica que si se trata de actos de tribunal judicial emitidos en la etapa de remate, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando éstos no se traten de la última resolución. Para mejor comprensión del asunto, es menester realizar una breve relación de los antecedentes del acto reclamado que bajo protesta de decir verdad realizaron los peticionarios de amparo, los cuales son los siguientes: El diecisiete de febrero de dos mil doce, "Banco Santander México", sociedad anónima, presentó demanda de juicio ejecutivo mercantil, ante el incumplimiento de pago del Contrato de Apertura de Crédito con Interés y Garantía Hipotecaria de Sandra Karina Quiroga Souffle y Jesús Manuel Molina Moreno. El seis de marzo de dos mil doce, fueron emplazados a juicio, y el veinte de marzo de dos mil doce, dieron contestación a la demanda instaurada en su contra. El veintiuno de noviembre de dos mil catorce, se dictó sentencia definitiva, condenando a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas. Inconformes con dicha determinación los quejosos interpusieron recurso de apelación, mismo que confirmó la resolución dictada por el juez anteriormente aludido. Contra la sentencia de segunda instancia, la parte demanda, promovió amparo indirecto el catorce de septiembre de dos mil quince, mismo que fue admitido mediante acuerdo de treinta de septiembre de dos mil quince y posteriormente fue remitido al Tribunal Colegiado en turno, quien negó el amparo y protección de la justicia de la unión. El veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por iniciada la ejecución forzosa de la sentencia, iniciando el procedimiento de remate del bien inmueble embargado. Por tanto, el día cinco de abril del presente año, se llevó a cabo la Diligencia de Remate en Primera Almoneda, en la cual al parte actora solicitó la adjudicación del bien inmueble a rematar. Por último, mediante determinación judicial de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, el citado juez aprobó el remate. En ese contexto, se determina que el proveído de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en el cual se declaró aprobada la diligencia de remate de cinco de abril de dos mil diecinueve, en el cual a su vez declaró instaurada la diligencia de remate, no constituyen la resolución definitiva que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o bien la entrega del bien rematado, determinación en contra de la cual procede el juicio de amparo en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo, cuyo propósito es que se evite la obstaculización del cumplimiento de las resoluciones que constituyen cosa juzgada, por lo que la improcedencia del juicio de amparo abarca las actuaciones tendentes a impedir la ejecución de la cosa juzgada. Luego, las violaciones que se estimen cometidas durante del procedimiento de remate, deben invocarse como agravios en el juicio de amparo que se promueva contra la resolución que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien rematado, que es, se insiste, la resolución culminatoria de dicho procedimiento en contra de la cual se prevé la procedencia del juicio de amparo. Sirve de aplicación a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Así como la jurisprudencia sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA. De lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados"; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución." Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO. EL ACUERDO EN EL QUE SE ORDENA AL QUEJOSO LA ENTREGA DEL INMUEBLE ADJUDICADO AL TERCERO INTERESADO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN QUE SEA RELEVANTE SI LA ENTREGA ESTÁ SUJETA A UNA MEDIDA DE APREMIO O SU ULTERIOR EJECUCIÓN. De la interpretación del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que en el procedimiento de remate, la última resolución la constituye, indistintamente, la orden de escrituración o la orden de entrega del inmueble rematado. En ese contexto, de la fase de ejecución de un juicio especial hipotecario, cuando el quejoso reclama el acuerdo en el que se ordena la entrega del inmueble adjudicado al tercero interesado debe considerarse como la última resolución, la cual puede impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, sin que resulte relevante si la entrega del inmueble está sujeta a una medida de apremio o su ulterior ejecución, por lo que sería equivocado considerar que se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, por considerar que ese acuerdo no ordenó de forma definitiva la entrega del bien y, por ende, desechar la demanda de amparo." En tales condiciones, en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, al no ubicarse el acto reclamado en el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, previsto en el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la referida ley, por lo cual se procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113, de la citada ley. Habilitación de días y horas De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal y, en su caso, el emplazamiento a la parte tercero interesada, aún en días y horas inhábiles. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Doctor Pesqueira número 156, entre Madrid y Capri, colonia Prados del Centenario, de esta ciudad. Asimismo, se autoriza en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Carlos Ross Guerrero y Carlos Arturo Romo González, toda vez que tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Respecto de Gabriela Zambrano Gil, se le tiene por autorizada únicamente para imponerse de los autos, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Transparencia En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Digitalización del expediente En cumplimiento a la circular 2/2014, de tres de octubre de dos mil catorce, y a los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, se instruye al Secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso..."
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