Sandra Juárez Dominguez

Expediente 1970/2013 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1970/2013
Año
2013
Actuaciones
3
Última actuación
23/06/2021

Partes del expediente

  • Sandra Juárez Dominguez

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos la impresión del correo electrónico remitido al correo institucional de este órgano jurisdiccional, por el Subdirector de Derechos Humanos, de la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual acusa recibo del oficio 12082/2021 y anexo certificado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y en cumplimiento al diverso acuerdo de cuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se atiende la petición relativa al caso 13.958 Sandra Juárez Domínguez, en estudio de fondo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), formulada por la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, en los siguientes términos: Antecedentes, desarrollo procesal y estado actual del presente expediente, los datos relativos en su caso, de recursos interpuestos en la secuela procesal o contra la sentencia dictada. El presente juicio de amparo fue promovido el veintitrés de septiembre de dos mil trece, por la quejosa Sandra Juárez Domínguez, en contra de las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: [.] III. AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. - - - A) Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (.). - - - B) Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (.). - - - C) Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala (.). - - - D) Congreso del Estado de Tlaxcala (.).- - - E) Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala (.). - - - F) Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala (.). IV. ACTOS RECLAMADOS ATRIBUIDOS A CADA AUTORIDAD RESPONSABLE: - - - A,B,C) Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y Presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala.- - - Reclamo el acuerdo administrativo emanado del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de fecha veintisiete de agosto de dos mil trece, que se traduce en efectos negativos, asimismo reclamo todas y cada una de las consecuencias jurídicas que se pudieran derivar con motivo de la emisión del acto reclamado y que pudieran dejar sin defensa a la quejosa.- - - Reclamo la omisión administrativa en que ha incurrido respecto del cumplimiento de la resolución relativa a la controversia constitucional 119/2011 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la realización de los actos legales procedentes mismos que deben desembocar en la indemnización que legalmente corresponde a la suscrita quejosa, de igual manera reclamo todas las consecuencias jurídicas que se pudieran derivar con motivo de la emisión del acto reclamado y que pudieran dejar sin defensa a la quejosa. - - -Reclamo la falta de acuerdo administrativo, al escrito signado por la suscrita, dirigido al a responsable ordenadora Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, solicitando remitiera al titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el proyecto de indemnización para su aprobación por el Pleno de dicho organismo, de la partida presupuestal, en el proyecto de presupuesto de egresos del poder judicial para el año 2014, y lo remitiera antes del 30 de septiembre de 2013, y por su conducto desembocara en el pago de indemnización a la que tengo derecho, en base al artículo 30 inciso c, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, sin que a la fecha hubiere recaído acuerdo alguno, actuación que me causa agravio y me deja en estado de indefensión para poder controvertirlo. - - - D) del Congreso del Estado de Tlaxcala, reclamo la falta de acuerdo legislativo en que ha incurrido respecto del cumplimiento de la resolución relativa a la controversia constitucional 119/2011 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la realización de los actos legales procedentes mismos que deben desembocar en la indemnización que legalmente corresponde a la suscrita quejosa, de igual manera reclamo todas las consecuencias jurídicas que se pudieran derivar con motivo de la emisión del acto reclamado y que pudieran dejar sin defensa a la quejosa. - - -Reclamo la omisión legislativa en que ha incurrido respecto del cumplimiento de la resolución relativa a la controversia constitucional 119/2011 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la realización de los actos legales procedentes mismos que deben desembocar en la indemnización que legalmente corresponde a la suscrita quejosa, de igual manera reclamo todas las consecuencias jurídicas que se pudieran derivar con motivo de la emisión del acto reclamado y que pudieran dejar sin defensa a la quejosa.- - - Reclamo la falta de acuerdo administrativo, al escrito signado por la suscrita, dirigido al a responsable ordenadora Congreso del Estado de Tlaxcala, solicitando remitiera al titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, su intervención ante el Pleno de dicho Tribunal para la creación de una partida presupuestal, en el proyecto de presupuesto de egresos del poder judicial para el año 2014, y lo remita antes del 30 de septiembre de 2013,al Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para que fuera aprobado por dicha soberanía y por su conducto desembocara en el pago de indemnización a la que tengo derecho, en base al artículo 30 inciso c, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, sin que a la fecha hubiere recaído acuerdo alguno, actuación que me causa agravio y me deja en estado de indefensión para poder controvertirlo. - - - E) del Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala. - - -Reclamo la omisión administrativa en que ha incurrido respecto del cumplimiento de la resolución relativa a la controversia constitucional 119/2011 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la realización de los actos legales procedentes mismos que deben desembocar en la indemnización que legalmente corresponde a la suscrita quejosa, de igual manera reclamo todas las consecuencias jurídicas que se pudieran derivar con motivo de la emisión del acto reclamado y que pudieran dejar sin defensa a la quejosa. - - - Reclamo la falta de acuerdo administrativo, al escrito signado por la suscrita, dirigido a la responsable ordenadora Titular del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, solicitando requiriera al titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la remisión de la partida presupuestal en el proyecto de presupuesto de egresos del poder judicial para el año 2014, y lo remitiera antes del 30 de septiembre de 2013, partida que debe ser aprobada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y por su conducto desembocara en el pago de indemnización a la que tengo derecho, en base al artículo 30 inciso c, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, sin que a la fecha hubiere recaído acuerdo alguno, actuación que me causa agravio y me deja en estado de indefensión para poder controvertirlo. - - - F) del Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. - - - Reclamo la omisión administrativa en que ha incurrido respecto del cumplimiento de la resolución relativa a la controversia constitucional 119/2011 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la realización de los actos legales procedentes mismos que deben desembocar en la indemnización que legalmente corresponde a la suscrita quejosa, de igual manera reclamo todas las consecuencias jurídicas que se pudieran derivar con motivo de la emisión del acto reclamado y que pudieran dejar sin defensa a la quejosa. - - - Reclamo la falta de fundamentación y motivación del acuerdo administrativo de fecha S.F.D.J./059/2013, de fecha 18 de septiembre de 2013, recaído al escrito signado por la suscrita, dirigido a la responsable ordenadora Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, solicitando requiriera al titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la remisión de la partida presupuestal, en el proyecto de presupuesto de egresos del poder judicial para el año 2014, en el que constara la indemnización de la suscrita, y lo remitiera antes del 30 de septiembre de 2013, partida que debe ser aprobada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y por su conducto desembocara en el pago de indemnización a la que tengo derecho, en base al artículo 30 inciso c, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en virtud del cual, concluyó que no tiene facultades para decidir ni disponer de las unidades presupuestales ni a qué capítulos del gasto público destinarán su presupuesto; así mismo expresa que tampoco puede requerir al titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la inclusión del proyecto de indemnización en el presupuesto del poder judicial; esta actuación me causa agravio y me deje en estado de indefensión. - - - En virtud de que todas las autoridades señaladas como responsables de esta demanda de garantías tienen ligada intervención y además directa en la esfera de sus respectivas atribuciones en el acto reclamado, traducido en la falta de pago de la indemnización a que tengo derecho al haberme desempeñado como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, solicito la protección correspondiente a efecto de que las responsables en la esfera de sus respectivas atribuciones, realicen los actos a que legalmente están obligadas, con el objetivo de realizar el pago de la indemnización que legalmente me corresponde. [.] (Fojas de la 2 a la 25). Por otro lado, el presente juicio de amparo se desarrolló procesalmente en los siguientes términos: a). SANDRA JUÁREZ DOMÍNGUEZ, por derecho propio, presentó el veintitrés de septiembre de dos mil trece, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, demanda de amparo indirecto en contra de los actos del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y otras autoridades, la que se turnó a este Juzgado de Distrito el mismo día (Foja 1). b). Mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil trece, se admitió a trámite la demanda en cuestión, la cual se registró mediante el número 1970/2013, se ordenó pedir el informe con justificación a las autoridades responsables y se fijaron las nueve horas con veinticuatro minutos del día veintidós de octubre de dos mil trece, para la celebración de la audiencia constitucional (Foja 206). c) El día veintidós de octubre de dos mil trece, se acordó el diferimiento de la audiencia constitucional en virtud de que estaba transcurriendo el término de la vista otorgada a las partes con el informe con justificación; consecuentemente se señalaron las nueve horas con treinta y cuatro minutos del día veintiuno de noviembre de dos mil trece (Foja 560). d) El veintiuno de noviembre de dos mil trece, al encontrarse debidamente integrado el presente juicio de amparo se celebró la audiencia constitucional (Foja 576). e) Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el veintiuno de febrero de dos mil catorce, dictó sentencia en el presente juicio de amparo, conforme a los siguientes resolutivos: [.] PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Sandra Juárez Domínguez, por derecho propio, en contra de los actos reclamados de las autoridades responsables, Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y del Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, precisados en el resultando primero de esta resolución en términos del considerando tercero de la misma resolución.- - - SEGUNDO. La justicia de Unión ampara y protege a Sandra Juárez Domínguez, por derecho propio en contra de los actos reclamados de las autoridades responsables Congresro del Estado de Tlaxcala, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala y del Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, precisados en el resultando primero de esta resolución en términos del considerando último de la misma resolución.- - - TERCERO: Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. [.] (Fojas de la 577 a la 591). f) Mediante oficio de once de marzo de dos mil catorce, el Diputado Roberto Zamora Gracia, en su carácter de representante Legal del Congreso del Estado de Tlaxcala, interpuso recurso de revisión (Fojas de la 602 a la 608). g) El referido recurso fue resuelto por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien por ejecutoria de once de julio de dos mil catorce, confirmó la sentencia sujeta a revisión, conforme a los siguientes resolutivos: [..] PRIMERO. Quedan firmes los puntos resolutivos primero y segundo de la sentencia recurrida, este último en la parte en que concede la protección constitucional contra los actos reclamados del Presidente y del Pleno, ambos del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura y del Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno, todos del Estado de Tlaxcala. SEGUNDO. En la materia del recurso, se confirma la sentencia sujeta a revisión. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Sandra Juárez Domínguez, contra el acto reclamado del Congreso del Estado de Tlaxcala, para los efectos precisados en la sentencia recurrida.. [..] (Fojas de la 668 a 693). h) El ocho de agosto del año dos mil catorce, con fundamento en los artículos 192 y 193, de la Ley de Amparo abrogada, se requirió a las autoridades responsables, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (Foja 695). i) Las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo y con dicho cumplimiento se dio vista a la parte quejosa el quince de agosto de dos mil catorce, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; desahogando dicha quejosa la vista ordenada, realizando diversas manifestaciones (Fojas de la 705 a la 765). j) Mediante proveído de fecha seis de octubre del año dos mil catorce, se consideró que la ejecutoria de amparo, había quedado cumplida; y por ende, se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa (Fojas 872 y 873). k) El siete de noviembre del año dos mil catorce, se declaró firme el auto de seis de octubre del año dos mil catorce, al no haberse inconformado la parte quejosa, por lo que se ordenó el archivo del presente juicio de amparo (Foja 884). Síntesis de los razonamientos jurídicos relevantes, el sentido de la sentencia emitida y la fecha en que fue notificada. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dictó sentencia el veintiuno de febrero de dos mil catorce, en la que sustancialmente consideró que de las constancias que obraban en autos no se advertía que las autoridades responsables Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y el Congreso del Estado de Tlaxcala, hubieran cumplido con el artículo 8° constitucional, esto es, que hubieran acordado los escritos que se les presentaron y además de que los hubieran dado a conocer a la solicitante; de ahí que tal omisión se estimó violatoria de garantías. Asimismo, que la autoridad responsable se pronunció de una manera incongruente, en atención a la inexacta e incompleta interpretación de la resolución dictada en la controversia constitucional 119/2011, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejando de analizar de manera completa, congruente y en armonía dicha resolución, lo que constituyó un vicio que se tradujo en violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, por transgredir el principio de congruencia, exhaustividad y legalidad, dada la falta de una debida fundamentación y motivación de la resolución correspondiente. Que si bien era cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del acuerdo que interesa a la forma de pago, también lo era que no declaró la invalidez del derecho que tenía la quejosa a percibir la indemnización que le correspondía; pues no hay que perder de vista que no fue materia de la controversia los derechos laborales generados por la quejosa por el tiempo que duró la relación laboral con el Tribunal Superior de Justicia del Estado. También le asistía la razón a la parte quejosa, cuando adujó que la autoridad responsable, Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, violó en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, ya que no fundó ni motivó su proceder. Concluyendo que, la autoridad responsable no cumplió con los requisitos de fundamentación y motivación, por lo que era evidente que el acto reclamado contenía una violación formal, en perjuicio de la quejosa, atentando en su contra de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, lo que trajo como consecuencia la concesión del amparo solicitado. Dicha sentencia fue notificada al Agente del Ministerio Público Federal adscrito el veinticuatro de febrero de dos mil catorce, y a las partes restantes el veinticinco de febrero del mismo año. Informe las gestiones que se realizaron y los argumentos que se consideraron para acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo. Existieron diversos requerimientos a las autoridades responsables, tal y como se advierte de lo antes narrado, hasta que cumplieron en su totalidad la ejecutoria de amparo, tomando para ello las consideraciones de la sentencia ejecutoriada y los argumentos vertidos por dichas autoridades. Esto es, el efecto de la concesión del amparo fue para que una vez que causara ejecutoria la sentencia dictada, la autoridad señalada como responsable Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y el Congreso del Estado de Tlaxcala, procedieran a acordar, con plenitud de jurisdicción y conforme a sus facultades, de una manera congruente, la petición realizada por la quejosa, y se le hiciera saber a la impetrante aludida en breve término; asimismo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto del que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y el Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dejaran insubsistente el acuerdo de veintisiete de agosto del año dos mil trece, y el oficio número S.F.D.J./059/2013, de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil trece, respectivamente, y en su lugar emitieran otros, en los cuales cumpliendo con los requisitos formales de una debida fundamentación y motivación, así como de congruencia, con libertad de jurisdicción y de manera exhaustiva, determinaran lo que en derecho procediera y conforme a sus atribuciones (Foja 589). Por su parte, las autoridades responsables, al cumplir con la ejecutoria mencionada, acreditaron que acordaron las peticiones realizadas por la quejosa. Efectivamente el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante oficio SECJ/685/2014, de fecha trece de agosto del año dos mil catorce, acreditó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por cuanto hace al Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante oficio M. D/JACC-2014-061, de fecha catorce de agosto del año dos mil catorce, acreditó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De lo anterior, se advirtió que la ejecutoria de amparo, se encontraba cumplida ya que acreditaron que dieron contestación a la petición de la parte quejosa y que se dio la contestación respectiva. Asimismo, por cuanto hace al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, respecto de las diversas autoridades responsables Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala y el Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala; debe decirse que también se encontró cumplida pues dichas autoridades informaron y acreditaron su cumplimiento, esto es, que dejaron insubsistentes, el acuerdo de veintisiete de agosto del año dos mil trece, y el oficio número S. F. D. J. /059/2013, de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil trece, respectivamente, y dictaron otros, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, haciendo uso de la libertad de jurisdicción que se les otorgó. Precise si la peticionaria refirió transgresiones a sus derechos a las garantías judiciales y al principio de legalidad en virtud de la falta de un procedimiento previamente establecido para la evaluación y ratificación de magistrados y magistradas. La quejosa lo que alegó fue violación a los artículos 8º, 14, 16 y 17 Constitucionales, por considerar que se omitió deliberadamente el estudio pormenorizado de los hechos que constituyeron el acto reclamado, así como los principios de debido proceso, congruencia, fundamentación y motivación. Asimismo, manifestó una inexacta e incompleta interpretación de la resolución dictada en la Controversia Constitucional 119/2011, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que pretendió fundarse solo en una parte aislada fuera de todo contexto lógico y legal con la que dicha autoridad señalada como responsable pretendía evitar el pago relativo de la indemnización que legalmente le correspondía a la quejosa. De igual manera, se obtuvo que si bien era cierto que el máximo órgano del país declaró la invalidez del acuerdo en cuestión a la forma del pago, más no declaró la invalidez del derecho que tenía a percibir la indemnización que le correspondía. Del mismo modo, manifestó que los actos reclamados eran de los considerados por la legislación como actos negativos porque la autoridad responsable se rehusó a efectuar los actos legales procedentes los que deberían desembocar en la indemnización que legalmente le correspondía. También alegó la omisión legislativa y administrativa respecto del cumplimiento de la resolución relativa a la Controversia Constitucional 119/2011, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Igualmente, sostuvo que las autoridades responsables pretendían privarla de sus derechos sustantivos, traducido en la falta de pago de la indemnización, sin que existiera resolución fundada y motivada que así lo justificara y sin que hubiera sido oída y vencida en un procedimiento previamente establecido en su contra, pues lo único que se apreciaba era una resolución producto de la inercia constitucional del Poder Judicial del Estado y un mandato al Poder Legislativo del Estado, del cual se encontraba completamente sustraída por no ser parte. Finalmente alegó que al no existir dentro del marco legislativo, disposición alguna que dispusiera las prestaciones a las que tenía derecho, se violaba el principio de seguridad económica que vincula el retiro decoroso del funcionario público previsto en la Constitución; pues al ser sujeta de no ratificación por parte del Congreso del Estado de Tlaxcala, significaba la separación forzosa de su encargo, es decir de su empleo; luego entonces dicha separación estaba supeditada al pago de una indemnización que en apariencia no se encontraba regulada en alguna de las legislaciones del Estado de Tlaxcala. Si señaló la vulneración al principio de igualdad ante la ley, derivado de que, a diferencia de otras personas que también ocupaban el cargo de magistrada o magistrado y que promovieron recursos similares, a ella no le fue concedida la suspensión del acto reclamado aun cuando, refirió haber cumplido con los requisitos para tal efecto. La impetrante del juicio de amparo, no señaló la vulneración al principio de igualdad ante la ley; aunado a que le fue negada la suspensión solicitada. Si manifestó la transgresión a su derecho de acceso a la justicia, por la demora injustificada en la resolución de los medios de defensa promovidos, así como por la falta de notificación y participación en los procesos judiciales que afectaban su situación jurídica. La parte quejosa alegó violación a los artículos 8º, 14, 16 y 17 Constitucionales, al aducir que pretendían privarla de sus derechos sustantivos, traducido en la falta de pago de la indemnización, sin que existiera resolución fundada y motivada que así lo justificara y sin que hubiera sido oída y vencida en un procedimiento previamente establecido en su contra, pues lo único que se apreciaba era una resolución producto de la inercia constitucional del Poder Judicial del Estado y un mandato al Poder Legislativo del Estado, del cual se encontraba completamente sustraída por no ser parte. Si alegó la transgresión a sus derechos políticos, en virtud de que al valorar su ratificación como magistrada se consideraron argumentos de esa índole, tales como, su voto en la reelección del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala o la interposición de recursos judiciales en contra del Congreso del Estado. La promovente no alegó transgresión a sus derechos políticos. Indique si la peticionaria alegó o manifestó vulneración a sus derechos económicos y a la propiedad, derivado de la demora en el pago de la indemnización contemplada en el dictamen que dispuso su no ratificación en el cargo de magistrada. La quejosa alegó violación a sus derechos económicos y a la propiedad, tal como se advierte de lo antes mencionado. Esto es, de lo que se dolió fue que al no existir dentro del marco legislativo, disposición alguna que dispusiera las prestaciones a las que tenía derecho, se violaba el principio de seguridad económica que vincula el retiro decoroso del funcionario público previsto en la Constitución; pues al ser sujeta de no ratificación por parte del Congreso del Estado de Tlaxcala, significaba la separación forzosa de su encargo, es decir de su empleo; luego entonces dicha separación estaba supeditada al pago de una indemnización que en apariencia no se encontraba regulada en alguna de las legislaciones del Estado de Tlaxcala. Remitir sus observaciones y cualquier información que considere pertinente y que guarde relación con los hechos mencionados en la petición. En la especie, no se remite observación ni información alguna. Para justificar lo anterior, y como lo solicita la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase copia certificada de manera electrónica de las constancias que solicita relativas al presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, a fin de que remita el oficio y la copia certificada ordenados en el presente proveído, de manera digital a los correos electrónicos dgdhigai@correo.cjf.gob.mx e informes_dgdhigai@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese vía correo electrónico a la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal y Cúmplase.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio suscrito de manera electrónica por la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual, hace del conocimiento que por diverso DDH03211 de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solicitó información en relación con el caso 13.958 ********, en estudio de fondo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y que después de hacer una revisión del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes se advirtió la existencia de los amparos indirectos 1506/2007, 1970/2013 y 1716/2014, de éste órgano jurisdiccional, relacionados con los hechos que se refiere el oficio mencionado. Por lo que solicita se atienda, en el ámbito de la competencia de este órgano jurisdiccional y con la documentación que obre en los citados expedientes, lo siguiente: [.] Antecedentes, desarrollo procesal y estado actual de los expedientes de mérito, los datos relativos en su caso, de recursos interpuestos en la secuela procesal o contra las sentencias que se hubieran emitido. Síntesis de los razonamientos jurídicos relevantes, el sentido de las sentencias emitidas y la fecha en que fueron notificadas. Informe las gestiones que se realizaron y los argumentos que se consideraron para acreditar el cumplimiento de las sentencias de amparo. Precise si la peticionaria refirió transgresiones a sus derechos a las garantías judiciales y al principio de legalidad en virtud de la falta de un procedimiento previamente establecido para la evaluación y ratificación de magistrados y magistradas. Si señaló la vulneración al principio de igualdad ante la ley, derivado de que, a diferencia de otras personas que también ocupaban el cargo de magistrada o magistrado y que promovieron recursos similares, a ella no le fue concedida la suspensión del acto reclamado aun cuando, refirió haber cumplido con los requisitos para tal efecto. Si manifestó la transgresión a su derecho de acceso a la justicia, por la demora injustificada en la resolución de los medios de defensa promovidos, así como por la falta de notificación y participación en los procesos judiciales que afectaban su situación jurídica. Si alegó la transgresión a sus derechos políticos, en virtud de que al valorar su ratificación como magistrada se consideraron argumentos de esa índole, tales como, su voto en la reelección del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala o la interposición de recursos judiciales en contra del Congreso del Estado. Indique si la peticionaria alegó o manifestó vulneración a sus derechos económicos y a la propiedad, derivado de la demora en el pago de la indemnización contemplada en el dictamen que dispuso su no ratificación en el cargo de magistrada. Remitir sus observaciones y cualquier información que considere pertinente y que guarde relación con los hechos mencionados en la petición. [.] Asimismo, solicita copia certificada, completa y legible de las siguientes constancias: [.] Demandas de amparo, autos de admisión y/o radicación, prevenciones y en su caso, ampliaciones. Sentencias y/o autos de desechamiento. Acuerdos por los que causaron estado y/o ejecutoria el auto o la sentencia respectiva y diversos en los que se declararon cumplidas. En su caso, escritos de agravios y resoluciones recaídas a los recursos interpuestos en los juicios de amparo. Autos en los que se ordenó el archivo de los asuntos. Cualquier otro proveído o resolución que considere relevante o en el que se hubiera hecho pronunciamiento respecto de las transgresiones precisadas. [.] En tales condiciones, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, procede a realizar las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento a lo solicitado por la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del término otorgado. Finalmente, una vez que se cuente con la información y constancias solicitadas (las cuales serán certificadas de manera electrónica), remítanse de manera digital a los correos electrónicos dgdhigai@correo.cjf.gob.mx e informes_dgdhigai@correo.cjf.gob.mx. Lo anterior, hágase del conocimiento a la autoridad oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese vía correo electrónico a la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal y Cúmplase.

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