Sandra Jazmin Arcos Lemus

Expediente 973/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
973/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Sandra Jazmin Arcos Lemus

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veinticinco de abril de dos mil veintidós. Como de la certificación que antecede se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de revisión en contra del proveído por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de garantías, promovido por -, en representación de su menor hijo de iniciales -., sin que lo hayan hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 86, de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, quedando firme e irrevocable para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, ello en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a ello, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, Instancia Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, que reza: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Asimismo, tomando en consideración que de la constancia secretarial se desprende que no existe determinación pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, se ordena el archivo definitivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, el juicio en que se actúa así como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, más no así el original del incidente de suspensión el cual es susceptible de DEPURACIÓN, dado que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. En los Juzgados de Distrito: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado "Artículo 18.- Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA... DEL ACUERDO DICTADO EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS... Morelia, Michoacán, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Como según constancia secretarial que antecede se aprecia que en auto de treinta y uno de diciembre pasado, se tuvo a la autoridad responsable en cita, por informando que se señalaron las diez horas del doce de enero en curso, para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid-19 de la farmacéutica Pfizer, a la menor de iniciales ********************, sin que a la fecha dicha autoridad responsable hubiere informado si la parte quejosa compareció a la aplicación de dicho biológico; en consecuencia, y dado que son necesarias para resolver el presente asunto, todas y cada una de los constancias que integran el acto reclamado, en tal virtud, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaria de Salud, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, remita a este Juzgado Federal copias certificadas de las constancias mediante las cuales acredite la aplicación de la segunda dosis de la vacuna al menor quejoso en cita, o bien, informe la imposibilidad que tenga para ello, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien veces de la unidad de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la sustenta, la Jurisprudencia número 6, visible en la página 728, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. REFORMAS AL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO.- El nuevo texto del último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo no establece solamente una facultad potestativa de los tribunales de control constitucional para recabar oficiosamente pruebas cuando se actualicen los supuestos previstos en el mismo, susceptible de ejercitarse o no. Por el contrario, impone como un deber de los Jueces de amparo el de recabar en forma oficiosa las pruebas que fueron rendidas ante la responsable, que no obren en los autos del juicio constitucional y que estimen necesarias para la resolución del asunto. Por tanto, de acuerdo con la nueva redacción del precepto que se examina, de no cumplir los Jueces de Distrito la obligación de recabar pruebas oficiosamente cuando ello sea procedente, su omisión constituirá una infracción a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, que motivará la revocación de la sentencia recurrida en revisión para reponer el procedimiento, a fin de que el Juez de amparo omiso cumpla con lo ordenado en el artículo 78, último párrafo, de la misma ley." Asimismo, a fin de estar en condiciones de proveer lo conducente requiérase a la parte quejosa a fin de que acredite con las documentales necesarias que se presentó a la aplicación del biológico antes mencionado en su segunda dosis; apercibido que, de no hacerlo o no informar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización en términos del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a dos de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa y apoderado en cita, mediante los cuales informan que el día ocho de diciembre pasado ya le fue aplicada la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 al menor de iniciales ********************,; en consecuencia, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado. Luego, el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En efecto, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías; por tanto, a nada práctico conduce analizar un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte peticionaria. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta el nueve de febrero del año en curso, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; por lo tanto se deja sin efectos la referida fecha de audiencia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Como según constancia secretarial que antecede se aprecia que en auto de treinta y uno de diciembre pasado, se tuvo a la autoridad responsable en cita, por informando que se señalaron las diez horas del doce de enero en curso, para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid-19 de la farmacéutica Pfizer, a la menor de iniciales ********************, sin que a la fecha dicha autoridad responsable hubiere informado si la parte quejosa compareció a la aplicación de dicho biológico; en consecuencia, y dado que son necesarias para resolver el presente asunto, todas y cada una de los constancias que integran el acto reclamado, en tal virtud, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaria de Salud, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, remita a este Juzgado Federal copias certificadas de las constancias mediante las cuales acredite la aplicación de la segunda dosis de la vacuna al menor quejoso en cita, o bien, informe la imposibilidad que tenga para ello, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien veces de la unidad de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la sustenta, la Jurisprudencia número 6, visible en la página 728, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. REFORMAS AL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO.- El nuevo texto del último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo no establece solamente una facultad potestativa de los tribunales de control constitucional para recabar oficiosamente pruebas cuando se actualicen los supuestos previstos en el mismo, susceptible de ejercitarse o no. Por el contrario, impone como un deber de los Jueces de amparo el de recabar en forma oficiosa las pruebas que fueron rendidas ante la responsable, que no obren en los autos del juicio constitucional y que estimen necesarias para la resolución del asunto. Por tanto, de acuerdo con la nueva redacción del precepto que se examina, de no cumplir los Jueces de Distrito la obligación de recabar pruebas oficiosamente cuando ello sea procedente, su omisión constituirá una infracción a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, que motivará la revocación de la sentencia recurrida en revisión para reponer el procedimiento, a fin de que el Juez de amparo omiso cumpla con lo ordenado en el artículo 78, último párrafo, de la misma ley." Asimismo, a fin de estar en condiciones de proveer lo conducente requiérase a la parte quejosa a fin de que acredite con las documentales necesarias que se presentó a la aplicación del biológico antes mencionado en su segunda dosis; apercibido que, de no hacerlo o no informar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización en términos del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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