Sandra Jaqueline Hernandez Garcia
Expediente 1637/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1637/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Sandra Jaqueline Hernandez Garcia
- Juez Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos
- I.M. S. H.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada por este juzgado en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. No se tramitó incidente de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 21, inciso a) y penúltimo párrafo, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Por otro lado, se hace la precisión que el criterio y plazo de conservación es el siguiente: Destruible y deberá conservarse en el archivo de este Juzgado durante TRES AÑOS; asimismo, el expediente no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el instrumento normativo en cita y no obran documentos originales que deban ser devueltos a quien corresponda. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se devuelve tomo de pruebas. Finalmente, de las constancias que obran en autos, se advierte que la responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado, remitió diversas documentales, las cuales se ordenó llevar por separado en un tomo de pruebas; por tanto, devuélvansele para los efectos legales procedentes, en el entendido de que el sello de recepción del oficio respectivo, con la anotación de que se recibió ese cuaderno, hará las veces de acuse de recibo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de ****, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, desahoga la vista concedida en autos, realizando diversas manifestaciones sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; las que de ser procedentes, serán tomadas en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 1637/2021, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, remitido ese mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, Sandra Jaqueline Hernández García, por propio derecho, y en representación del menor de iniciales I.M.S.H. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "AUTORIDADES RESPONSABLES: El ciudadano Juez Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos El ciudadano Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos IV. ACTOS RECLAMADOS. El auto de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual no se me concedió judicial provisional que prevé el artículo 490 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, que a continuación se citan: "ARTÍCULO 490.- MEDIDAS JUDICIALES PROVISIONALES. Mientras se decrete el divorcio el Juez autorizará la separación de los consortes de manera provisional y dictará las medidas necesarias para asegurar la subsistencia de los hijos y en su caso al cónyuge, y a los que exista la obligación de dar alimentos. La cual fue solicitada en el escrito de demanda de divorcio incausado, para el efecto de violentar el derecho humano de mi menor hijo. b).- La negativa de la medida judicial provisional solicitada, con relación a la pensión provisional y definitiva a favor de mi menor hijo, misma que fue solicitada en el escrito de demanda de divorcio incausado, ya que, mientras se decrete el divorcio, el Juez autorizará la separación de los consortes de manera provisional y dictará las medidas necesarias para asegurar la susbsistencia de los hijos y en su caso al cónyuge y a los que exista la obligación de dar alimentos. c).- La negativa de girar el oficio a la fuente de trabajo de la parte demandada, PUNTO A PUNTO T2 S. DE R.L. DE C.V., con domicilio ubicado en Campo Vergel Santa Cruz 1932 C.P. 62585, colonia Vergel Santa Cruz, del Municipio de Temixco, para el descuento correspondiente por pensión alimenticia a favor de mi menor hijo." SEGUNDO. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. Artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. TERCERO. AUTO INICIAL Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, conocer de la demanda de garantías de que se trata, registrándose con el número de expediente 1637/2021, misma que en proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, previo ocurso aclaratorio de la misma; se mandó pedir informe justificado a las autoridades responsables; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se celebró en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 107, de la Ley de Amparo, 48 y 55 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado es atribuido a una autoridad que tiene su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son estos, conforme a las líneas de interpretación de la demanda y constancias que obran en autos, se advierte que en esencia se reclama: La omisión y/o negativa contenida en el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 512/2021 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual se indicó que debería de estarse a lo acordado en el diverso proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el que se reservó proveer lo relativo a las medidas provisionales solicitadas por la parte actora, aquí quejosa, establecidas en el artículo 490 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, consistentes en fijar un pensión provisional a favor del menor de iniciales I.M.S.H., así como establecer lo relativo a la guarda y custodia del mismo. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y solo en el primer caso, estudiar las causas de improcedencia y, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Primero Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos y Actuario adscrita a dicho órgano jurisdiccional, lo anterior, porque así lo afirmaron expresamente al rendir su informe justificado; aseveración que basta para tener plenamente evidenciados los actos que se les atribuyen, en su ámbito de competencia, de acuerdo al arábigo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°. Como apoyo se cita el criterio Jurisprudencial 278, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el expediente 512/2021, del índice del órgano jurisdiccional responsable mismas que goza de pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia. En relación al valor de las referidas constancias, es aplicable la Jurisprudencia publicada con el número 226, sostenida por el otrora Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de antigua integración, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de fondo, procede analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación en virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea porque advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: "ACTO CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." En ese contexto, se tiene que la parte quejosa mediante escrito de demanda presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, señaló como acto reclamado, la omisión y/o negativa contenida en el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 512/2021 del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual, se indicó que debería de estarse a lo acordado en el diverso proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el que se reservó proveer lo relativo a las medidas provisionales solicitadas por la parte actora, aquí quejosa, establecidas en el artículo 490 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, consistentes en fijar un pensión provisional a favor del menor de iniciales I.M.S.H., así como establecer lo relativo a la guarda y custodia del mismo. Empero, de las constancias remitidas por las autoridades responsables adjuntas a su informe justificado, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable emitió un acuerdo en el que se pronunció con relación a la medidas provisionales solicitadas por la parte quejosa, decretando la guardia y custodia del menor de iniciales I.M.S.H. a favor de la su progenitora, asimismo decretó una pensión alimenticia provisional a cargo del demandado y a favor del menor por la cantidad que resulte del 20% mensual de todas y cada una de las percepciones de su salario, por lo que ordenó girar oficio al centro de trabajo del deudor alimentario para efecto de que procediera a realizar el descuento correspondiente; determinación que se hizo del conocimiento de la parte quejosa el tres de diciembre de dos mil veintiuno. En ese sentido, se advierte que con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable se pronunció en relación a las medidas provisionales solicitadas por la parte actora, aquí quejosa en el juicio de origen y lo hizo de su conocimiento; por lo que se evidencia que cesaron los efectos del acto reclamado, pues con dichas actuaciones la parte quejosa fue restituida en el goce de la garantía individual violada, en términos de las jurisprudencias citadas en párrafos precedentes. En ese cause de pensamiento, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al caso, por analogía jurídica sirve de apoyo a este criterio la tesis 2ª./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que obste para sobreseer en el juicio, el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues ello de ninguna manera prejuzga sobre el fundamento mismo del juicio constitucional que va a dilucidarse en la sentencia respectiva, lo cual se encuentra apoyado en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo LXXI, materia común, página 2307 de rubro: "SOBRESEIMIENTO, NO OBSTA PARA DICTARLO, EL QUE SE HAYA ADMITIDO LA DEMANDA". Ahora bien, los tribunales federales están obligados a examinar los conceptos de violación planteados en la demanda correspondiente; sin embargo, dicha obligación desaparece cuando se decreta el sobreseimiento, como ocurrió en la especie, lo cual impide el estudio del fondo del asunto y, por consiguiente el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sustenta lo aquí resuelto, la tesis 509, consultable en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, cabe decir que las jurisprudencias y tesis citadas en esta sentencia y que fueron integradas conforme a la anterior Ley de Amparo, se estima que continúan vigentes, toda vez que no se oponen a lo dispuesto en la nueva ley de la materia y son aplicables al caso, precisión que se hace de conformidad con su artículo sexto transitorio de la misma. QUINTO. PUBLICIDAD. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Sandra Jaqueline Hernández García, por propio derecho, y en representación del menor de iniciales I.M.S.H., respecto de los actos reclamados precisados en el segundo considerando de esta sentencia de conformidad con lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diez de marzo de dos mil veintidós. Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de tres de marzo de dos mil veintidós, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En relación con lo anterior, es preciso señalar que el artículo 117 de la citada ley establece que, con la finalidad de que las partes en el juicio tengan conocimiento de los informes justificados, se les deberá dar vista al menos con ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, término que no se cumplimentaría de llevarse a cabo la audiencia, pues dicho plazo se encuentra transcurriendo. Diferimiento audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las DOCE HORAS DEL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, artículo 26, fracción II citado, cumple con tal exigencia, estos es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. Notifíquese.
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