Sandra Janeth Pérez Arcadia
Expediente 1296/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1296/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/09/2018
Partes del expediente
- Sandra Janeth Pérez Arcadia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 98 a 100), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la cual, por una parte, sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintinueve de agosto del año que transcurre (foja 100), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el tres de agosto del año actual (fojas 51 a 77), se determinó por una parte, sobreseer y, por otra, conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió, respecto de la cantidad de $13,031.80 (trece mil treinta y un pesos con ochenta centavos 80/100 moneda nacional), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO; así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", todos derivados de la escritura pública número 15,461 (quince mil cuatrocientos sesenta y uno), tomo quincuagésimo octavo, libro tres del Protocolo a cargo del Notario Público número Cinco, residente Tepic, Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. Cantidad anterior que es derivada del pago declarado inconstitucional que figura en las impresiones del formato de pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; esto es, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley, para que las autoridades responsables no aplicaran en el presente y ni en el futuro, tales preceptos legales; y B) Devolver a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de ***; así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", todos derivados de la escritura pública número 15,461 (quince mil cuatrocientos sesenta y uno), tomo quincuagésimo octavo; asimismo, tal cantidad deberá ser debidamente actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentado por la autoridad responsable Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas (fojas 98 a 99), informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, pues de dicho comunicado se advierte que devolvió a la parte quejosa la cantidad de ***, con motivo de la inconstitucionalidad de los artículos aplicados materia de reclamo y que la cantidad se encuentra debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que si tenemos que al monto de $13031.80 (trece mil treinta y un pesos 80/100 moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), nos da como resultado la cantidad de $12,751.80 (doce mil setecientos cincuenta y un pesos 80/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veinticinco de mayo y veintidós de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad responsable devolvió las contribuciones reclamadas en su totalidad a través de transferencia bancaria; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril a julio del año que transcurre. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio de presente año entre el índice para el mes de abril de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril del presente año fue 131.987; y para el mes de julio 132.991. De la división de dichos factores se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0076. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $12,848.71 (doce mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 71/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $96.91 (noventa y seis pesos 91/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $12,751.80 (doce mil setecientos cincuenta y un pesos 80/100 moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la autoridad responsable debía devolver a la quejoso era de ***); sin embargo, éste reintegró la diversa de $12,751.80 (doce mil setecientos cincuenta y un pesos 80/100 moneda nacional), es decir, omitió reintegrar la cantidad de $96.91 (noventa y seis pesos 91/100, moneda nacional), pero dicha cantidad no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectué el quejoso, a fin de entregar dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por una parte se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
Tepic, Nayarit, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el comunicado de cuenta signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio autorizado de la resolución que emitió el tres de agosto de la presente anualidad, en auxilio y apoyo a las labores de dicho órgano colegiado, el diverso Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, dentro del expediente auxiliar 576/2018, derivado del amparo en revisión 1009/2017, en el que, por una parte revoco la sentencia recurrida, y por otra, ordenó reponer el procedimiento; de igual manera, remite el cuaderno original relativo al juicio de amparo 909/2016 del índice de este órgano jurisdiccional En virtud de lo anterior, acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo desde los autos que obran en original, esto es desde el proveído de dieciocho de julio de dos mil diecisiete; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal. Ahora, el citado tribunal colegiado ordenó reponer el procedimiento para los efectos siguientes: En atención a lo anterior este juzgado de distrito proveé lo siguiente: PREVENCIÓN. En tales condiciones, se hace necesario trascribir los artículos 114, fracción II y 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley. De la fracción II del numeral 114 de la legislación en cita, se advierte que si la parte quejosa en el escrito de demanda no expresa todos los requisitos contemplados en el diverso 108 de dicha ley, el órgano jurisdiccional de amparo deberá prevenir al promovente del amparo para que subsane dicha omisión, a efecto de que el líbelo de mérito cumpla con los requisitos previstos en la norma, esto es, lo siguiente: Precisar la autoridad o autoridades responsables. En el entendido de que si se impugnan normas generales, el quejoso deberá señalar al titular del órgano de Estado a los que la ley encomiende su promulgación y únicamente, podrá señalar con tal carácter a las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, cuando impugne sus actos por vicios propios. Así, el quejoso no señaló como responsable a la autoridad que realizó el ajuste cuestionado, a fin de integrar debidamente la Litis y poder estudiar la constitucionalidad del oficio 711 BIS/ACN/2016 en la sentencia correspondiente. REQUERIMIENTO Por tanto, se requiere al promovente para que dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: Primero. Manifieste si desea señalar como autoridad responsable a quien realizo el ajuste cuestionado, esto es al Jefe de Departamento Comercial Zona Tepic EF, de la División de Distribución Jalisco de la Comisión Federal de Electricidad, pues dicho acto no se la atribuye en el capítulo respectivo a ninguna autoridad responsable. Segundo. De igual manera, hágasele saber al promovente que el escrito aclaratorio de la demanda de amparo se debe presentar junto con quince copias en términos del numeral 110 de la Ley de Amparo, a fin de distribuirlas entre las partes, de la siguiente forma: una copia para cada autoridad señalada como responsable, que resultan ser catorce y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; cuestión que rige en forma absoluta en el supuesto de que la materia de la aclaración o el cumplimiento de la prevención constituyan elementos que deban ponerse en conocimiento directo de las demás partes del juicio constitucional al correrles traslado del libelo inicial, como en el caso ocurre ante la irregularidad que fue apuntada con antelación, para darles oportunidad a tales partes de que produzcan en forma adecuada y oportuna su defensa. En el entendido de que las copias solicitadas en el párrafo que antecede son las que se requieren para las partes que ya forman parte en el presente juicio, por lo que, además, deberá exhibir las otras que sean necesarias, tomando en consideración a nuevas autoridades responsables, que en su caso, señale. Resulta aplicable, la Jurisprudencia por contradicción de tesis número 9/2000, que emitió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y nueve, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente de amparo, que en caso de no acatar lo establecido, no se le tendrá como autoridad responsable a dicho ente y se resolverá el presente juicio de amparo tal como fue planteado. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación al amparo que se provee, se procederá de conformidad con lo establecido en el arábigo 261, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b y c de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. En la inteligencia, de que seguida la etapa procesal se continuará con los efectos de la reposición respectiva.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia de tres de agosto del año en curso (fojas 51 a 77), por medio del cual, por una parte, se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados por la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, toda vez que con fecha veintiocho de agosto de la presente anualidad, se tuvo por recibido en la oficialía de partes de este juzgado el oficio signado por el ********************, a través del cual informa las gestiones que realizó para dar cumplimiento con la sentencia emitida en el presente juicio biinstancial. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia de tres de agosto del año en curso (fojas 51 a 77), por medio del cual, por una parte, se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados por la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, toda vez que con fecha veintiocho de agosto de la presente anualidad, se tuvo por recibido en la oficialía de partes de este juzgado el oficio signado por el ********************, a través del cual informa las gestiones que realizó para dar cumplimiento con la sentencia emitida en el presente juicio biinstancial. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
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