Sandra Isabel Navarrete Rojas
Expediente 1891/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1891/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/11/2023
Partes del expediente
- Sandra Isabel Navarrete Rojas
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito signado por el quejoso, mediante el cual solicita se cancele el acceso al expediente digital y no se practiquen notificaciones vía electrónica, en virtud de ya no resultar necesarios; en consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo que solicita, dese de baja del expediente electrónico del sumario en que se actúa, la clave de usuario *; proporcionado por la parte quejosa. Lo anterior, en la inteligencia de que, se resultar necesaria la práctica de alguna notificación personal a la aludida parte, deberá practicarse en el domicilio procesal señalado en la demanda de amparo.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe el PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. Atento a su contenido, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad rindiendo su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Con el informe de cuenta, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Luego, se tienen por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que allega a su comunicado de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional, lo anterior de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del estado de autos, se desprende que la quejosa reclama de la responsable, lo siguiente: En ese sentido, este órgano jurisdiccional, tomando en consideración el informe justificado rendido por la responsable, considera que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, conviene precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, ya que del informe justificado rendido por la responsable, se advierte que mediante proveído de ocho de septiembre del año en curso, dictado en el expediente ** del Índice de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Jalisco, ordenó abrir el periodo de alegatos por tres días común a las partes, en términos del artículo 47 de la Ley de Justicia Administrativa; así mismo, ordenó remitir los autos a la Sala Superior, para que se dicta la sentencia correspondiente. En esas circunstancias, se considera que al haberse satisfecho la pretensión de la quejosa, esto es, se abrió el periodo de alegatos que solicitó dentro del expediente * índice de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Jalisco, así mismo, ordenó remitir los autos a la Sala Superior, para que se dicta la sentencia correspondiente; por lo que han cesado los efectos del acto reclamado, al haberse destruido por completo de forma total e incondicional. Además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, por los motivos expuestos se considera que en el presente juicio sobreviene la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, y por consiguiente, debe decretarse el sobreseimiento, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento, puesto que en el caso de que se trata, la causa de improcedencia que se actualiza es manifiesta e indudable, de modo que las pruebas que la parte quejosa pudiera aportar, no variarían el sentido de la resolución en el presente expediente. Apoya lo considerado la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". En tales condiciones, se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para las diez horas con tres minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el presente asunto, para la celebración de la audiencia constitucional. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, debido a que la promoción que se acuerda fue recibida de manera física y la presente determinación fue autorizada de manera electrónica, sólo se integrará al expediente físico la promoción, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO.
- Principal
Visto el estado de autos, de los que se advierte que por acuerdo de siete de julio pasado del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en autos y los datos aportados por la autoridad; tal acuerdo le fue notificado el veintiséis de julio pasado. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, en virtud de que la parte quejosa, no formuló manifestación al respecto, y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con lo establecido por el numeral 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Se pone de manifiesto que ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, sin incurrir en exceso o defecto. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que se haga en el libro de gobierno. En otro aspecto, este expediente es susceptible de ser conservable transcurridos tres años, en términos de lo establecido en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
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