Sandra Iris Olmos Sureña
Expediente 1424/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1424/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 13/09/2022
Partes del expediente
- Sandra Iris Olmos Sureña
- Fiscal Ejecutivo Asistente de la Federación Adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue: ""LA OMISIÓN, DILACIÓN Y DEMORA EN LA QUE INCURRE EL (sic) H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE PUEBLA, al exceder el término establecido en la ley para radicar la demanda interpuesta por el suscrito quejoso (sic). LA OMISIÓN, DILACIÓN Y DEMORA EN LA QUE INCURRE EL ACTUARIO ADSCRITO AL (sic) H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE PUEBLA, al omitir llevar a cabo el emplazamiento de los demandados en el juicio de origen. LA OMISIÓN, DILACIÓN Y DEMORA EN LA QUE INCURRE EL (sic) H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE PUEBLA, al exceder el término establecido en la ley para desahogar la Audiencia de Ley." Por resolución dictada el trece de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa ********, para el efecto siguiente: "En ese tenor, del contenido del artículo 17 de la Constitución Federal, se desprende que los Tribunales estarán expeditos para administrar justicia, lo que deberá ser en la forma y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, que rige el procedimiento de origen; por tanto, al incumplir esta disposición, resulta acreditada la violación del precitado artículo constitucional aducido por la quejosa, lo que implica un motivo suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que las autoridades responsables (Junta Especial Cuatro de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y actuario adscrita a la misma), una vez que cause ejecutoria esta sentencia, con plenitud de jurisdicción, actúen en la forma que corresponda, conforme a sus atribuciones legales, para agilizar lo relativo al emplazamiento de los demandados (en caso de que el mismo no se hubiere realizado); al desahogo de la audiencia de ley en la fecha señalada, y en caso de que la misma se hubiere diferido, a señalar la nueva fecha dentro de los términos establecidos por la legislación aplicable. Ello, en el juicio laboral D-4/255/2021." En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la misma; y se requirió el cumplimiento respetivo a las autoridades responsables. Posteriormente, mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós, se declaró la imposibilidad jurídica para declarar cumplida la ejecutoria de amparo; y por auto de ocho de junio de dos mil veintidós, se remitió al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito en turno, a fin de que resolviera lo conducente respecto a la referida imposibilidad, el cual por turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y, por auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós se le tuvo informando que admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia. Así, por acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria relativa al incidente de inejecución de sentencia número 11/2022, el cual fue resuelto bajo el siguiente punto resolutivo. "ÚNICO. Es improcedente el incidente de inejecución de sentencia a que este toca se refiere". Atento a lo anterior, en el propio auto de veintidós de julio del año en curso, se requirió a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a fin de que remitiera constancias del cuarto y último pago, producto del convenio celebrado entre el aquí quejoso y el demandado en el juicio laboral D-4/255/2021 e informara s las partes acudieron a ratificar el convenio en mención. Así, mediante oficio 13817/2022, recibido el veintiséis de agosto del año en curso, la presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, remitió copia certificada de la diligencia de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en la que se hizo constar el cumplimiento total al convenio celebrado el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral D-4/255/2021, exhibiendo para tal efecto el demandado la cantidad de siete mil pesos 00/100 moneda nacional, cantidad que recibió en efectivo la actora aquí quejosa ******* como último pago, a su entera satisfacción, firmando al margen y estampando su huella para constancia por su recibo, lo que puso fin al citado sumario laboral. Por lo anterior, el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se notificó personalmente a la quejosa el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales remitidas por la presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, se advierte que el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno se celebró un convenio entre las partes en el juicio laboral D-4/255/2021, y que en diligencia de diecisiete de marzo del año que transcurre, la parte actora, se dio por pagado de las prestaciones reclamadas, lo anterior revela la inexistencia de materia para cumplir con el fallo protector, ante la desaparición de las condiciones que dieron origen al juicio, señalando que dicho convenio se elevó a la categoría de laudo ejecutoriado, ordenando el archivo del citado juicio como total y definitivamente concluido. En ese sentido, conforme a lo expuesto es posible advertir que debe declararse sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y por ende, ordenarse el archivo de este expediente como asunto concluido. Al respecto, conviene traer a contexto lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. El contenido de dicho precepto legal, dispone el procedimiento que deben de seguir los jueces de distrito para determinar si la ejecutoria de amparo quedó cumplida, existió exceso o defecto, o bien para declarar la imposibilidad de cumplimiento. Es así, porque aun cuando el párrafo primero únicamente alude al supuesto relativo a cuando la responsable afirme que ya quedó cumplida la sentencia; lo cierto es, que el segundo de ellos, se refiere al resto de las hipótesis mencionadas en el párrafo precedente, esto es, al exceso, defecto e imposibilidad de cumplir con la sentencia; circunstancia que evidencia la pretensión del legislador de establecer un solo procedimiento para ese tipo de cuestiones. Así, la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo se actualiza cuando la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta, sino de la propia conducta de las partes que provocó la conclusión del juicio. Si bien, la materia del cumplimiento se traduce en este caso en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que, cuando surge la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, no se puede obligar a la responsable a la restitución en el pleno goce del derecho fundamental violado, consistente en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, ya que para ello, es necesario que la naturaleza del acto reclamado lo permita. Ahora, en el presente asunto, se constriñó a la autoridad responsable a un hacer, a saber, que agilizara los trámites para emplazar a los demandados para el desahogo de la audiencia de ley, dentro del juicio laboral D-4/255/2021. Sin embargo, su cumplimiento no es posible, pues como se expuso anteriormente, la controversia del juicio laboral culminó con el convenio celebrado entre las partes. Aquí debe explicarse que cuando las partes llegan a un convenio en el juicio laboral aquél, tendrá efectos de laudo, tal y como lo dispone el artículo 876, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. En ese orden de ideas, si dentro del juicio de origen, se celebró un convenio, tal posición, conforme a la ley produjo los mismos efectos de un laudo, esto es, entre otras cosas que se tenga por concluido el proceso. En efecto, a ningún fin práctico conduce analizar las constancias de autos a fin de determinar si se cumplió con cada uno de los efectos del fallo protector, si conforme a lo expuesto en virtud de la actuación de las partes del juicio de origen, se dio por concluido el juicio natural; lo cual redunda en la imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia de amparo, pues de cualquier manera el procedimiento de origen ya culminó. Lo anterior, constituye un obstáculo para cumplir con la ejecutoria, por lo que lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Sin que proceda remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, ya que esta obligación se impone cuando existe renuencia por parte de la responsable a acatar el fallo protector, lo cual, en el presente no sucede. En las relatadas condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de A Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. Asimismo, para efectos de la estadística de existencia de este órgano jurisdiccional, se precisa la siguiente información en torno al cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio: Campo solicitado Data 1 Fecha del cumplimiento por parte de la autoridad 16 de diciembre de 2021 y 17 de marzo de 2022. 2 Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento 2 de marzo y 26 de agosto, ambos de 2022 3 Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el apercibimiento 31 de agosto de 2022 4 Fecha en que se tuvo por cumplida la ejecutoria 13 de septiembre de 2022
- Principal
AVISO QUEJOSO San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue: ""LA OMISIÓN, DILACIÓN Y DEMORA EN LA QUE INCURRE EL (sic) H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE PUEBLA, al exceder el término establecido en la ley para radicar la demanda interpuesta por el suscrito quejoso (sic). LA OMISIÓN, DILACIÓN Y DEMORA EN LA QUE INCURRE EL ACTUARIO ADSCRITO AL (sic) H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE PUEBLA, al omitir llevar a cabo el emplazamiento de los demandados en el juicio de origen. LA OMISIÓN, DILACIÓN Y DEMORA EN LA QUE INCURRE EL (sic) H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE PUEBLA, al exceder el término establecido en la ley para desahogar la Audiencia de Ley." Por resolución dictada el trece de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa ********, para el efecto siguiente: "En ese tenor, del contenido del artículo 17 de la Constitución Federal, se desprende que los Tribunales estarán expeditos para administrar justicia, lo que deberá ser en la forma y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, que rige el procedimiento de origen; por tanto, al incumplir esta disposición, resulta acreditada la violación del precitado artículo constitucional aducido por la quejosa, lo que implica un motivo suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que las autoridades responsables (Junta Especial Cuatro de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y actuario adscrita a la misma), una vez que cause ejecutoria esta sentencia, con plenitud de jurisdicción, actúen en la forma que corresponda, conforme a sus atribuciones legales, para agilizar lo relativo al emplazamiento de los demandados (en caso de que el mismo no se hubiere realizado); al desahogo de la audiencia de ley en la fecha señalada, y en caso de que la misma se hubiere diferido, a señalar la nueva fecha dentro de los términos establecidos por la legislación aplicable. Ello, en el juicio laboral D-4/255/2021." En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la misma; y se requirió el cumplimiento respetivo a las autoridades responsables. Posteriormente, mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós, se declaró la imposibilidad jurídica para declarar cumplida la ejecutoria de amparo; y por auto de ocho de junio de dos mil veintidós, se remitió al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito en turno, a fin de que resolviera lo conducente respecto a la referida imposibilidad, el cual por turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y, por auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós se le tuvo informando que admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia. Así, por acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria relativa al incidente de inejecución de sentencia número 11/2022, el cual fue resuelto bajo el siguiente punto resolutivo. "ÚNICO. Es improcedente el incidente de inejecución de sentencia a que este toca se refiere". Atento a lo anterior, en el propio auto de veintidós de julio del año en curso, se requirió a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a fin de que remitiera constancias del cuarto y último pago, producto del convenio celebrado entre el aquí quejoso y el demandado en el juicio laboral D-4/255/2021 e informara s las partes acudieron a ratificar el convenio en mención. Así, mediante oficio 13817/2022, recibido el veintiséis de agosto del año en curso, la presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, remitió copia certificada de la diligencia de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en la que se hizo constar el cumplimiento total al convenio celebrado el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral D-4/255/2021, exhibiendo para tal efecto el demandado la cantidad de siete mil pesos 00/100 moneda nacional, cantidad que recibió en efectivo la actora aquí quejosa ******* como último pago, a su entera satisfacción, firmando al margen y estampando su huella para constancia por su recibo, lo que puso fin al citado sumario laboral. Por lo anterior, el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se notificó personalmente a la quejosa el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales remitidas por la presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, se advierte que el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno se celebró un convenio entre las partes en el juicio laboral D-4/255/2021, y que en diligencia de diecisiete de marzo del año que transcurre, la parte actora, se dio por pagado de las prestaciones reclamadas, lo anterior revela la inexistencia de materia para cumplir con el fallo protector, ante la desaparición de las condiciones que dieron origen al juicio, señalando que dicho convenio se elevó a la categoría de laudo ejecutoriado, ordenando el archivo del citado juicio como total y definitivamente concluido. En ese sentido, conforme a lo expuesto es posible advertir que debe declararse sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y por ende, ordenarse el archivo de este expediente como asunto concluido. Al respecto, conviene traer a contexto lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. El contenido de dicho precepto legal, dispone el procedimiento que deben de seguir los jueces de distrito para determinar si la ejecutoria de amparo quedó cumplida, existió exceso o defecto, o bien para declarar la imposibilidad de cumplimiento. Es así, porque aun cuando el párrafo primero únicamente alude al supuesto relativo a cuando la responsable afirme que ya quedó cumplida la sentencia; lo cierto es, que el segundo de ellos, se refiere al resto de las hipótesis mencionadas en el párrafo precedente, esto es, al exceso, defecto e imposibilidad de cumplir con la sentencia; circunstancia que evidencia la pretensión del legislador de establecer un solo procedimiento para ese tipo de cuestiones. Así, la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo se actualiza cuando la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta, sino de la propia conducta de las partes que provocó la conclusión del juicio. Si bien, la materia del cumplimiento se traduce en este caso en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que, cuando surge la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, no se puede obligar a la responsable a la restitución en el pleno goce del derecho fundamental violado, consistente en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, ya que para ello, es necesario que la naturaleza del acto reclamado lo permita. Ahora, en el presente asunto, se constriñó a la autoridad responsable a un hacer, a saber, que agilizara los trámites para emplazar a los demandados para el desahogo de la audiencia de ley, dentro del juicio laboral D-4/255/2021. Sin embargo, su cumplimiento no es posible, pues como se expuso anteriormente, la controversia del juicio laboral culminó con el convenio celebrado entre las partes. Aquí debe explicarse que cuando las partes llegan a un convenio en el juicio laboral aquél, tendrá efectos de laudo, tal y como lo dispone el artículo 876, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. En ese orden de ideas, si dentro del juicio de origen, se celebró un convenio, tal posición, conforme a la ley produjo los mismos efectos de un laudo, esto es, entre otras cosas que se tenga por concluido el proceso. En efecto, a ningún fin práctico conduce analizar las constancias de autos a fin de determinar si se cumplió con cada uno de los efectos del fallo protector, si conforme a lo expuesto en virtud de la actuación de las partes del juicio de origen, se dio por concluido el juicio natural; lo cual redunda en la imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia de amparo, pues de cualquier manera el procedimiento de origen ya culminó. Lo anterior, constituye un obstáculo para cumplir con la ejecutoria, por lo que lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Sin que proceda remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, ya que esta obligación se impone cuando existe renuencia por parte de la responsable a acatar el fallo protector, lo cual, en el presente no sucede. En las relatadas condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes. Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de A Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. Asimismo, para efectos de la estadística de existencia de este órgano jurisdiccional, se precisa la siguiente información en torno al cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio: Campo solicitado Data 1 Fecha del cumplimiento por parte de la autoridad 16 de diciembre de 2021 y 17 de marzo de 2022. 2 Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento 2 de marzo y 26 de agosto, ambos de 2022 3 Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el apercibimiento 31 de agosto de 2022 4 Fecha en que se tuvo por cumplida la ejecutoria 13 de septiembre de 2022
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por la presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por el que solicita se le conceda la ampliación del término otorgado mediante proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós, ello en razón de que dicha autoridad cuenta con una excesiva carga de trabajo. En ese sentido, tomando en consideración que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se concede una prórroga por el término de cinco días, contado a partir de su legal notificación. Ello con la finalidad de que la autoridad responsable, presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, dé cumplimiento al fallo protector. En el entendido de que subsiste el apercibimiento con que fue conminada la autoridad requerida mediante el citado auto de veintidós de julio del año en curso, para el caso de incumplimiento; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, mediante el cual informa que por auto de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente T-11/2022, dicho órgano colegiado admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia planteado, de lo que el suscrito queda enterado para los efectos legales correspondientes.
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