Sandra Herrera Martínez
Expediente 293/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 293/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 17/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Sandra Herrera Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridades responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En sentencia de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Sandra Herrera Martínez por su propio derecho y en representación de su menor hija de edad de identidad reservada de iniciales S.M.S.H., para los efectos siguientes: "...efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el seis de abril de dos mil veintiuno en el juicio ordinario civil 861/2020, únicamente por cuanto hace a la reclamación interpuesta, y en su lugar, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad por cuanto hace a las aquí quejosas, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del material probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso y una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario reducir la pensión alimenticia provisional decretada, haga un análisis comparativo entre las necesidades de las acreedoras y las posibilidades del deudor, atienda las manifestaciones vertidas en los escritos de demanda y desahogo a la reclamación, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario, en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance. Concesión de amparo que se hace extensiva a la ejecución del acto reclamado, que se atribuye a la autoridad ejecutora, 2. Secretaria del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, dado que su actuar no se impugnó por vicios propios." En esas condiciones, mediante auto de dieciséis de agosto del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Posteriormente, mediante proveído de treinta de agosto del presente año, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias correspondientes remitidas por la autoridad responsable. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, pues mediante oficio 4172 el Juez Cuarto y Secretaria, ambos adscritos al Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, remitieron copia certificada de la resolución de veintidós de agosto del año en curso, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de seis de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual resolvió el recurso de reclamación de alimentos, derivado del expediente 861/20-I de su índice. Seguidamente, se pronunció nuevamente respecto al recurso de mérito, analizando el material probatorio ofrecido por el demandado Hugo Alfredo Sánchez Reyes, consistente en: copias certificadas del acta de matrimonio con la aquí quejosa, copias de las actas de nacimiento de las acreedoras alimentarias con iniciales S.M.S.H. y H.A.S.S. constancias de estudios expedidas por la escuela primaria ENEDINA SANTIAGO CRUZ, en donde consta que el menor de iniciales H.A.S.S., se encuentra estudiando. Copia certificada de la escritura pública número 7,131 (siete mil ciento treinta y uno) del protocolo de la notaría pública Siete de Martínez de la Torre, Veracruz, en el que se acredita que Basilio Sánchez Gil, reconoce tenía un adeudo con la quejosa, por la cantidad de $213,000.00 (doscientos trece mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de préstamo personal. cuatro facturas expedidas por LINKBEAM INTERNET RESIDENCIAL en el cual el demandado acredita que realizó diversos pagos por concepto de internet. constancia de adeudo del GRUPO MAS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO a favor del reo, carta de no adeudo expedida por DREAM LAGOONS, A.C., a favor del demandado. dos copias simple de recibos de pago por concepto de agua potable del GRUPO MAS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. copia simple de constancia de empadronamiento folio TO71843, en la modalidad de taxi del municipio de Veracruz. copia simple de una carta de liberación expedida por el Subdirector de Transporte Público de Veracruz, a favor de SANDRA HERRERA MARTÍNEZ, en el que se le autoriza el pago de emplacamiento de la unida vehicular con el que justifica que la actora cuenta con una autorización de la concesión de una unidad de transporte público. dos copias simple de una factura de folio y serie 004156C de veintiséis de noviembre de dos mil quince, expedida por GASME AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., a nombre de KARLA MAYANIN BLANCO RIVERA, respecto del vehículo con una certificación a nombre de SANDRA HERRERA MARTÍNEZ, y pagos por conceptos de expedición de tarjeta anual de identificación de operador de Transporte público pasajeros a nombre de SANDRA HERRERA MARTÍNEZ, documental con la que acredita que la quejosa adquirió un vehículo y realizó el pago por el concepto antes citado. seis recibos de pago expedidos por la Secretaría de Educación Pública de Veracruz, con código QR a nombre del demandado con el que acredita su lugar en donde labora, así como los ingresos y descuentos que se le realizan, además de lo que percibe. siete recibos de pago expedidos por la Secretaría de Educación de Veracruz con código QR a nombre de la quejosa, con el que acredita su lugar en donde labora la parte actora, así como los ingresos y descuentos que se le realizan. ocho recibos por concepto de pago de alimentos expedidos por María Modesta Santiago Laureano, a favor del demandado con los cuales acredita que erogó gastos por concepto de pensión alimenticia a favor de su hijo. copia simple de la factura folio y serie 000105v expedida por Autos Banzal, S.A. de C.V., expedida a nombre de Salvador Herrera Martínez, con lo que se acredita que el citado Salvador cedió los derechos de dicha factura a la quejosa, documentales con valor probatorio en términos de los artículos 210, 235 fracciones II y IV, 261, fracciones I, II, y IV, 265, 266, 333 y 337 del Código de Procedimientos Civiles. Posteriormente, consideró las documentales ofrecidas por la actora, consistente en: copia certificada del acta de matrimonio. copia del acta de nacimiento de la menor, mismas que ofreció el demandado las cuales fueron valoradas. contrato de arrendamiento celebrado por la actora, con el que acredita se encuentra arrendando un bien inmueble por la cantidad de $ 2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales. un recibo de pago por concepto de energía eléctrica, probanzas con valor probatorio conforme a lo dispuesto por los artículos 235, fracción II y III, 261 fracción, 265, y 266 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Ahora dada la naturaleza del recurso y celeridad del recurso de reclamación el reclamante debe acreditar de manera indiciaria o presuntiva lo que le resta sea insuficiente para solventar sus propias necesidades; o que la medida decretada de manera inicial es desproporcionada o excesiva; en ese sentido el Juez responsable consideró procedente el recurso de reclamación, al tenor de las siguientes consideraciones. Al analizar el material probatorio destacó que la actora obtiene un salario como trabajadora de la Secretaría de Educación, de $3,960.00 (tres mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) a $3,071.11 (tres mil novecientos sesenta pesos 11/100 M.N.) en atención a los recibos de nómina exhibidos por el reclamante, así como el hecho que cuenta con atención médica por lo que no eroga gastos por ese rubro. Sin que pase por alto, que eroga gastos por concepto de arrendamiento, y energía eléctrica, no menos cierto es que la actora posee una concesión de transporte público en su modalidad de taxi, sin que se tenga certeza a cuánto ascienden sus ingresos por esa concesión, aunque de manera indiciaria se tiene como ingreso, aunado a que la actora no puso objeción respecto de la reclamación, por lo que se tiene por cierto lo anterior. Por otra parte, consideró que el demandado justificó que cuenta con otro acreedor alimentario, de iniciales H.A.S.S y que eroga gastos de alimentación por dicho menor, así como el hecho que sus ingresos oscilan entre $1,845.80 (un mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 80/100 moneda nacional) quincenales, que se aprecia que tiene un descuento por préstamo hipotecario, de igual forma, manifiesta que la actora también debe de contribuir con los alimentos de la acreedora alimentaria. Bajo dichas consideraciones el Juez de lo Familiar determinó en términos del 234 del Código Civil del Estado de Veracruz, el cual señala que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos; es de destacar que, puesto que si la actora se encarga del cuidado de sus menores hijos; debe tomarse en consideración las actividades y roles de género que tiene los padres, al considerar la doble jornada del sector de las mujeres, al trabajar fuera de casa tiempo completo, y además al llegar al hogar y atender el cuidado de los hijos y del hogar mismo, con lo anterior el juez responsable consideró que la aquí quejosa cumple con la obligación de proporcionarle alimentos a su hija en especie al estar bajo su guarda y custodia y contar con dos años de edad tal y como se aprecia del acta de nacimiento. Asimismo, consideró los ingresos, gastos, posibilidades reales del deudor y las necesidades de los acreedores, en atención al principio de proporcionalidad; así como la circunstancia que el deudor alimentario satisface sus propias necesidades, las que resultan mayores a las de sus acreedores. Lo anterior tomando en consideración el alto costo de vida, por ser un hecho notorio que no requiere ser probado en términos del artículo 232 párrafo segundo del Código Procesal Civil, y que los alimentos no tiene con finalidad que los acreedores se enriquezcan, ni que el deudor alimentario se empobrezca, si no que por el contrario busca que ambas partes tengan lo suficiente para vivir adecuadamente respetando el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 242 del Código Civil de Estado de Veracruz, así como tomando en consideración el entorno en que se desenvuelven, tomando en cuenta lo narrado en la demanda y el recurso de reclamación. Ante dichas consideraciones el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, determinó procedente la reclamación interpuesta por el aquí tercero interesado Hugo Alfredo Sánchez Reyes, por lo que redujo la pensión alimenticia decretada en auto de inicio del 50% (cincuenta por ciento) al 40% (cuarenta por ciento) distribuida de la siguiente manera: 15% para Sandra Herrera Martínez. 25% para la menor de identidad reservada S.M.S.H. En ese sentido, se determina que las autoridades responsables, en el ámbito de sus facultades y atendiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, dejaron insubsistente la resolución de seis de abril de dos mil veintiuno. Seguidamente, el Juez responsable procedió al estudio del recurso de mérito de reclamación interpuesto en autos del expediente 861/20-I de su índice, el que determinó reducir la pensión provisional alimentaria fijada del 50% (cincuenta por ciento) y en su lugar se decretó el 40% (cuarenta por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado, lo anterior tomando en consideración las probanzas exhibidas por el reclamante y al principio de proporcionalidad (los alimentos deben ser proporcionados de manera proporcional a las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor) que estipula el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, así como las necesidades del acreedor alimentario, considerando su entorno social, costumbres y las posibilidades económicas del deudor, considerando los ingresos que percibe, además de los gastos propios. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva) con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 293/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno.Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna.Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridades responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.En sentencia de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Sandra Herrera Martínez por su propio derecho y en representación de su menor hija de edad de identidad reservada de iniciales S.M.S.H., para los efectos siguientes: "...efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el seis de abril de dos mil veintiuno en el juicio ordinario civil 861/2020, únicamente por cuanto hace a la reclamación interpuesta, y en su lugar, emita otra en la que, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad por cuanto hace a las aquí quejosas, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Esto es, en primer orden, realice un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, así como a su propia experiencia en la materia, del material probatorio ofrecido por las partes a efecto de resolver el citado recurso y una vez hecho lo anterior, en caso de considerar necesario reducir la pensión alimenticia provisional decretada, haga un análisis comparativo entre las necesidades de las acreedoras y las posibilidades del deudor, atienda las manifestaciones vertidas en los escritos de demanda y desahogo a la reclamación, a partir de las pruebas que acompañaron las partes al sumario, en atención al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 242 del Código Civil, y con base en ello determine el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete dicho principio, justificando debidamente las conclusiones que alcance.Concesión de amparo que se hace extensiva a la ejecución del acto reclamado, que se atribuye a la autoridad ejecutora, 2. Secretaria del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, dado que su actuar no se impugnó por vicios propios." En esas condiciones, mediante auto de dieciséis de agosto del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables.Posteriormente, mediante proveído de treinta de agosto del presente año, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias correspondientes remitidas por la autoridad responsable. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos.Lo anterior es así, pues mediante oficio 4172 el Juez Cuarto y Secretaria, ambos adscritos al Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, remitieron copia certificada de la resolución de veintidós de agosto del año en curso, de la que se advierte que dejó insubsistente la diversa de seis de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual resolvió el recurso de reclamación de alimentos, derivado del expediente 861/20-I de su índice.Seguidamente, se pronunció nuevamente respecto al recurso de mérito, analizando el material probatorio ofrecido por el demandado Hugo Alfredo Sánchez Reyes, consistente en: copias certificadas del acta de matrimonio con la aquí quejosa, copias de las actas de nacimiento de las acreedoras alimentarias con iniciales S.M.S.H. y H.A.S.S.constancias de estudios expedidas por la escuela primaria ENEDINA SANTIAGO CRUZ, en donde consta que el menor de iniciales H.A.S.S., se encuentra estudiando.Copia certificada de la escritura pública número 7,131 (siete mil ciento treinta y uno) del protocolo de la notaría pública Siete de Martínez de la Torre, Veracruz, en el que se acredita que Basilio Sánchez Gil, reconoce tenía un adeudo con la quejosa, por la cantidad de $213,000.00 (doscientos trece mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de préstamo personal. cuatro facturas expedidas por LINKBEAM INTERNET RESIDENCIAL en el cual el demandado acredita que realizó diversos pagos por concepto de internet. constancia de adeudo del GRUPO MAS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO a favor del reo, carta de no adeudo expedida por DREAM LAGOONS, A.C., a favor del demandado. dos copias simple de recibos de pago por concepto de agua potable del GRUPO MAS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.copia simple de constancia de empadronamiento folio TO71843, en la modalidad de taxi del municipio de Veracruz. copia simple de una carta de liberación expedida por el Subdirector de Transporte Público de Veracruz, a favor de SANDRA HERRERA MARTÍNEZ, en el que se le autoriza el pago de emplacamiento de la unida vehicular con el que justifica que la actora cuenta con una autorización de la concesión de una unidad de transporte público. dos copias simple de una factura de folio y serie 004156C de veintiséis de noviembre de dos mil quince, expedida por GASME AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V., a nombre de KARLA MAYANIN BLANCO RIVERA, respecto del vehículo con una certificación a nombre de SANDRA HERRERA MARTÍNEZ, y pagos por conceptos de expedición de tarjeta anual de identificación de operador de Transporte público pasajeros a nombre de SANDRA HERRERA MARTÍNEZ, documental con la que acredita que la quejosa adquirió un vehículo y realizó el pago por el concepto antes citado. seis recibos de pago expedidos por la Secretaría de Educación Pública de Veracruz, con código QR a nombre del demandado con el que acredita su lugar en donde labora, así como los ingresos y descuentos que se le realizan, además de lo que percibe. siete recibos de pago expedidos por la Secretaría de Educación de Veracruz con código QR a nombre de la quejosa, con el que acredita su lugar en donde labora la parte actora, así como los ingresos y descuentos que se le realizan. ocho recibos por concepto de pago de alimentos expedidos por María Modesta Santiago Laureano, a favor del demandado con los cuales acredita que erogó gastos por concepto de pensión alimenticia a favor de su hijo. copia simple de la factura folio y serie 000105v expedida por Autos Banzal, S.A. de C.V., expedida a nombre de Salvador Herrera Martínez, con lo que se acredita que el citado Salvador cedió los derechos de dicha factura a la quejosa, documentales con valor probatorio en términos de los artículos 210, 235 fracciones II y IV, 261, fracciones I, II, y IV, 265, 266, 333 y 337 del Código de Procedimientos Civiles. Posteriormente, consideró las documentales ofrecidas por la actora, consistente en: copia certificada del acta de matrimonio. copia del acta de nacimiento de la menor, mismas que ofreció el demandado las cuales fueron valoradas. contrato de arrendamiento celebrado por la actora, con el que acredita se encuentra arrendando un bien inmueble por la cantidad de $ 2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales. un recibo de pago por concepto de energía eléctrica, probanzas con valor probatorio conforme a lo dispuesto por los artículos 235, fracción II y III, 261 fracción, 265, y 266 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Ahora dada la naturaleza del recurso y celeridad del recurso de reclamación el reclamante debe acreditar de manera indiciaria o presuntiva lo que le resta sea insuficiente para solventar sus propias necesidades; o que la medida decretada de manera inicial es desproporcionada o excesiva; en ese sentido el Juez responsable consideró procedente el recurso de reclamación, al tenor de las siguientes consideraciones.Al analizar el material probatorio destacó que la actora obtiene un salario como trabajadora de la Secretaría de Educación, de $3,960.00 (tres mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) a $3,071.11 (tres mil novecientos sesenta pesos 11/100 M.N.) en atención a los recibos de nómina exhibidos por el reclamante, así como el hecho que cuenta con atención médica por lo que no eroga gastos por ese rubro.Sin que pase por alto, que eroga gastos por concepto de arrendamiento, y energía eléctrica, no menos cierto es que la actora posee una concesión de transporte público en su modalidad de taxi, sin que se tenga certeza a cuánto ascienden sus ingresos por esa concesión, aunque de manera indiciaria se tiene como ingreso, aunado a que la actora no puso objeción respecto de la reclamación, por lo que se tiene por cierto lo anterior.Por otra parte, consideró que el demandado justificó que cuenta con otro acreedor alimentario, de iniciales H.A.S.S y que eroga gastos de alimentación por dicho menor, así como el hecho que sus ingresos oscilan entre $1,845.80 (un mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 80/100 moneda nacional) quincenales, que se aprecia que tiene un descuento por préstamo hipotecario, de igual forma, manifiesta que la actora también debe de contribuir con los alimentos de la acreedora alimentaria. Bajo dichas consideraciones el Juez de lo Familiar determinó en términos del 234 del Código Civil del Estado de Veracruz, el cual señala que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos; es de destacar que, puesto que si la actora se encarga del cuidado de sus menores hijos; debe tomarse en consideración las actividades y roles de género que tiene los padres, al considerar la doble jornada del sector de las mujeres, al trabajar fuera de casa tiempo completo, y además al llegar al hogar y atender el cuidado de los hijos y del hogar mismo, con lo anterior el juez responsable consideró que la aquí quejosa cumple con la obligación de proporcionarle alimentos a su hija en especie al estar bajo su guarda y custodia y contar con dos años de edad tal y como se aprecia del acta de nacimiento.Asimismo, consideró los ingresos, gastos, posibilidades reales del deudor y las necesidades de los acreedores, en atención al principio de proporcionalidad; así como la circunstancia que el deudor alimentario satisface sus propias necesidades, las que resultan mayores a las de sus acreedores.Lo anterior tomando en consideración el alto costo de vida, por ser un hecho notorio que no requiere ser probado en términos del artículo 232 párrafo segundo del Código Procesal Civil, y que los alimentos no tiene con finalidad que los acreedores se enriquezcan, ni que el deudor alimentario se empobrezca, si no que por el contrario busca que ambas partes tengan lo suficiente para vivir adecuadamente respetando el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 242 del Código Civil de Estado de Veracruz, así como tomando en consideración el entorno en que se desenvuelven, tomando en cuenta lo narrado en la demanda y el recurso de reclamación. Ante dichas consideraciones el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz, determinó procedente la reclamación interpuesta por el aquí tercero interesado Hugo Alfredo Sánchez Reyes, por lo que redujo la pensión alimenticia decretada en auto de inicio del 50% (cincuenta por ciento) al 40% (cuarenta por ciento) distribuida de la siguiente manera:15% para Sandra Herrera Martínez. 25% para la menor de identidad reservada S.M.S.H. En ese sentido, se determina que las autoridades responsables, en el ámbito de sus facultades y atendiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, dejaron insubsistente la resolución de seis de abril de dos mil veintiuno.Seguidamente, el Juez responsable procedió al estudio del recurso de mérito de reclamación interpuesto en autos del expediente 861/20-I de su índice, el que determinó reducir la pensión provisional alimentaria fijada del 50% (cincuenta por ciento) y en su lugar se decretó el 40% (cuarenta por ciento) del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado, lo anterior tomando en consideración las probanzas exhibidas por el reclamante y al principio de proporcionalidad (los alimentos deben ser proporcionados de manera proporcional a las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor) que estipula el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, así como las necesidades del acreedor alimentario, considerando su entorno social, costumbres y las posibilidades económicas del deudor, considerando los ingresos que percibe, además de los gastos propios. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS.Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo.Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General.En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva) con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción.Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva.
- Principal
Con ésta fecha se notifica a la parte quejosa y tercero interesada, del auto diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, que dice: atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridades responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.(...) Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva) con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.
- Principal
Con ésta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de treinta de agosto del año en curso, que dice: Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez y la Secretaria adscritos al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se les remitiendo las constancias con las que consideran haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado, con el oficio con registro 12254 y su anexo, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias.Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes
- Sandra Aided Barradas Mota818/2021
- Sandra Alicia Arroniz Sosa1290/2014
- Sandra Elizabeth González Morales163/2018
- Sandra Fontes Porthos140/2023
- Sandra Gonzalez Pérez100/2020
- Sandra González Pérez94/2023
- Sandra Luna Flores688/2019
- Sandra Luz López Zamora571/2015
- Sandra Luz Wong Robledo353/2017
- Sandra Miriam Villarauz Arriola119/2015
- Sandra Mónica Aguilar Miranda1297/2021
- Sandra Nayeli Bucio García187/2020