Sandra Hernandez Martínez
Expediente 779/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 779/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sandra Hernandez Martínez
Actuaciones
- Principal
"S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 779/2021 promovido por ********* en contra de los actos de las autoridades que se precisarán más adelante. I. ANTECEDENTES La quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad ser la propietaria del Centro de Almacenamiento y/o Carpintería, que se encuentra ubicado en Avenida de la Juventud, lote número uno, esquina con calle Vicente Guerrero, colonia centro, San Juan Bautista Cuicatlán, Estado de Oaxaca. Señala que a las diez horas con quince minutos del once de diciembre de dos mil veinte, dicho en Centro tuvo lugar una visita de inspección por parte de los Inspectores Federales adscritos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, como consta en el acta de inspección PFPA/26.3/2C.27.2/0098-20. Ahora, por escrito de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, presentado ante la Oficialía de Partes de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente en el Estado de Oaxaca, formuló observaciones y ofreció pruebas, el cual quedo registrado con el folio 001042. Manifestando que aun cuando acudió en diversas ocasiones a las instalaciones de la responsable en el área del Departamento Jurídico, en relación el trámite del expediente relativo, y únicamente se le informaba que el mismo se encontraba en el Departamento de Peritos para la cuantificación de la madera afectada. Bajo ese contexto, el ocho de marzo del año que transcurre, promovió diverso escrito recordatorio ante la Oficialía de Partes de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente en el Estado de Oaxaca, el cual quedo registrado con el folio 00245. No obstante lo anterior, la autoridad responsable no ha dado respuesta a dichos escritos. Por tanto, la inconforme estima que los actos de los entes responsables vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida el catorce de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. La justiciable señaló como autoridad responsable y como actos reclamados los siguientes: "III.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: En su doble carácter de Ordenadora y Ejecutora señalo como tal a la; C. LICENCIADA ESTELA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE EN EL ESTADO DE OAXACA. [.] IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU DOBLE CARÁCTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA RECLAMO: LA OMISIÓN EN QUE ESTÁ INCURRIENDO AL NO DAR CONTESTACIÓN A MIS ESCRITOS DE FECHAS DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE Y OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PFPA/26.3/2C.27.2/0098-20." La demanda fue remitida el quince de julio siguiente, quedando registrada en este órgano jurisdiccional con el consecutivo 779/2021 y fue admitida en auto de dieciséis de julio del año que transcurre, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificados; se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, por tratarse de actuaciones que crean una situación permanente en la esfera jurídica de la parte quejosa que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable por analogía el siguiente criterio: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". V. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme combate los actos siguientes: De la Encargada del Despacho de la Delegación de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente en el Estado de Oaxaca, reclama: La negativa de dar contestación a los escritos de diecisiete de diciembre de dos mil veinte y ocho de marzo de dos mil veintiuno, dentro del expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.2/0098-20. VI. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Hecha esta precisión, procede ahora analizar el contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable. Así, se tiene que el encargado del despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye. No obstante ello, realizó diversas manifestaciones en las que textualmente indico ".si bien es cierto en la fecha de presentación de la demanda ante este Honorable Juzgado no se había dado respuesta a las peticiones formuladas por la quejosa, a través de los escritos referidos, lo más importante es que el día seis de agosto de dos mil veintiuno, se dio respuesta congruente y conforme a derecho a todas las peticiones formuladas antes esta Delegación por ********, esto es mediante el acuerdo de emplazamiento número 028; determinación que se notificó personalmente.", Por tanto, se aprecia que el acto reclamado sí existe, pues a la fecha de la presentación de la demanda, la responsable aún no daba contestación a los escritos diecisiete de diciembre de dos mil veinte y ocho de marzo de dos mil veintiuno, dentro del expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.2/0098-20. Se sostiene lo anterior, en base en las documentales que la quejosa anexo a su escrito inicial de demanda, así como las que la autoridad responsable adjuntó como apoyo a su informe de ley, a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Atento a lo anterior, se tiene como plenamente probada existencia del acto reclamado. VII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. El suscrito advierte que respecto del acto reclamado consistente en la negativa de dar contestación a los escritos de diecisiete de diciembre de dos mil veinte y ocho de marzo de dos mil veintiuno, dentro del expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.2/0098-20, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Respecto a dicha inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del precepto legal y criterio invocado se obtiene que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca; cuestión que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto impugnado; o, también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica con la cual destruye en forma definitiva la que dio motivo al amparo. En otras palabras, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; lo cual implica no solo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éste, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; de ahí que, la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, se requiere lo siguiente: La existencia de un acto de autoridad, el cual el impetrante de amparo estime lesivo de sus garantías; y, en razón de ello, se motive la promoción de la demanda de amparo; Un diverso acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo; O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma terminante, al acto reclamado, retrotrayendo las cosas al estado que tenían hasta antes de la promoción de la demanda de garantías. Ahora bien, como se anticipó, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que el seis de agosto de dos mil veintiuno, se dio contestación a los escritos de diecisiete de diciembre de dos mil veinte y ocho de marzo de dos mil veintiuno, dentro de los autos del expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.2/0098-20, de cuya negativa se dolía la promovente del amparo. Lo anterior da pauta al suscrito para estimar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que la negativa que le fue reprochada a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional, cesó en sus efectos. En el sumario, como se especificó, la quejosa reclama la negativa de dar contestación a los escritos de diecisiete de diciembre de dos mil veinte y ocho de marzo de dos mil veintiuno, dentro del expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.2/0098-20; sin embargo, al momento de rendir informe justificado el encargado del despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, manifestó que mediante proveído de seis de agosto del año en curso, se dio contestación a las peticiones formuladas por la quejosa en sus escritos de diecisiete de diciembre de dos mil veinte y ocho de marzo de dos mil veintiuno, dentro del expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.2/0098-20. Por lo anterior, si en esta instancia se reclama la negativa de dar contestación a los escritos de diecisiete de diciembre de dos mil veinte y ocho de marzo de dos mil veintiuno, dentro del expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.2/0098-20 y la autoridad responsable, al momento de la emisión de la presente sentencia ya dio contestación a las peticiones formuladas en dichas misivas, es evidente que en esta instancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que emitir dicho fallo, se destruyeron los efectos de la omisión reclamada en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si tales omisiones no hubieran invadido la esfera jurídica de la particular. Por tanto, lo pretendido por la promovente de la acción constitucional, en el sentido que se cesara la negativa de dar contestación a los escritos de diecisiete de diciembre de dos mil veinte y ocho de marzo de dos mil veintiuno, dentro del expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.2/0098-20, quedó satisfecho. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." VIII. DECISIÓN En consecuencia, al hacerse patente la causa de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********* en contra del acto reclamado al encargado del despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, por las consideraciones expuestas en el apartado VII de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. "
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese la comunicación señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 117 y 119 de la Ley de Amparo, se tiene al encargado del despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca, por rendido su informe justificado y por anunciada la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento Asimismo, con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, se tiene como delegados de las aludidas autoridades responsables, a las personas que menciona en su informe de cuenta y como domicilio para recibir notificaciones el que al efecto señala. Por otro lado, para un mejor manejo del expediente se ordena formar el cuaderno de pruebas I por separado con las documentales de referencia, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este Juzgado, en la inteligencia que el mismo no formara parte del expediente electrónico. Bajo ese contexto, a fin de que las partes puedan imponerse del contenido de los instrumentos que se agregan en la presente data, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para las diecisiete horas con cinco minutos del treinta de agosto de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE
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