Sandra García García
Expediente 605/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 605/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Sandra García García
Actuaciones
- Principal
MESA V. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veinticinco de junio pasado, que desechó la demanda de amparo -fojas 10 a 17-. ...se declara que dicho auto ha causado estado. ...se ordena archivar el presente asunto como concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, del referido acuerdo, habida cuenta que se trata de un asunto que desechó la demanda de amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el aludido sumario al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA V. Vista la demanda de amparo promovida por Sandra García García, contra actos de la Agente del Ministerio Público, Beatriz Hernández Torres, adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc Coordinación Territorial CUH-4, Unidad de Investigación Uno sin Detenido; fórmese expediente y anótese en el libro de registro de juicios de amparo con el número 605/2015-V-A. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: El trámite de la averiguación previa. El acuerdo de uno de julio de dos mil quince, dictado en la citada indagatoria, mediante el cual la potestad responsable solicita la suspensión de la ejecución de la sentencia definitiva de veintiocho de febrero de dos mil trece, dictada en el expediente, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. En principio, es importante destacar que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, por ser uno de los instrumentos contenidos en la norma fundamental como medio de control que da efectividad al orden constitucional, de lo contrario, la Carta Magna quedaría como un conjunto de preceptos meramente éticos y jurídicamente imperfectos; una de esas formas de protección a través del control judicial es el amparo, cuya sustanciación se encuentra contemplada en los artículos 103 y 107 del Estatuto Supremo En tales condiciones, antes de proveer lo pertinente, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la Ley de la Materia, que dispone: En ese sentido, es necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sobre esa base, respecto del acto reclamado consistente en el trámite de la averiguación previa reclamada por la quejosa se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) De la interpretación de dichos preceptos se tiene que, entre otros requisitos, la procedencia del juicio de amparo requiere de la emisión de algún acto de autoridad o bien que incurra en una omisión que trastoque los derechos fundamentales y las prerrogativas constitucionales del gobernado, lo que implica necesariamente, que el proceder del órgano de gobierno para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto, ser susceptible de agraviar jurídicamente a los gobernados, lo que de no actualizarse en el caso concreto es evidente que acarreará la improcedencia del juicio de amparo. En vinculación con lo anterior, resulta imprescindible traer a contexto el artículo 5º, fracción I, de la Ley de amparo, que dice: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. [.] La porción normativa que precede, contempla con mayor claridad la figura del quejoso en el juicio de amparo, estimando por tal a quien resiente en su esfera jurídica un acto lesivo. Bajo esa perspectiva, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que tanto la integración, averiguación, consignación o determinación de una investigación ministerial, no son actos que hasta ese momento irroguen perjuicio alguno en la esfera jurídica del quejoso, y por ende, no son susceptibles de violar derechos fundamentales, siendo en todo caso la consideración que adopte la autoridad judicial que conozca de la consignación, la que materializaría perjuicios a la parte impetrante, y por tanto, la que puede ser susceptible de atacar a través del juicio biinstancial; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades constitucional y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. En esa línea de pensamiento, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo respecto al acto reclamado que la parte impetrante hizo consistir en el trámite de la averiguación previa. Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo de uno de julio de dos mil quince, dictado en la indagatoria, mediante el cual la potestad ministerial responsable solicita la suspensión de la ejecución de la sentencia definitiva de veintiocho de febrero de dos mil trece, dictada en el expediente, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] La interpretación contrario sensu de la referida disposición, lleva a establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. A diferencia de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, la vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece qué actos son de imposible reparación; a saber, aquéllos que afectan derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho. Sin que sea viable realizar una interpretación para ampliar o variar en cualquier forma el significado otorgado por el legislador a la frase "imposible reparación", por ende, debe entenderse como tal a aquélla violación que puede afectar los derechos sustantivos de la parte quejosa. En ese tenor, para estar en condiciones de evidenciar que se actualiza la causal de improcedencia mencionada, es importante destacar que de la lectura integral de la demanda se advierte que la autoridad ministerial, por acuerdo de uno de junio de dos mil quince, únicamente solicitó a la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal suspender la ejecución de la sentencia definitiva de veintiocho de febrero de dos mil trece, dictada en el expediente 649/2012-B; es decir, que el proceder de la autoridad ministerial de ninguna manera constituye un imperativo para la autoridad judicial. En esas condiciones, al juez civil corresponde analizar si accede a lo solicitado por el Ministerio Público, dado que se trata de autoridades con autonomía en sus decisiones. De ahí que la solicitud formulada por la autoridad ministerial de ninguna manera afecta los derechos sustantivos de la quejosa, toda vez que al Juez Civil, en uso de sus facultades, le corresponde determinar si es procedente levantar la suspensión decretada en el expediente mercantil. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo respecto al acto reclamado que la parte impetrante hizo consistir en el acuerdo de uno de julio de dos mil quince, dictado en la indagatoria, mediante el cual la potestad ministerial responsable solicita la suspensión de la ejecución de la sentencia definitiva de veintiocho de febrero de dos mil trece, dictada en el expediente, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que señala en el ocurso de cuenta y como autorizados en términos del artículo 12 y 24, párrafo segundo a las personas que menciona, respectivamente. Se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento.
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