Sandra Gabriela Ruiz Rodríguez

Expediente 380/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
380/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
24/09/2019

Partes del expediente

  • Sandra Gabriela Ruiz Rodríguez

Actuaciones

  1. Incidental

    Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. En cumplimiento al punto vigésimo primero fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que establece los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo; tomando en consideración que en las constancias que integran el presente incidente, se concedió la suspensión definitiva, se establece que el cuaderno original es susceptible de depuración, lo que se realizará en el término de tres años; por lo que ve a su envío al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, realícese; en tanto, su destrucción se llevara a cabo una vez transcurrido cinco años. Luego, por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III, del punto vigésimo del acuerdo general señalado en el párrafo que antecede, éste es destruible en el término de seis meses; plazo que comenzara a transcurrir, en todos los supuestos, al día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído. Por último, en el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el tres de diciembre de dos mil dieciocho. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, fue recurrida por la quejosa, habiendo conocido del recurso de revisión 691/2016, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Queda firme el resolutivo primero que se rige por el inicio del considerando tercero de la resolución recurrida en el que el A quo SOBRESEYÓ en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados a la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, así como de su titular; de igual forma, por lo que ve al acto reclamado al Director General Jurídico de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, consistente en las cédulas de notificación de infracción 230763925 y 233087122. Así como el propio resolutivo primero que se rige por el considerando cuarto de la sentencia recurrida en que el A quo SOBRESEYÓ en el juicio de amparo respecto por lo que ve a los artículo 179 y 183, Fracción III, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. SEGUNDO. En la materia del recurso, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo por lo que ve al artículo 198, párrafos primero y tercero, de la Ley de Movilidad y Transporte de esta Entidad Federativa, por los motivos y fundamentos que en la presente ejecutoria se exponen. CUARTO. La justicia de la Unión ampara y protege a Sandra Gabriela Ruiz Rodríguez, respecto de las cédulas de infracción folios 201406730, 201415357, 230763925, 233087122, 236864146 y 201297850, y sus consecuencia, reclamadas al Director General Jurídico y al Secretario, de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. " Por lo tanto, se deberá tomar en cuenta las consideraciones vertidas por la superioridad Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el recurso de revisión 691/2018, de su índice, en cuanto al efecto por el cual determinó que la autoridad obligada al cumplimiento, debe realizar los actos siguientes: "En consecuencia, ante lo fundado del agravio en estudio, lo procedente es revocar la sentencia recurrida, al respecto, y conceder a la quejosa el amparo y la protección que de la Justicia Federal se demanda, para el efecto de que las autoridades responsable dejen insubsistentes la cédulas de infracción folios 201406730, 201415357, 230763925, 233087122, 236864146 y 201297850, y sus consecuencias.". En ese contexto, se pone de manifiesto que la autoridad responsable Juez Calificador del Área de Inconformidades de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, emitió un acuerdo por el cual, ordenó revocar las cédulas de infracción con números de folios 201406730, 201415357, 230763925, 233087122, 236864146 y 201297850, y sus consecuencias, exhibiendo al efecto, una impresión de la cual se advierte la cancelación correspondiente. En esas condiciones, resulta claro que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra parte, se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; resolución que fue recurrida por la parte quejosa, habiendo conocido del recurso de revisión 691/2018, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el que determinó modificar la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, y conceder el amparo y la protección federal; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. Devolución de documentos. En acatamiento al punto Décimo Primero del citado acuerdo Plenario, se previene a la parte quejosa para que acuda a este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, dentro del plazo de noventa días a solicitar la devolución de los documentos originales que hubiera exhibido en este expediente, apercibida que de no cumplir con lo anterior, dicha documentación podrá ser destruida.

  3. Principal

    Visto el oficio suscrito por el delegado de la autoridad responsable, mediante el cual, remite copia certificada de diversas constancias con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.

  4. Principal

    Visto el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 380/2016, y copia certificada del testimonio de la resolución correspondiente a la sesión de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el amparo en revisión 691/2016, de su índice, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Queda firme el resolutivo primero que se rige por le inicio del considerando tercero de la resolución recurrida en el que el A quo SOBRESEYÓ en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados a la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, así como de su titular; de igual forma, por lo que ve al acto reclamado al Director General Jurídico de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, consistente en las cédulas de notificación de infracción 230763925 y 233087122. Así como el propio resolutivo primero que se rige por el considerando cuarto de la sentencia recurrida en que el A quo SOBRESEYÓ en el juicio de amparo respecto por lo que ve a los artículo 179 y 183, Fracción III, de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. SEGUNDO. En la materia del recurso, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo por lo que ve al artículo 198, párrafos primero y tercero, de la Ley de Movilidad y Transporte de esta Entidad Federativa, por los motivos y fundamentos que en la presente ejecutoria se exponen. CUARTO. La justicia de la Unión ampara y protege a quejosa, respecto de las cédulas de infracción folios 201406730, 201415357, 230763925, 233087122, 236864146 y 201297850, y sus consecuencia, reclamadas al Director General Jurídico y al Secretario, de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. " Hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y acúsese recibo. Asimismo, con relación al cuaderno de antecedentes que se formó, se ordena glosar al presente sumario únicamente las fojas que contienen firmas autógrafas en original, siendo innecesario adjuntar el resto, por ser fotocopias de actuaciones que obran en autos, por lo que se ordena su destrucción, sin mayor trámite.En el fallo protector se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento, debe realizar los actos siguientes: "En consecuencia, ante lo fundado del agravio en estudio, lo procedente es revocar la sentencia recurrida, al respecto, y conceder a la quejosa el amparo y la protección que de la Justicia Federal se demanda, para el efecto de que las autoridades responsable dejen insubsistentes la cédulas de infracción folios 201406730, 201415357, 230763925, 233087122, 236864146 y 201297850, y sus consecuencias.". Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento siguiente al en que reciban la comunicación respectiva, realicen lo mencionado e informen a este juzgado su cumplimiento, remitiendo copia certificada que lo acredite. Apercíbase a las autoridades responsables que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, aplicado en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, y 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de las autoridades encargadas del cumplimiento, para que les ordene, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento.

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