Sandra Gabriela Aguilar Harkin

Expediente 1949/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1949/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
03/03/2022

Partes del expediente

  • Sandra Gabriela Aguilar Harkin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de marzo de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: En principio, es menester traer a contexto el contenido del precepto legal invocado, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En suma, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, con lo constitucionalmente exigido. .. Precisado lo anterior, debe indicarse que del análisis integral de la demanda de amparo, del informe justificado y de las demás constancias allegadas a los presentes autos, así como atendiendo a la causa de pedir y a la cuestión efectivamente planteada prevista en el artículo 76 de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla: - La omisión de dar continuidad al procedimiento laboral D-159/2014 de su índice, promovido por la aquí quejosa Sandra Gabriela Aguilar Harkin, en contra de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, hoy tercero interesada. Sin que haya lugar a tener como acto reclamado, lo que señaló la impetrante como: ".la negativa a permitir a la suscrita imponerme del expediente D-159/2014 correspondiente a la demanda laboral que promoví ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla."; en razón de que constituye propiamente un concepto de violación, el cual -en su caso- será tomado en consideración con tal carácter. Ello, porque dichas manifestaciones las hace depender de la omisión del Tribunal responsable para continuar con el procedimiento laboral 159/2014 de su índice. No obstante, del análisis integral de las constancias que obran en autos, en específico, de las remitidas por el Tribunal responsable con su informe de ley, se advierte que en el presente asunto han cesado los efectos del acto reclamado. Se afirma lo anterior, en la medida que mediante proveído de diez de enero de dos mil veintidós, la responsable dentro del expediente laboral D-159/2014 de su índice, determinó: "En diez de enero de dos mil veintidós, doy cuenta al H. Tribunal de Arbitraje del Estado con tres escritos de fechas veinticuatro de junio de dos mil quince, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno y dos de diciembre de dos mil veintiuno, suscritos y signados por el C. SANDRA GABRIELA AGUILAR HARKIN, en su carácter de parte actora, presentado en la Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado en las mismas datas de su respectiva elaboración, turnado a la Secretaria de Acuerdos, para su acuerdo correspondiente. CONSTE. CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. PRIMERO. Con fundamento en los artículos 687, 721 y 723 de la Ley Federal del Trabajo en aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, en relación con el diverso 11 y 90 de esta última, téngase a la C. SANDRA GABRIELA AGUILAR HARKIN, en su carácter de parte, EXPÍDASE a su costa las copias solicitadas, consistentes en todo lo actuado dentro del presente expediente, previa razón que obre en autos, ordenando agregar a los autos la promoción de referencia para que surta sus efectos legales procedentes. SEGUNDO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tal y como del escrito inicial de demanda la parte actora señala como demandada a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, y toda vez que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, publicada por decreto del Honorable Congreso del Estado el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en su artículo Tercero, establece que para el cumplimiento de la citada ley, el Gobernador a través de las instancias competentes, podrán reorganizar la estructura de las dependencias.En ese tenor, la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA se ha escindido para conformar dos secretarías, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS y SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, en consecuencia, a fin de no vulnerar los derechos humanos de la parte actora, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, precise ante esta Autoridad Laboral de acuerdo a las funciones que desempeñó, la dependencia que señala como responsable de la relación laboral.". De lo que se sigue, que si bien la quejosa reclama del Tribunal responsable la omisión de dar continuidad al procedimiento laboral D-159/2014 de su índice, promovido por la aquí quejosa Sandra Gabriela Aguilar Harkin, en contra de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, hoy tercero interesada; lo cierto es que dicha autoridad con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (seis de diciembre de dos mil veintiuno), emitió el proveído de diez de enero de dos mil veintidós, por el que dio continuidad al procedimiento laboral D-159/2014 de su índice. Por lo que es inconcuso, como se indicó, que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que con la emisión del referido proveído de diez de enero de dos mil veintidós las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Por tanto, si las circunstancias aquí apuntadas sobrevinieron después de la presentación de la demanda de amparo (seis de diciembre de dos mil veintiuno), es claro que la presente acción constitucional se torna improcedente, ya que con las actuaciones destacadas, se produjo una situación idéntica a la que obtendría la quejosa con una eventual sentencia estimatoria de amparo. ... En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. .. Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de enero de dos mil veintidós. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: En principio, es menester traer a contexto el contenido del precepto legal invocado, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En suma, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, con lo constitucionalmente exigido. .. Precisado lo anterior, debe indicarse que del análisis integral de la demanda de amparo, del informe justificado y de las demás constancias allegadas a los presentes autos, así como atendiendo a la causa de pedir y a la cuestión efectivamente planteada prevista en el artículo 76 de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla: - La omisión de dar continuidad al procedimiento laboral D-159/2014 de su índice, promovido por la aquí quejosa Sandra Gabriela Aguilar Harkin, en contra de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, hoy tercero interesada. Sin que haya lugar a tener como acto reclamado, lo que señaló la impetrante como: ".la negativa a permitir a la suscrita imponerme del expediente D-159/2014 correspondiente a la demanda laboral que promoví ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla."; en razón de que constituye propiamente un concepto de violación, el cual -en su caso- será tomado en consideración con tal carácter. Ello, porque dichas manifestaciones las hace depender de la omisión del Tribunal responsable para continuar con el procedimiento laboral 159/2014 de su índice. No obstante, del análisis integral de las constancias que obran en autos, en específico, de las remitidas por el Tribunal responsable con su informe de ley, se advierte que en el presente asunto han cesado los efectos del acto reclamado. Se afirma lo anterior, en la medida que mediante proveído de diez de enero de dos mil veintidós, la responsable dentro del expediente laboral D-159/2014 de su índice, determinó: "En diez de enero de dos mil veintidós, doy cuenta al H. Tribunal de Arbitraje del Estado con tres escritos de fechas veinticuatro de junio de dos mil quince, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno y dos de diciembre de dos mil veintiuno, suscritos y signados por el C. SANDRA GABRIELA AGUILAR HARKIN, en su carácter de parte actora, presentado en la Oficialía de Partes de este Órgano Colegiado en las mismas datas de su respectiva elaboración, turnado a la Secretaria de Acuerdos, para su acuerdo correspondiente. CONSTE. CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. PRIMERO. Con fundamento en los artículos 687, 721 y 723 de la Ley Federal del Trabajo en aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, en relación con el diverso 11 y 90 de esta última, téngase a la C. SANDRA GABRIELA AGUILAR HARKIN, en su carácter de parte, EXPÍDASE a su costa las copias solicitadas, consistentes en todo lo actuado dentro del presente expediente, previa razón que obre en autos, ordenando agregar a los autos la promoción de referencia para que surta sus efectos legales procedentes. SEGUNDO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tal y como del escrito inicial de demanda la parte actora señala como demandada a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, y toda vez que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, publicada por decreto del Honorable Congreso del Estado el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, en su artículo Tercero, establece que para el cumplimiento de la citada ley, el Gobernador a través de las instancias competentes, podrán reorganizar la estructura de las dependencias.En ese tenor, la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA se ha escindido para conformar dos secretarías, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS y SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, en consecuencia, a fin de no vulnerar los derechos humanos de la parte actora, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, precise ante esta Autoridad Laboral de acuerdo a las funciones que desempeñó, la dependencia que señala como responsable de la relación laboral.". De lo que se sigue, que si bien la quejosa reclama del Tribunal responsable la omisión de dar continuidad al procedimiento laboral D-159/2014 de su índice, promovido por la aquí quejosa Sandra Gabriela Aguilar Harkin, en contra de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, hoy tercero interesada; lo cierto es que dicha autoridad con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (seis de diciembre de dos mil veintiuno), emitió el proveído de diez de enero de dos mil veintidós, por el que dio continuidad al procedimiento laboral D-159/2014 de su índice. Por lo que es inconcuso, como se indicó, que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que con la emisión del referido proveído de diez de enero de dos mil veintidós las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica de la particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Por tanto, si las circunstancias aquí apuntadas sobrevinieron después de la presentación de la demanda de amparo (seis de diciembre de dos mil veintiuno), es claro que la presente acción constitucional se torna improcedente, ya que con las actuaciones destacadas, se produjo una situación idéntica a la que obtendría la quejosa con una eventual sentencia estimatoria de amparo. ... En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. .. Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de enero de dos mil veintidós. ...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el escrito de cuenta de la quejosa ********************, a través del cual desahoga la vista concedida en proveído de catorce de enero de dos mil veintidós. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 124 del citado cuerpo normativo, se tienen por realizadas las manifestaciones con relación a la vista concedida en proveído de catorce de enero de dos mil veintidós, mismas que podrán ser tomadas en consideración al momento de dictarse la sentencia que en derecho corresponda. ..

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