Sandra Flores Villalobos
Expediente 2316/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2316/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/04/2023
Partes del expediente
- Sandra Flores Villalobos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término legal concedido, las partes no se inconformaron con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que esa sentencia CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de amparo, aplicado a contrario sensu, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a, del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Además, no se tramitó incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
se: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Sandra Flores Villalobos, contra la autoridad señalada como responsable y por el acto que de ella se reclama, precisadas aquélla y éste en el resultando primero, por los razonamientos jurídicos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por auto veintisiete de enero del año en curso, se tuvo por desechada la ampliación de demanda presentada por Luis Ezequiel Ante Bernal, apoderado de la quejosa Sandra Flores Villalobos, por las razones expuestas en dicho proveído. En ese orden, el auto de referencia, es un proveído que puede ser recurrido por la parte quejosa, y en virtud de que se encuentra transcurriendo el término dentro del cual pudiera ser impugnado; consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales conducentes el escrito de cuenta, signado por quejoso Luis Ezequiel Ante Bernal, apoderado de la quejosa Sandra Flores Villalobos, mediante el cual promueve ampliación de su demanda de amparo, respecto de nuevo acto a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, y que hace consistir en lo siguiente: "La nulidad del acuerdo de fecha ocho de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral número 79/2020, que consiste: El acuerdo dictado el ocho de agosto de dos mil veintidós, en donde deja sin efecto la diligencia celebrada el primero de agosto del año dos mil veintidós, y señala las DIEZ HORAS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para el desahogo de la prueba de inspección, comisionando al ACTUARIO Notificador adscrito a esa sala laboral, para que se traslade a las oficinas de la demandada denominada CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL MOVIMIENTO DE LUCHA POPULAR EMILIANO ZAPATA A.C. (CENDI PAULO FREIRE), ubicada en Lucio Cabañas, número 63, esquina con Niños Héroes, en la colonia Prieto Crispín, de esta ciudad de Tepic, Nayarit, y constituido que sea en el domicilio de referencia, se le requiera para que exhiba los documentos que se encuentren a nombre de la actora, en las listas de raya o nóminas del personal recibos de pago, depósitos realizados en la banca BBVA Bancomer, contratos individuales de trabajo y controles de asistencia que obran en poder de la demandada desde el nueve de febrero de 2004 hasta el 25 de febrero de 2020, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendrán por ciertos los hechos que pretende probar el oferente de conformidad con el artículo 828 de la Ley Federal del Trabajo." Ahora, del análisis de esa ampliación de demanda de amparo y de las documentales que obran agregadas en autos y que fueron remitidas por la responsable al momento de rendir su informe justificado, este Juzgador advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que exista un motivo de improcedencia y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. En esas condiciones, debe decirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII de los numerales 61 y 62 de la Ley de Amparo vigente, en correlación con el 107 fracción V, éste último aplicado a contrario sensu, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte ." De los preceptos transcritos se infiere, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo vigente), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana, o bien mediante el juicio de amparo directo. Cobra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 3a./J.43 29/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página doscientos noventa y uno, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." De igual manera, la tesis número II.1o.C.T.9 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Segundo Circuito, visible en la página 488, Tomo II, Diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN; QUÉ DEBE CONSIDERARSE COMO, EN EL JUICIO DE AMPARO. Por actos de imposible reparación, se deben considerar aquellos cuyas consecuencias, sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse en el juicio del que dimanan tales actos, aunque se obtenga sentencia definitiva favorable, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento; y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna, dada en el trámite y resolución del juicio." Luego, en la ampliación de cuenta, particularmente de lo anteriormente transcrito, se pone de manifiesto que la inconformidad que refiere el promovente, radica medularmente en el proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral número 79/2020, en el que el Presidente de la Junta Especial Número Uno Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, deja sin efecto la diligencia celebrada el primero de agosto de dos mil veintidós, y señala las diez horas del veintiocho se octubre de dos mil veintidós, para el desahogo de la prueba de inspección, dentro del expediente laboral 79/2020 (diligencia que a la postre fue diferida por auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, a fin de celebrarse el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés). Sin embargo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, en razón de que el acto materia de reclamo en la presente instancia constitucional, el cual ha quedado precisado con antelación, no es de imposible reparación en perjuicio de la parte quejosa, por lo que no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto, contenida en los preceptos previamente invocados; lo anterior es así, pues el acto reclamado únicamente produce efectos intraprocesales y puede ser reparado si la quejosa obtiene sentencia favorable, máxime que la admisión del medio de convicción referidosen los términos indicados con anterioridad, no implica necesariamente que el fallo deba ser contrario a los intereses de la solicitante de la protección constitucional. En efecto, el proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral número 79/2020, del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, que fija fecha para el desahogo de una prueba de inspección y señala la forma y los puntos sobre como habrá de desahogarse, en todo caso constituye una violación procesal reclamable hasta que se dicte sentencia definitiva si fuere desfavorable para la parte quejosa, a través del juicio de amparo directo, porque la determinación reclamada de que se trata no implica afectación en sus derechos sustantivos, puesto que el único efecto que produce tal acto que reclama, es la continuación del procedimiento, con el desahogo de la prueba de inspección; empero, la trascendencia de tal decisión se reflejará en el dictado de la sentencia definitiva correspondiente, la cual puede ser favorable a sus intereses; máxime que el desahogo de pruebas en forma contraria a la ley está contemplado como violación procesal que debe hacerse valer en amparo directo, al tenor del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por las razones que expone la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, en materia común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable a página 1186, tomo XVII, de mayo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Apoya lo anterior, la jurisprudencia XI.2º. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 61, del Tomo 52, abril de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, de rubro y contenido siguientes: "PRUEBAS. EL AUTO QUE ADMITE A LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO, NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. La indebida admisión de pruebas de la contraparte del quejoso, no debe reclamarse por medio del amparo biinstancial, ya que la afectación al interés jurídico estaría supeditada a la valoración que de esas pruebas se hiciera en el laudo o sentencia emitida por el juzgador, pues sería hasta ese momento, en que se negaría o se concedería valor a las mismas." En esa medida, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la invocada ley, SE DESECHA DE PLANO la ampliación de la demanda de amparo de que se trata. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
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