Sandra Figueroa Diaz
Expediente 229/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 229/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Sandra Figueroa Diaz
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, agréguese a los autos el oficio remitido por el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa el contenido del proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el recurso de queja civil 263/2022, de su índice, del que se advierte aceptó la competencia planteada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, para conocer del referido medio de impugnación hecho valer por la parte quejosa en contra del auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós. De igual forma, comunica que admitió dicho recurso, mismo que quedó registrado con el número 263/2022; de lo que este órgano de control constitucional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y queda a la espera de la resolución que emita la superioridad. Finalmente, se ordena a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos que, conforme a las obligaciones inherentes a su cargo, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, notifique la presente determinación a las partes; en términos del dispositivo octavo, fracción II, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vinculen al expediente electrónico dichas notificaciones a cada una de las partes, según sea el caso, y hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite dichas circunstancias, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, agréguese a los autos el oficio remitido por el secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual acusa recibo del oficio 1352/2022, al que se adjuntaron copias certificadas del presente juicio de amparo, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios; para la substanciación del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, en contra el auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado en este asunto. De igual forma, comunica que quedó registrado con el número 339/2022 y que mediante proveído de catorce de noviembre de dos veintidós, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho medio de impugnación y declinó la competencia al Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, en turno, para conocer del mismo; de lo que este órgano de control constitucional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y queda a la espera de la resolución que emita la superioridad. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, agréguese para que obre como corresponda el escrito presentado por las quejosas *** a través del cual interpone recurso de queja contra el proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. En ese sentido, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación referido; ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada. Por otro lado, con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), División de Distribución Centro Sur, Zona de Distribución Iguala, Guerrero. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el consecutivo 229/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio de la demanda En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, se evidencia que la parte quejosa reclama el corte de suministro de energía eléctrica del local comercial ubicado en ***** Taxco de Alarcón, Guerrero, con número de servicio 293980600502 y medidor 2JK512, a nombre de ****. En ese tenor, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio, se tiene por actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1°, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que el corte de suministro de energía eléctrica del servicio 293980600502 y medidor 2JK512, a nombre de *****, no puede considerarse acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparable a ellos. En efecto, la parte quejosa reclama de la Comisión Federal de Electricidad el corte de energía eléctrica del servicio, aspecto previsto en el contrato de suministro de energía eléctrica, por lo que, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es necesario transcribir los preceptos legales 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5°, fracción II, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)". En efecto, el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como una de las partes en el juicio de amparo a la autoridad responsable y que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. También el citado numeral dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, el artículo 1, fracción I, de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, el último párrafo de ese precepto establece que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la propia legislación. La intelección conjunta de los citados artículos 5, fracción II, y 1, fracción I y último párrafo, establecen que procede el juicio de amparo contra actos u omisiones de autoridades, así como de particulares, que contraríen derechos humanos. Cabe decir que para que se esté en presencia de un acto u omisión de una autoridad para los efectos de la mencionada legislación, debe analizarse: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Para arribar a la conclusión de que el acto aquí reclamado al tratarse de acto atribuido a la Comisión Federal de Electricidad, previstos en el contrato de suministro de energía eléctrica, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J.30/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dilucida el tema puesto a consideración, y cuya ejecutoria en la parte conducente dispone lo siguiente: "(.) En el contexto apuntado, en tratándose de la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Esto es así, precisamente porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Razones por las que, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Cabe precisar que la posibilidad de que a solicitud de la suministradora, se deje de otorgar el servicio contratado por el incumplimiento del usuario de algún aspecto contenido en el contrato, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros, sin que el corte del suministro en tal supuesto pueda verse como un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el cobro del adeudo mediante mecanismos coercitivos, como sería el embargo de bienes, ya que para ello el suministrador tendrá que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Por tanto, en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, la Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Lo hasta aquí expuesto, no desconoce ni constituye un pronunciamiento sobre el eventual combate de normas generales, o bien, de violaciones de derechos humanos; lo que casuísticamente habrá de analizar la autoridad jurisdiccional, y que no corresponde al tema de confronta en este asunto. Es así, en congruencia con la intención del Poder Reformador al transformar el régimen jurídico de Comisión Federal de Electricidad de una institución pública, al ser una empresa productiva del Estado con un régimen especial, alejándola en lo máximo posible del sector público y acercándola al sector privado, aunado a la pretensión de que llegado el momento genere productos o ganancias al Estado; ello no por el suministro básico, sino por otros servicios que preste, dado que este servicio es de interés público por mandato de los artículos 27 y 28 constitucionales. En el contexto referido, esta superioridad concluye que con base en la normatividad vigente producto de la llamada reforma energética, Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado que en el ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que para el suministro celebra con el usuario, no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de supra a subordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables. Es así que lo comprendido en el contrato de suministro de energía eléctrica no actualiza los supuestos establecidos para estimar que se esté en presencia de actos equivalentes a los de una autoridad (determinados en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis **********), (28) ya que no los ejerce en forma unilateral y obligatoria como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación contractual. Que además se corrobora, en tanto no participa de las actividades reguladoras en materia energética, ni del control operativo del sistema eléctrico nacional, así como que la normatividad aplicable al suministrador de servicio básico se traduce en un control sobre ello para el cumplimiento de la prestación del servicio público, como cualquier otro suministrador, en su caso que celebre contrato con el Estado Mexicano para la compra y posterior venta de energía eléctrica. Lo cual explica que no se ubica en los supuestos del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica en el que se prevén los casos en que el distribuidor y transmisor, a petición de los suministradores, o bien, de la Cenace cortarán o suspenderán el fluido de energía, aspectos desarrollados en las disposiciones generales que emitió la CRE, habida cuenta que ello se dirige a regular la actividad de las relaciones entre las citadas áreas de distribución y transmisión, que por su carácter estratégico conserva el Estado; y, la petición que realice el suministrador al efecto obedece a su legítimo derecho de retención del servicio por incumplimiento a lo pactado en el contrato, por constituir previsiones contractuales. Sin embargo, no se debe descartar la eventualidad de que CFE lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Empero, ello debe ser dilucidado en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente atendiendo al criterio construido por esta superioridad; sobre lo cual podría mencionarse la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. De manera ejemplificativa, las que se citan enseguida: - Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). - Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). - Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Afirmación que se sostiene al valorar la importancia del servicio eléctrico como íntimamente vinculado al derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4o. constitucional, así como el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que de conformidad con la Observación General número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se debe entender bajo el concepto de "vivienda adecuada" que significa "... disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable ..." Asimismo, sobre la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, se ha dicho que una vivienda adecuada debería tener acceso permanente a "recursos naturales y comunes", entre otros, "... el alumbrado, y almacenamiento de alimentos..." Vale la pena referir que las actividades del sistema eléctrico se sujetan a obligaciones del servicio público universal, entre ellas de ofrecer y prestar el suministro eléctrico a todo aquel que lo solicite, contribuir al fondo de servicio universal eléctrico;(29) cuya finalidad es financiar las acciones de electrificación en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, así como el suministro de lámparas eficientes y el suministro básico a usuarios finales en condiciones de marginación.(30) Dicho fondo se integra por el excedente de ingresos que resulte de la gestión en el mercado eléctrico mayorista, donativos de terceros e ingresos percibidos por el cobro de sanciones.(31) La distribución, transmisión y, por ende, el suministro de servicios básicos están obligados a instalar, conservar y mantener su infraestructura, así como garantizar el servicio a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas en los términos de ley, ejerciendo los recursos asignados por el fondo de servicio universal eléctrico en congruencia con los programas de ampliación y modernización de las redes generales de distribución autorizados por la Secretaría de Energía. En ese contexto, la secretaría establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas al menor costo para el país; para lo cual las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Desarrollo Social evaluarán la conveniencia y, en su caso, instrumentarán programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de usuarios del suministro básico en condiciones económicas de vulnerabilidad. Finalmente, es dable referir que sobre el principio de impacto social y desarrollo sustentable, la ley prevé que los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado en la industria eléctrica atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar. De lo expuesto, en esencia, se obtiene que el Alto Tribunal del País, sostuvo que: la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado que en el ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que para el suministro celebra con el usuario, no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de supra a subordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten; por lo que no actúa como autoridad para efectos de la procedencia del amparo indirecto, cuando le imputan el cobro, corte, suspensión o desconexión del servicio de energía eléctrica. Luego, si el acto aquí reclamado consiste en el corte de suministro de energía eléctrica del local comercial ubicado en **** de Alarcón, Guerrero, con número de servicio 293980600502 y medidor 2JK512, a nombre de *****, es evidente que se trata de un acto derivado del acuerdo de voluntades de naturaleza comercial. Es así, porque la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de suministrador de la energía eléctrica, todos los actos que lleve a cabo en virtud del contrato que celebran con ella los particulares, son derivados de una relación de coordinación. Esto es, dichos actos no los ejerce de manera unilateral y obligatoria como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación comercial entre el beneficiario del servicio y la comisión como suministradora de la energía eléctrica. Por tanto, el corte del suministro de energía eléctrica, no le resulta el carácter de autoridad responsable a la Comisión Federal de Electricidad, para efectos del juicio de amparo. Además, el acto reclamado, no se advierte que se encuentre en los casos de excepción por violación a derechos humanos ante el corte del suministro de energía eléctrica determinado por la Comisión Federal de Electricidad. Además, no se advierte que el corte de suministro de energía eléctrica ponga en riesgo algún derecho humano como la vida, la salud o la integridad de las personas, pues al respecto nada dijo la quejosa en su demanda de amparo, ni ofreció prueba alguna para demostrar. De ahí que, si el acto reclamado consiste en el corte de suministro de energía eléctrica del local comercial ubicado en **** Taxco de Alarcón, Guerrero, con número de servicio 293980600502 y medidor 2JK512, a nombre de ****, es de concluirse que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que el acto reclamado no puede considerarse acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparables a ellos. En consecuencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ****. Domicilio. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ****colonia Centro de esta ciudad. Autorizados Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a ****, por no contar con dicho requisito. Correo electrónico de contacto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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