Sandra Estrada Sidon
Expediente 392/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 392/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Sandra Estrada Sidon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase al Licenciado Marco Antonio Magadan Ocampo Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y en representación del Pleno de la Misma, para que dentro del plazo de tres días cumpla con la ejecutoria en los términos precisados,
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VISTO, para resolver el juicio de amparo 392/2016, promovido por Sandra Estrada Sidón, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO.- La parte quejosa, mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y remitido con esa misma fecha por razón de turno a este Juzgado Federal, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y su Presidente; el que hizo consistir en lo siguiente: "Omisión por parte de la responsable en acordar el escrito presentado.". Acto que considera violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. SEGUNDO.- Por auto de ocho de marzo de dos mil dieciséis, se registró la demanda de amparo, correspondiéndole el número 392/2016, se admitió; se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención legal que le compete; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 primer párrafo y 107 de la Ley de Amparo; 1° fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado emana de una autoridad que radica dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Antes de entrar al estudio de la certeza del acto reclamado, es menester precisarlo, en términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis número VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de privada de veinticinco de marzo del año en curso, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, y del análisis tanto de aquélla como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que en esencia se reclama, la omisión de las autoridades responsables, en acordar lo relativo a la promoción presentada el diecisiete de febrero del dos mil dieciséis, dentro de los autos del expediente laboral 01/1118/09. TERCERO. En ese sentido, se tiene que las autoridades señaladas como responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y su Presidente, al rendir el informe justificado, aceptaron la existencia del acto que se les atribuye; remitiendo en apoyo del mismo, copia certificada de diversas documentales que integran el juicio laboral 01/1118/09; a la cual se le otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2, además de que hace prueba plena de los hechos afirmados por la responsable. CUARTO. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por alguna de las partes o que este Juzgado advierta de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la ley de la materia, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, al tenor de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, los que se analizarán en conjunto dada la relación que guardan entre sí, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 76 de la Ley de Amparo, los que además, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen; en obvio de innecesarias repeticiones, ya que no existe obligación por parte de este Juzgado a transcribirlos. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 2ª./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En la especie la parte quejosa aduce esencialmente que el acto reclamado, viola en su perjuicio el contenido del dispositivo 17 de la Constitución General de la República. Advertida la causa de pedir y suplido en su deficiencia el anterior motivo de inconformidad, es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal que solicita el peticionario de amparo. Ahora cabe hacer mención que en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional se establece específicamente el derecho de acceso a la impartición de justicia, según la cual, los particulares deben observar los requisitos, formas y procedimientos que establezcan las leyes, para de esa manera obtener un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional, que resuelva sobre las pretensiones planteadas. Lo anterior lleva a concluir que el derecho a recibir una respuesta de la autoridad judicial, tiene una regulación especial desde el punto de vista constitucional, que se distingue de la regulación general relacionada con el derecho a obtener una respuesta de cualquier autoridad. Una vez precisado lo anterior, a la luz de los principios que derivan del artículo 17 Constitucional, se advierte que las autoridades responsables efectivamente vulneran el derecho consagrado en el numeral antes invocado, en tanto que conforme a las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa, presentó ante la responsable el escrito de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral 01/1118/09; no obstante ello, a la fecha, la autoridad responsable ha sido omisa en acordar lo relativo al citado ocurso, como así fue manifestado de su parte al momento de rendir el informe justificado; actitud que evidentemente causa un retraso en la etapa procesal respectiva del litigio, al no cumplir con los términos establecidos por la legislación laboral. Como se ve, se patentiza una afectación al debido acceso a la justicia, específicamente en cuanto a la prontitud y expeditez con que debe impartirse, según lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, y a fin de abordar el fondo del asunto, deben determinarse los alcances de dicho derecho; así el citado precepto constitucional establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". El precepto en análisis pertenece a la especie de los derechos de seguridad jurídica; en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. De los cuatro atributos del derecho concerniente a la administración de justicia, el que resulta útil para resolver el asunto es el referido a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Ahora bien, de las constancias que obran en autos aparece comprobado que las autoridades responsables, ha sido omisas en acordar lo relativo al escrito presentado por la quejosa el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, en los autos del juicio laboral 01/1118/09; lo cual, evidentemente contravine lo dispuesto por los artículos 685, 771, 837 y 838 del citado ordenamiento laboral, que textualmente establecen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 771.- Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario." "Artículo 837. Las resoluciones de los tribunales laborales son: I. Acuerdos: si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio; II. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: cuando resuelvan dentro o fuera de juicio un incidente; y III. Laudos: cuando decidan sobre el fondo del conflicto". "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley". Lo antes trascrito pone de manifiesto la inobservancia por parte de la autoridad responsable de acatar los preceptos legales citados, lo que evidencia que su actuar no se ajusta a lo que disponen dichos numerales, para llevar a cabo tal formalidad procesal; con lo cual, queda de manifiesto que se sobrepasaron los términos y plazos establecido en la Ley Federal del Trabajo, acorde a la etapa procesal en la que se encuentra el juicio de origen; razón por la cual, se violenta en su perjuicio, el contenido del numeral 17 Constitucional, pues la situación de que no se le administre justicia dentro de los plazos que señala la Ley Federal del Trabajo deviene violatorio del derecho público subjetivo de pronta y expedita impartición de justicia. Luego entonces, el hecho de que la autoridad responsable no provea lo necesario a fin de que el procedimiento se desarrolle conforme a los plazos y términos establecidos en la ley, y acorde a la etapa procesal respectiva en la que se encuentre, rompe el paradigma del procedimiento que se prevé en el numeral 685 en relación con el 771, de la Ley Federal del Trabajo. Bajo esta óptica, si la responsable no lleva a cabo las actuaciones que la ley le impone, dentro de los plazos establecidos, y de acuerdo a la etapa procesal respectiva, dicha omisión se traduce en un retraso y prolongación de la misma más allá de los términos y plazos legales establecidos. En las relatadas condiciones, y acorde a la etapa procesal respectiva en que se llevó a cabo la omisión reclamada por la parte quejosa, resulta procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal a Sandra Estrada Sidón, para el efecto de que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y su Presidente, una vez que surta efectos la notificación del acuerdo que declare ejecutoriada la presente resolución, y dentro del plazo establecido por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, con libertad de jurisdicción, acuerden lo que conforme a derecho corresponda en relación al escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, en los autos del juicio laboral 01/1118/09, notificándole personalmente el acuerdo respectivo; debiendo remitir las constancias que acrediten dicha circunstancia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, Fracción I, 73, 74, 75, 76, 119, 124, 217 y demás relativos a la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Sandra Estrada Sidón, contra el acto reclamado de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y su Presidente, consistente en la omisión de acordar lo relativo a la promoción presentada el diecisiete de febrero del dos mil dieciséis, dentro de los autos del expediente laboral 01/1118/09; por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resuelve y firma el juez Guillermo Amaro Correa, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Jaime Cesar Pereyra Román. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, once de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en auto de seis de abril de dos mil dieciséis, donde se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, fijándose para su celebración las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de abril de dos mil dieciséis. se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado por María Fernanda Contreras Espinoza, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito número N 166827, que ampara la cantidad de $35,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), mismo que fue exhibido para garantizar la suspensión definitiva; hágase la devolución directamente a la quejosa Ana Lilia Sánchez Galindo, del billete de depósito número N 166827, que ampara la cantidad de $35,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) lo anterior en razón de que el expediente principal de donde emana la pienza incidental en que se actúa quedo firme en su determinación el quince de enero de dos mil dieciséis; dicho billete que será devuelto previa comparecencia de la citada quejosa, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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