Sandra Enciso Mata
Expediente 2110/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2110/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/06/2023
Partes del expediente
- Sandra Enciso Mata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. POR TANTO, UNA VEZ QUE TRANSCURRA EL TÉRMINO DE 15 DÍAS PARA INTERPONER RECURSO DE INCONFORMIDAD EN CONTRA DEL PRESENTE PROVEÍDO, SE PROVEERÁ LO RELATIVO AL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director de Ejecutorias de la Dirección General de Amparos y Ejecutorias de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante el cual pretende cumplir el requerimiento que le fue formulado a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural y, al efecto, informa que mediante oficio de tres de marzo de dos mil veintitrés, requirió a la última mencionada -Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural-, para que informe el estado que guarda el procedimiento de expropiación de terrenos del ejido quejoso. Destacando que mediante oficio de treinta de enero del año en curso, el Director de Ejecutorias igualmente requirió a la mencionada por dicha información, sin que obtuviera respuesta. En ese tenor, es claro que la autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria, Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, ha sido omisa en atender los requerimientos que le han sido formulados por este órgano jurisdiccional, pues no ha informado haber realizado alguna gestión tendente a dar prosecución al expediente XXXX, relativo a la expropiación de tierras del ejido aquí quejoso, desde el cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Ello pues las únicas gestiones que han sido informadas han sido múltiples requerimientos por parte del Director de Ejecutorias de la Dirección General de Amparos y Ejecutorias de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Actuaciones que son intrascendentes para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que los requerimientos de este juzgado han sido dirigidos directamente a ésta última, por lo que resulta ocioso e innecesario que el Director de Ejecutorias la requiera, máxime si ésta no atiende tampoco los requerimientos que le son formulados por aquél. En ese sentido, se estima que la autoridad responsable ha incurrido en evasivas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que si bien refiere haber girado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós un memorándum a efecto de que el encargado del área técnica de dicha Dirección General gire instrucciones a quien corresponda para que se realice la revisión técnica correspondiente, no se ha efectuado en más de cuatro meses ninguna acción que impulse dicho expediente, en particular, la revisión técnica respectiva. Conviene recordar, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia fe la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia XXXX, determinó que el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Mientras que por procedimientos ilegales, debe entenderse los procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 11 del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en su Décima Época, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Atendiendo a lo anterior, la suscrita juzgadora estima que en el caso, se está ante evidentes evasivas y procedimientos ilegales por parte de la autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, puesto que únicamente se han realizado actos intrascendentes, como lo es, la realización de requerimientos por parte del Director de Ejecutorias a la propia autoridad vinculada, no obstante que es a ésta a quien se le formulan los requerimientos en el presente juicio. Aunado a que, como se expuso, en más de cuatro meses no se ha realizado ninguna actuación en el procedimiento de expropiación mencionado. Plazo que se estima es excesivo para efectuar la revisión prevista en el artículo 68 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, toda vez que dicho artículo no prevé un plazo para efectuarla, por lo que en términos del artículo 65 del propio ordenamiento, es aplicable en forma supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que en su artículo 17 prevé un plazo de tres meses para que se resuelva lo que corresponda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de catorce de febrero de dos mil veintitrés y se impone a la persona física que ocupan el cargo de Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, que equivalen a la cantidad $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional); publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de enero de dos mil veintitrés, vigente a partir del uno de febrero del año actual y de conformidad, además, con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19 del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en su Décima Época, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". A fin de hacer efectiva dicha multa y de cumplir con lo estatuido por el 4º del Código Fiscal de la Federación, en relación con el capítulo 2.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, se requiere a la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en que reciba la notificación de este acuerdo, proporcione a este Juzgado su (i) nombre completo, (ii) clave única de registro de población a dieciocho posiciones o fecha de nacimiento; (iii) Registro Federal de Contribuyentes con homoclave; y (iv) domicilio fiscal, precisando calle, número exterior, número interior (en su caso), colonia, localidad, código postal, municipio o alcaldía y entidad federativa o aquel domicilio donde pueda ser localizada, la persona física que funge como Presidente de dicha Junta. Apercibida su titular, que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional); establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la ley de la materia. Sin perjuicio de lo anterior y a fin de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, atendiendo a lo previsto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere por última ocasión a la autoridad vinculada al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, para que dentro del término de diez días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, por sí o por conducto de sus subordinados, concluya la revisión de los trabajos técnicos e informativos, a que se refiere el artículo 68 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, dentro del expediente XXXXXX, relativo a la expropiación de tierras del ejido aquí quejoso y, hecho lo anterior, solicite al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que emita avalúo de la superficie a expropiar, en términos del numeral 70 del propio ordenamiento. A fin de lograr lo anterior, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se vincula al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Encargado del Área Técnica y al Subdirector de Trámite e Integración, ambos de la Dirección de Expropiaciones de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario. Autoridades que deberán realizar las acciones que dentro de su ámbito de competencia correspondan para dar cumplimiento a lo requerido. Se apercibe a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria que, de no cumplir con el lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de trescientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $31,122.00 (treinta y un mil ciento veintidós pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional); establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, así como la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Director General Jurídico de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento al requerimiento de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, reiterado el nueve de enero y el quince de febrero, ambos de dos mil veintitrés, mismas que acredite con la copia certificada del oficio DGJI/DCT/712/2023 dirigido al Director de Tenencia de la Tierra, Convenios y Regularización, en el cual solicitó una interpretación técnica, para lo cual pide se le otorgue una prórroga considerable a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se concede a la autoridad en cita, un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, para que dé cumplimiento al fallo protector dictado en autos. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto quince de febrero de dos mil veintitrés.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO, EL AUTO DICTADO EL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Se tiene por recibido el escrito presentado vía electrónica por xxxx apoderado general judicial para pleitos y cobranzas y actos de administración de xxxx, por medio del cual, interpone recurso de queja, en contra del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual, este juzgado federal acumuló los juicios de amparo XXXX. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes que intervienen en el presente juicio de amparo, y correrles traslado con copia del escrito de queja, para que dentro del término de tres días, señalen las constancias que, a su consideración, deban ser remitidas a la superioridad. En el entendido que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional remitirá las constancias que estime pertinentes para ello. En consecuencia, dada la trascendencia que pudiera tener la resolución que se emita en el recurso de queja interpuesto, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo, se continúa con la suspensión del procedimiento precisada en dicho proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, hasta el tanto el Tribunal Colegiado resuelva lo conducente.
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