Sandra Elvira Pallares Ochoa
Expediente 530/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 530/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/09/2022
Partes del expediente
- Sandra Elvira Pallares Ochoa
- Camara de Senadores del Congreso de la Union.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto la certificación que antecede, se desprende que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 81, fracción I, inciso e), del mismo ordenamiento legal, sin que las partes legitimadas hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en el presente juicio de amparo, mediante la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa, por lo que se declara que la misma ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, indíquese a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, que cuenta con el plazo de tres días, contado a partir del momento al en que reciba el oficio que del presente proveído se derive, para que cumpla con la ejecutoria de amparo, así como para que remita copias certificadas de las constancias con las que así se acredite.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a , por el acto precisado en el segundo considerando, por los motivos expuestos en el considerando sexto, para efectos del último considerando de esta resolución. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Zapopan, Jalisco, a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y día señalados para el inicio de esta audiencia constitucional en el juicio de amparo 530/2022, al estar en audiencia pública Fernando Manuel Carbajal Hernández, Juez Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien actúa en unión de Dulce María Martínez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe, la declara abierta de conformidad con lo dispuesto en la Circular SECNO/10/2021 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, y 25/2020 y 37/2020, que reformaron este último, con relación al período de vigencia; sin la presencia de las partes y sin presencia pública. Acto continuo, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaria hace relación de constancias. El Juez de Distrito acuerda: De conformidad con los preceptos 117 y 119 de la Ley de Amparo, se reitera la rendición del informe justificado emitido por las autoridades responsables. Así las cosas, no habiendo escrito ni oficio pendientes por acordar, se procede a la apertura del período probatorio, en el que se reitera la admisión de las documentales allegadas por la parte quejosa como anexos a su demanda de amparo. Así pues, al no existir otro medio que relacionar, admitir o tener por desahogado, se cierra dicha etapa probatoria. Se abre la etapa de alegatos. En la que se hace relación de los expuestos por el Fiscal de la Federación adscrito, a través de su alegato ministerial 239/2022, por lo que sin tener más alegatos por reproducir, se cierra esta etapa. Al no existir pruebas por acordar o diligencia alguna pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional, en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. SENTENCIA ANALIZADOS, para resolver los autos del juicio de amparo 530/2022. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, del que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, Sandra Elvira Parellares Ochoa, por propio derecho, promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y por los actos que se especifican a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. El Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación "B" Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, Jalisco." "VI. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. A la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, reclamo la discusión, aprobación y expedición del: Artículo 154, fracción III, de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 -Ley 73- A la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, reclamo la discusión, aprobación y expedición del: Artículo 154, fracción III, de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 -Ley 73- El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la promulgación y publicación del: Artículo 154, fracción III, de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 -Ley 73- Al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la promulgación y publicación del: Artículo 154, fracción III, de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 -Ley 73- Al Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación "B" Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, Jalisco, le reclamo la aplicación del: Artículo 154, fracción III, de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 -Ley 73- Consistente en la resolución de negativa de pensión de viudez 22/209670, de fecha 31 de enero de 2022." El solicitante de amparo alega violación a los derechos humanos que consagran los artículos 1, 4, y 123, apartado A, fracciones XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se admitió la demanda, motivo por el cual se ordenó tramitar el juicio con sujeción a las disposiciones legales aplicables, lo que implicó pedir el informe justificado a las autoridades responsables, dar intervención al Fiscal Federal de la adscripción y fijar hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Todo lo anterior fue cumplido, se dictaron los acuerdos procedentes y la audiencia de ley inició en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para resolver el presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como el precepto 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor (reforma de siete de junio de 2021), y los Acuerdos Generales 03/20132 y 41/20183 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en los que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, mientras que el segundo es referente al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por reclamarse actos que tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial de este órgano federal y que corresponden a una de las materias de su competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados en el amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio, deben quedar precisados cuáles son éstos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: 1) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido. 2) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se formulen sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En apoyo a lo anterior, cobran aplicación la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis aislada número P. VI/2004, cuyos rubros dicen: 'DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.' y 'ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.' Con base en lo acotado, al analizar en su integridad la demanda de amparo, sin atender a los calificativos vertidos en la enunciación de los actos reclamados, y al armonizar los datos y elementos que la conforman, se deduce que se hacen consistir en: - La iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, publicación y expedición de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, específicamente la fracción III del artículo 154. - La resolución de negativa de pensión por viudez, folio 0160408875502, emitida por el Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional, Delegación Estatal en Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Una vez señalado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la certeza o inexistencia de éste, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, en la tesis aislada cuyo rubro se transcribe en seguida: 'SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS.' TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, todos éstos con residencia en la Ciudad de México, así como del Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación "B" Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, Jalisco, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado y porque la existencia de la porción normativa combatida y por ende, la participación de las responsables en el proceso de creación de las leyes, se encuentra acreditada con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo cual constituye un hecho notorio que puede invocarse de oficio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo segundo. Es aplicable al caso la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 56, en la página 73, tomo VI, común, sección jurisprudencia SCJN del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Asimismo, por lo que hace a la resolución de negativa de pensión por viudez, folio 0160408875502, emitida por el Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional, Delegación Estatal en Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se corrobora con las constancias certificadas que la propia responsable allegó a este sumario, las que ameritan valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del numeral 2 de esta última, al ser expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia 226 del Pleno del Alto Tribunal, con el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analizan las causales de improcedencia lo aleguen o no las partes, al ser una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. La autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación "B" Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, Jalisco, al rendir su informe con justificación, adujo que el juicio de amparo en que se actúa resulta improcedente, en virtud de la actualización de las causales previstas en las fracciones XII, XX y XXIII, del artículo 61, la última de ellas en relación con el diverso artículo 1, fracción I y 5 fracción II de la Ley de Amparo, dichas causales devienen infundadas, como a continuación se relata: En primer lugar dicha responsable adujo que el acto reclamado es inexistente, por lo que solicitó el sobreseimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; sin embargo, tal como quedó establecido en el considerando que precede dicha autoridad en su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama y lo acreditó con la propia resolución de negativa de pensión por viudez, folio 0160408875502, emitida el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, por ende, quedó demostrada la existencia del acto que se le reclamó; por tanto, no procede el sobreseimiento del juicio en los términos en que lo solicitó. Asimismo, dicha responsable señala que en el caso se actualiza las diversas causales de improcedencia contenidas en el artículo 61, fracciones XX y XXIII en relación con el diverso artículo 1, fracción I y 5 fracción II de la Ley de Amparo, lo cual sostuvo bajo el argumento de que no le asiste el carácter de autoridad responsable, pues únicamente actúa en su carácter de ente asegurador y, por ese motivo, la quejosa debió combatir la resolución de negativa de pensión ante la jurisdicción ordinaria antes de acudir al juicio de derechos fundamentales. Las causas de improcedencia son infundadas. A propósito del planteamiento de las referidas causas de improcedencia, al resolver el amparo en revisión 772/2015, la Segunda Sala del Alto Tribunal sostuvo: A) Cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador, niega una pensión por viudez, debe considerarse un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que con independencia de la naturaleza formal de dicho instituto, dicha determinación la dicta de forma unilateral y obligatoria. B) En el precedente de mérito se sostuvo que esa clase de actos son emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social en ejercicio de las funciones que le están determinadas por las normas generales que reglamentan la garantía y satisfacción del derecho a la seguridad social, en tanto que para el ejercicio de esos derechos, los particulares se encuentran en una relación de asimetría con dicho Instituto, pues aquél está facultado para emitir actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de manera unilateral u obligatoria, o bien puede incurrir en omisión de actos que de realizarse crearían situaciones, modificarían o extinguirían situaciones jurídicas, que prevalecen hasta que se dicta el laudo o resolución que las invaliden en el juicio o medio de defensa procedente. C) El Alto Tribunal sostuvo que, de manera excepcional, es procedente el juicio de amparo para combatir los actos que como ente asegurador emita el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que sea necesario agotar la jurisdicción ordinaria en materia de seguridad social, cuando la resolución atribuida a dicha autoridad contiene una resolución en la que se niega una pensión con base en un precepto que se tilda de inconstitucional. D) Puntualizó que bastará que se analice la regularidad constitucional del fundamento invocado en el acto de autoridad, para determinar si debe otorgarse o no la prestación de viudez solicitada, pero en la inteligencia de que en caso de resultar inconstitucional el precepto controvertido, la autoridad responsable deberá inaplicar tal disposición y emitir una nueva resolución, al existir la posibilidad de que por diversa causa deba negarse la pensión, lo que no es factible determinar en el juicio de amparo, al constituir la litis. E) Agregó que no representa obstáculo que ha sido criterio reiterado del Alto Tribunal que el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando resuelve las solicitudes en las que se reclaman prestaciones de seguridad social, no es autoridad para los efectos del juicio de amparo al no estar investido de facultades de imperio dado que la relación entre éste y los asegurados o beneficiarios se da en un plano de igualdad; empero, en el momento histórico en que se emitió dicho criterio, el orden jurídico distaba al que actualmente impera, en la medida que a partir de la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo se modificó, por lo que si bien el aludido Instituto no es una autoridad en su más pura expresión, sí aplica la Ley del Seguro Social de forma unilateral y obligatoria al pronunciarse sobre la negativa de pensión solicitada. De acuerdo con las resumidas consideraciones de la ejecutoria del amparo en revisión 772/2015, se desestiman las causas de improcedencia que cita el jefe de pensiones responsable. En el caso, la quejosa reclama la resolución en la que con sustento en el artículo 154, fracción III, de la Ley del Seguro Social, el Jefe pensiones le negó la pensión por viudez, así como la inconstitucionalidad del mismo. Sobre esas premisas, la resolución de negativa de pensión sí debe considerarse un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, con fundamento en el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que tal como lo sostuvo el Alto Tribunal en el precedente que se invoca, cuyas consideraciones hace propias este juzgador federal, independientemente de la naturaleza formal de ente asegurador del Instituto Mexicano del Seguro Social, el acto de aplicación controvertido es emitido con las características de uno de autoridad, dado que tiene a su cargo la aplicación de la Ley del Seguro Social y el objetivo de garantizar el derecho a la seguridad social a los trabajadores y a los beneficiarios asegurados, lo cual realizó de forma unilateral y obligatoria al negar la solicitud de pensión por viudez de la quejosa. De ahí que, como lo sostuvo el Alto Tribunal, tampoco es necesario que agoté la jurisdicción ordinaria antes de acudir al juicio de amparo, porque en la resolución reclamada se aplicó un precepto que se tilda de inconstitucional. Por las razones expuestas, deben desestimarse las causales de improcedencia invocadas por el aludido jefe de pensiones. Finalmente, dicha responsable señala la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin embargo, al efecto no señala por qué considera la actualización de dicha causa de improcedencia. Al respecto, debe decirse que este juzgador no abordará el estudio la causal propuesta, en atención a que no se señala en forma concreta cuál o cuáles de las hipótesis por las que se actualiza, y era necesario que indicara la alternativa que a su juicio se actualizaba para poder realizar el estudio respectivo. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 137/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Octubre de 2006, página 365, Novena Época, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." En otro orden de ideas, el Presidente de la República sostiene que el juicio de amparo es improcedente, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no impugna los actos que se le atribuyen por vicios propios. Para abordar la temática de mérito, resulta necesario traer a colación el contenido de los artículos citados, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) "III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.]". Los numerales transcritos establecen -en la parte que interesa- que tratándose de amparo contra leyes, únicamente tendrán el carácter de autoridades responsables las que hubieren intervenido en el refrendo y publicación, siempre y cuando los actos que de ellas se reclamen, se impugnen por vicios propios, sin embargo debe decirse que la intervención del ejecutivo federal en la emisión de las normas generales, no se acota únicamente al refrendo y publicación de éstas, si no de la función que ejerce dentro del proceso legislativo de la creación de la norma (iniciativa, aprobación, emisión, promulgación y orden de publicación), de ahí que sea infundada la causa de improcedencia que invoca, pues la constitucionalidad del numeral tildado de inconstitucionalidad, será materia de fondo en el presente asunto. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10ª), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2248, libro 23, octubre de 2015, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." En tal virtud, se analizaron las constancias de autos y de las mismas no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, ni las partes las hicieron valer alguna otra, por lo que se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada. QUINTO. Análisis del fondo de la cuestión planteada. En principio, conviene destacar que los conceptos de violación no se trascriben al no exigirlo así disposición alguna de la Ley de Amparo, ni la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En apoyo se cita la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro que se indica: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Cabe aclarar que por cuestión de técnica jurídica, los conceptos de violación se analizaran en un orden diverso al propuesto y en forma conjunta en virtud de su estrecha vinculación; sin que tal actuación irrogue perjuicio alguno a las partes, ya que está prevista en el artículo 76 de la Ley de Amparo. De tal manera que, en principio se analizará la constitucionalidad de la disposición impugnada, esto es, la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, específicamente la fracción III del artículo 154, para que de resultar procedente posteriormente se realice el estudio de los vicios propios del acto concreto de aplicación, ello atendiendo al contenido de la Jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, debe decirse que son fundados los conceptos de violación propuestos por la quejosa en los que aduce que la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, específicamente la fracción III del artículo 154, en la que se fundó la resolución en la que se negó el otorgamiento pensión por viudez ante el fallecimiento de su esposo, al considerarse que a la de la fecha de matrimonio la fecha de defunción del extinto asegurado y no haber comprobado la procreación de hijos con él, es violatoria de sus derechos fundamentales, ya que al condicionarse la procedencia de la pensión que solicitó a la fecha en que falleció su esposo que fue el asegurado y a la fecha de su matrimonio, es un hecho fortuito o de fuerza mayor incontrolable por el asegurado o beneficiario que contravienen los derechos de igualdad y de seguridad social. Ahora bien, como se precisó anteriormente, la negativa de la pensión por viudez que solicitó la ahora quejosa emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, al fundamentar su decisión en lo previsto por el artículo 154, fracción III de la Ley del Seguro Social, el cual dispone que no procederá la pensión por viudez, cuando no hubiese transcurrido un año de la fecha del matrimonio con el asegurado a la fecha de su defunción y no se hubiese acreditado que tuvieron hijos. Ahora bien, respecto del artículo 154, fracción III, de la Ley del Seguro Social, abrogada se considera que el mismo es violatorio de derechos fundamentales de la quejosa. El aludido numeral 154 de la Ley del Seguro Social, es del literal siguiente: "Artículo 154. No se tendrá derecho a la pensión de viudez que establece el Artículo anterior, en los siguientes casos: I. Cuando la muerte del asegurado acaeciere antes de cumplir seis meses de matrimonio; II. Cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace, y III. Cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio. Las limitaciones que establece este Artículo no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado la viuda compruebe haber tenido hijos con él.". Del artículo transcrito se desprende que en su fracción I, prevé no tendrán derecho a la pensión de viudez, cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio. Así mismo, en su fracción II, señala que no se tendrá derecho a la pensión de viudez cuando se hubiese contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace. Finalmente, en su fracción III se establece que no se tendrá derecho a la pensión de viudez cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio. Además, al final de las fracciones, el numeral precisa que las limitaciones que se establecen no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado la viuda compruebe haber tenido hijos con él, ésto es, la porción reclamada por la quejosa consiste en la limitación al otorgamiento de la pensión de viudez, sujetándola a la fecha de la muerte del pensionado [vigencia del matrimonio con anterioridad al fallecimiento]. Ahora bien, en primer término se abordará el análisis del derecho de igualdad. Derecho de igualdad. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Federal, debe precisarse que el principio de igualdad ante la ley no implica necesariamente que todos los individuos deban encontrarse siempre y en cualquier circunstancia en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que se traduce en el derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que aquéllos que se encuentran en similar situación de hecho. Lo anterior significa que no toda desigualdad de trato es violatoria de garantías, sino sólo cuando produce distinción entre situaciones objetivas y de hecho iguales, sin que exista para ello una justificación razonable e igualmente objetiva; por ello, a iguales supuestos de hecho corresponden similares situaciones jurídicas, pues en este sentido el legislador no tiene prohibición para establecer en la ley una desigualdad de trato, salvo que ésta resulte artificiosa o injustificada. A efecto de dilucidar si el numeral tildado de inconstitucional vulnera derechos humanos de la quejosa es necesario atender al contenido del principio de igualdad, previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 1°.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". El primer párrafo del precepto constitucional aludido refiere el principio de igualdad, en la medida que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. En el último párrafo está contenido el principio constitucional de la no discriminación, en tanto se proscribe cualquier distinción motivada por razones de género, edad, condición social, religión o cualquier otra análoga que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Los principios constitucionales de igualdad y no discriminación están estrechamente vinculados, pero no son idénticos; en todo caso son complementarios, incluso la prohibición de discriminar constituye una de las distintas manifestaciones que adopta el principio de igualdad, en tanto la norma constitucional limita la posibilidad de tratos diferenciados no razonables o desproporcionados entre las personas, a partir de determinadas características que presenten las personas, con base en las cuales se impone la proscripción de discriminar. De la lectura de este dispositivo, se advierte que los principios de igualdad y no discriminación implican que las autoridades no traten de manera diferente a los individuos cuando se encuentren en la misma situación jurídica, es decir, que sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicha garantía se refiere a la igualdad jurídica, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato respecto de quienes se ubican en similar situación de hecho, situación que por ser Ley Suprema debe acatarse por todas las autoridades del país. Debe ponerse de relieve que la igualdad y la no discriminación se encuentran en relación directa con la situación jurídica de los destinatarios de la norma, y no así de sus otras situaciones particulares tales como económicas, de negocios, de mercado, materiales, etcétera. El principio de igualdad tiene un carácter complejo, pues no postula la paridad absoluta entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato como criterio básico para la producción normativa. Así, del referido principio derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario: I. Por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual y, II. Por otro lado, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a establecer diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución las imponga. Por otro lado, el de no discriminación, por ser una manifestación del principio de igualdad, como se ha dicho, se encuentra más enfocado en desterrar del sistema jurídico toda distinción de trato, pero que se encuentre motivada, en específico, por las cualidades propias de la persona que atenten contra su dignidad humana. Así, la finalidad de la garantía de igualdad en la ley radica en colocar a los habitantes del país en condiciones tales que puedan acceder a otros bienes y derechos superiores protegidos constitucionalmente, lo que significa que el beneficio que un gobernado obtenga, también lo deberá obtener otro gobernado que se encuentre en igualdad de circunstancias. La garantía de igualdad implica que se debe tratar igual a quienes se encuentren en la misma situación y de manera desigual a los sujetos que se ubiquen en una situación diversa, lo que implica que el legislador puede crear categorías o clasificaciones que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales; pero siempre evitando cualquier distinción no razonada y desproporcional, discriminatoria de las personas. En conclusión, el principio de igualdad contiene los rasgos esenciales que a continuación se resumen: 1. No toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción a la garantía de igualdad, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carecen de una justificación objetiva y razonable. 2. El principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten injustificadas por no estar fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados, los cuales podrán ser apreciados en la exposición de motivos o advertirse de la misma norma. 3. Por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente válida, no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable, además, que las consecuencias jurídicas que resultan de tal disposición sean adecuadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. De acuerdo con las consideraciones anteriores, la norma que prevé un trato desigual será inconstitucional cuando imponga arbitrariamente discriminaciones entre situaciones jurídicas objetivamente iguales, no distinga de la misma forma situaciones discrepantes o carezca de razonabilidad. De esta forma, para el control de la convencionalidad de las normas que se estiman violatorias del principio de igualdad, conviene observar los siguientes criterios orientadores: A. Debe advertirse si existe una situación comparable y, con base en ésta, establecer si los sujetos se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. B. Anotada la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida, para lo cual conviene: a) Señalar si la diferencia normativa persigue una finalidad constitucionalmente aceptable; b) Si la diferenciación cuestionada es adecuada para el logro del fin legítimo buscado; c) Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar. Así lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 42/2010, con registro 164779: "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA. La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino que es imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que sea exigible que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo obligado que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia". Derecho a la seguridad social. Atendiendo a que el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Federal considera como derecho fundamental de los trabajadores protegerlos ante la contingencia de su muerte, lo que necesariamente implica la protección de su familia en caso de fallecimiento. Analizada la norma bajo los parámetros mencionados se obtiene lo siguiente: Tendría que analizarse si los criterios de distinción por los cuales el legislador estimó que dicho acontecimiento no los protege en determinados supuestos, tuvo motivos realmente justificados para restringir los derechos que otras personas, en igual situación, sí tienen, y dado que el legislador no expresó en la exposición de motivos justificación alguna del porqué el trato diferente otorgado al cónyuge supérstite, en el caso de las exclusiones marcadas en el artículo 154, ni aquéllos se aprecian del propio contexto de la ley, debe estimarse que tal exclusión resulta injustificada y por ende, violatoria de la garantía de igualdad y al derecho fundamental de la seguridad social prevista en la propia Constitución Federal. En efecto, el precepto impugnado transgrede los derechos de igualdad y de seguridad social, porque si la pensión de viudez se actualiza con la muerte del trabajador o del pensionado, no debe ser motivo para no otorgarla por circunstancias ajenas al trabajador o pensionado, como lo es que su muerte suceda antes de cumplir cierto tiempo. En otras palabras, para la procedencia de la pensión de viudez el legislador la condiciona a que la muerte del trabajador o pensionado no ocurra dentro del periodo señalado posterior a la celebración del matrimonio, es decir, a una causa ajena a él mismo, porque si bien la fijación de la fecha de dicho matrimonio se encuentra a su alcance, no lo es la de su muerte, atendiendo a las circunstancias en que puede producirse. A mayor abundamiento, el último párrafo del artículo impugnado establece que tales limitaciones no serán aplicables cuando al morir el trabajador o el pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él, lo que hace aún más evidente la inconstitucionalidad del precepto en comento, ya que por la simple existencia de hijos el legislador sin mayor explicación hace procedente el otorgamiento de la pensión de viudez. En esa virtud, no se desprenden motivos realmente justificados para restringir los derechos que otras personas, en igual situación, sí tienen. En razón de lo expuesto y dado que, en el presente caso, el legislador no expresó en la exposición de motivos justificación alguna del porqué el trato diferente otorgado al cónyuge supérstite, en el caso de lo previsto en el artículo 154 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, ni aquéllos se aprecian del propio contexto de la ley, debe estimarse que tal exclusión resulta injustificada y, por ende, violatoria de los derechos de igualdad y de seguridad social prevista en la propia Constitución Federal. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 150/2008, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya literalidad es la siguiente: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY RELATIVA, AL LIMITAR LA PENSIÓN DE VIUDEZ DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE, ES VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). El artículo 129 de la ley establece que ante la muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad y hubiere cotizado al Instituto por 3 años o más, dará origen a las pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia; asimismo, el artículo 131 contiene el orden de los familiares derechohabientes para recibirla y en primer lugar señala al cónyuge supérstite sólo si no hay hijos o en concurrencia con éstos si los hay y son menores de 18 años o mayores de esa edad si están incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar; o bien, hasta 25 años previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo. Por su parte, el artículo 136 de la ley del Instituto refiere una serie de supuestos en los cuales el cónyuge supérstite no tendrá derecho a recibir la pensión de viudez; sin embargo, esto último transgrede las garantías de igualdad y de seguridad social, porque si la pensión de viudez se actualiza con la muerte del trabajador o del pensionado, y de acuerdo al orden de preferencia de los familiares derechohabientes, en primer lugar se encuentra el cónyuge supérstite siempre que no se tengan hijos; no deben ser motivo para no otorgarla, circunstancias ajenas al trabajador o pensionado, como lo es que su muerte suceda antes de cumplir 6 meses de matrimonio o un año, cuando a la celebración de éste, el trabajador fallecido tuviese más de 55 años o tuviese una pensión de riesgos de trabajo o invalidez, es decir, condiciona la muerte del trabajador o del pensionado que es una causa ajena al mismo, porque si bien la fijación de la fecha de dicho matrimonio se encuentra a su alcance, no lo es la de su muerte. A mayor abundamiento, el último párrafo del referido artículo establece que tales limitaciones no serán aplicables cuando al morir el trabajador o el pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con él, lo que hace aún más evidente la inconstitucionalidad del precepto en comento, ya que por la simple existencia de hijos, el legislador sin mayor explicación, hace procedente el otorgamiento de la pensión de viudez. En esa virtud, atendiendo a que el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución Federal considera como derecho fundamental de los trabajadores protegerlos ante la contingencia de su muerte, lo que necesariamente implica la protección de su familia en caso de fallecimiento, tendría que analizarse si los criterios de distinción por los cuales el legislador estimó que dicho acontecimiento no los protege en determinados supuestos, tuvo motivos realmente justificados para restringir los derechos que otras personas, en igual situación, sí tienen, y dado que el legislador no expresó en la exposición de motivos justificación alguna del porqué el trato diferente otorgado al cónyuge supérstite, en el caso de las exclusiones marcadas en el artículo 136, ni aquéllos se aprecian del propio contexto de la ley, debe estimarse que tal exclusión resulta injustificada y por ende, violatoria de la garantía de igualdad y al derecho fundamental de la seguridad social prevista en la propia Constitución.". También apoya lo expuesto, la tesis XI.1o.A.T.81 A (10a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con registro 2015976, del tenor siguiente: "PENSIÓN DE VIUDEZ. LA RESTRICCIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, CONSISTENTE EN HABER ESTADO UN AÑO EN MATRIMONIO CON EL DE CUJUS, ES DESPROPORCIONAL, AL CONSTITUIR LA MUERTE UN HECHO FORTUITO. Conforme a la facultad que deriva del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que las normas relativas a derechos humanos deben interpretarse con apego a ésta y a los tratados internacionales en la materia, y en aplicación del principio pro persona, que contiene un criterio hermenéutico de acuerdo con el cual, debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, se concluye que la restricción al derecho fundamental a una pensión de viudez, prevista en el artículo 132, fracción II, de la Ley del Seguro Social, es desproporcional, porque impone una carga al particular que no está en posibilidad de cumplir, al exigirle haber estado un año en matrimonio con el de cujus, cuando al contraer nupcias éste tuviera más de cincuenta y cinco años de edad, pues se soslaya que la muerte constituye un hecho fortuito y, por ende, de verificación desconocida, de suerte que, al margen de la edad que tenía el asegurado cuando contrajo nupcias, a su cónyuge le corresponde recibir la pensión de viudez.". Asimismo, cobra aplicación la tesis asilada VII.2o.T.169 L (10a.), con número de registro 2018172, citada por la quejosa en su demanda de amparo, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 154, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA, AL LIMITAR SU OTORGAMIENTO A LA ESPOSA O CONCUBINA QUE NO HUBIESE TENIDO HIJOS CON EL DE CUJUS, A QUE EL FALLECIMIENTO SEA POSTERIOR AL PLAZO DE UN AÑO, VIOLA LOS NUMERALES 1o. Y 123, APARTADO A), FRACCIÓN XXIX, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De la jurisprudencia P./J. 150/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 8, de rubro: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY RELATIVA, AL LIMITAR LA PENSIÓN DE VIUDEZ DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE, ES VIOLATORIO DE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).", se advierte que el Pleno del Máximo Tribunal del País estableció que ese precepto era inconstitucional, porque condicionaba el otorgamiento de la pensión de viudez, la cual se actualiza con la muerte del trabajador o del pensionado, a circunstancias ajenas a dicho evento, como lo es que su muerte suceda antes de cumplir 6 meses de matrimonio o un año, cuando a la celebración de éste, el trabajador fallecido tuviese más de 55 años o tuviese una pensión de riesgo de trabajo o invalidez, limitaciones que no serían aplicables cuando al morir el trabajador o el pensionado, el cónyuge supérstite compruebe tener hijos con él, sin que el legislador hubiese expresado en la exposición de motivos justificación alguna del porqué el trato diferente. En esa tesitura, al advertirse que el artículo 136 ahí analizado contiene la misma redacción y sentido normativo que el diverso numeral 154 de la Ley del Seguro Social derogada, es evidente que la fracción III de este numeral también vulnera los derechos fundamentales de igualdad y seguridad social tutelados en los artículos 1o. y 123, apartado A), fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al limitar el derecho de la esposa o concubina, que no hubiese tenido hijos con el de cujus, a recibir la pensión por viudez derivada de la muerte del trabajador pensionado, al acontecimiento de ese deceso con posterioridad al plazo de un año, contado a partir de que contrajeron matrimonio, es decir, a circunstancias ajenas al asegurado que no deben ser motivo para negar ese beneficio, partiendo de la base de que el trabajador generó el derecho en favor de su beneficiaria, durante su vida laboral, con las aportaciones que realizó por determinado número de años de trabajo productivo, y que la finalidad de la pensión por viudez es la subsistencia de la concubina o cónyuge supérstite, beneficiaria del trabajador, después de acaecida su muerte; máxime si esa limitante no tiene razón legal alguna, al no haberse expuesto en el proceso legislativo motivos que la justifiquen." En similares términos se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dos de agosto de dos mil diecisiete, al resolver el Amparo Directo en Revisión 2396/2017; por tanto, para reparar la violación que contiene dicha norma, lo procedente es determinar su inaplicación, esto es, ante la declaratoria de inconstitucionalidad del numeral 154, fracción III, de la Ley del Seguro Social, abrogada, debe quedar insubsistente la resolución de negativa de pensión por viudez, folio 0160408875502, emitida por el Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional, Delegación Estatal en Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, misma que fue emitida a consecuencia de su aplicación. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a Sandra Elvira Pallares Ochoa. En virtud de lo anterior, toda vez que resultó fundado el motivo de queja ponderado, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación restantes, conforme a las consideraciones de la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS. Cuando el amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción.". SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo, con la finalidad de restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, para lo cual la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, deberá: - Dejar insubsistente la resolución que emitió el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, con folio 0160408875502 y, en su lugar, emita otra en el que prescinda de aplicar el numeral 154 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres; y resuelva con libertad de jurisdicción nuevamente sobre la solicitud planteada, con la única limitante de no aplicar el contenido del precepto cuya inaplicación debe realizarse en acatamiento a este fallo. Finalmente, téngaseles a la tercera interesada y al Fiscal de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos; sin embargo, debe decirse que este juzgador no se ocupará de dichos argumentos al no formar parte de la litis constitucional, por ende, no existe obligación legal de analizarlos. Al caso, cobra aplicación la Jurisprudencia 39, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, del Tomo VI, página 31, cuyo rubro dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Sandra Elvira Pallares Ochoa, por el acto precisado en el segundo considerando, por los motivos expuestos en el considerando sexto, para efectos del último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Manuel Carbajal Hernández, Juez Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien actúa en unión de Dulce María Martínez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe. Dulce María Martínez Sánchez
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 9,427 expedientes
- Sandra Ángelica Nájera Padilla1213/2023
- Sandra Angelica Najera Padilla629/2022
- Sandra Araceli Gonzalez Aguilar2421/2021
- Sandra Cristina Andrade Ramírez1102/2020
- Sandra Elizabeth Agredano Olea1375/2022
- Sandra Elizalde Agredano990/2005
- Sandra Fabiola Pacheco Merin1372/2022
- Sandra Garcia Diaz947/2021
- Sandra Garcia Diaz37/2023
- Sandra Garcia Diaz1447/2022
- Sandra Hernandez Moreno411/2022
- Sandra Janet Zarzoza Diaz619/2020