Sandra Elid Miranda Jauregui

Expediente 227/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
227/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Sandra Elid Miranda Jauregui

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.CAG.

  2. Principal

    ...NOTIFICACIÓN PERSONAL...

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 203/2019-IV, promovido por DELFINA DORA RODRIGUEZ BAÑOS, por propio derecho; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, en la secretaria de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, DELFINA DORA RODRÍGUEZ BAÑOS, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la justicia de la unión en contra de la autoridad y acto que a continuación se transcriben: "III.-AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- SEGUNDA SALA DEL PRIMER CIRCUITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. IV.- SENTENCIA RECLAMADA: Sentencia de fecha once de Diciembre de dos mil dieciocho, pronunciada por la SEGUNDA SALA DEL PRIMER CIRCUITO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS en los autos del toca civil número 965/18-19, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora incidentista en contra de la sentencia interlocutoria de fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el C. JUEZ SEPTIMO CIVIL EN MATERIAS FAMILIAR Y SUCESIONES DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, en el incidente de entrega de inmueble promovido dentro juicio Sucesorio Testamentario a Bienes de Ricardo Viveros Machain radicado bajo el expediente número 333/2010-2." SEGUNDO. Por razón de turno, la demanda se recibió el once de febrero de dos mil diecinueve en el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, el cual se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo por auto de catorce siguiente y la ordenó turnar al Juez de distrito en turno; por lo que en quince de febrero de dos mil diecinueve fue admitida dicha demanda por este Juzgado Segundo de Distrito, y previo requerimiento para aclararla, por auto de veintiséis siguiente se admitió a trámite, se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio público de la federación adscrito, se emplazó a la parte tercera interesada y, el veinte de mayo de dos mil diecinueve se emitió sentencia por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, en la que sobreseyó en el juicio. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa promovió recurso de revisión que fue del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, el cual por sesión de catorce de agosto de dos mil veinte, revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento para que se requiriera a la parte quejosa para que en su caso, manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 115 del Código Familiar del Estado de Morelos, que no fue señalado como acto destacado en la demanda de garantías, y de ser el caso, a las autoridades responsables que intervinieron en el procedimiento legislativo correspondiente. En cumplimento a lo anterior, el cuatro de septiembre de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa para que, manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 115 del Código Familiar del Estado de Morelos y de ser el caso, a las autoridades responsables que intervinieron en el procedimiento legislativo correspondiente. Mediante escrito recibido por este Órgano Jurisdiccional el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, la parte quejosa dio contestación al requerimiento formulado en autos; por lo que, en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la quejosa DELFINA DORA RODRÍGUEZ BAÑOS, ampliando la demanda de amparo por cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 115 del Código Familiar del Estado de Morelos, señalando como autoridades responsables al Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, por lo que se les requirió su respectivo informe justificado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en vigor a partir del veintiséis de junio del año en curso, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo el lugar donde radica la autoridad responsable y tiene lugar la ejecución de los actos reclamados. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Bajo esa premisa, la parte quejosa reclama del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos: La inconstitucionalidad del artículo 115 del Código Familiar vigente en el Estado de Morelos, aprobado el trece de julio de dos mil seis. Del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos: La inconstitucionalidad de la publicación del artículo 115 del Código Familiar vigente en el Estado de Morelos en el Periódico Oficial 4481 Segunda Sección "Tierra y Libertad" de seis de septiembre de dos mil seis. De la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, lo siguiente: La resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho, en el toca civil número 965/18-19, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Séptimo Civil en Materias Familiar y Sucesiones del Primer Distrito Judicial, en el incidente de entrega de inmueble promovido por la aquí quejosa dentro juicio Sucesorio Testamentario a Bienes de Ricardo Viveros Machain radicado bajo el expediente 333/2010-2; como primer acto de aplicación del precepto legal combatido. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Son ciertos los actos que se reclaman al Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos y al Gobernador Constitucional del Estado de Mor6elos, pues al rendir su informe justificado aceptaron la existencia de los actos reclamados que se les reclaman en el ámbito de sus atribuciones; aunado a que la existencia de los actos legislativos reclamados se evidencia conforme al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los numerales 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su artículo 2; razón por la cual, constituye un hecho notorio para que existen los citados ordenamientos reclamados, de ahí que deba tenerse por comprobada la existencia de los actos reclamados a las autoridades aludidas para efectos del presente juicio. Además, no debe perderse de vista que las leyes no son objeto de prueba, es decir, no se necesita probar su existencia, pues sólo basta que estén publicadas en el Periódico Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlas en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad. Entonces, como la publicación de la codificación de que se trata se hizo en el Periódico Oficial de esta entidad federativa, ello evidencia la certeza de los actos reclamados. Es aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis V.2o.214K, con registro 209107, de rubro: "LEYES, NO SON OBJETOS DE PRUEBA." Así como el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia sin número, pero con registro 191452, cuyo establece: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." También es cierto el acto reclamado la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia en Morelos, ya que así lo manifestó al rendir el informe justificado, lo que se corrobora además con la copia certificada de la resolución combatida que acompañó como complemento al informe, la que amerita valor probatorio pleno al tratarse de una documental pública expedida por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º. CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de los conceptos de violación, procede el análisis de las causales de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, ya que son de orden público y su estudio es oficioso, conforme a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo; ello, con base en las causas propuestas por las partes o las que, en el caso, se adviertan de oficio. CAUSA FUNDADA El Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, aduce que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con correlación al diverso 108 fracción III de la Ley de Amparo, en atención a que la quejosa no combate por vicios propios los actos de promulgación y publicación del ordenamiento legal impugnado, omitiendo exponer conceptos de violación en su escrito de demanda. En la especie, como acertadamente alega el Gobernador del Estado de Morelos, respecto del acto reclamado consistente en el proceso legislativo del artículo 115 del Código Familiar vigente en el Estado de Morelos, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 108, fracción III, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. (.)." De los artículos citados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa impugna la promulgación y la publicación de las normas reclamadas, pero no por vicios propios. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa no impugnó por vicios propios los actos que atribuyó al Gobernador del Estado de Morelos, consistentes en la promulgación y publicación del artículo 115 del Código Familiar vigente en el Estado de Morelos; por el contrario, sus argumentos están dirigidos a demostrar la inconstitucionalidad del precepto reclamado a partir de las violaciones materiales contenidas en el cuerpo del propio artículo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio en relación con los actos reclamados a la autoridad responsable Gobernador del Estado de Morelos. Es aplicable la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, página 2248, de rubro: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS." Así como la tesis XXVII.3o.86 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Véase en la página 2128 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, registro: 2009694, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REFRENDO O LA PUBLICACIÓN DE NORMAS GENERALES CUANDO NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS." Al no existir diversa causal de improcedencia alegada ni advertida de oficio, procede el estudio del fondo de la cuestión planteada. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. Para efectuar el análisis de la regularidad constitucional en el amparo contra ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio relativo a que el Juez de Distrito no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento impugnado de inconstitucional, del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. Sobre el mismo aspecto, el Máximo Tribunal agregó que la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación; y que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también, al acto de su aplicación. El criterio anterior, está contenido en la jurisprudencia 90 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, que aparece en el Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, página 63, materia administrativa, del rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN." Por ello, primero se estudiará el artículo 115 del Código Familiar del Estado de Morelos y posteriormente el acto de aplicación como consecuencia. Son inoperantes por una parte e infundados en lo restante los conceptos de violación, lo que da lugar a negar el amparo y protección de la justicia federal sin que en el caso se actualice supuesto alguno para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que el de origen es un juicio sucesorio en el cual sólo se encuentran en juego intereses patrimoniales y, en su caso, las consecuencias que pudieran producirse no lesionan al grupo familiar, pues no varían su configuración o el orden existente, sino que redundan en cuestiones estrictamente económicas. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 65/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1153 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, correspondiente a la Décima Época, Registro digital 2020924, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE LA AFECTACIÓN AL ORDEN Y DESARROLLO DE LA FAMILIA. NO PROCEDE EN LOS JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS." Antes de analizar los agravios formulados, es preciso reseñar los antecedentes del acto reclamado para una mejor comprensión de los motivos que sustentan la presente resolución. Por escrito presentado el seis de noviembre de dos mil quince, ante el Juzgado Séptimo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial, Delfina Dora Rodríguez Baños demandó de la sucesión a bienes de Ricardo Viveros Machain, la tercería excluyente de dominio respecto al cincuenta por ciento de los bienes que le corresponden con motivo de la sociedad conyugal que tenía con el de cujus, así como la entrega de los mismos. Dentro de los hechos manifestó haber estado unida en matrimonio con Ricardo Viveros Manchain, bajo el régimen de sociedad conyugal. Por auto de diez de noviembre de dos mil quince, se previno a la promovente para que aclarara la vía en que pretendía promover, así como su legitimación. Por auto de nueve de marzo de dos mil dieciséis, el Juez de origen admitió la tercería en la vía y forma propuesta y ordenó dar vista a la sucesión a bienes de Ricardo Viveros Machain por conducto de su albacea y ordenó la acumulación del juicio 692/1993 a la tercería. Por auto de veintiuno de abril del dos mil dieciséis, se tuvo por presentada la contestación hecha por Concepción Gómez Tejada y/o Ma. Concepción Josué Tejada, María Concepción Josué Tejada y/o Linda Concepción Gómez Tejada, en su carácter de única y universal heredera y albacea de la sucesión a bienes de Ricardo Viveros Machain, a la tercería excluyente de dominio; oponiendo las excepciones y defensas que hizo valer. Una vez agotado el procedimiento incidental, el ocho de julio de dos mil dieciséis, el Juez Séptimo de lo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Primer Distrito Judicial del Estado, emitió la resolución correspondiente en la que determinó que el inmueble en controversia fue adquirido durante la vigencia del matrimonio entre Delfina Dora Rodríguez Baños y Ricardo Viveros Machain, pues así lo acreditó la tercerista con el expediente 692/93 del que se desprende la existencia del matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. Por escrito presentado el dos de febrero de dos mil dieciocho, ante el Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, Delfina Dora Rodríguez Baños, por propio derecho y en su carácter de cónyuge supérstite, demandó en la vía incidental, a la sucesión a bienes de Ricardo Viveros Machain, a través de su albacea, la entrega real y material del bien identificado como casa habitación, ubicada en Calle Lázaro Cárdenas, número 627, Colonia Jiquilpan, en Cuernavaca, Morelos, con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda, incluyendo los bienes muebles que se encuentran dentro del mismo. En proveído de nueve de febrero de dos mil dieciocho, el Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado; admitió a trámite el incidente planteado y ordenó notificar a la parte contraria. En auto de uno de marzo de dos mil dieciocho, el juez del conocimiento, tuvo a la albacea de la sucesión a bienes de Ricardo Viveros Machain, Bonita Nell Clark MC. Taggart de Wrixon y María Guadalupe Tejeda Enríquez, contestando la vista ordenada mediante auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho. Previas las secuelas procesales del incidente en comento, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, el juez del conocimiento dictó resolución interlocutoria, en la cual resolvió el incidente de entrega de bien inmueble promovido por DELFINA DORA RODRÍGUEZ BAÑOS contra la sucesión a bienes de RICARDO VIVEROS MACHAIN a través de su albacea, dejando a salvo los derechos de DELFINA DORA RODRÍGUEZ BAÑOS, para que los hiciera valer en la vía y forma que proceda. En contra de dicha resolución, Delfina Dora Rodríguez Baños, por conducto de su abogado patrono, interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Segunda Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde se registró con el toca 965/2018-19 y el once de diciembre de dos mil dieciocho dictó sentencia en la que confirmó la resolución interlocutoria de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Jueza Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos respecto al incidente de entrega de bien inmueble, promovido por DELFINA DORA RODRÍGUEZ BAÑOS contra la sucesión a bienes de RICARDO VIVEROS MACHAIN a través de su albacea. Dicha resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo; asimismo, refiere que éste se sustentó en lo dispuesto por el artículo 115 del Código Familiar del Estado de Morelos, cuya constitucionalidad combate al tenor de lo siguiente. Por su parte, la quejosa refiere que la resolución reclamada trasgrede en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales puesto que a su parecer el artículo 115 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos viola el derecho de propiedad y posesión al establecer que la posesión de los bienes del autor de la sucesión pertenece al cónyuge supérstite hasta en tanto se designe representante de la sucesión. Que el derecho de la cónyuge supérstite nace con el matrimonio, esto es, antes de la muerte del de cujus, mientras que la facultad del albacea nace con la muerte del autor del testamento. Dado que la cónyuge supérstite tiene el derecho a la propiedad de los bienes habidos en el matrimonio, por tanto, la posesión originaria; la resolución de la Sala que se funda en el artículo 115 del Código Familiar en la entidad trae como consecuencia la privación de la posesión. Al existir una colisión de derechos de la cónyuge supérstite con los del albacea, debe prevalecer los derechos de propiedad y posesión de la primera frente al derecho de administración de la segunda. Que las facultades de administración del albacea se ejercen para dar seguridad jurídica a los bienes de la sucesión pero no sobre los bienes que correspondan a la sociedad conyugal. Establecido lo anterior, lo que procede es declarar por una parte inoperantes los sintetizados conceptos de violación relativos a la constitucionalidad del artículo 115 del Código Familiar del Estado de Morelos, que sirvió de sustento para la resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho emitida por la Sala responsable. Se afirma lo anterior puesto que por una parte, los conceptos de violación son reiterativos de los agravios invocados por la quejosa en el recurso de apelación ante la Sala responsable; ya que no combaten las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, de ahí la inoperancia. En tanto que en lo novedoso de los conceptos de violación esgrimidos, la quejosa refiere esencialmente que el artículo 115 del Código Familiar de Estado de Morelos la priva del derecho de propiedad toda vez que limita la posesión de los bienes de la sucesión que pertenecen a la cónyuge supérstite hasta el momento en que se designe un representante de la sucesión, el cual se califica de infundado Para explicar la inoperancia de la causa de disenso expuesto por la impetrante, se estima pertinente trascribir el ordinal combatido de la legislación familiar en el Estado. "ARTÍCULO 115.- POSESIÓN Y ADMINISTRACIÓN POR EL CÓNYUGE SUPÉRSTITE. Muerto uno de los cónyuges, continuará el que sobreviva en la posesión provisional y administración temporal de los bienes en tanto se designa representante de la sucesión. El consorte supérstite tendrá derecho a una remuneración por la administración que desempeñe que será fijado por convenio entre él y los herederos o por el Juez si no se llega a un acuerdo entre ellos." En el caso, el artículo 115 del Código Familiar del Estado de Morelos se encuentra inmerso en el Capítulo VII denominado "DE LA SOCIEDAD CONYUGAL". Así el dispositivo trascrito tutela la posesión y en su caso, la administración de los bienes de la sucesión cuando muere uno de los cónyuges, sin embargo, contrario a lo alegado, no priva del derecho de propiedad de la quejosa Se afirma lo anterior puesto que el ordinal 115 en alusión no resuelve en modo alguno sobre la titularidad del derecho de propiedad, como lo refiere la quejosa sino que determina de manera temporal la posesión de los bienes en la medida en que a la muerte de uno de los cónyuges establece que el que sobreviva continuará en la posesión provisional y administración, estableciendo que ello subsistirá mientras se designa a la persona que va a representar la sucesión; no así se realiza acto de disposición alguna en relación a los bienes de que se trata. En efecto, se estima que el numeral cuestionado no contravienen el principio de igualdad contenido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no privilegia la existencia de un titular de los bienes de la sociedad conyugal en el caso de que muera uno de los consortes, sino que por el contrario únicamente define quien deberá continuar con la administración y en su caso posesión de los mismos tanto una vez que fallezca uno de los cónyuges y hasta que se designe por la autoridad jurisdiccional el representante de la sucesión sin que esto implique un perjuicio o una limitante al derecho de propiedad de la cónyuge supérstite, pues en modo alguno el aludido precepto refiere o autoriza a disponer o transmitir dichos bienes por conducto del indicado representante pues incluso no está siendo sometido a medida discriminatoria alguna, desconociendo el carácter de cónyuge supérstite, habida cuenta que lo único que dispone el precepto es garantizar la subsistencia de los bienes materia de la masa hereditaria a través de la tutela efectiva del representante legal de la sucesión pero sin que ello signifique que al concluir el juicio sucesorio respectivo o mediante el ejercicio de las acciones legales pertinentes no pueda ser reintegrada en los derechos que derivaron del indicado vínculo matrimonial, lo que -como se dijo- no constituye trato discriminatorio alguno. Del mismo modo, se estima que el artículo 115 de la legislación familiar en Morelos no contraviene los artículos 14 y 16 de la Constitución puesto que no priva a la quejosa del derecho de propiedad sobre el bien materia de la sociedad conyugal, habida cuenta que como se adelantó, establece la subsistencia del derecho de posesión como una medida de tutela de los bienes una vez que fallece uno de los consortes, además busca garantizar el correcto destino de los mismos a través de la existencia del indicado representante de la sucesión, habida cuenta que será a través de dicha figura jurídica prevista en los artículos 774, 780, 782, 783 del Código Familiar del Estado de Morelos que expresamente el ordenamiento legal señala como la responsable de velar que no se dilapiden los bienes que integran la masa hereditaria al destinarlos a un fin diverso; lo que en oposición a lo combatido tutela la garantía de seguridad jurídica que dice contraviene el precepto legal combatido. Corolario de lo anterior, ante lo inoperante en una parte e infundado en lo restante de los conceptos de violación ya que contrario a lo que expuso, el artículo 115 del Código Familiar del Estado de Morelos no trasgrede en perjuicio de la quejosa las garantías constitucionales contenidas en los preceptos 1, 14 y 16 puesto que como se apuntó, no afecta el derecho de propiedad que tiene sobre los bienes de la sociedad conyugal, mucho menos constituye una medida discriminatoria precisamente al no privarla de derecho alguno a virtud del vínculo conyugal que en vida la unió con el autor de la sucesión; de ahí que se deba negar el amparo y protección de la justicia federal. Por tanto, al resultar inoperantes por una parte e infundados en lo restante los conceptos de violación hechos valer contra la norma impugnada, lo procedente es negar el amparo solicitado; negativa que se hace extensiva al acto de aplicación combatido consistente en la resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho pronunciada por la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado en el toca civil 965/18-19, al sustentar su inconstitucionalidad a lo resuelto en relación al precepto legal ya analizado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por DELFINA DORA RODRÍGUEZ BAÑOS, respecto del acto que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, por los razonamientos contenidos en el considerando cuarto de éste fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a DELFINA DORA RODRÍGUEZ BAÑOS, contra el acto que reclamó del Congreso del Estado de Morelos y de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por los razonamientos contenidos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintidós de marzo de dos mil veintiuno en que las labores del juzgado lo permitieron, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe, y en observancia al Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia.

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